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Los correos que detallan la venta de Dominga entre sociedades ligadas a Piñera y Délano

Por: Rubén Escobar Salinas | Publicado: 05.10.2021
Los correos que detallan la venta de Dominga entre sociedades ligadas a Piñera y Délano Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano. | Agencia Uno (archivo).
El Desconcierto tuvo acceso a los correos electrónicos que dan cuenta de las negociaciones de la venta de la participación en el polémico proyecto minero Dominga de la sociedad donde tenía participación la familia Piñera-Morel, hacia una sociedad ligada a Carlos Alberto Délano. Las comunicaciones fueron recuperadas en el marco de la investigación que hizo el exfiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, que ahora está en tela de juicio y que el fiscal nacional, Jorge Abott, ordenó revisar.

Los negocios privados del Presidente de la República, Sebastián Piñera, una vez más vuelven a poner en discusión de la opinión pública posibles conflictos de interés del mandatario. Esta vez fue la revelación de los detalles de la operación en la que una sociedad ligada a su familia vendió su participación en el polémico proyecto minero Dominga. La venta fue a uno de sus amigos personales y uno de los condenados por delitos tributarios en el marco del caso Penta, sobre financiamiento ilegal de la política: Carlos Alberto Délano.

Fue el pasado domingo cuando Ciper y LaBot publicaron los pormenores de la transacción se realizó el 2010 en Islas Vírgenes Británicas, una zona con baja o nula tributación, catalogada como paraíso fiscal. Todo esto en el marco de los descubrimientos de la investigación periodística internacional conocida como «Pandora Papers».

Uno de los puntos más controversiales de la operación se refiere a una cláusula en la que se condiciona el cumplimiento de la tercera cuota del pago a que la zona donde se ubicaría el proyecto no se declare «zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural». Todo esto mientras Piñera ya era jefe de Estado.

Un grupo de diputados de oposición anunció el estudio de una acusación constitucional en contra del mandatario. Por su parte, el Presidente se defendió y aseguró que no tuvo conocimiento de la transacción, ya que su patrimonio estaba siendo objeto de un fideicomiso ciego, aunque voluntario y solo sobre sus sociedades en Chile. Además, aseguró que los hechos fueron conocidos e investigados por el Ministerio Público en 2017, sin que se le imputara responsabilidad penal.

En efecto, gran parte de los antecedentes ya habían sido dados a conocer a través de una serie de reportajes de Radio Bío-Bío en 2017. A raíz de las publicaciones se presentaron acciones judiciales en contra de Piñera y el Ministerio Público inició una investigación a cargo del entonces fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra. Finalmente, el persecutor optó por cerrar la investigación, dejando, según se le critica, una serie de aristas sin indagar en profundidad.

Ahora, el fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó a la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público para que indague sobre los antecedentes de los Pandora Papers. Entre las primeras diligencias se encuentra la revisión de las indagatorias realizadas en 2017.

El Desconcierto tuvo acceso a los correos electrónicos de los representantes de las sociedades involucradas en la operación, recuperados por el fiscal Guerra desde Bancard en el marco de la investigación penal. Los textos objetos de la carpeta investiga incluyen los mensajes del presidente ejecutivo del proyecto, el geólogo Iván Garrido, y los de Nicolás Noguera, entonces gerente general de Bancard, sociedad ligada a la familia Piñera–Morel.

«Entre broma y broma…»

Todo comenzó el 11 de agosto de 2010, cuando Pedro Ducci, yerno de Carlos Alberto Délano, envió un correo a Garrido oficializando la oferta. Ducci se había contactado con Garrido el mismo día. «De acuerdo a lo conversado el día de hoy te presento formalmente nuestra proposición para adquirir el 100% del proyecto Santa Dominga», dice el mensaje. El ofrecimiento era por un monto de US$130 millones. «La oferta es válida por un plazo de 3 semanas a contar de hoy»:

Poco más de dos horas más tarde, el gerente de Bancard envió un correo a los directores de Minera Activa Uno SpA (MA1) para una sesión de urgencia. MA1 era la sociedad dueña del proyecto y donde la familia Piñera-Morel tenía participación a través de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP). La oferta era muy buena, representaba cerca de 11 veces lo que habían invertido como capital, por lo que la citación se hizo para el día siguiente a las 10 de la mañana, dado el corto plazo de vigencia del trato.

Tanto los directores Aníbal Larraín, como el abogado Juan Paulo Bambach, confirmaron que asistirían a la cita. Mientras que el gerente de Activa, la filial de LarrainVial involucrada en el proyecto, informó que estaba fuera del país. El gerente de Bancard, Nicolás Noguera, contestó con un «Ok. Entre broma y broma…».

Según consta en los correos recopilados por el fiscal Guerra, la siguiente comunicación entre los directores de MA1 se realizó el 2 de septiembre de 2010. Entre el tiempo transcurrido ya se había realizado una modificación societaria que dejó a MA1 como controladora de Andes Iron Ltd. la sociedad creada en Islas Vírgenes Británicas, la que a su vez controlaba a Minera Andes Iron.

Otro hecho fundamental ocurrió con anterioridad a este nuevo correo electrónico. Solo unos días antes Piñera anunció el fin del proyecto de la central termoeléctrica Barrancones, la que estaría ubicada a pocos kilómetros de Punta de Choros, misma zona de Dominga.

Entonces, Garrido anunció que Ducci había solicitado posponer el fin del plazo de vigencia de la oferta de compra de Dominga por una semana más, con la promesa de responder a una contraoferta que ya habían hecho llegar a Délano.

Las referencias a CS y JPM aluden a los bancos de inversión Credit Suisse y J.P. Morgan, respectivamente. Durante junio y julio de 2010, antes de la oferta de Délano, los inversionistas de MA1 habían sondeado a estos dos bancos, junto a la otra gigante internacional Rothschild, para hacerse cargo de la puesta en marcha de proyecto. Las entidades compitieron y enviaron extensas presentaciones con borradores de estrategias de apertura en bolsa, búsqueda de más inversionistas e informes sobre el mercado del hierro y el cobre, entre otros antecedentes.

«Contar los billetitos»

Tal como había prometido, el yerno de Délano envió el 8 de septiembre la respuesta a la contraoferta que hizo MA1. En un correo dirigido a Garrido sostuvo que «tal como te comenté el día de ayer, te adjunto la carta con la oferta de DUERO para adquirir el 100% del Proyecto Santa Dominga». Ducci aclaró que todavía no tenían certeza si la compra se realizaría a través de la inmobiliaria Duero u otra sociedad, pero que sería «de todas maneras una sociedad relacionada a Carlos Alberto Délano»:

Esta nueva oferta representó un aumento de US$20 millones respecto de la inicial, llegando a los US$150 millones. Uno de los que reaccionó fue Nicolás Noguera. El representante de los intereses de los Piñera-Morel, quienes participaban a través de Mediterráneo FIP, presentó su preocupación sobre cómo se iba a repartir el dinero. Hasta ese momento Mediterráneo todavía era uno de los principales propietarios del proyecto y por tanto se llevaría gran parte de esa ganancia.

«¿Podríamos tener para el directorio de mañana una estimación de cómo se distribuyen los flujos de la oferta de Duero (en sus dos modalidades) para las diferentes series de acciones de MA1 (…)?», consultó, a lo que agregó «para contar los billetitos…»:

La operación se consolidó la última semana de septiembre, cuando Aníbal Larraín, José Antonio Jimenez e Iván Garrido, representando a MA1, llegaron a un acuerdo con Pedro Ducci, Pablo Délano y el abogado Juan Pablo Novoa, por parte de Inmobiliaria Duero. Garrido informó a los directores el 3 de octubre y los llamó a firmar los documentos al día siguiente.

Esos contratos incluían el acuerdo de la venta, la opción para aquellos accionistas de MA1 que quisieran continuar participando en Dominga y un pacto de accionistas. Es en ese Acuerdo en el que se pactó el pago en cuotas, siendo la última de ellas condicionada por la ahora famosa cláusula de que este se hiciera siempre y cuando no se determine que el lugar donde estaría ubicado el proyecto no esté «emplazado en una zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural, impidiendo de forma insubsanable el desarrollo de la actividad minera o la instalación de un puerto a 50 kilómetros de las concesiones mineras». Ese es el aspecto más cuestionado al Presidente Sebastián Piñera y que apuntó las acusaciones a un posible conflicto de interés. Dicha cláusula fue revelada en 2017 por radio Bío Bío y fue parte de la indagatoria del fiscal Guerra, aunque a la luz de los antecedentes presentados por Ciper este domingo, nuevamente toma fuerza el conflicto de interés que enfrentó el mandatario.

Como sea, a Noguera le quedaron algunas dudas sobre la opción de continuar con la inversión del proyecto y sostuvo que le «habría gustado conocer los borradores, antes del acuerdo definitivo». Sus interrogantes se explicarían posteriormente, ya que Noguera terminó por hacer uso de la opción a través de una sociedad personal.

La venta se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2010. Los accionistas de MA1 habían invertido cerca $6.000 millones en el proyecto y concretaron la venta por más de $70.000 millones, siendo los principales beneficiados la sociedad ligada a la familia Piñera-Morel. Para celebrar el negocio, Garrido invitó a todos a un almuerzo en un restaurante en Vitacura.

Abbott instruye a la Unidad Anticorrupción

Durante la jornada de este lunes, la Fiscalía oficializó que Abbott instruyó a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) para que se investiguen los antecedentes revelados en los Pandora Papers.

«La UNAC ya solicitó a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente todos los antecedentes vinculados a la causa conocida como Exalmar-Dominga, que concluyó en 2017, los que se esperan que ingresen mañana (martes) a la Fiscalía Nacional», sostiene el comunicado. Los correos electrónicos que publica El Desconcierto son parte de las pruebas que deberá revisar esta unidad.

«La Unidad Anticorrupción se abocará a analizar si los hechos revelados en los Pandora Papers fueron conocidos por parte de la Fiscalía en el marco de la investigación anterior, y si esos hechos constituirían delitos en el territorio chileno», agrega. Luego, la UNAC recomendará a Abbott el curso a seguir.

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