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Los millonarios subsidios de riego a Juan Bilbao, exestrella de Sanhattan en Wall Street

Por: Rubén Escobar Salinas | Publicado: 19.10.2021
Los millonarios subsidios de riego a Juan Bilbao, exestrella de Sanhattan en Wall Street Juan Bilbao (archivo) |
En los últimos 10 años, la Comisión Nacional de Riego entregó a través de la Ley de Riego cerca de $1.500 millones en subvenciones de obras civiles y de riego a sociedades ligadas a la familia de Juan Bilbao Hormaeche, quien fue uno de los traders más destacados de “Sanhattan” y que es reconocido como uno de los aprendices financieros del ahora Presidente de la República, Sebastián Piñera. De acuerdo a la información a la que accedió la Fundación Terram, las agrícolas fueron calificadas como “medianas empresas” e incluso, en otros casos, como “pequeñas empresas agrícolas”. Sin embargo, todo estuvo dentro de la ley. Ahora, la normativa que permite que grandes empresas puedan acceder a estos fondos públicos pasando como “medianos” o “pequeños” se encuentra en tramitación en el Congreso para ser prorrogada por 12 años más.

Fueron más de mil millones de pesos los que entregó la Comisión Nacional de Riego, dependiente del Ministerio de Agricultura, a sociedades vinculadas a Juan Bilbao Hormaeche y a su familia, lo que permitió expandir la superficie de riego y la construcción de tres embalses. Todo esto en terrenos ubicados en las comunas de San Rafael y Pelarco, en la Región del Maule.

Bilbao fue un conocido inversionista chileno, dentro de los más destacados en la historia del surgimiento de lo que hoy se conoce como Sanhattan. Conocido como uno de los “discípulos” del Presidente Sebastián Piñera en el mundo de los negocios, llegó a ser el chileno más importante en Wall Street y el presidente de Consorcio por varios años. Sin embargo, en las subvenciones sus sociedades aparecen calificadas como “mediano empresario” y en otros casos miembros de su familia figuran como “pequeño empresario agrícola”.

Los mecanismos que hicieron posible estos subsidios provienen de una ley que nació en plena dictadura, en 1985, y que buscaba aumentar la superficie agrícola del país. Inicialmente tenía una duración de ocho años, aunque fue renovada en el gobierno de Eduardo Frei en 1994 y luego en el primer gobierno de Michelle Bachelet en 2009.

Este año vence su última prórroga y el gobierno de Sebastián Piñera envió en marzo el proyecto para su continuidad, contemplando algunas modificaciones. Actualmente ya superó el primer trámite constitucional y es en el Senado donde continúa la tramitación de una ley que a pesar de sus deficiencias, según coinciden conocedores en la materia, es una de las principales bases de la agricultura en Chile.

Discípulo de Piñera

Juan Bilbao Hormaeche estudió ingeniería comercial en la Pontificia Universidad Católica (PUC) a mediados de los 70’. Allí compartiría con Francisco Pérez Mackenna, hermano del exministro de Piñera, Rodrigo Pérez Mackenna, y actual gerente general de Quiñenco, el holding de inversiones de Andrónico Luksic. También se volvería a encontrar ahí con Alfredo Moreno Charme, su excompañero de colegio y ahora ministro de Obras Públicas, según detalla el libro “Piñera y los Leones de Sanhattan”, de Sergio Jara.

Desde antes de que terminaran sus carreras en la PUC, los tres fueron reclutados por Manuel Cruzat, uno de los pioneros inversionistas de Sanhattan. Para 1980 fueron becados y partieron a hacer un posgrado en la Universidad de Chicago, la cuna de muchos de los principales economistas de la dictadura. A su regreso, fundaron la consultora Bilbao, Moreno y Pérez Asociados. En medio de esos negocios se cruzaron con un joven Sebastián Piñera, quien estaba a la cabeza de Citicorp. El ahora presidente reconoció talento en ellos y decidió “apadrinar” a Pérez Mackenna y a Bilbao. En cuanto a Moreno, el mandatario lo haría ministro en sus dos gobiernos.

Así llegaron al «Citi». De la mano de Piñera, Bilbao realizó su formación en el mundo de los negocios y fue adquiriendo las habilidades que lo llevarían a ser uno de los más relevantes traders en el mercado nacional.

Sin embargo, para 1985, Piñera y Bilbao serían sancionados en cuatro oportunidades por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS, actual Comisión para el Mercado Financiero). Las primeras dos fueron solo amonestaciones, mientras que las demás fueron por 4.000 UF cada una, por infracciones en la ventas de valores de propiedad de fondos mutuos, usar instrumentos no permitidos y no hacer las respectivas informaciones al ente fiscalizador, entre otras cosas.

Un año después de la sanción a Bilbao se le abrió otra oportunidad. Bankers Trust Company Nueva York compró Consorcio Nacional de Seguros en medio de la crisis de los grandes grupos económicos y le ofreció ser su gerente comercial. De esta forma, Bilbao se separó de Piñera. En 1988 ya era el gerente general de Consorcio y posteriormente sería su presidente por varios años. Siguió escalando y en 1994 el Banker Trust se lo llevó a Nueva York para que encabezara las operaciones en América Latina y se convirtió entonces en el chileno más importante de Wall Street.

Tres años después, Bilbao vendería su paquete accionario después de que este sea absorbido por Deustche Bank, en una operación que lo haría rico. Cercano al cambio de milenio, el banco decidió vender lo que le quedaba de Consorcio y ahí apareció Bilbao de nuevo, esta vez en sociedad con su viejo compañero y también “alumno” de Piñera, Patricio Parodi. Quedaron como accionistas minoritarios, pero ubicados como sus principales ejecutivos. Desde allí, Consorcio se convirtió en uno de los actores financieros relevantes del mercado chileno.

Según sostiene el mismo libro del periodista Sergio Jara, mientras esto ocurría Bilbao continuó operando, ya consolidado como un trader que lograba formar tendencia en el mercado. Los demás inversionistas admiraban su “olfato” y seguían sus operaciones de cerca.

En paralelo a su vida como exitoso ejecutivo, Bilbao practicaba una afición: la caza. El extrader es conocido por sus viajes con amigos a África, la selva del Paraná, en Brasil, y a Córdoba, en Argentina, para realizar safaris de caza de animales exóticos. De igual forma, en los terrenos de su propiedad en la zona central del país, mantiene un coto de caza donde tendría más de 400 hectáreas para cazar aves y liebres, mientras que tendría 150 más para cazar ciervos.

La brillante carrera de Bilbao, sin embargo,  fue empañada en 2014. En diciembre de ese año la Securities & Exchange Commission (SEC), entidad reguladora del mercado de valores de Estados Unidos, interpuso una demanda en su contra por uso de información privilegiada. La SEC apuntaba a la OPA que hizo la farmacéutica Abbott por CFR, empresa donde Bilbao era director.

Se acusó que Bilbao habría comprado y vendido acciones de CFR a través de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, en conocimiento que esta información todavía no era pública para el mercado al momento de la operación. Bilbao llegó a un acuerdo en el que pagó cerca de US$13 millones, aunque no negó ni admitió responsabilidad.

La transacción tuvo efectos en Chile. La SVS también abrió un proceso sancionatorio y le aplicó una multa de US$3,2 millones, acusando también el uso de información privilegiada y el no haber informado al órgano fiscalizador sobre la operación.

Esta vez Bilbao no volvió a la carga. Abandonó sus puestos y cargos que tenía en diversas empresas y se relegó a vivir en los terrenos de su propiedad en la Región del Maule. En esos predios es donde se han llevado a cabo proyectos de riego y de obras civiles que se han financiado con cientos de millones en fondos estatales, a través de la Comisión Nacional de Riego.

$1.493 millones en subvenciones a sociedades ligadas a su familia

La ley 18.450 para el Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, también conocida como Ley de Riego, permite que los agricultores puedan postular a fondos entregados por al Comisión Nacional de Riego, dependiente del Ministerio de Agricultura, con el fin de subvencionar tres tipos de obras: civiles, de tecnificación del riego y de drenaje.

Entre las obras civiles se encuentran las de acumulación de agua, como los embalses, y las de conducción del agua, como el entubamiento de canales. A estas acceden organizaciones de usuarios de aguas, como las asociaciones de canalistas, juntas de vigilancia o comunidades de aguas.

Las de tecnificación de riego son aquellas que entregan dinero para implementar el riego por goteo, por ejemplo, o por aspersión. Aquí quienes postulan son las empresas agrícolas o las personas naturales. Finalmente, las obras de drenaje ocupan un lugar marginal entre las subvenciones que entrega la CNR.

Datos proporcionados por la misma Comisión Nacional de Riego, solicitados a través de la Ley de Transparencia por la Fundación Terram, dan cuenta de un total de $1.493.047.315 entregados a sociedades y personas naturales ligadas a Juan Bilbao y a su familia, cifras adjudicadas entre 2011 y 2019. En específico, han sido 18 proyectos a los que se le han entregado fondos para ejecutar obras privadas a través de la Ley de Riego. Tres de los proyectos involucrados se encontraban en la comuna de Pelarco, mientras que el resto en la comuna de San Rafael, ambas en la Región del Maule, lugar del “retiro” anticipado de Bilbao.

De esos 18, en 12 aparece directamente como representante de las sociedades que accedieron a los fondos. Allí se encuentran empresas como las agrícolas Los Alicantos, El Huapi, San Ricardo y la sociedad Asesorías e Inversiones Las Mercedes Limitada, en todas calificado por la CNR como “empresario mediano”.

De igual forma, su hija María Carolina Bilbao aparece como beneficiada, en calidad de persona natural, de dos subsidios pagados en 2017 y 2020, por $78.123.788 y $131.445.649 respectivamente. En ambas está catalogada como “Pequeño Empresario Agrícola”. Vuelve a aparecer, esta vez junto a otro hijo, Juan Bilbao Uribe, y en representación de Agrícola Pangue Limitada, con una subvención pagada en 2013 por $96.098.905 y adjudicada con calificación de “mediano” empresario.

Otra de sus hijas, María Fernanda Bilbao, también figura con una subvención como persona natural, esta vez pagada en 2017 y por un monto de $82.981.772, también catalogada en la categoría de “pequeño” empresario.

En total, las subvenciones estatales le permitieron a Bilbao y a su familia aumentar la superficie de riego en 1.280,1 hectáreas. La mayor parte corresponden a la implementación de sistemas de riego por aspersión, así como por goteo, a las que se suman la construcción de tres embalses de regulación corta, en 2012, 2013 y 2015, según los datos entregados por la CNR a Terram.

De todas, la subvención más grande fue por más de $169 millones entregados a la sociedad Agrícola Los Alicantos, de Juan Bilbao Hormaeche, con el fin de instalar un “sistema de riego por aspersión con pivote central” y con lo que recuperó parte de la inversión para aumentar en 141.28 hectáreas la superficie de riego en sus terrenos en San Rafael. Esto fue en un proceso donde el llamado a concurso ocurrió en 2014, mismo año en que la SEC norteamericana inició la demanda por uso de información privilegiada y que cambió su vida de gran ejecutivo.

Grandes” que pasan como “pequeños” y la “hectárea ponderada”

“Acá no hay nada fuera de la ley”, es parte de lo que aclaran y de lo que critican Iván Pizarro y José Vial, dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Comisión Nacional de Riego. En efecto, la posibilidad de que a sociedades de grandes empresarios se les asignen subvenciones y queden calificados para estos efectos como “medianos” o incluso “pequeños empresarios agrícolas” ocurre porque el sistema que establece la ley lo permite. Eso es lo que buscan cambiar y por lo cual iniciaron un estudio interno sobre las subvenciones que se dan a través de esta normativa.

“La principal brecha que nosotros identificamos es mantener este criterio de estratificación que está fundamentado en lo que se denomina la hectárea ponderada”, adelanta Pizarro. Vial complementa que “los ingresos de quienes postulan no se miden en la postulación a la Ley de Riego, no es una variable. Ahí está el truco: el problema es que solamente se está midiendo cuán grande o de qué estrato pertenece el postulante a través de este concepto de la hectárea ponderada. No hay otros elementos”.

La hectárea ponderada es una forma que tiene la ley para clasificar los distintos proyectos postulantes. Establece una tabla de equivalencia que va desde el “I” al “VIII”, dependiendo del estado de los suelos. Los primeros cuatro (I a IV) corresponden a aquellos suelos aptos para el riego y se les asigna una ponderación. Mientras que desde el V en adelante, sumados a los suelos de secano, la ponderación que se da es de cero hectáreas y no se cuentan dentro del total. “En relación a ese tamaño de tu predio tu quedas calificado como pequeño empresario, mediano”, sostiene Vial, luego ejemplifica que “tú puedes tener 1.000 hectáreas pero si son de uso de suelo de ‘V’ para arriba ponderan cero”.

IMAGEN: Presentación de la Asociación de Funcionarios de la CNR.

De esta manera, a los terrenos solo se les considera su área “ponderada” según la tabla de equivalencias, sin que se contabilice el total. Esta ponderación es el componente fundamental para determinar si la persona o sociedad postulante será catalogada como “pequeña”, “mediana” o “gran” empresa. Es decir, la CNR no considera el patrimonio o el volumen de ventas que tenga una empresa agricultora determinada o una persona natural, solo se aboca al proyecto específico. Tampoco cruza información respecto a los propietarios finales de las distintas sociedades, por lo que un empresario puede postular múltiples veces a través de RUTs diferentes o incluso con la misma personalidad jurídica.

“El RUT de una misma empresa puede estar calificada en distintos estratos: grande, mediano y pequeño. Depende del proyecto en particular con el cual postuló. Hay empresas que tienen muchos terrenos en distintas regiones y se postulan de forma independiente, entonces en una región puede ser pequeño, en otras puede ser grande y en otra puede ser mediano, pero es la misma persona jurídica”, detalla Iván Pizarro.

La importancia de esta clasificación tiene que ver con el tope de bonificación que dará la CNR para el proyecto. “Lo que hacen los estratos, aparte de clasificarlos, es definir el monto de bonificación máxima al que pueden optar. El estrato A actual, que es el pequeño productor Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario), que lo define el mismo Indap, llegan hasta las 12 hectáreas de riego básico y puede bonificar hasta un 90% del costo de su obra. El estrato B que es el pequeño empresario, donde está todo este ‘bolsón’ y que bonifica hasta un 80% del costo máximo de la obra. El mediano y el grande llegan hasta un 70%”, explica.

Consultada sobre los criterios utilizados para entregar las subvenciones y por qué un empresario como Juan Bilbao podía acceder a importantes sumas en varios años, la CNR confirmó que la ley acota los requisitos para la postulación, y que las variables legales son “Costo, Superficie y Aporte”.

“La asignación de las bonificaciones se realiza por medio de una corrida de puntaje, en la que se ordenan aquellos proyectos que se hayan postulado a concurso y cumplan con los requisitos técnicos y legales definidos tanto en la ley, su reglamento y las respectivas bases de concurso. Es decir, son las propias características de los proyectos y no la decisión de un funcionario, la que determina la posición en el listado de puntaje de cada concurso”, detallaron desde el organismo.

Además, explicaron que al momento de postular se realiza una declaración sobre la superficie y el tipo de propiedad, la que “es contrastada en el proceso de revisión, con antecedentes como los certificados de avalúo fiscal de las propiedades”. Pero la valoración de la hectárea ponderada “es independiente de quienes componen las sociedades (en el caso de las personas jurídicas)” y que “la CNR no tiene facultades para impedir la postulación de algún tipo de persona natural o jurídica, que cumpla con lo actualmente establecido en dicha ley”.

No obstante lo anterior, desde la CNR destacaron que el objetivo de la ley de “aumentar y mejorar la superficie regada del país se ha cumplido cabalmente”. “En los últimos 10 años esta ley ha apoyado con financiamiento público el mejoramiento de casi 1.500 km. de canales, la acumulación en pequeños tranques prediales de casi 20 millones de m3 y la tecnificación de 190.000 hectáreas. Esto significa que se han beneficiado más de 274 mil agricultores gracias a una inversión pública que bordea los $500 mil millones en bonificaciones, que complementa la inversión que hacen los privados”, enfatizaron.

“En este mismo período más del 80% de los recursos de esta ley han favorecido a la pequeña agricultura, ya sea a través de proyectos individuales o comunitarios”, agregaron. Pero esto para los dirigentes de la Asociación de Funcionarios del mismo organismo “es un gran engaño”.

“Nosotros lo único que pudimos datificar es que un 8% de los recursos va para el pequeño productor, lo demás no sé de dónde salió esa información”, sostiene Pizarro y agrega que “ese 8% nosotros lo afirmamos porque son los productores Indap”.

Pero existe otra problemática que no permite tener claridad sobre si efectivamente son los pequeños productores quienes reciben finalmente los subsidios. Es el caso de las obras civiles, es decir, aquellas subvenciones a las que acceden las organizaciones de usuarios de aguas para hacer acumulación o conducción de agua.

Vial explica que “la mayor parte de las bonificaciones van a obras civiles, obras comunitarias, y dentro de estas no se puede diferenciar a quién le estamos entregando en la práctica los recursos. El dato que tenemos es que un 62% de la ley de riego van a obras civiles y ahí es un saco, un gran saco. Lo que se está actualmente exigiendo es que cuando se bonifican a organizaciones de usuarios de agua, un 70% de quienes componen estas organizaciones sean ‘pequeños’. Pero en la práctica puede ser que el 70% sea pequeño, pero ese 70% podría tener dentro de esa organización un 1% de todos los derechos de agua”.

Es por esto, insiste, que consideran que no es posible determinar que un 80% de los recursos han ido a pequeños agricultores. “En el Senado lo planteamos y los llamamos a explicar de dónde sacaron esos cálculos”, afirma y argumenta que dado que la mayoría de los montos van a obras civiles y que “dentro de ese ‘saco’ no se puede discriminar, no sé de dónde salió el porcentaje”.

“Nosotros nos afirmamos en un informe que hizo la Dipres (Dirección de Presupuestos). La ley fue evaluada el año 2019 y la principal conclusión que ellos hicieron es que el subsidio no se justifica, no identificaron el fallo de mercado. No se justifican los montos que están actualmente bonificándose, esa es la conclusión que ellos hacen. El único fallo de mercado que ellos identifican es en el sector de la pequeña agricultura, donde ellos no cuentan con los recursos propios para poder solventar una inversión de este tipo”, enfatiza Pizarro.

Prórroga de la ley

“Nuestro trabajo se enfoca en la perspectiva ambiental de las políticas públicas. En este caso partimos de la dramática situación de los habitantes de Petorca en relación al abastecimiento de agua, de allí pasamos a la tala de bosque esclerófilo para establecer plantaciones de frutales y luego a la ley de riego, tres piezas que son parte de un modelo agrícola orientado a la exportación”, afirma Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.

Desde la organización han estudiado a profundidad la Ley de Riego y han elaborado estudios donde se da cuenta de las principales falencias. “En plena elaboración de una nueva Constitución, el actual gobierno pretende prorrogar por 12 años más, tiempo equivalente a tres gobiernos, una ley que tiene 35 años de vigencia”, sostiene.

“Nos parece que esta ley es bastante antigua y, por tanto, antes de prorrogarla una vez más, como quiere el gobierno, los parlamentarios y la población en general debería conocer informes de los impactos ambientales y sociales que ha generado este subsidio. Además, consideramos que se debe revisar el texto de la ley y modificarlo de acuerdo al contexto de sequía y crisis climática que estamos viviendo, priorizando a la pequeña agricultura dedicada a la producción para el consumo interno”, afirma.

Una de las principales críticas que hace la Fundación Terram es que el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso no tiene las consideraciones medio ambientales necesarias dado el momento actual. “Los proyectos agrícolas, como también los forestales, no se someten a evaluación ambiental, a diferencia de la mayoría de los proyectos de inversión”, puntualiza Liberona.

FOTO: Flavia Liberona.

“En cuanto a la extensión de la prórroga, se debe considerar el escenario actual de sequía y crisis climática, por lo cual creemos que en ningún caso se debiera prorrogar por 12 años más, sino tres años como máximo, ya que es un tiempo prudente para no cortar el ciclo de los subsidios y a la vez levantar información y estudios necesarios para replantearse a quiénes y para qué se otorgan los beneficios”, propone.

Liberona coincide en que es necesario cambiar el sistema de hectáreas ponderadas, ya que pueden “enmascarar la realidad”. “Lo más importante es que esta ley no puede seguir subsidiando a grandes empresarios, como tampoco a cultivos que se dedican a la exportación, particularmente frutas. Hoy el país requiere poder autoabastecerse de alimentos básicos y no seguir importándolos. Todos los últimos informes de las agencias de Naciones Unidas nos señalan que de una u otra forma que hay que preocuparse por garantizar el alimento a la población en cada país y por tanto cambiar las formas de producción agrícola”, argumenta.

TABLA: Fundación Terram.

La CNR también reconoce que son necesarios cambios a la ley. “Esta ley debe avanzar hacia una mirada más social y no únicamente productiva como ha sido hasta ahora, y debe continuar ayudando a los agricultores y a las organizaciones de usuarios de aguas en el uso eficiente del las aguas para riego agrícola”, afirmaron desde el órgano dependiente de Agricultura.

En ese sentido destacaron que el proyecto actual plantea una modificación propuesta por el gobierno que buscaría concentrar las bonificaciones a medianos y pequeños, introduciendo una limitante que indica que «en ningún caso se podrá beneficiar individualmente a personas naturales o jurídicas que en total posean más de 200 hectáreas agrícolas de riego ponderado, en forma directa o a través de sociedades matrices o filiales».

Para Iván Pizarro “esto es un engaño. Si no modifican la forma en que están midiendo, nunca vas a saber en definitiva a quién estás bonificando”. Lo que proponen desde la Asociación de Funcionarios es, para el caso de la estratificación, “suprimir la hectárea ponderada y evaluarlo de acuerdo a las ventas anuales, como están clasificados en el Servicio de Impuestos Internos. Cuando te presentas como una persona jurídica, que te evalúen de acuerdo a lo que tú eres, si eres mediano, que se te bonifique como mediano, si eres pequeño, que se te bonifique como pequeño (…) y la gran empresa, no entra”.

Junto con lo anterior, proponen potenciar un programa especial para la pequeña agricultura que les permita acceder a la ley. Los requisitos que establece exigen tener tierra, agua y capital, lo que es difícil para muchos. “El pequeño agricultor no tiene los fondos para hacer la inversión inicial. La propuesta es que se cree un fondo de garantía, donde esa plata puede ser adelantada”, explica.

Aseguran que no participaron del proceso de elaboración del proyecto de ley antes de que esta se comenzara a tramitar en el Congreso. Junto con lo anterior, Vial sostiene que la CNR tiene “un problema de falta de personal, de sobrecarga tremendo”. “Se ha triplicado el presupuesto a la ley y los funcionarios somos los mismos. En este gobierno se han jubilado varios funcionarios y no se ha restituido ni un solo funcionario” y agrega que “se está discutiendo esta ley (…) nos pasan más recursos y el clima laboral acá es terrible. Hay gente con licencia, sobrecarga, acoso, maltrato, y nada de eso está considerada en esta reforma”.

Finalmente, destacan que el problema no se resuelve eliminando la ley. “La agricultura como la conocemos hoy en día está sostenida, se basa, en el subsidio que nosotros entregamos a través de la ley de riego. Es necesaria, ha tenido un impacto”, asegura Vial, “el problema es otro: estamos financiando a un segmento que no requiere ayuda”.

“Somos funcionarios públicos, tenemos el deber de invertir los recursos públicos de manera más justa y esto no es justo desde el punto de vista ético. Nos parece que en la práctica el impacto que nosotros debiésemos tener debería ser en quienes lo necesitan. Hoy día no estamos llegando a ellos o estamos llegando de manera muy marginal”, reflexiona.

De igual forma insiste en que “tiene que haber un giro, una mirada distinta, tiene que haber una focalización de los recursos distinto, porque son recursos que se necesitan (…) La pequeña agricultura contribuye a la soberanía alimentaria, tenemos que apuntar hacia eso”.

El Desconcierto se comunicó con Juan Bilbao Hormaeche para obtener sus comentarios, sin embargo, el empresario declinó referirse al tema.

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