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Desde que «se perdió una oportunidad» hasta que «este texto es un aporte al constitucionalismo global». El Desconcierto recogió las opiniones de seis abogados y seis abogadas de distintos centros de estudios, universidades y sectores políticos sobre el texto final que se someterá a plebiscito el próximo 4 de septiembre.
La Convención Constitucional finalmente terminó de manera oficial sus labores el pasado martes 28 de junio, a casi un año de que iniciaran la tarea de redactar una nueva Constitución. Este lunes 4 de julio se realizará la ceremonia de clausura y el proyecto final será entregado al Presidente de la República.
Sin embargo, la verdadera prueba será la del día 4 de septiembre, cuando la ciudadanía deberá decidir en las urnas si aprueba o rechaza el texto propuesto por los convencionales en el Plebiscito de salida.
En el marco de este proceso histórico, El Desconcierto conversó con 12 abogados y abogadas expertos para analizar el texto definitivo.
El abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, es una de las personalidades más influyentes del país en materia constitucional. A su juicio, hay que hacer un «balance positivo» del trabajo de la Convención, ya que logra refundar «el orden político institucional».
«Reencuentra a Chile con sus tradiciones republicanas y constitucionales, en especial con el constitucionalismo liberal y el constitucionalismo democrático y social», destaca el exintegrante del Tribunal Constitucional (2006-2009).
Para el docente «el proyecto de nueva Constitución da cuenta de una carta contemporánea, moderna y propia del siglo XXI», que plantea en la justa medida el «diseño de un Estado robusto, pero no hiperburocrático, descentralizado, con administración central y administraciones periféricas, orientado a satisfacer las necesidades básicas de la población y a hacer posible la estrategia de desarrollo con equidad».
Puntos fuertes: Zúñiga destaca el Estado social y democrático de derecho, que no solo buscaría asegurar «el pleno disfrute de derechos civiles y políticos», sino también supone la creación de una nueva «ciudadanía social», cuyo centro de gravedad son «los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y una nueva relación más simétrica entre capital y trabajo».
Puntos débiles: Una de las principales preocupaciones del académico es la reelección presidencial sucesiva, la que podría detonar una «hiperpresidencialización del sistema». También tilda de «urgente» introducir un umbral mínimo de representación para partidos políticos y cuestiona que se mantenga la potestad reglamentaria autónoma del Poder Ejecutivo.
Para la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) y magíster en derecho de la New York University, Macarena Granese, las cosas destacables del texto no son suficientes para darle su aprobación, pues las falencias son muchas más.
«Mi balance general es que se perdió la oportunidad de darle a la ciudadanía una Carta Fundamental que verdaderamente se hiciera cargo de sus demandas y una Constitución que, a diferencia de la anterior, pudiera unir a todos los chilenos», indica.
A su juicio, «el sistema político, que es el punto clave en toda Constitución, está mal articulado». Las atribuciones de la Cámara de Diputados y Diputadas, sumado a la creación de órganos autónomos y regionales, aparte del debilitamiento de los partidos políticos, suponen «un problema serio de gobernabilidad futura».
Puntos fuertes: Si bien su juicio sobre el proyecto de nueva Constitución es más bien negativo, le parece que hay aspectos rescatables en la propuesta, como la «consagración, en mayor profundidad, de derechos sociales y también el avance que se hace en temas de corresponsabilidad y cuidados».
Puntos débiles: Junto con los puntos ya expuestos, Granese agrega el enfoque de género, que a su juicio afecta la «imparcialidad» de los tribunales. También la plurinacionalidad, particularmente, la norma que establece el consentimiento indígena para modificar «aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución».
El profesor del Departamento de Derecho Público de la UDP y coautor de El otro modelo (2013), Javier Couso, asegura que uno de los puntos fuertes de la nueva Constitución es que «está alineado con un sistema democrático liberal», apartándose de otros procesos que «hacen constituciones a la medida de un líder».
A su juicio, que las normas transitorias, «a solicitud del Presidente Boric, hayan impedido que se beneficie de la reelección, pone una larga distancia entre este proyecto y lo que pasa en países como Hungría, Rusia, Turquía, Venezuela o la misma Bolivia».
«Coincido con Tom Ginsburg, un colega de la Universidad de Chicago. Yo creo que esta es una Constitución que pasa el test democrático, lo que no es poco en la era de la erosión democrática y en un país que tuvo la peor fractura social de una generación. No es menor que Chile haya logrado poner a este grupo de personas, que se haya atenido a las reglas establecidas por el poder constituido y que haya acordado una Constitución que, de acuerdo a especialistas extranjeros y chilenos, es inobjetablemente democrática», puntualiza.
Puntos fuertes: Couso destaca el cambio del régimen de Estado subsidiario por un Estado social y democrático de derecho con el estándar de Europa continental. También pone énfasis en la innovación de las normas de paridad y el Estado regional en un país que «adolece la enfermedad del centralismo».
Puntos débiles: La falta de regulación del sistema electoral es uno de los puntos claves a resolver, según el catedrático. Además, cuestiona que no quedó resuelta la incongruencia entre consulta y consentimiento indígena, y que faltó desarrollo en la interrelación entre regiones y municipios. «Quedó mucho entregado a la ley», manifiesta.
«Mi valoración es más bien positiva, porque las constituciones son fundamentalmente arreglos políticos, y los eventuales déficits técnicos, que se han señalado mucho, los tiene toda Constitución en mayor o menor medida, y son corregidos en los procesos de aplicación y de complementación por parte de la dictación de leyes», establece de entrada la doctora en derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y profesora de la Universidad Austral, Yanira Zúñiga.
Si bien sostiene que el texto podría haber sido más “elegante” en algunos pasajes, no cree que eso comprometa su viabilidad, ni como solución política ni como norma jurídica. «Es un texto que desarrolla contenidos y cubre aspectos que eran necesarios de abordar en el caso chileno en particular, y que va mostrando una nueva etapa del constitucionalismo a nivel mundial», afirma.
Puntos fuertes: «Hay cuestiones que se contienen en el texto de la propuesta que hacen que Chile se ponga en línea con los desarrollos del constitucionalismo de la segunda mitad del siglo XX», plantea Zúñiga, agregando que «hay una órbita de protección a los derechos fundamentales que se ensancha considerablemente».
En ese contexto, resalta la transversalización e incorporación de la «perspectiva de género», agregando que el texto «no solo es un aporte para el constitucionalismo local, sino también para el constitucionalismo global».
Puntos débiles: De acuerdo a la constitucionalista, el texto tiene partes que son débiles no porque sean defectuosas en sí mismas, sino porque «constituyen una apuesta con un resultado un tanto incierto, como todas las apuestas de redistribución del poder», asegura. En ese contexto incluye las propuestas de rediseño institucional, sistema político y sistema de justicia.
Según el profesor de derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y corredactor del proyecto de Carta Magna de Bachelet (2018), Tomás Jordán, el texto presentado por la Convención se adapta al contexto por el que atraviesa el país, y será el punto de partida de un nuevo capítulo de nuestra historia.
«Me parece un texto adecuado para iniciar un nuevo ciclo político», afirma el también coordinador del Observatorio Nueva Constitución. Este cambio de época está, a su juicio, atravesado por «el estallido, el proceso constituyente y las nuevas realidades políticas, sociales y culturales de Chile en los últimos 30 años».
Puntos Fuertes: Jordán es claro en señalar que los elementos clave en su mayoría tienen que ver con las formas de Estado y sistema político. En particular, el Estado social y democrático de derechos, la democracia paritaria, el Estado regional, y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
Puntos débiles: El abogado apuesta por mejorar la iniciativa de gasto del Presidente. «Está por verse si puede generar algún conflicto», plantea. Además, le preocupa que el texto tenga una «interpretación única y acotada del consentimiento de los pueblos indígenas».
Por último, desliza que «es necesario regular de mejor manera lo que tiene que ver con los bienes comunes naturales y el equilibrio con la libertad de emprender».
La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad Santiago de Compostela, Miriam Henríquez, se muestra esencialmente de acuerdo con «los pilares básicos previstos en el artículo 1 del texto constitucional propuesto».
«Este artículo 1° recoge los principales pactos que ya delinean la futura Constitución y establece un Estado que deja atrás la falsa dicotomía entre derechos sociales y derechos civiles y políticos; reconoce la preexistencia de las primeras naciones o pueblos originarios y, por ello, se lo declara plurinacional e intercultural; redistribuye el poder estatal entre hombres y mujeres con criterio de paridad; y plasma la relación indisoluble de las personas con la naturaleza y, por ello, se lo proclama ecológico», detalla la docente.
Puntos fuertes: Henríquez destaca la aprobación de la norma que señala que «los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género». De hecho, plantea que las críticas que se sugieren frente a este criterio son «inferencias erradas».
«Una interpretación adecuada la encontramos en el reciente Informe de la Convención de Venecia, que señala que la introducción de la perspectiva de género en la función jurisdiccional puede ser útil para garantizar los Derechos Humanos y para promover la imparcialidad del juez», comenta.
Puntos débiles: La constitucionalista estima inapropiado el uso indiscriminado de expresiones como «según lo determine la Constitución y las leyes». «¿Qué importancia tendría que la Constitución fije las atribuciones de la Asamblea Regional, si estas también podrían complementarse por ley?», cuestiona.
El abogado, magíster en derecho constitucional UC y director del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, parte reconociendo que «tengo un juicio por desgracia bastante crítico del texto que propone la Convención».
«El proceso no estuvo a la altura de las circunstancias. Había una gran misión que era proyectar el triunfo del Apruebo y el acuerdo del 15 de noviembre en un pacto constitucional políticamente transversal, y que además dialogara con las grandes mayorías. Eso no ocurrió», puntualiza.
Para Alvarado, la Convención cayó en una especie de «borrachera electoral» tras el triunfo de mayo de 2020. «No se escucharon las advertencias y se terminó desconectando de las grandes mayorías. Por eso estamos como estamos, con tres meses continuos con el Rechazo arriba en las encuestas», añade.
Puntos fuertes: El abogado destaca solo un elemento del texto que, a su juicio, es relevante políticamente: el régimen presidencial de gobierno. «Considerando el arraigo de la institución presidencial, era importante que se mantuviera un Presidente de la República como jefe de gobierno y jefe de Estado, y que siga siendo electo popularmente», precisa.
Puntos débiles: Alvarado asegura que hubo deficiencias en el diseño institucional y acusa que el sistema político —presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico— no se pensó a partir de «una visión de conjunto». Además, critica que la plurinacionalidad es una forma de Estado «ajena» a nuestra idiosincrasia. «No es casual que haya hecho mucho ruido en la ciudadanía», subraya.
María Soledad Molina, exsocia de Abofem y magíster en derecho público y litigación constitucional, no comparte «la visión pesimista y paranoica de quienes no quieren que se apruebe esta nueva Constitución», ya que considera que «las normas jurídicas son construcciones abstractas, y solo su ejecución nos dirá si fueron correctamente redactadas o si requerirán correcciones».
«Las constituciones no son un libro de magia, son un conjunto de normas y principios jurídicos basados en los paradigmas valóricos de la sociedad en la época que se dictan. Esta Constitución recoge principios y valores éticos que la ciudadanía salió a reclamar a las calles desde octubre de 2019», recalca, añadiendo que «no existen ni leyes ni códigos ni constituciones perfectas, que logren regular todos los ámbitos y problemáticas sociales».
Puntos fuertes: Molina destaca los principios generales que contiene el primer capítulo de la Constitución, los que califica como «un eje importante sobre el cual se desarrollará un cambio de paradigma durante los próximos 30 años».
«En particular, la idea de que Chile es un Estado social, plurinacional e intercultural, son conceptos que pretenden poner freno a la política económica capitalista sobre las cuales se han desarrollado las políticas públicas del país hasta ahora», argumenta.
También rescata el capítulo de Estado Regional y organización territorial. «Esa autonomía se va a traducir en independencia financiera y normativa», establece.
Puntos débiles: A la abogada le preocupa la «incertidumbre» ante la ejecución del texto y las resoluciones del Poder Legislativo ante distintas materias que se les delegaron. «Será en el Congreso donde veremos, durante los próximos años, el desarrollo real y final de todas las buenas intenciones que reúne esta nueva Constitución», recalcó.
El balance de Alberto Coddou, doctor en Derecho Constitucional y académico de la Universidad Austral, está marcado por «la tensión entre proceso y texto». A su juicio, el trabajo de la Convención estuvo sujeto a diversos «vaivenes y tensiones» que van desde la pandemia hasta el masivo aterrizaje de independientes sin independencia política.
«Entonces, con todo ese contexto que marcó al proceso, creo que hoy hay un texto relativamente razonable. Es evidente que todos nosotros, individualmente, habríamos redactado otra Constitución, pero creo que el ejercicio no es ese, sino que tratar de poner de acuerdo a 154 manos que tienen que escribir al mismo tiempo un texto que represente a todos», sostiene el profesor.
Además, el abogado adelanta que evidentemente hay cosas que van a requerir modificaciones, pero que las reglas de reforma constitucional son «lo suficientemente flexibles» como para que el texto se adapte a lo que dictamine la práctica.
Puntos fuertes: Para Coddou, una de las fortalezas del texto es que es menos «judicializable» y más de «interpretación legislativa». Es decir, se presta menos para que sean los jueces u órganos judiciales quienes la implementen de manera directa, dejándole esta tarea a los sectores políticos.
Aparte de esto, sostiene que el texto «se hace cargo del modo en que la crisis ecológica y climática afecta la propia sostenibilidad e identidad política de la comunidad que va a vivir bajo ella».
Puntos débiles: «Es demasiado ambiciosa, si es que eso se puede considerar una debilidad», dice el académico, añadiendo otras materias puntuales, como el hecho de que existan tres defensorías —lo que podría derivar en una ineficacia estatal en la protección de derechos— y lo que sucede con otras modificaciones significativas como el Consejo de Justicia, que para él no ameritaban.
La abogada constitucionalista y co-directora regional de Abofem Wallmapu, Camila Reche, dice que es difícil ponerle una nota al proyecto de nueva Constitución, pero afirma que estaría más cercana a un 6.
«En general, me parece un buen texto, un gran paso para alcanzar una verdadera equidad, para disminuir los efectos negativos del sistema neoliberal, sobre todo en derechos sociales, y por supuesto el gran avance en materias de género», señala.
Sobre esto último se detiene y puntualiza que con este texto «se comienza a poner fin a la relegación de mujeres al mundo privado. Sabemos que más mujeres en el poder cambiará de manera sustancial la vida de todas y todos».
En esa línea enumera elementos como el derecho a una vida libre de violencias, derechos sexuales y reproductivos, reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, derecho a la identidad, reconocimiento de distintos tipos de familia, entre otros.
Puntos fuertes: Junto con los puntos ya mencionados, para Reche es clave la descentralización del poder, ya que mecanismos de participación ciudadana «permiten que seamos partícipes de las decisiones que nos afectan».
Puntos débiles: La abogada apela a que en el texto faltan mecanismos de participación política para quienes no militan en partidos políticos y que quedó un vacío para los independientes. Además, apunta que no hubo «mayores avances en temas como estatuto minero y royalty, que hubiesen permitido asegurar financiamiento estatal de, por ejemplo, derechos sociales».
El codirector del programa de Derecho Público de la UDP y coautor del Manual para la ciudadanía constituyente (2020), Domingo Lovera, asegura que tiene «una muy buena opinión del trabajo de la Convención».
«Se dijo que no iba a alcanzar a terminar el trabajo en un año, lo hizo. Se dijo que íbamos a terminar con una Constitución extremadamente larga, eso no es así. Se dijo que iba a desmantelar el Estado de Derecho, eso es falso. Es una Constitución que cumple con los cánones generales del constitucionalismo y es mucho más democrática que la que tenemos», puntualiza.
Sin embargo, eso mismo que se puede interpretar como un plus, el académico lo lee como una debilidad. «La Convención se mantuvo más o menos dentro de las líneas generales, comunes y tradicionales del constitucionalismo. No hay acá muchas innovaciones. La paridad es una gran innovación, pero en la gran foto de la propuesta de nueva Constitución hay regulaciones que uno encuentra en cualquier parte del derecho constitucional comparado», precisa.
El académico afirma que el órgano descansó «en buena medida en la experiencia acumulada, en las influencias de otros regímenes constitucionales. En lo medular, si uno toma la propuesta de borrador, levanta la cabeza y la compara con otras constituciones, no debiera llevarse ninguna sorpresa».
Puntos fuertes: Para Lovera, el Estado social de derecho es la «gran propuesta», ya que está extendido a lo largo de todo el texto. También resalta las iniciativas populares de ley y otros mecanismos de participación ciudadana. «Hay una serie de instituciones que le dan la bienvenida a la ciudadanía a nivel comunal, vecinal, rural y regional», destaca.
Puntos débiles: Junto a la «falta de innovación», para el abogado otra de las debilidades es el mecanismo de resolución en caso de desacuerdo entre el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones mediante una comisión mixta. «Queda en un loop medio eterno», asegura.
Para la exministra de Michelle Bachelet y profesora de derecho sustantivo de la Universidad de Chile, Laura Albornoz, el solo hecho de que el proyecto de nueva Constitución emane de la instancia democrática que lo hizo es suficiente para considerarlo como algo bueno de por sí.
«En términos generales mi evaluación es positiva porque es una Constitución redactada democráticamente en base a un mandato conferido por el pueblo chileno», sostiene la exmilitante DC.
También resalta que uno de los logros más destacables que se observan dentro del texto es la «transversalización de la perspectiva de género, en principios, catálogo de derechos y democracia paritaria».
Puntos fuertes: Albornoz asegura que el paso más grande que da esta Constitución es el Estado social y democrático de derecho, y sus consecuencias en la configuración de los derechos sociales. En particular, los relacionados con la perspectiva de género.
Puntos débiles: Si bien la académica no identifica muchas falencias en el nuevo texto constitucional, esboza que «quizás» haya un flanco en cómo quedó redactada la regulación relativa a las organizaciones políticas.
