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El Desconcierto revisó el detalle de varios de los 27 proyectos que el Ejecutivo quiere aprobar antes que finalice la administración de Sebastián Piñera. Especialistas y representantes de organizaciones ponen la lupa en los proyectos que el gobierno quiere asegurar y que han generado suspicacias en sus respectivos sectores.
Faltan menos de dos meses para que culmine el segundo gobierno de Sebastián Piñera y el presidente no quiere dejar el cargo sin aumentar la lista de proyectos del Ejecutivo aprobados en el Congreso. El mandatario ha usado diversos recursos para apurar los debates de leyes como la aplicación de la “discusión inmediata” a 27 proyectos de ley que se encuentran en el Senado.
Las urgencias de Piñera se dan luego de años de dificultades para lograr acuerdos en el Congreso. Según datos de la Fundación Ciudadanía Inteligente, hasta marzo de 2021 solo había logrado aprobar el 37% de las promesas legislativas de su programa.
El Desconcierto revisó el detalle de algunos de estos proyectos de última hora, con el análisis de diversos especialistas y representantes de organizaciones que desglosan la letra chica de cada uno de ellos.
Las últimas semanas la agenda de seguridad se tomó el protagonismo en el Congreso. Para el actual gobierno, siempre fue uno de los puntales de su programa, pero la gestión de la pandemia y el trajín electoral obligaron a postergarlo. Ahora, antes de terminar su mandato, el Ejecutivo ha apretado el acelerador en esta materia, coincidiendo además con el aumento de hechos violentos en las últimas semanas.
Este miércoles el Congreso aprobó la nueva Ley de Control de Armas, uno de los proyectos impulsado por el Gobierno y al que le puso urgencia como una de sus principales prioridades para despachar la ley antes de finalizar su mandato. El presidente Sebasitán Piñera promulgó la nueva ley este jueves: “Es una tarea permanente ante la cual no podemos mostrar debilidad ni bajar los brazos”, dijo luego de reconocer que a pesar del aumento en la incautación de armas y desbaratamiento de bandas de 2021 “los esfuerzos y logros no son suficientes”.
La nueva norma aumenta los requisitos para obtener armas de fuego, como exámenes psicológicos, amplía las competencias para su control que hasta hoy tenía Carabineros a la Policía de Investigaciones (PDI), establece un sistema de trazabilidad con ADN balístico y aumenta las exigencias para la distribución de armas modificadas en el mercado legal.
Héctor Casanova, director del Departamento de Balística y Explosivos del Colegio de Criminalistas de Chile valora positivamente el proyecto en términos generales, pero apunta algunas “inconsistencias técnicas”. Las armas de fogueo, dice, “no necesariamente incluyen números seriales de fabricación”, por lo que, según él, será necesario hacer una legislación especial a la importación para exigir que vengan con número de serie todos los productos que se integren al país”.
Para Casanova falta abordar también el control de municiones: “El sistema actual tiene varias falencias, es muy burocrático y arcaico. Habría que disponer de un control de stock online y en tiempo real”, recomienda. En base a su experiencia, comenta que hay regiones donde se crea un “mercado negro desde los mismos comerciantes”, que provoca una “pérdida de control de qué se vende y a quién”.
El investigador asociado al Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) y consultor internacional en la materia, Gonzalo Huenumil, destaca aspectos “relevantes” de la nueva ley como la trazabilidad de las armas y el fortalecimiento del control y fiscalización. Sin embargo, considera necesario que “Carabineros transparente su capacidad operativa en esta materia” considerando que “esta tarea se suma a una serie de otras demandas policiales ya existentes, con el fin de determinar los déficit reales en recurso humano”.
Además de incorporar un “Registro Nacional de Armeros”, que indique a la autoridad quiénes son y dónde se encuentran radicados quienes se acogieron a retiro de las instituciones uniformadas o dejan de prestar servicio en alguna armería del comercio, cree necesario, coincidiendo con Casanova, un “registro de venta de las armas de fogueo” en coordinación con los dueños de armería. En su opinión, “cada vez es más habitual encontrarse con armas de este tipo transformadas, entendiendo que son las que circulan libremente y sin control en las calles”.
Otro proyecto al que el gobierno le puso discusión inmediata (ya desde el 2 de marzo del año pasado) es la reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a la infraestructura crítica. La iniciativa pasó a una comisión mixta en septiembre, pero no ha avanzado hasta la fecha.
Esa moción fue rechazada en la Cámara de Diputadas y Diputados hace más de un año. En ese momento, diputados del Frente Amplio como Tomás Hirsch señalaron: “Este proyecto lo único que hace es insistir sobre la idea de que la paz en Chile se sostiene sobre la base de la represión y la amenaza. Y esa fórmula ya demostró que es un fracaso”.
Por su parte, Jorge Brito, integrante de la Comisión de Defensa apuntó como debilidad del proyecto “involucrar a las Fuerzas Armadas en infraestructura crítica sin decir qué es infraestructura crítica”.
También fue incluido en la lista del gobierno para la aplicación de discusión inmediata el proyecto de «Integración Social y Urbana». Según expresó el propio presidente, el proyecto «permite un rol mucho más activo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y también de los comités de vivienda en la adquisición y gestión de los terrenos de forma tal que no sea cualquier terreno».
Una de las fórmulas del Ejecutivo para lograr mayor integración es definir polígonos en zonas específicas de las ciudades con mayor acceso a servicios y donde se disponga de mayor facilidad para proyectos inmobiliarios, sin embargo, la idea no ha sido del agrado de las organizaciones territoriales.
La concejala de Santiago y ex presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, Rosario Carvajal, sostiene que, a través de esta propuesta, «se entregan beneficios urbanísticos a las inmobiliarias y, lo más grave, es que pasa por sobre los planes reguladores comunales y por sobres las zonas típicas”. En su opinión, el proyecto “cambia las reglas del juego de un instrumento básico que son los planes reguladores, con la excusa de la integración».
Carvajal enmienda que la propuesta de Piñera establece un porcentaje de vivienda social “que tampoco queda claro”. El resto puede ser para vivienda o para zonas comerciales, y añade que «se desconocen las condiciones de metraje” que tendrán estas viviendas sociales: “Podrían ubicarlas en las peores condiciones (…) No hay ningún elemento que determine calidad«.
Victoria Herrera, vocera nacional del movimientos de pobladores y pobladoras Ukamau, opina que aprobar este proyecto mientras todo se está discutiendo en la Convención Constitucional “no tiene sentido ni es lógico”. Y añade: «Este proyecto solo busca actualizar lo que la dictadura construyó dentro del mismo modelo que buscamos erradicar”.
La Ley de Fármacos II es otra iniciativa que ha concitado el interés legislativo del gobierno de Piñera en los últimos meses. El proyecto fue presentado en 2015 por parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición con el objetivo de competir la concentración económica en el mercado de los medicamentos y disminuir su precio para los usuarios. Sin embargo, hace más de un año se encuentra estancado en una comisión mixta.
Recientemente el Ejecutivo propuso modificaciones a la iniciativa para destrabar el debate. Dentro de las nuevas propuestas se planteó la creación de un Observatorio Nacional de Medicamentos y un sistema de regulación de precios, que ha sido rechazado por organizaciones de químicos farmacéuticos y el gremio de las farmacias.
«Es todo un proceso engorroso para evaluar si corresponde la regulación de precio de un determinado medicamento, que está condicionado a cumplir con ciertos requisitos”, afirma Ana Victoria Nieto, presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos. “Hay ciertos obstáculos para lograr la regulación de precios con esa propuesta, que no es para el 100% de los medicamentos ni para el 100% de la ciudadanía», añade.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Farmacias Independientes de Chile (Afich), Daniel Sepúlveda, declara: «Muchos medicamentos que hoy día se encuentran en un valor totalmente asequible para la ciudadanía van a subir sus precios y su costo de acceso. Y los medicamentos que sí son complejos desde el punto de vista económico no van a bajar su precio». Para él, “esto repercute especialmente al 60% de las farmacias en Chile, que son independientes, son pymes (…)”. El riesgo que le ve como representante de las farmacias independientes es que disminuya este tipo de establecimiento, siendo que “son parte de la solución a la problemática que hoy día tenemos de la asimetría, el oligopolio y la falta de acceso a medicamentos».
Hasta el martes de la semana recién pasada, el proyecto de ley de creación de la SBAP aparecía en la web de la Cámara con “discusión inmediata”. Sin embargo, de nuevo, la propuesta ha quedado con suma urgencia, lo que dilatará de nuevo la tramitación de un texto que ya lleva más de 11 años dando vueltas. El proyecto que crea un nuevo Servicio para cambiar el marco administrativo de la protección de la biodiversidad del país fue ingresado en 2014, durante la primera administración de Michelle Bachelet, pero una versión anterior que fue ingresada en 2011. Hoy se encuentra en su discusión en particular en la Comisión de Agricultura.
La iniciativa busca, entre otras cosas, unificar la gestión de las áreas protegidas –tanto terrestres como marinas– que actualmente se encuentran dispersas en estos cinco ministerios. Desde Chile Sustentable, Sara Larraín destaca todas las mejoras que se hicieron a la propuesta, tanto en la Cámara como en el Senado. Sin embargo, como asuntos pendientes “que pueden ser mejorados, pero no son fundamentales”, recalca “suplir el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la clasificación de ecosistemas según el estado de conservación, incorporar planes específicos de gestión y recuperación para las especies chilenas que están en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) e incluir el control de especies invasoras que hoy se vincula al tema forestal y agrícola pero no como componente de la biodiversidad”.
Para la directora de Terram, Flavia Liberona, la aprobación del proyecto es relevante, aunque se muestra escéptica de que ocurra antes de terminar el mandato de Piñera, luego de que el Ejecutivo le quitara la prioridad. Además –recuerda– la Comisión de Agricultura no ha citado sesión para revisarlo y solo faltan dos semanas legislativas para el fin de año en el Congreso, y aún faltaría la Comisión de Hacienda y el tercer trámite en el Senado.
Como falencias “menores” menciona la ausencia del escenario de cambio climático en el proyecto debido a que fue hecho hace mucho tiempo y la falta de presupuesto para implementar la ley: “No garantiza que los objetivos que plantea el texto se puedan cumplir”, dice. Finalmente, lamenta que algunos temas que preocupan a sectores sociales, como los vinculados a consulta indígena o a aspectos laborales y de traspaso de trabajadores (desde Conaf y el Ministerio de Medio Ambiente hasta el nuevo servicio) «han sido poco abordados”.
Solo quedan dos semanas para que tanto la Cámara de Diputados y Diputadas como el Senado finalicen su legislatura. Está por ver cuántos de los 27 proyectos del Ejecutivo se alcanzan a aprobar en este tiempo tan acotado. Ese dato también marcará el desempeño final de Piñera con el Congreso.
