Reportajes

Ministro Jackson y homicidio de Francisca Sandoval: «Este caso fue un crimen brutal»

Por: Claudio Pizarro y Sergio Jara | Publicado: 13.05.2022
Ministro Jackson y homicidio de Francisca Sandoval: «Este caso fue un crimen brutal» Entrevista exclusiva a Giorgio Jackson |
El titular de la Segpres recibió a El Desconcierto en su oficina para delinear sus próximos pasos para convencer a la oposición y parte del oficialismo sobre un eventual Estado de Excepción intermedio para La Araucanía, medida que este lunes se analiza en el Congreso. El exdiputado también se refirió al homicidio de la periodista Francisca Sandoval, al estado de la libertad de prensa en Chile, y a la eventual persecución penal de Sebastián Piñera por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.

Cabizbajo y preocupado. Así estaba este jueves el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, cuando se conoció el fallecimiento de Francisca Sandoval, periodista de Señal 3 La Victoria que fue baleada este 1 de mayo, en el marco de la cobertura que realizaba de la marcha y desordenes que se produjeron en la manifestación.

Sandoval fue víctima de un disparo percutado por un sujeto que fue identificado por la policía como Marcelo Naranjo, alías «El Pestaña», quien tiene antecedentes por vulnerar la Ley de Drogas y actualmente está en prisión preventiva. Jackson, apenas recibió a El Desconcierto en su despacho, reconoció que estaba afectado por la noticia.

«Es un mal día, estamos muy tristes», dijo el ministro, a pocas horas de conocerse el deceso de la periodista.

-¿Qué hará activamente el gobierno en este caso en términos de reparación a la familia y en el ámbito de protección al ejercicio del periodismo? Se lo pregunto porque Reporteros sin Frontera informó recientemente que Chile bajó 28 puestos en el ránking mundial de libertad de prensa a propósito de varios ataques que han sufrido periodistas, tanto en La Araucanía como en Santiago, en medio y post estallido social. Y esto sigue pasando.

Esta es una situación durísima, diría no sólo para la familia de Francisca, sino que también para sus colegas en la Señal 3 La Victoria. Pero también lo es para todos los medios pequeños, independientes, que han ido forjando su actividad periodística principalmente al alero de las movilizaciones, los lugares de mayor conflictividad. Este caso fue un crimen brutal, sin absolutamente ningún tipo de justificación. Lo que puede hacer el gobierno es ayudar en la persecución de ese delito, con la ampliación de la querella en este caso por homicidio consumado. Se ha estado permanentemente en contacto con la familia.

-Francisca deja una pequeña hija, por eso le pregunto si va a haber ayuda del gobierno a su familia.

Esa es una conversación que se tiene con la familia y no pretendemos en ningún caso realizar publicidad. Eso es algo que se está conversando y se está poniendo todo el apoyo a disposición. Pero lo que es más importante es la pregunta de fondo que haces: cómo se les garantiza a las personas y, en particular, a quienes se dedican a informar lo que está pasando, por tanto, en el contexto de la libertad de prensa, que las personas van a tener seguridad. Y eso, desde el Ministerio del Interior, también se le hizo ver en particular a Carabineros en el informe que se está realizando por un sumario interno a la hora de establecer y esclarecer lo que sucedió en ese momento, el día de la marcha del 1 de mayo. Eso es algo que estamos esperando. De encontrar alguna irregularidad, por supuesto que se van a tomar medidas.

-A propósito de medidas, en un debate televisivo el entonces candidato Gabriel Boric dijo: «señor Piñera, está avisado», haciendo referencia a la persecución penal por eventuales delitos de violaciones a los DD.HH. ¿Qué está haciendo el gobierno concretamente en esta materia?

El gobierno, y tal como lo mencionó el Presidente durante los debates sucesivos en la elección presidencial, dijo que si le tocaba gobernar, es decir hoy, en cada momento y en cada instancia en la que los tribunales, tanto a nivel nacional como internacional, pidan antecedentes, vamos a entregar absolutamente todo el material que esté a disposición del Estado, sin ocultar absolutamente nada.

-Pero eso no es una persecución.

Es que la persecución no la hacen los gobiernos, la hacen los tribunales de justicia. Lo que sí no se ha movido un ápice, es que a este gobierno no va a ocultar, sino que todo lo contrario, va a entregar toda la evidencia que se tenga y que esté a disposición de las distintas reparticiones públicas para el esclarecimiento de la verdad, la justicia y de, por supuesto, la reparación y las garantías de no repetición. Eso es un compromiso que sigue firme y que en el caso que nos requiera la justicia para entregar todos esos antecedentes, para la persecución penal de los responsables de las violaciones a los DD.HH.

-¿Pero va a existir una posición más bien activa en función de establecer algún tipo de demanda o querella en contra del exPresidente Piñera?

Yo me querellé, somos parte querellante.

-Pero antes…

Pero esa calidad, tengo entendido, que no se ha quitado por el hecho de estar ocupando este cargo. Seguimos siendo querellantes.

Una dura instalación

-A dos meses de la instalación del gobierno, las críticas iniciales hacia usted parecen disiparse. ¿Pero a qué cree que se debió esa bienvenida tan compleja que le dieron en el Congreso?

La instalación tuvo varias características. Primero, un escenario externo que no es para nada fácil, las incertidumbres propias de la pandemia, con un escenario de guerra por la situación de Ucrania; también en materia económica, una situación desfavorable en términos del escenario inflacionario y que supuso el año en curso. A eso se suman las variables más políticas. Por ejemplo, de un Congreso atomizado, con muchas fuerzas distintas y, además, con el gobierno en minoría en ambas cámaras, y con un pacto de gobierno compuesto por lo que tradicionalmente eran dos coaliciones políticas y todo lo que significa esa dificultad de generar fiato a nivel de gobierno. Todo eso es una combinación difícil de sortear, pero yo diría que ya pasamos por las partes más complejas.

-Pero le pregunto sobre usted, particularmente, a propósito del diálogo pre legislativo que hay que hacer siempre. Recibió críticas bien puntuales ese primer mes. ¿Cree que eso ya pasó y que responde más bien a lo que fue su trabajo como diputado?

Cuando el Presidente toma la decisión de traerme a la Segpres, creo que lo hace porque confía en el rol que yo pueda jugar, pero también él sabe, porque fuimos juntos durante ocho años parte de la crítica hacia el sistema político chileno, en su conjunto, que derivó en el actual proceso constituyente, (que) por cierto hay cosas que en las que a mí se me puede hacer más fácil, y otras en las que encuentro ciertos obstáculos.

Durante estos dos meses, y particularmente yo diría el primer mes, fue de mucho trabajo de derribar ciertas barreras de prejuicios respecto del trabajo que se podía generar desde la Segpres, con todas las sensibilidades políticas distintas, tanto las de este nuevo pacto de gobierno, como también con aquellos sectores que no son parte del oficialismo y que, incluso desde la oposición, pueden llegar a sentirse convocados a algunas reformas específicas que nosotros vayamos a hacer.

-¿Cómo ha enfrentado el desafío de seducir a la centroizquierda, particularmente a la Democracia Cristiana (DC) y al Partido por la Democracia (PPD), que se ha mostrado un tanto díscolo?

Yo diferenciaría los partidos que son del oficialismo, con quienes hay una conversación más fluida y constante, no exenta de dificultades, descoordinaciones y diferencias que hayan habido en esta instalación, pero que ahora tengo la impresión de que está cada vez más afiatado aquello en lo que podemos estar de acuerdo y podemos avanzar, respecto de quienes no están en el oficialismo. (Con estos últimos) es un esfuerzo adicional, porque no es la misma complicidad, no están instalados en el gobierno y, por lo tanto, siempre se necesita un esfuerzo adicional para poder convocar a los distintos proyectos. No digo con esto que no se pueda, de hecho, hemos logrado tener alguna agenda de trabajo en particular con la DC y también con el Partido de la Gente (PDG), con quienes me ha tocado juntarme, pero va a ser un desafío permanente. Sería no solo soberbio, sino que falso, decir que eso ya está resuelto con alguno de los sectores.

-¿Por qué se decidió desde un comienzo que el Presidente se restara de la figuración pública y dejara a los ministros en primera línea? Se lo pregunto porque estaba bien en las encuestas y pareció poco estratégico.

Hay veces que te dan palos porque bogas y porque no bogas y, en este caso, con un gabinete en el que se busca que todas y todas asumamos un rol de liderazgo en las áreas y carteras que nos toca participar, la apuesta inicial fue darle cancha, espacio, para que los ministros y ministras pudiéramos tomar ese liderazgo y protagonismo.

El Presidente tiene una intuición bastante sabia en la idea de desconcentrar los espacios de poder y distribuirlos en más actorías. De hecho, hace poco nos decían que era un gabinete que todavía no alcanzaba niveles de conocimiento muy altos, entonces yo diría que debemos redoblar los esfuerzos para que los ministros y ministras puedan no solo ser conocidos mediáticamente, sino que las actorías relacionadas a los temas de cada cartera los reconozcan como quienes pueden resolver los problemas de esas áreas. Si se cree que solo se resuelven llegando a La Moneda o a los ministerios políticos que están acá, es un problema de gobernanza importante porque siempre vas a ser cuello de botella para los problemas que se deberían resolver en primera instancia en los ministerios sectoriales.

Crimen organizado

– A propósito de la propuesta del gobierno sobre un eventual Estado de Excepción intermedio en La Araucanía, el senador Francisco Huenchumilla (DC) dijo que “eso es lo mismo que predicaba la derecha” y que “el gobierno no tiene ningún plan integral” para la zona. ¿Cómo toma estas críticas y pretende disiparlas, pues el lunes debe ir al Congreso para ver precisamente este tema?

Conversé (el martes) con el senador y compartimos con él y muchas otras personas la necesidad de que aquellos problemas y conflictos que son políticos, se resuelvan de manera política. Por lo tanto, tal como lo dijimos en campaña y hasta ahora, hay un problema político relacionado con la llamada macro zona sur, Wallmapu, Araucanía, Bío Bío y también podríamos sumar Los Ríos y Los Lagos, que se han estado incorporando a esta problemática, que tiene que ver con materias reivindicatorias de demandas que nosotros consideramos, la mayoría de ellas, legítimas y que hay que resolverlas políticamente. Estas van por un carril que no es de resultados rápidos, pero como gobierno estamos haciendo esfuerzos y probablemente se vayan dando a conocer en la medida que se puedan dar a conocer. Muchas veces, esos resultados, hasta que no ocurren, no se pueden dar a conocer…

-¿De qué tipos de esfuerzos? ¿Nos puede detallar?

Particularmente, en materia de tierras hay un esfuerzo importante que se está realizando y en diálogo político para esclarecimiento de verdad y para recoger lo que podría ser la implementación del proceso de la nueva Constitución, con una que nos conciba como Estado plurinacional. En toda la agenda que desencadena esa adecuación, yo diría que hay una posibilidad importante de avances históricos. Pero, por otra parte, tenemos un problema concreto, que está relacionado con el crimen organizado, que muchas veces puede confundir lo que es la reivindicación con la práctica del crimen organizado. Y en esta última materia no tenemos otra opción que garantizar la seguridad de la población. Es un dato de la causa y lo expresarán con mayor fuerza quienes habitan las provincias de Arauco, en Bío Bío; o de Malleco, en La Araucanía. (Ellos) no están sintiendo la seguridad que debiese proveerles el Estado, en todas sus ramas, y una de ellas es el Ejecutivo.

Así es que es ahí donde se están explorando medidas menos gravosas que las que se han ocupado y que podamos, lo que ha estado explorando el Ejecutivo en el Congreso esta semana y con los partidos las semanas pasadas, no tener un Estado de Excepción como lo hemos tenido hasta ahora, que admite y faculta al Presidente de la República a restringir cierto derechos fundamentales, y que es una medida más amplia. Lo que nosotros hemos pensado es cómo, a partir de lo que hemos visto sobre todo en las rutas, tanto por el corte de vías principales por parte de camioneros, pero al mismo tiempo por la situación de inseguridad que muchas veces se ha visto, podemos proveer de un apoyo a esas vigilancias que no suponga la restricción de derechos de las personas y que pueda contar con el mando de una autoridad civil a cargo. Esas son fundamentalmente las dos grandes diferencias con los actuales estados de excepción.

-¿Y por qué políticos como Huenchumilla señalan que esto es lo mismo que venía predicando la derecha? ¿Cree que no entiende la diferencia de lo que usted plantea?

No, creo que hay con justa razón una necesidad y un llamado de atención a que hagamos mucho más visible y logremos expresar de manera más categórica esta diferencia entre la agenda para resolver los problemas de fondo que aquejan hoy día a la población y en particular a las reivindicaciones del pueblo nación Mapuche, y por otro lado, las medidas que puedan ir a abordar los problemas de inseguridad que afectan a la misma población y a las mismas comunidades mapuche. No estamos hablando de que son efectos separados. Entonces, si nosotros logramos mostrar que son dos cosas distintas por un lado, y la agenda política de fondo, es muy probable que podamos avanzar en una agenda sumamente ambiciosa, tanto en materia de tierra, social y de reconocimiento político. Yo diría que (así) puede entenderse mejor esta medida excepcional y temporal de poder resguardar la seguridad con las Fuerzas Armadas.

-Usted habló de crimen organizado. ¿Se refiere, concretamente, a la CAM y a otras organizaciones de reivindicación mapuche, o está hablando de otra cosa?

Hay bandas de crimen organizado, sin duda, en la zona, que están principalmente asociadas al narcotráfico y robo de madera. Nosotros no las confundimos ni mezclamos, en ningún caso, con las organizaciones, muchas de ellas, con reivindicaciones históricas en materia de resistencia territorial, cuyas reivindicaciones son políticas, y que han generado muchas veces situaciones de tomas o de, como ellos denominan, recuperaciones de terreno, que en este caso creemos que se deben abordar de una manera distinta a lo que califiqué anteriormente como crimen organizado.

Me gustaría diferenciarlo bien, porque una cosa debe tener un tratamiento político, más allá del conflicto que se genera al momento de esa reivindicación, donde se han visto situaciones complejas, donde se han cometido delitos, los cuales se tienen que perseguir y juzgar, pero que tienen otra connotación a las que ahora último se han venido instalando como prácticas de crimen organizado, (que son) bastante parecidas a las que se dan en otras poblaciones de nuestro país, más allá de que algunas de ellas puedan utilizar la reivindicación. Pero de fondo lo que hay es crimen organizado.

Protección y resguardo

-El gobierno va a duplicar recursos en la compra de tierras de la Conadi y, por otro lado, pretende instalar militares en La Araucanía. Es la vieja estrategia del garrote y la zanahoria. ¿Cómo se equilibra en la práctica ambas posiciones? ¿Cuál es la señal que quieren dar?  

La compra de tierras es una cuestión necesaria, pero no suficiente para poder resolver demandas de comunidades en materia reivindicatoria. Creemos que lo que pasa en la Convención Constitucional, que podría tener una expresión en una institucionalidad política distinta, también podría sumar en esa línea de convivencia pacífica, duradera, pero que no resuelve la inseguridad que se vive hoy en un sector bastante específico de nuestro territorio. Insisto en separar la acción necesaria de establecimiento del orden público, a la parte que tiene que ver con reivindicación territorial. Están llegando a lugares donde pasan las personas por vías comunes, carreteras, entonces ahí hay un problema que si no se garantiza el orden público y el resguardo de las vías, la verdad es que no estaríamos gobernando y eso es lo que tenemos que hacer hoy día sí o sí.

-El diputado Jorge Brito (RD) dijo que la instalación de un estado intermedio podría generar cierta repercusión en el pueblo mapuche. ¿Cuál es el análisis del gobierno frente a un eventual escenario de conflicto?

Yo diría  que todos los escenarios tienen riesgo. No hay ninguno que sea pulcro y que elimine la posibilidad de que escale. La pregunta es cuál de esos caminos creemos que es más coherente con nuestro actuar político. Y nosotros, como lo dijimos al momento de no renovar el estado de excepción, queremos intentar tener una situación menos gravosa con un mayor control democrático y que no nos ponga entre la espada y la pared.  Hoy día estamos copando prácticamente casi toda la fuerza policial para mantener vigiladas las rutas y, por lo tanto, tenemos menos resguardo en las poblaciones, zonas urbanas y rurales de lo que teníamos antes. La pregunta es que si mientras dura esta coyuntura, donde esperamos tener un punto de inflexión histórico que vire hacia una discusión de los problemas de fondo, podemos apoyarnos o no con controles menos gravosos que el Estado de Excepción.  Por eso el Estado de Protección y Resguardo; para apoyarnos de las fuerzas armadas en un trabajo conjunto con las policías en el resguardo de las rutas.

-Hace pocos días anunciaron un plan de 700 carabineros que estarán en determinadas comunas un rato y después van a ir pasando a otras, lo que  provocó el reclamo de diversos alcaldes, incluso algunos del oficialismo, porque sus comunas no habían sido favorecidas ¿Le parece que es suficiente el esfuerzo que está haciendo el gobierno o hay algo más que se pueda hacer dada la situación actual?

El ministerio del Interior no fijó esta medida como algo que permitía dar una sensación de suficiencia, fue una medida urgente que pudimos echar mano y que creo que va a ayudar en aquellas comunas donde se pueda establecer. Pero, por supuesto, es absolutamente entendible que aquellas comunas que no tienen un aumento de dotación, sientan que todavía queda mucho trabajo por hacer. Se está trabajando en la posibilidad de ampliar ese número, pero al mismo tiempo, queremos enfocarnos en el tema de las armas, que es donde nosotros creemos que mayor retroceso ha habido. No solo en armas legales, sino hechizas, modificadas y también las provenientes del crimen organizado, vinculado principalmente al narcotráfico. También hay otras vías  por donde el control policial puede hacer algo: el control en aduanas, por un lado, y el trabajo de persecución del dinero, a través de la unidad de análisis financiero.

-Qué hacen estas comunas mientras, porque eso que usted plantea es más de mediano plazo. Si bien es una urgencia, no va a ser resuelto ahora.

Ninguna distribución de estos 700 policías hubiese permitido generar una satisfacción completa en todo el territorio, de eso somos conscientes y nos estamos ocupando. Estamos viendo alternativas para mejorar la dotación de todas las comunas, redistribuirlas en función de la necesidad y no del nivel socioeconómico. No necesariamente la dotación responde a la necesidad real que hay en cada comuna y eso es algo que no vamos a lograr hacer de la noche a la mañana. Tenemos pensado en nuestro programa una reforma profunda a las policías y una de esas cosas tiene que ver con la capacidad que tener una conversación, los gobiernos a nivel nacional y local, que permita no solo distribuir la dotación a nivel territorial, sino también orientarla hacia que tipo de prioridades de delito, que muchas veces los propios alcaldes o alcaldesas, pueden tener una conversación, pero al final la autonomía de Carabineros puede orientarlo a otro lugar…

-Claro, porque Carabineros toma sus propias decisiones.
Las decisiones operativas son de Carabineros.

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