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Abogada litigante contra Dominga: «La sentencia del Tribunal Ambiental es equivocada»

Por: Meritxell Freixas @MeritxellFr | Publicado: 08.10.2021
Abogada litigante contra Dominga: «La sentencia del Tribunal Ambiental es equivocada» antonia berrios |
Antonia Berríos conversa con El Desconcierto sobre el proceso en el que se encuentra, en la Corte Suprema, el proyecto que pretende instalar Andes Iron en La Higuera y las posibilidades que tiene de ratificarse ahí.

La publicación de los Papeles de Pandora respecto a los conflictos de interés de la familia Piñera con el proyecto Minera Dominga ha impactado fuertemente en el escenario político y electoral. Sin embargo, la arista medioambiental respecto al impacto del proyecto sigue abierta desde hace varios años, en un pulso entre el titular, Andes Iron, y las organizaciones de la sociedad civil opositoras. Antonia Berríos es la abogada representante de una de ellas, la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de los Choros, miembro de la Alianza de Humboldt, que agrupa a otras entidades, también. Es quien está a cargo del recurso de casación que el 5 de mayo presentaron ante la Corte Suprema para revocar la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta de aprobar el proyecto. Algo que ocurrió antes de que, en agosto, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo lo calificara favorablemente.

Desde que en 2017 la COEVA votó por primera vez este proyecto, ocasión en la que fue desaprobado, la batalla judicial ha sido intensa y en todas las instancias. La primera decisión de la COEVA fue judicializada por Andes Iron, que la llevó al Tribunal Ambiental de Antofagasta. Este dictó una primera sentencia en la que acogió el reclamo de la compañía alegando temas de forma, sobre el procedimiento concreto. En contra de esta resolución, las organizaciones sociales elevaron el caso a la Corte Suprema, que optó por solicitar al Tribunal Ambiental un pronunciamiento sobre el fondo. La sentencia llegó en abril de 2021 y fue favorable a Andes Iron. Así llegó el caso nuevamente a la Corte Suprema, a través de un recurso de casación que presentaron las organizaciones, que se quejan del abandono del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la defensa de su posición (contraria al proyecto) en la mitad del juicio. En esta entrevista, la abogada revisa el flanco judicial que enfrenta el proyecto de la minera.

¿En qué está el proceso para impugnar la resolución que dictó el Tribunal Ambiental de Antofagasta el 16 abril de 2021?

Está pendiente de que la Corte Suprema cite a las partes a una audiencia de alegatos. Lo que se espera es que cada una de las partes presente sus argumentos sobre por qué la sentencia del Tribunal Ambiental es equivocada y sus argumentos tienen que ser revocados por una sentencia que rechace definitivamente el proyecto.

¿En qué se basa la discusión en la Corte Suprema?

Además del fondo de la cuestión, lo que se discute ahora es la legitimación activa que tienen diferentes partes que nos oponemos al proyecto para presentar esos recursos de casación. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en un inicio defendía el rechazo porque la COEVA de Coquimbo en un inicio rechazó el proyecto, el SEA (en representación de esta Comisión) defiende su resolución en contra del proyecto. Luego Andes Iron recurre esta decisión y el caso se judicializa y cuando el Tribunal Ambiental dicta su sentencia en contra de la posición del SEA, este no reclama contra esa decisión, simplemente se conforma con ella y no presenta una casación. Todas las otras organizaciones que apoyábamos la decisión de la COEVA nos quedamos sin la parte principal porque no reclamó. Por lo tanto, nosotros –que judicialmente somos los terceros coadyuvantes–, somos los que presentamos la casación. Según dice Andes Iron (y eso es lo que se ha discutido hasta ahora) la única persona que puede presentar recurso de casación es la parte principal, que es el SEA.

¿Por qué ahora no lo hizo?

Desconocemos la razón. El SEA en muy contadas ocasiones no ha presentado recurso de casación cuando su interés en el juicio es resuelto de forma contraria. De hecho, en toda la historia de casos que ha perdido el Servicio, solo en siete no ha presentado casación (dos en caso de Minera Dominga) y en todas ha dado una explicación. Este caso, sin embargo, es atípico porque le falla en contra y no se explica por qué no presentaron un recurso de casación.

¿Hay una falta de responsabilidad del SEA para defender mejor su decisión inicial de aprobar el proyecto?

Exacto, el SEA abandonó la defensa de su posición en la mitad del juicio porque el juicio no termina hasta que se pronuncia la Corte Suprema. Sin embargo, la discusión sobre si los terceros pueden continuar con el juicio ya la zanjó, en este mismo caso, la Corte Suprema en 2018. En aquella ocasión, el Tribunal Ambiental acogió un reclamo de Andes Iron por cuestiones de forma y dio un resultado favorable para ellos. Luego la Corte Suprema, en un proceso similar al de hoy, revocó la sentencia y ordenó que las cuestiones de forma por las que fue acogido no eran suficientes para acoger la reclamación y que había que conocer el fondo de la cuestión debatida. Esa primera vez que la Corte Suprema tomó conocimiento tampoco acudió el SEA y la Suprema señaló que todas las partes que en un inicio habían presentado observaciones ciudadanas y luego presentaron reclamaciones, pese a que no son los demandados o contra quienes se deduce la acción por parte del titular, sí pueden presentar casación porque son interesados principales y no pueden quedar fuera. Sería como impedir el acceso a la justicia para los privados que se ven afectados por una decisión de la administración.

¿La discusión se ha centrado solo en este aspecto sin avanzar en el fondo, aún?

Esta ha sido hasta ahora la discusión porque los terceros coadyuvantes de Andes Iron, representados por el abogado Fernando Roco, solicitaron que se declarara inadmisible la casación por el hecho que estamos recurriendo personas que somos terceros.

¿A quién representa de concreto Fernando Roco?

A un grupo de habitantes de la comuna de La Higuera que apoya el proyecto. Es una lista de unas 240 personas, quienes señalan que entre ellas se encuentran dirigentes sociales y miembros de mesas territoriales.

En el territorio, hay grupos que defienden el proyecto, entonces.

Hay una división importante generada en torno a este proyecto porque la Minera Dominga ha realizado acciones con autoridades comunales, ha entregado ayuda durante momentos de pandemia y de crisis, etc. Es difícil para una comuna pobre rechazar al titular de un proyecto que promete abundancia y riqueza. El problema es profundo.

¿Cuáles son sus argumentos para el debate de fondo?

Nuestros argumentos son que la sentencia del Tribunal Ambiental es equivocada porque aunque reconoce que en varias partes del texto del proyecto faltó información en el momento de ser evaluado y que hay medidas que no son idóneas para descartar impactos adversos significativos al medio ambiente, consideró que debe ser aprobado. Eso es insostenible en el contexto de lo que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el principio preventivo que debe primar. Este principio establece que no podemos permitir que se produzcan daños ambientales si desconocemos las consecuencias de las acciones que se van a ejecutar. Hay que aportar toda la información suficiente para conocer antes esos impactos y proponer, antes de ejecutarse el proyecto, las medidas de reparación, mitigación o compensación ambiental. De lo contrario, apostamos a ojos cerrados a revisar a futuro los verdaderos efectos y eso es intolerable considerando que este proyecto tiene en su área de influencia reservas marinas y áreas protegidas ricas y especiales como las del archipiélago de Humboldt.

¿Es habitual que la COEVA se pronuncie antes de la resolución judicial?

En junio, Andes Iron solicitó a la COEVA de Coquimbo que volviera a votar y esta vez aprobó el proyecto, el 11 agosto. Se convocó una reunión extraordinaria para ello, cuyo único punto era proyecto Dominga y se aprobó por unanimidad. En general la administración del Estado espera la respuesta de los tribunales porque, de lo contrario, significa poner en marcha el aparato estatal y sus costos con el riesgo de que la decisión y el trabajo sea revocado. No es común ver que la administración tenga prisa en tramitar una resolución que puede ser revocada.

El caso está en la Sala Tercera de la Corte Suprema, ¿tienen algún indicio sobre la posibilidad de que algún juez se pueda posicionar de forma favorable o desfavorable para el caso?

La Tercera Sala ha demostrado estudiar en profundidad las causas ambientales y de derechos humanos, pero dependerá de lo que estime en esta oportunidad. No se puede anticipar.

¿Hay algún elemento que pueda ser determinante para hacer decantar la decisión de los jueces hacia un lado y otro o que pueda condicionar su decisión?

Los jueces fallan en el mérito del proceso. Los argumentos están expresados y sobre eso tienen que resolver.

¿Cómo puede afectar la revelación de los Papeles de Pandora a este proceso?

Si bien es muy impactante conocer la información que se reveló, el proceso judicial se mantiene casi ininmutable porque sigue siendo el mismo conflicto legal el que van a tener que resolver los ministros. Por lo tanto, no modifica demasiado la posición en la que nos encontramos.

¿En cuánto tiempo podrían obtener una respuesta?

Es muy variable. Puede ser que en tres meses o en seis se llame a alegatos y, luego de esa audiencia, la Corte Suprema puede demorar entre seis y nueve meses o un año en dictar su sentencia.

Otro flanco que han abierto es en contra de la última votación de la COEVA Coquimbo que aprobó el proyecto.

Sí. Oceana, representada por la ONG, presentó un recurso de reposición en contra de la invitación a la votación por estimar que no cumplía con los principios legales, por la falta de necesidad de apresurar una decisión cuando existe un recurso pendiente y porque el Tribunal Ambiental fue claro en precisar que hacía falta información. Al ser rechazado ante la COEVA, deducimos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de la Serena contra de ese rechazo. El recurso de protección tiene una respuesta un poco más veloz que el de casación porque es de urgencia, por lo tanto es probable que en un par de meses conozcamos la decisión y si es desfavorable tendremos que ir a la Corte Suprema.

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