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No fueron 30 pesos: Las demandas del estallido aprobadas en proyecto de nueva Constitución

Por: Joaquín Castro Mauro | Publicado: 13.05.2022
No fueron 30 pesos: Las demandas del estallido aprobadas en proyecto de nueva Constitución Convención Constitucional | Fotografía de Agencia Uno
Tras 10 meses de su puesta en marcha, la Convención Constituyente aprobó gran parte de las demandas sociales que impulsaron el estallido social de 2019. Entre las más destacadas están las relacionadas con salud, vivienda, educación y pensiones. Estas son los derechos sociales consagrados en el borrador de la Nueva Constitución, a la espera de la entrada en funcionamiento de la Comisión de Armonización.

La Convención enfrenta la recta final del trabajo de sus comisiones temáticas, por ende, es habitual ver durante todo el día a los convencionales entrando y saliendo del exCongreso Nacional para negociar y conversar con sus pares. Es por ello que la jornada del miércoles 11 de mayo fue histórica para el proceso constituyente, y es que, luego de una extensa votación, el pleno aprobó una serie de artículos que tiene relación directa con las grandes demandas que desencadenaron el estallido social en 2019.

La comisión de Derechos Fundamentales presentó su último informe con un catalogo de 28 artículos enfocados en diversas temáticas, entre ellas, el derecho a la vivienda, seguridad social, libertad sindical, salud, educación, entre otras garantías claves para consagrar en el borrador de la nueva Constitución. No sólo eso, los convencionales apuntan a que estos artículos puedan revertir el aumento del Rechazo y que el Apruebo pueda volver a ganar terreno de cara al plebiscito de salida.

Salud

Este artículo fue el que más apoyo recibió, aprobándose la norma que consagra el derecho a la Salud. Así, se estableció que “toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental”. 

Además se establece el Seguro Nacional de Salud que será el sistema de atención primaria universal de carácter público. En cuanto a las Isapres, éstas podrán seguir funcionando, pero como seguros de salud privados encargándose de aquellas materias que el Estado no cubra.

A estos artículos se sumaron:

  • El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Esta norma también establece que una futura ley determine cuales son los requisitos que se le exigirán a las instituciones privadas para ser integradas a la red de salud.
  • Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud. Es decir, crear planes de financiamiento para que los centros de salud cumplan a cabalidad su tarea.

Vivienda

Respecto al derecho a la vivienda, en el pleno del 20 de abril se aprobó la norma que consigna: «el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria».

Además se consigna que el Estado tomará las medidas necesarias para que este derecho se cumpla de forma adecuada. En cuanto a los incisos que establecen el diseño y las políticos públicas para llevar a cabo este derecho se aprobaron los siguientes artículos:

  • El Estado podrá participar en el diseño y construcción de viviendas, esto habilita al desarrollo de políticas públicas que permitan llevar a cabo este derecho.
  • En paralelo, se suma el diseño de políticas de vivienda para personas de bajos ingresos económicos y/o que pertenecen a grupos vulnerables.
  • Respecto a casos de violencia de género, se aprobó la creación de viviendas de acogida, esto según determina la ley pertinente a estos casos.
  • Se determinó la creación de un Sistema Integrado de Suelos Públicos, que determinará qué terrenos fiscales podrán ser usados para la construcción de viviendas. A su vez, habilita al Estado a adquirir terreros privados, conforme a la ley respectiva.
  • Por último, se aprobó la norma que garantiza la disponibilidad del suelo necesario para la creación de viviendas dignas y adecuadas.

Educación

En cuanto a la educación, previamente se había aprobado la norma que indica que “el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación”. Este derecho es el que menos artículos había logrado aprobar en la sesión previa. No obstante, la situación cambió totalmente en la jornada del 11 de mayo en donde se aprobaron una larga lista de normas ligadas a la educación, entre las que destacan:

  • Acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.
  • La educación debe orientarse hacía la calidad cumpliendo los fines y principios establecidos.
  • Se consagra el Sistema Nacional de Educación integrado por establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado.
  • Además, estos establecimientos no podrán discriminar en su acceso y tendrán prohibido cualquier forma de lucro.
  • Se creará una red de establecimientos estatales de carácter laico y gratuito. De esta forma se elimina la figura de la municipalización y el Estado vuelve a tomar el control del sistema educativo.
  • La forma de financiamiento será permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes estatales.
  • Todos los integrantes de la comunidad educativa podrán participar de las definiciones del proyecto educativo de los establecimientos.
  • Se garantiza la libertad de los padres y madres a elegir el tipo de educación de sus hijos.
  • Los establecimientos de educación superior públicos serán financiados por el Estado.
  • El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Pensiones

En lo que respecta a las pensiones, previamente se había aprobado que toda persona tiene derecho a la seguridad social, que la ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público que otorgue protección a los ciudadanos y que los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. A estos artículos se les sumaron:

  • Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social.
  • El Estado definirá el tipo de política de seguridad social. Ésta se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación.

Así, luego de semanas de incertidumbre, se lograron aprobar gran parte de las demandas solicitadas tras las protestas de 2019. Estos artículos aprobados pasaron al borrador de la Nueva Constitución y su siguiente parada será la Comisión de Armonización para ser ordenados y presentados el 4 de julio de este año.

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