Las irregularidades que terminaron con la salida del jefe del Servicio de Salud de Viña

El viernes de la semana pasada se concretó la renuncia del director del Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota, Alfredo Molina Naves, luego de que la ministra de Salud, María Begoña Yarza, le pidiera su salida en el marco de protestas por parte de trabajadores.

Su renuncia se dio en medio de un complejo momento para el servicio, luego que un informe de Contraloría acreditara fondos gastados irregularmente y aumentos de plazos indebidos para obras de hospitales. Trabajadores de la salud, además, denuncian falta de insumos básicos para sus labores y acusan mal manejo en las contrataciones de asesorías, lo que motivó el inicio de una auditoría ordenada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Asimismo, organizaciones sindicales de la red hospitalaria dependiente del organismo denuncian que, cuando se hicieron cuestionamientos respecto a estas gestiones, hubo prácticas antisindicales.

«Durante estos cuatro años de administración hubo una persecución sindical. Por eso ahora demandamos el reintegro de trabajadores que fueron destituidos por esto. Segundo, los derechos adquiridos durante el gobierno de Michelle Bachelet hay que volver a retomarlos y poder trabajar en conjunto», afirma en conversación con El Desconcierto Jorge López Layana, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Salud (Fenats) del Hospital Gustavo Fricke.

Informe de Contraloría

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR), al que tuvo acceso El Desconcierto, reveló irregularidades por parte del Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota en el marco de la construcción del nuevo edificio del Hospital Gustavo Fricke.

Algunas de las irregularidades en las obras, que estuvieron a cargo de la agencia en Chile de la constructora Obrascón Huarte Lain (OHL), fueron los pagos irregulares de $40.607.871 relacionados a la presurización de escaleras del recinto y el aumento de plazos de entrega de la construcción de manera indebida, al no haber contado con los documentos necesarios para autorizar la operación.

El informe del ente fiscalizador fue emitido el pasado 29 de abril, en medio de denuncias de trabajadores del hospital de alta complejidad, sobre diversas dificultades para cumplir sus funciones en las nuevas dependencias.

Uno de estos problemas, por ejemplo, fue la inundación en zona de atención a pacientes registrada durante las últimas lluvias en la Región de Valparaíso.

Prórrogas y apertura apresurada

Las nuevas obras del Hospital Gustavo Fricke fueron autorizadas el 11 de marzo de 2013, luego de que se convocara a una licitación por $85.401.043.651, que originalmente estaba planificada para que fuera concluida el 8 de diciembre de 2016.

El proceso finalmente fue adjudicado por OHL, empresa de origen español que ha sido responsable a través de sus filiales de diversas obras públicas en Chile, como el Hospital de Curicó, el Centro de Justicia de Santiago y tramos de la Autopista Américo Vespucio Oriente en la capital.

Posteriormente, el 2 de abril de 2013, el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota autorizó el contrato de ejecución de la obra que contempló 17 adendas que conllevaron diversas modificaciones al proyecto original y aumentos de plazo.

La auditoría estableció que el valor de estos cambios fue de $9.772.229.820 y conllevó la definición de una nueva fecha de término límite para la faena: el 15 de febrero de 2020, dos semanas antes de que la pandemia de COVID-19 llegara a Chile.

En definitiva, el 10 de enero de 2020 la empresa solicitó la recepción provisoria de la obra, luego que la Inspección Técnica de Obra (ITO) certificara que 99% del proyecto se encontraría listo.

Dos semanas después, el servicio de salud dirigido por Molina Naves recibió las obras para dar el visto bueno final, proceso que se llevó a cabo con los equipos especializados y que culminó con una serie de observaciones, justamente el día antes del límite establecido por las bases administrativas cuando se aprobó la prórroga del proyecto (15 de febrero de 2020). «Por lo tanto, a partir de esa fecha, se aplicaría una multa diaria por atraso«, detalla el informe.

Pese a que quedaban observaciones pendientes, la llegada de la pandemia al país cambió los planes para el Hospital Gustavo Fricke.

El 7 de marzo de 2020, atendiendo la alerta sanitaria, el Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota «autorizó la explotación inmediata del establecimiento hospitalario, y se instruyó a la ITO a solicitar a la empresa contratista subsanar las observaciones pendientes dentro de un plazo no mayor al 30 de abril», detalla el informe de Contraloría.

«Se entendería como fecha de término de los trabajos aquella en que ingresó el personal del hospital al establecimiento, lo que ocurrió el 13 de marzo de 2020», agrega el documento.

Irregularidades en la puesta en marcha y los plazos

La CGR, tras el término de su auditoría y la recepción de antecedentes entregados por el Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota, confirmó que la apertura provisoria del establecimiento «no contó con la totalidad de los documentos exigidos en las bases administrativas, como son el ‘Protocolo de capacitación’ y, el ‘Protocolo de prueba integral de funcionamiento de todos los sistemas operando en forma simultánea a plena carga e interrelacionados entre sí (…)'».

Además, el órgano fiscalizador determinó que «tampoco se tuvieron a la vista los antecedentes que hayan acreditado la realización del proceso de Puesta en Marcha dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales de Arquitectura, cuya finalidad era la de realizar en forma oportuna los ajustes de funcionamiento de todas las instalaciones, redes, artefactos, equipos, entre otros, existentes en el nuevo establecimiento sanitario previo al traslado del hospital».

Por otro lado, los más de $9.000 millones que se consideraron para las obras extraordinarias no contaron con una caución, es decir, una garantía del cumplimiento de los trabajos, «lo que se aparta de los principios de eficiencia, eficacia y control», indica Contraloría.

Finalmente, la auditoría concluyó que hasta la actualidad el servicio de salud no se ha hecho cargo de resolver las 459 fallas que la constructora tiene pendientes y que detalló que tampoco cuenta con «una unidad encargada de supervisar y controlar los defectos o deficiencias que aparecieran en el nuevo establecimiento hospitalario durante el periodo de garantía de correcta ejecución y buen comportamiento de las obras».

Pagos indebidos

Una de las irregularidades más graves constatada por la Contraloría fue el desembolso irregular de $40.607.871 por trabajos ligados a la presurización de dos escaleras del nuevo edificio.

El pego fue considerado como «aumentos y obras extraordinarias», pese a que estas actividades «debieron ser considerados por la empresa constructora en su oferta económica del proceso de licitación, dado que formaron parte de los antecedentes técnicos».

«Tal suma quedó bajo apercibimiento de reparo, en la medida que el cuestionado pago no sea regularizado por el servicio en comento», agrega el informe junto con establecer que «esa entidad deberá arbitrar las medidas tendientes a regularizar los desembolsos irregulares realizados».

El ente controlador definió un plazo de 60 días desde la entrega de los resultados de la auditoría para esto último o «de lo contrario se formulará el respectivo reparo».

Además, en general respecto a las irregularidades reveladas en el informe, la Contraloría definió que el Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota «deberá disponer la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que, con su acción u omisión, permitieron la ocurrencia de tales infracciones, remitiendo el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe».

Asesorías cuestionadas

Mientras la CGR redactaba el informe final de la auditoría, El Desconcierto revisó una serie de pagos por asesorías que se realizaron en el Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota, luego de que trabajadores manifestaran su preocupación por el alto monto destinado a este ítem, que en 2021 habría ascendido a $2 mil millones.

«Nosotros tenemos información de que no hay situaciones de marcaje, tanto de entrada como de salida. Si bien es cierto que son asesorías, no sabemos en qué consistieron. Otra cosa que nos llamó la atención es funcionarios que trabajaban con senadores con horario completo de 8 a 5 de la tarde y después tenían tiempo para hacer asesorías en otros lados. No cuadra», sostiene Guillermo Guerra, de la Fenats del Hospital Gustavo Fricke.

Al revisar la información en detalle, este medio constató la contratación del abogado Sergio Mancilla Alvear como asesor jurídico de obras, mientras se desempeñaba como asesor legislativo del senador Juan Castro Prieto (ind. RN).

Mancilla Alvear firmó un convenio con el Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota por un total de  $12.090.000, remuneración dividida en seis meses del año 2021. Durante los seis meses siguientes el asesor siguió percibiendo una remuneración mensual de $1.783.275. En ese mismo periodo recibió un sueldo de $1.576.440 como consultor del parlamentario.

En conversación con El Desconcierto, Mancilla Alvear detalla que firmó estos convenios con el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, relacionados a asesorías legales ligadas a hospitales que estaban en construcción en paralelo a sus asesorías para Castro Prieto.

Asimismo, indica que prestó servicios en calidad de honorario, por lo que no tendría categoría de funcionario público, lo que no le habría impedido ejercer sus dos roles, y afirma que su contrato con el Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota era de 44 horas a la semana. «No había control horario, porque el convenio así lo estipulaba», agrega Mancilla Alvear.

Agencia Uno

Respecto a su trabajo como asesor del senador, el consultor sostuvo que este trabajo también lo realizó sin obligaciones de horario. «Uno como asesor tiene que estar disponible 24/7 para el senador «, precisa.

Al ser consultado por este medio, Mancilla Alvear reconoció que en la práctica «generalmente la asesoría en el Senado la realizaba después del horario cumplido en el servicio de salud a través de los videos que quedaban grabados y revisión de proyectos de ley o minutas (…) No me piden nunca asistir de manera obligatoria al Congreso«.

Reacciones de las autoridades de Salud

Respecto al pago de asesorías, el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota indicó en una declaración pública entregada para este reportaje que «este tipo convenio con profesionales a honorarios por la duración de un proyecto es la forma que utiliza el Ministerio de Salud y los distintos Servicios de Salud del país para la ejecución de proyectos de infraestructura hospitalaria y es la forma en que se opera con la ejecución de proyectos en gran parte de la administración del Estado».

«En relación con los montos pagados por estas asesorías, se debe hacer presente en primer lugar que se trata de asesorías expertas por profesionales que tienen experiencia técnica sobre construcción de infraestructura hospitalaria. Y atendido a que se trata de asesorías expertas, los montos que se pagan se encuentran de acuerdo a valores de mercado«, agregaron.

En cuanto al caso específico de Mancilla Alvear, desde el servicio de salud sostuvieron que «durante el año 2021 este Servicio tomó conocimiento de una eventual asesoría paralela que el Sr. Mancilla habría prestado para un senador, por lo que se realizó en forma inmediata la consulta respectiva a la Contraloría Regional Valparaíso respecto de una eventual incompatibilidad de funciones y falta a la probidad de parte del abogado».

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, afirmó que «nos hemos planteado un estándar de probidad que vaya más allá de los mínimos que establece la ley y esperaríamos que los Servicios de Salud actúen bajo ese mismo estándar, ya que ese será el marco de la exigencia en la gestión».

Luego, Araos añadió que «en ese sentido, y dados los antecedentes proporcionados por distintos actores, hemos instruido una investigación con el fin de esclarecer la correcta utilización de los fondos públicos en asesorías en este servicio de salud y posibles conflictos de interés, no descartando posibles sanciones en caso de irregularidades o falta a la probidad».

De acuerdo a información entregada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales dicha investigación consiste en una auditoría de revisión de honorarios del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, cuyos resultados estarían disponibles durante el mes de junio.

«Adicionalmente, sobre las remuneraciones, hoy tenemos instructivos presidenciales que limitan el pago de honorarios precisamente para mantenerse en marcos éticos y que respondan proporcionalmente a las funciones prestadas y velaremos porque eso se cumpla», concluyó el titular de Redes Asistenciales.