Subsecretario Gajardo detalla los planes de Justicia para reducir la prisión preventiva

“Tenemos un problema con la prisión preventiva”. Esa es la evaluación del subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, quien adelanta, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuál será la estrategia de la administración de Gabriel Boric para enfrentarse al uso desproporcionado de la medida cautelar.

A fines de marzo, Amnistía Internacional (AI) alertó, en el capítulo de Chile de su informe sobre el panorama mundial, que hasta la fecha no habían “avances en materia de derechos humanos, justicia y reparación” desde la revuelta popular de 2019. Además, recalcaron que recibieron testimonios de “varios casos de uso injustificado de la prisión preventiva”, evaluación que fue compartida en su momento por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

Explicando, primero, que “la prisión preventiva es una herramienta procesal muy importante y muy útil para la persecución penal”, que sólo se debe “emplear en casos extremadamente graves”, Gajardo asegura que “se tiene que utilizar para resguardar la seguridad de la víctima, para resguardar la seguridad de la sociedad, y para resguardar la seguridad de la investigación penal”.

Por ejemplo, en casos graves como el homicidio calificado, femicidio, delitos sexuales en general, y además, en particular, los que se cometen contra niños, niñas y adolescentes, o para perseguir el crimen organizado, la prisión preventiva “juega un papel central y nosotros creemos que es una herramienta que está contemplada no solo en nuestra legislación, sino que también está contemplada explícitamente en el Convenio Americano de Derechos Humanos”.

15.000 personas en prisión preventiva

De todas formas, el subsecretario y militante del Partido Comunista (PC) asegura que, en Chile, “efectivamente tenemos un problema con la prisión preventiva”. De acuerdo con las cifras que maneja la cartera, las cuales pueden variar todos los días considerando las salidas e ingresos al sistema penitenciario, en el país hay aproximadamente 40.000 personas privadas de libertad en centros penitenciarios, al año 2022. De esas 40.000, 15.000 personas se encuentran imputadas, en prisión preventiva.

“Es una cifra bastante importante. Más de un tercio y casi la mitad de las personas que se encuentran en centros penitenciarios están en prisión preventiva”, explica Gajardo, agregando que “desde el 2006 hasta la fecha ha aumentado considerablemente la prisión preventiva”. El fenómeno, según el abogado, se vio acrecentado por el estallido social, pero “es un problema que veníamos arrastrando desde hace más tiempo”.

El subsecretario indica que hay “varias razones” por las cuales la medida cautelar es una complicación para el país. “La primera es que, de las personas imputadas que se encuentran privadas de libertad, un 20% sale absuelta del proceso penal”, el cual “es un porcentaje importante”, asegura Jaime Gajardo Falcón, argumentando a renglón seguido por qué sería una problemática para el país, en términos de seguridad para la población en general.

“Las personas en prisión preventiva tienen lo que se denomina contaminación criminógena”, señala el subsecretario. Esto es que, al encontrarse en un recinto penitenciario, comparten con otras personas privadas de libertad, y en el intertanto pierden su trabajo, pierden sus redes familiares, lo que posteriormente, una vez que salen de la prisión preventiva, siendo absueltos o con una condena ya cumplida, “nos cuesta más reinsertarlas en la sociedad”.

“Eso es un problema para la seguridad de todos nosotros, porque esas personas que tienen contaminación criminógena, pueden acrecentar un camino de posibles hechos delictuales en un futuro, tomando en consideración que la reincidencia es uno de los elementos principales de nuestro sistema penal de Justicia”, explica Gajardo. Además, las personas que están en prisión preventiva “complejizan” el hacinamiento en las cárceles.

Para el subsecretario, hacerse cargo de este tema “implica, en primer lugar, que la prisión preventiva cumpla con la función que tiene que cumplir y; en segundo lugar, que nos permita resolver este problema que estamos teniendo hoy por hoy, que ha tenido una explosión”. Una de las razones que provocaría este aumento en el decreto de la cautelar, tendría que ver con que, del año 2006 a la fecha, “se han endurecido las penas en múltiples leyes que se han ido aprobando, lo que hace que se decreten más prisiones preventivas por parte de los tribunales. Eso hay que enfrentarlo”, explica Gajardo.

Reformar el Código Procesal Penal y revisar la legislación ad-hoc

En 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convocó una comisión de expertos que revisó el Código Procesal Penal. Las propuestas del comité han sido recogidas por la administración actual de Gajardo, y serán aplicadas para enfrentarse modificar la prisión preventiva en Chile, señala el abogado, quien anuncia que “hay que hacer ciertas reformas” al Código “para que quede mucho más claro que la prisión preventiva es de última ratio, y tienen que utilizarse otros mecanismos alternativos cautelares antes”.

Son dos los aspectos principales que están siendo analizados por la subsecretaría: primero, una revisión, en conjunto con el Poder Legislativo, del mencionado grupo de leyes que han endurecido la persecución penal, para confirmar que “efectivamente eso tiene un impacto que no necesariamente es el que se ha buscado”.

En segundo lugar, una modificación a las normas del Código Procesal Penal, que regula estas medidas cautelares, particularmente a la prisión preventiva. En ese sentido, Gajardo adelanta que hay una propuesta en específico que está siendo revisada por la cartera para hacer las modificaciones legislativas que se requieran para las reformas que tienen en mente.

Respecto al plazo impuesto por la subsecretaría para hacer efectivas estas modificaciones, la autoridad indica que, primero, verán cómo queda regulado en el proyecto de nueva Constitución el derecho a la libertad personal y el debido proceso, “con el objeto de una vez que tengamos claridad respecto a eso, y cuando esté definitivo en el borrador de la nueva Constitución, podamos ingresar una modificación que vaya en ese sentido”.