Salud en la nueva Constitución: 10 expertas y expertos hacen su diagnóstico

Uno de los aspectos más discutidos en torno al proceso constituyente ha sido la creación de un Sistema Nacional de Salud que, de acuerdo a la nueva Carta Magna, es “de carácter universal, público e integrado” y será “financiado a través de las rentas generales de la nación”.

De este modo, amplía los alcances del Estado e instruye al Ejecutivo “proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población”.

De cara al Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, 10 expertas y expertos del mundo de la salud, analizaron en conversación con El Desconcierto las propuestas emanadas del órgano constituyente.

Marcos Vergara: “La propuesta resuelve la segmentación por ingresos y riesgos de enfermar del sistema que existe desde 1982, cuando se crearon las isapres”

El doctor en Salud Pública, Marcos Vergara Iturriaga, asegura que “la propuesta resuelve la segmentación por ingresos y riesgos de enfermar del sistema de seguridad social de la salud que existe desde 1982, cuando se crearon las isapres. Esto es técnicamente perfecto, desde una perspectiva de salud pública”.

Sin embargo, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile agrega que “después de 40 años, tal transformación no estará libre de problemas, en particular por los intereses de la clase media acomodada y de los médicos, que se han beneficiado con el sistema”.

“Salvo por la mancomunión de fondos que cierra el ciclo de las isapres, el resto del texto es vago y abierto, lo que puede ser malo porque no sabemos en qué están pensando exactamente sus autores, pero también puede ser bueno, porque deja bastante pizarra para dibujar”, plantea.

Por este motivo, avizora que “el partido se va a jugar en la discusión de las iniciativas legales que diseñe el gobierno y que lleguen al Parlamento”.

En ese sentido, Vergara señala que el desafío central “será de implementación, porque hay otras reformas implícitas que materializar para recibir en la solución pública a quienes serán los exbeneficiarios del sistema isapre, cuyas cotizaciones serán recaudadas por y para el Estado”.

Francisca Crispi: “La propuesta de nueva Constitución recoge la discusión en salud pública de los últimos 15 años”

La doctora Francisca Crispi Galleguillos, presidenta del Colegio Médico de Santiago, destaca el artículo 44 de la nueva Constitución, que plantea un “cambio de paradigma” al definir a la salud como un derecho fundamental, elevar el rol del Estado, incluir el impacto de las políticas públicas en la mejora de la salud y considerar el impacto de determinantes sociales y ambientales sobre la misma, en contraposición al sistema actual.

De igual forma, releva la definición de un Sistema Nacional de Salud, particularmente que sea financiado a través de las rentas generales de la nación. “Esta parte es muy importante, ya que la principal recomendación de los organismos internacionales ha sido la mancomunación de los fondos”, agrega, “lo cual constituye un enorme avance”.

“La propuesta de nueva Constitución recoge la discusión en salud pública de los últimos 15 años, y en ella vemos plasmadas las recomendaciones que hemos generado como Colegio Médico”, subraya Crispi.

La doctora no encuentra puntos débiles en el texto, más bien “se trata de una propuesta muy amplia, en la que caben distintos tipos de modelos, y que deja mucho espacio a la ley para definir cuál es el modelo de atención en salud al cual queremos avanzar”.

Para la médica cirujana, “el principal desafío será la implementación de este sistema y el cambio de lógica que implica”. Además, “es necesario que tengamos una transición paso a paso, que resguarde la cobertura en todo momento”, puesto que hay aspectos que no están zanjados, como la forma en que se integrarán los prestadores públicos y privados en el sistema.

Jaime Mañalich: “Avanza en la línea de un sistema integrado de salud, como se implementó para el mejor manejo de la pandemia”

El exministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi, releva de la propuesta constitucional que se establezca “más claramente el derecho a la atención de salud, no solo el derecho a la salud en general. Esto lo hace un exigible ante la ley”. También destaca que se precise “la no discriminación para personas con enfermedades mentales” y el reconocimiento de la neurodiversidad.

La nueva Constitución “avanza en la línea de un sistema integrado de salud, como se implementó para el mejor manejo de la pandemia”, considera el médico, quien destaca que en el texto finalmente “no se destruye el sistema de Mutualidades de la Ley de Medicina del Trabajo, algo que estuvo en riesgo en un momento”.

Sobre las deudas, apunta al debilitamiento del recurso de protección y la eliminación del acceso directo de las personas a la Corte Constitucional para reclamar por una medida que les afecta, como ocurrió con el alza de las isapres. Además, cuestiona que “en la práctica clínica, se da un reconocimiento de nivel constitucional a quienes practiquen medicina de pueblos originarios, lo que genera un conflicto de inequidad de acceso en perjuicio de estos propios pueblos”.

También critica la elección de palabras en la norma, que establece que los prestadores privados podrán ser parte del Sistema Nacional de Salud. “Si algo enseña la pandemia o la Ley de Atención de Urgencia en riesgo vital es que el verbo correcto es deberán”, indica.

De igual forma, desaprueba que contenga muchas “definiciones aspiracionales” y “normativas”, puesto que se podría abrir la puerta a la “confusión e hiper judicialización para las definiciones primeras, y el tránsito que definen las normas transitorias es demasiado breve para las normativas”.

Dennisse Brito: “Es una Constitución muy clara, muy precisa, fácil de leer, que deja lo sustancial en su texto”

La enfermera y experta en Salud Pública, Dennisse Brito Placencia, considera que “es sumamente relevante reconocer el derecho a la salud y el bienestar, porque hoy día no podemos decir que nuestro sistema de salud funciona”.

Agrega que “darle al Estado la posibilidad de velar no sólo por el fortalecimiento, sino que también por el cómo va a regular su funcionamiento, va a permitir que el acceso sea mucho mayor que lo que tenemos hoy día”.

“Más que debilidades, creo que es una Constitución muy clara, muy precisa, fácil de leer, que deja lo sustancial en su texto, lo más relevante”, asegura la fundadora de la Sociedad Científica de Enfermería Familiar y Comunitaria de Chile (Sochienfa).

Para la académica de la Escuela de Enfermería de la UDP, “cómo se van a hacer algunos aspectos como la regulación del Estado sobre el sistema privado es algo que se tiene que aclarar, obviamente, pero no es parte de la Constitución, es parte de las políticas públicas que van a surgir posterior a esta nueva Constitución”.

Según la experta, el mayor desafío será educar a la población sobre los alcances y conceptos de la misma. Por ejemplo, se deberá explicar que el “cómo” no está en la Constitución, sino en las leyes, y que “lo mínimo que uno puede resguardar en el tema de salud es entender a la salud como un derecho, entender que el Estado tiene un rol de regular, de fiscalizar”.

Juan Carlos Said: “Me parece un texto adecuado que deja la cancha abierta para que se puedan hacer distintas reformas útiles”

Juan Carlos Said, médico internista de la Universidad de Chile y magíster en Salud Pública de la Imperial College de Londres rescata de la propuesta constitucional la creación de un Sistema Nacional de Salud, puesto que “promueve una mejor integración de nuestro sistema”.

“Uno de los problemas que ha sido cuestionado por distintos especialistas es que nuestro sistema de salud está muy fragmentado, y no está pensado con un foco en el paciente”, piensa, por lo que “mejorar la integración es clave para lograr una mejor atención”. También resalta que se consideren los determinantes sociales de las enfermedades en la Constitución.

“El texto en salud me parece un texto adecuado que deja la cancha abierta para que se puedan hacer distintas reformas útiles, no deja ataduras específicas o compromisos muy específicos”, comenta. “Por ejemplo con esta Constitución se podría avanzar hacia un seguro único de salud, similar al sistema inglés” o a un “sistema de seguros sociales de salud, en la línea de lo que plantea el sistema alemán”, subraya Said.

Sobre los puntos débiles del texto, menciona los problemas que puedan surgir de la mención específica de nuevas enfermedades. “Por ejemplo, se habla de la salud mental y la necesidad de aumentar progresivamente el gasto en salud mental, y creo que la determinación de qué se debe gastar en salud es una determinación muy técnica, que puede cambiar año a año”, o por emergencias sanitarias como ocurrió durante la pandemia del COVID-19.

“Los presupuestos de salud se tienen que ir adaptando a las variaciones que pueda haber en la tipología de las enfermedades, no pueden quedar fijados en la Constitución”, considera uno de los fundadores de América Transparente.

Finalmente, explica que los principales desafíos serán “ver si el sistema político va a asegurar una gobernabilidad que permita hacer los cambios necesarios. Eso es clave. Los derechos sociales requieren de consensos políticos, que sean sostenibles en el largo plazo, y no pueden sólo establecerse, por ejemplo, por mayorías circunstanciales”.

Gabriela Flores: “Establecer a la salud como un derecho es imprescindible para un país desarrollado”

Desde la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), su presidenta Gabriela Flores Salgado, rescata principalmente que “se está reconociendo la necesidad de establecer a la salud como un derecho, cosa que es imprescindible para un país desarrollado”.

De igual forma, la técnica en administración de salud destaca que se reconozca a la atención primaria como “el pilar fundamental de la salud pública y, al ser de responsabilidad estatal, se determina entonces que su financiamiento y su estructura debe ser una prioridad política”.

“Los puntos débiles en este sentido están en la participación privada”, considera. Para la Confusam, “la participación de clínicas, isapres y sociedades médicas, y en general, de la industria de la medicina, le hicieron un daño tremendo a la salud pública, porque desviaron caudales públicos útiles para la atención de la población más vulnerable y que se han usado para finalmente darle mayor cobertura y mejor hotelería a los más ricos”.

Respecto al principal desafío de la nueva Constitución, comenta que será “armonizar un nuevo Estado mucho más social, con la participación privada”. 

“En Chile se ha tolerado por siempre que las empresas recojan y lucren a partir de necesidades públicas, y es el Estado el que debe administrar recursos que al final terminan por convertirse en grandes patrimonios privados, en industrias y en desarrollos que terminarán por destruir al país”, agrega.

“El mayor desafío será creer que pudimos y que seguiremos pudiendo hacer más justo a Chile de lo que nunca fue”, concluye Gabriela Flores.

Atahualpa Granda: “La inclusión de la dimensión mental es valiosa, es una necesidad imperativa”

Desde la Sociedad Chilena de Salud Mental, su presidente, Atahualpa Granda Flores, destaca que “la inclusión de la dimensión mental es valiosa, es una necesidad imperativa que está acorde a las definiciones de la OMS”, que considera a la salud mental como un derecho humano fundamental.

“Debemos recordar que no hay salud sin salud mental y ésta hay que resguardarla a lo largo de todo el ciclo vital del individuo”, añade.

Por otro lado, opina que considerar que un Sistema Nacional de Salud sea “de carácter universal, público e integrado” como una respuesta sólida, “es una visión parcial de todas las variables que inciden en la salud y en particular de la salud mental”, sobre todo considerando que las condiciones sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables aumentan. Y con ello, también crece “el riesgo de sufrir afecciones de salud mental”.

“Hubiera sido oportuno definir que el financiamiento debe aumentar en forma progresiva y realista a las necesidades de la población”, asegura el psiquiatra.

Sobre los desafíos, apunta a la implementación de una nueva estrategia nacional que permita asegurar que el Estado entregue servicios universales, considerando los déficits del sistema de salud actual, público y privado, y a “evitar que se dé una crisis por la posible demanda asistencial en el corto y mediano plazo, al absorber al universo de los actuales cotizantes del sistema privado”.

Gabriela Farías: “Esto inicia un camino para tener establecimientos públicos de calidad”

La vicepresidenta de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Gabriela Farías Tamayo, releva que el derecho de la salud se base “en los principios de la seguridad social, y que pasemos de una mirada de subsidiaridad a una mirada que se base en principios de solidaridad, en el desarrollo de los derechos colectivos, en la promoción y prevención, más que sólo en la rehabilitación”.

De igual forma, destaca la “construcción de un sistema nacional que sea universal” y “el mandato al Estado para que fortalezca la salud pública”, ya que “esto inicia un camino para tener establecimientos públicos de calidad, que tengan buena infraestructura, que tengan las tecnologías necesarias, que tengan personal suficiente, capacitado, y con respeto a sus derechos laborales”.

Respecto a los puntos débiles, señala que desde la Fenpruss “sentimos que en materia de salud se podría haber regulado más al sector privado, de manera de terminar con los traspasos de fondos públicos hacia privados y hacia cualquiera de las actividades que lucran con la salud”.

Para Farías Tamayo, el desafío mayor será que pueda implementarse de forma correcta para resolver las necesidades del país. “Por lo que hemos visto, el texto se enfrenta a sectores de mucho poder, que han logrado instalar mentiras, falsedades y temores en la población”, comenta.

En ese sentido, agrega que “la nueva Constitución debe ganar legitimidad, y para ello el Estado en su conjunto tendría que reordenarse en una manera para que los contenidos no queden en letra muerta”.

“La implementación, el desarrollo de este derecho, debe hacerse con mucha información, mucha transparencia, y con toda la participación de la ciudadanía, de manera que cada uno de los pasos que vayamos dando sea un paso que nos permita construir este sistema universal”, cierra la trabajadora social.

Ramón Kong: “Presenta un cambio de paradigma donde la unidad central hoy es la comunidad”

Para el fundador de Doctor 911, Ramón Kong González, lo fundamental de la nueva Constitución es que “presenta un cambio de paradigma donde la unidad central hoy es la comunidad, quiere decir que todos velamos por ella y ella vela por nosotros. Esto, finalmente, acaba con la discriminación que sufre hoy cada paciente que no tiene dinero suficiente para tratar una enfermedad”.

También, el médico emergenciólogo de la Universidad de Chile destaca que el texto “presenta una propuesta de salud donde el Estado pone una apertura de máxima amplitud, de hacerse cargo de todo aquello que nos rodea como individuos, y es un ejercicio gigante que no se había hecho antes”.

Al mismo tiempo, cuestiona que “no está explícito que el Estado sea un garante de oportuna atención, diagnóstico, tratamiento y manejo. Se caracteriza al Estado como quien debe ‘proveer’, y esto tiene menos fuerza que ‘garantizar’”, lo que le parece que “está en deuda”.

Además, cuestiona que “no toma la oportunidad clave de incorporar la educación de salud como pilar fundamental en vías de generar un cambio de paradigma social, donde la comunidad se vuelve un agente activo de la salud”, pues solo “incorpora acciones de prevención y promoción de salud”.

Sobre los desafíos, indica que “abarcar totalmente las determinantes sociales y su impacto en la salud es una tarea tremenda”, lo que requerirá “muchísima educación y explicación de modelos positivos, y no mal utilizarlos de manera perversa”.

Finalmente, opina que el principal desafío será “que el Estado deberá ser capaz de lograr esta armonía con prestadores privados, para abordar la buena salud en su dimensión biológica, psicológica y social”.

Magaly Miranda: “Con la nueva Constitución, el Estado no tendrá otra salida que invertir en prevención”

Magaly Miranda Ávila, presidenta (s) de Federación de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf), asegura que “la universalidad del sistema, basado en principios de equidad y solidaridad” es un avance “sustancial y determinante para entregar atención digna a las personas”.

“Ahora el Estado deberá hacer una mejor administración de los recursos y no tendrá otra salida que invertir en prevención”, subraya la dirigenta, agregando que con el nuevo texto, el gobierno considerará “las necesidades de la población por sobre las necesidades del mercado”.

Esta área es especialmente sensible para el gremio ya que, para Miranda, la norma implica una mayor inversión para contar con una “dotación adecuada” de profesionales y, en consecuencia, entregar “cuidados de enfermería oportunos”.

En esa línea, la dirigenta enfatiza que el principal desafío de la nueva Carta Magna pasa por implementar lo definido: “Todos los cambios generan incertidumbre, por lo que es importante conocer lo que establecen las disposiciones transitorias donde se definen los plazos y condiciones para su aplicación”.

“Sin duda, esto no cambiará de la noche a la mañana, desde el sector hospitalario seguiremos dando la atención que la población necesita”, concluye.