Remo Carlotto, representante en DD.HH. del Mercosur: “Esperamos que se apruebe la nueva Constitución”

“Somos países ricos con pueblos pobres”, reflexiona Remo Carlotto. El mandamás en materia de derechos humanos del  Mercosur agendó un viaje a Chile como parte de una serie de reuniones en distintos países que busca impulsar una articulación común vinculada a “Democracia, DD.HH. y Paz”.

Fue diputado y también estuvo a cargo de asuntos de derechos humanos en la Cancillería argentina. Carlotto ha dedicado una vida al trabajo en defensa de los DD.HH., tanto en su país como a nivel internacional. El tema le es cercano, es hijo de Estela de Carlotto, emblemática figura y una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo. Parte, entonces, de una familia víctima de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura trasandina.

El apretado cronograma lo llevó a reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores, la titular de Bienes Nacionales, la defensora de la Niñez, con representantes de la Corte Suprema, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras autoridades. También compartió con organizaciones como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Codepu y visitó el “Museo del Estallido Social”.

En conversación con El Desconcierto, Carlotto aborda los “estallidos sociales” de los últimos años y la crisis migratoria. Aunque hace un punto: “Los DD.HH. son también la construcción de la agenda cotidiana, el acceso al agua potable, a alimento, a la vivienda digna (…)”. Para construir esa agenda, cree, debe haber un proceso distributivo de los recursos, ya que “la riqueza nos pertenece a todos, no son propiedad de las grandes corporaciones”.

“Hay una agenda muy importante que tiene que ver con la defensa de la democracia, la lucha contra los discursos del odio, negacionistas, de discriminación”, dice y agrega otra problemática: “la xenofobia”.

— Al respecto, enfrentamos en la región una crisis humanitaria y migratoria, ¿cuál es su evaluación del fenómeno?

El Ippdh viene trabajando en cooperación con los países de la región sobre la situación de proceso migratorios, pero fundamentalmente nos abocamos a partir de lo que es el trabajo de la experiencia de “Niñ@ Sur”, sobre la situación de niños migrantes, que son los que viven una situación sumamente compleja. Hemos visto con preocupación el proceso migratorio de vastos sectores de la población venezolana y las situaciones de conflictividad que se han presentado y buscamos siempre trabajar sobre la generación de experiencias comparadas, de buenas prácticas que se han llevado adelante en los países. En este sentido hemos generado una experiencia de intercambio muy interesante con la comisión de migración y de refugio de Argentina, sobre todo en la valoración de cómo se han agudizado la situaciones de conflicto frente a los procesos migratorios durante la pandemia. Estamos desplegando acciones y miradas sobre temas migrantes para la región, después de haber recogido esta información, en cada uno de los países para generar instancias de diálogo y de recomendaciones para el trabajo sobre la situación migrante.

— Más allá de esos ejemplos, ¿ha faltado cooperación internacional en este asunto?

Lo que nos está sucediendo en la región, y lo vuelvo a poner en el plano de lo que nos ha sucedido durante la pandemia, es que no existió una correcta coordinación entre los países frente a una situación de emergencia y de crisis. El Instituto está trabajando sobre un plan para desarrollar este año y el año que viene que tiene que ver sobre las situaciones de crisis de la región para poder mirar cuáles han sido las situaciones de no coordinación. Las obvias tienen que ver, por ejemplo, sobre no tener una estrategia compartida en la adquisición de vacunas; otra tiene que ver sobre el tratamiento de la situación de las poblaciones migrantes; otra tiene que ver con la situación de niños, niñas, adolescentes y personas mayores; en todos estos casos creemos que no existieron las coordinaciones necesarias. Por eso buscamos tener una coordinación para analizar los acontecimientos vividos durante la pandemia y la construcción de la agenda de post pandemia. Así como nos sucede con los bienes que se intercambian en la comercialización entre nuestros países, creemos que de la misma manera debe existir en el marco de la agenda vinculada a los DD.HH. y a los sectores más vulnerados en nuestra región.

— Hace algunos meses se dieron casos en Iquique de marchas “contra la migración ilegal” que terminaron con la quema de las pertenencias de migrantes, incluyendo un coche de un bebé. ¿Cómo se relaciona esta crisis con la xenofobia?

Hay un punto que me parece importante remarcar, para poder analizar la situación de los procesos migratorios de la región debemos partir de la siguiente premisa: vivimos en la región más desigual del planeta, esto significa en donde tenemos los índices de Gini explotados. La pandemia provocó una profundización del proceso de desigualdad, o sea, somos países ricos con pueblos pobres, eso genera estas instancias de movilidad poblacional. Debe existir un esfuerzo y esto debe ser la receptividad que deben tener los Estados, y los gobiernos en particular, de tener acciones de acogida de aquellos que están migrando. Las acciones de xenofobia, como las que se vieron al norte de Chile, deben ser miradas con lupa por los Estados y deben existir campañas de concientización sobre lo que significan este tipos de actos de discriminación, que muchas veces llevan a situaciones trágicas sobre estos sectores de la población. Debemos compartir y tener una mirada de carácter solidario frente a lo que sucede en nuestra región, tanto en lo que nos sucedió en el pasado dictatorial como lo que nos sucede en el presente. Somos parte de un continente que comparte problemas y que la complejidad de los conflictos está más allá de las fronteras. Nuestra integración debe darse en todos los órdenes, entre ellos la garantía de los derechos esenciales de los habitantes de nuestros territorios, provengan de los países de los que provengan.

FOTO: Queman pertenencias de migrantes en Iquique / Agencia Uno

Estallidos sociales y el rol de las policías

— En los últimos años hemos visto “estallidos sociales” en países como Chile, Colombia y Ecuador, ¿qué reflexiones quedan de esos procesos?

El incumplimiento de las garantías de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestros pueblos encuentran distintas vías de canalización, una de ellas es la protesta social. Lo que tenemos que construir son Estados garantes de derechos sociales, y hablo de Estados, no solamente de gobiernos, que garanticen procesos de carácter inclusivo y reparador. Los DD.HH. no son solamente las acciones que están vinculadas a las respuestas frente a situaciones trágicas o de consecuencias físicas sobre las personas, son también la construcción de la agenda cotidiana: el acceso al agua potable, a alimento, a la vivienda digna, a la salud y a la educación garantizada por el Estado de manera pública y gratuita. Son derechos que los Estados democráticos deben garantizar, no está en discusión. El Instituto busca el camino de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la discusión de las políticas públicas.Tanto de aquellos que demandan por reparación de los que nos pasó en los periodos dictatoriales, como aquellos que demandan hoy por situaciones esenciales. Los DD.HH. no son solamente los instrumentos internacionales, son esos compromisos convertidos en hechos tangibles para cada uno de los habitantes.

— Se ha considerado que lo ocurrido en Chile en las manifestaciones que comenzaron en 2019 han sido las peores violaciones a los DD.HH. desde la dictadura. Usted que mira la región, ¿cree que, desde los periodos dictatoriales, este ha sido uno de los momentos más difíciles?

Creo que sí. Hemos tenido en nuestros países momentos, la Argentina lo tuvo en el año 2001, donde hubo decenas de muertos producto de la acción represiva policial. Hay un aprendizaje que debemos hacer que es el derecho a la demanda ante las autoridades y a la protesta social por parte de la población. Debemos construir herramientas respecto al rol que deben tener las fuerzas de seguridad, no para represión, sino para custodia en las manifestaciones públicas. Es un tema que hemos hablado en los encuentros que hemos tenido aquí con las áreas de DD.HH., la articulación, por ejemplo, para el desarrollo de protocolos de actuación frente a la protesta social. De qué manera debe intervenir el Estado, por lo pronto, para dar respuesta a la demanda, para colaborar, para difundir cuál es la demanda, y por otro lado, para que no existan acciones de carácter represiva, sino que existan garantías de que esas manifestaciones tengan respuesta por parte de las autoridades.

FOTO: Agencia Uno.

— En su agenda, ¿tuvo la posibilidad de conversar con autoridades de Carabineros?

No, no estaba previsto que tuviéramos relaciones con instituciones de seguridad pública. Lo que hemos conversado es que consideramos muy importante la formación y capacitación de los agentes públicos de la seguridad en materia de DD.HH. No solamente sobre el conocimiento de los instrumentos, sino sobre el de las buenas prácticas que se deben llevar adelante para garantizar la seguridad ciudadana.

— ¿Cómo evalúa la preparación en derechos humanos de las policías de la región?

En términos generales lo que vemos es que hay algunas experiencias valiosas en la región, sobre la formación de agentes públicos. Lo que nosotros propiciamos es poder avanzar en la formación y capacitación sobre prácticas, nos solamente en el conocimiento de los instrumentos internacionales de DD.HH. y en algunos puntos legislativos nacionales en la materia, sino conocer cuáles son las prácticas, porque si después ese funcionario policial o penitenciario no comprende cuál es la diferencia entre el ejercicio de un acto coercitivo y de violencia, si no comprende que pueda cometer un acto de discriminación o al llegar hasta el punto de cometer acciones de carácter irreparable, la formación teórica es de carácter insuficiente. Debemos avanzar en el conocimiento de las prácticas.

La Nueva Constitución y el gobierno de Boric en DD.HH.

— A nivel global existe un escenario económico poco auspicioso y los pronósticos no son buenos, ¿cómo afecta esto a lo que hablábamos recién respecto al carácter cotidiano de los DD.HH.?

Aquí hay un desafío esencial, estamos en un mundo complejo que después de la pandemia está en un periodo de una guerra centroeuropea que está afectando las relaciones económicas a nivel global. Somos la región de mayor producción de alimentos en el mundo, que tiene recursos naturales esenciales, tenemos que ver cómo se articula el crecimiento económico con la distribución. Inclusive durante la pandemia hemos tenido periodos de crecimiento sin ninguna distribución, al contrario, hubo una regresión y un empobrecimiento de vastos sectores de nuestra población. La riqueza nos pertenece a todos, no son propiedad de las grandes corporaciones, nos pertenecen al conjunto de la población, los bienes que ellos explotan deben generar procesos distributivos. Muchas veces se piensa que solo va a existir la posibilidad de generar un proceso distributivo a partir de la voluntad de los grupos de empresarios, esto no es así, debe haber una intervención directa y activa del Estado.

— En ese sentido, ¿cómo evalúa la propuesta de una Nueva Constitución chilena en materia de DD.HH?

Nos parece que es sumamente interesante el proceso político institucional que se está llevando adelante en Chile. Se recoge esta demanda de la protesta social, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y redunda en la convocatoria a una constituyente que plasma un texto constitucional desde la perspectiva del constitucionalismo social. Hay una mirada desde los DD.HH. que está acorde a la realidad actual que vive Chile y a la proyección de un modelo de país inclusivo para el futuro. Vemos con mucha expectativa la posibilidad de que se apruebe este texto constitucional y que Chile tenga, a partir de las obligaciones que la propia constitución demanda, una agenda pública garante de DD.HH. Lo veo como el comienzo de una definitiva transición democrática de Chile. Creo que va a generar una proyección que tendrá influencia sobre toda la región. Lo que está pasando en Chile nos pasa a todos. Por ejemplo la interpretación de la multiculturalidad, la posibilidad de plasmar los DD.HH. de manera taxativa, dentro de la normativa constitucional, entre ellos la obligación del Estado sobre la verdad y la memoria, son puntos importantes. Lo vemos con mucha expectativa, esperamos profundamente que sea aprobada, porque nos va a abrir un camino donde el Instituto quiere tener una colaboración, va a abrir un enorme abanico de políticas públicas.

— Este gobierno generó una “agenda integral de verdad, justicia y reparación” respecto a las violaciones a los DD.HH. ocurridas en el estallido social. Usted ha formado parte de instancias de reparación, ¿cuáles son las claves que debe tener un proceso de reparación para conseguir algo de justicia?

El proceso de reparación debe ser de carácter integral, que se sepa qué pasó con cada una de las víctimas de la criminalidad del Estado y que eso quede ventilado en los estados judiciales. Es el primer acto de reparación. El segundo es la construcción de políticas de memoria. El Estado debe garantizar el desarrollo de políticas de memoria para que no exista repetición de los actos que se cometieron. El tercer acto debe ser la reparación de carácter económica a las víctimas y a los familiares de las víctimas, como un acto no de dádiva del Estado, sino como un acto sancionatorio. Una de las formas en que el Estado democrático debe reparar lo que el Estado criminal hizo es volcar recursos económicos para las familias o para las víctimas directas de ese accionar represivo. Debe contemplar la salud de las personas que fueron víctimas de los actos criminales, teniendo especialmente cuidado sobre aquellos testimoniantes en las causas judiciales, que encuentran muchas veces situaciones de revictimización al tener que dar su testimonio ante las autoridades. Por último, también debe incluir la recordación individual y colectiva de quienes ya no están.

FOTO: Remo Carlotto en el Museo del Estallido Social / @IPPDHMERCOSUR

— De igual forma se trabaja en una comisión de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición respecto a los infantes víctimas de crímenes en entornos institucionales, incluyendo casos como los ocurridos en, hasta hace poco, Sename y también en las iglesias. ¿Qué le parece ese enfoque?

Me parece importantísimo que las gestiones de gobierno tengan una mirada abarcativa de los DD.HH. El Estado debe reconocer las acciones que cometió, no debe rechazarlas, ocultarlas, o negarlas, sino que debe allanarse. Eso es lo que nosotros encontramos en la impronta que expresa este nuevo gobierno, que lo vemos con una gran apertura a la agenda vinculada a los DD.HH. Los principios de no repetición deben generar procesos de concientización sobre el conjunto de la población para que las alertas de carácter solidarias, desde la población, impidan la comisión de cualquier tipo de delito por parte del Estado. Esto puede ser aplicable a cualquiera de las circunstancias que podamos ver. La podemos ver sobre los crímenes cometidos por las dictaduras, como sobre otras acciones directas o por acción o por omisión, por parte de los Estados en el presente. Pero siempre debemos tener una gimnasia, no debemos tener temor a modificar las prácticas del Estado cuando viola los DD.HH., no es una pérdida de poder sino que una construcción de poder legítimo. Los DD.HH. no son una opción política, son obligaciones de los Estados. Ahí está el desafío que vemos con entusiasmo que el gobierno de Boric está llevando adelante.

— Y el hecho de que se incluya a las iglesias, un entorno extra estatal, ¿qué le parece?

Hay una interacción que se puede llevar adelante con las propias autoridades de las iglesias. Vimos algunas determinaciones por parte del papa Francisco respecto a las responsabilidades de la iglesia sobre la situación de abusos institucionales, eso debe ser profundizado. Debe ser absolutamente inadmisible que esto suceda en alguna institución de resguardo de niños, niñas y adolescentes, sea de carácter laico, estatal o una institución religiosa, las responsabilidades deben ser asumidas plenamente y el Estado debe tener un rol activo en llevar adelante las investigaciones y de trabajar también con la institución madre, responsable de estas instituciones, sobre la sanción, el apartamiento y la determinación de las responsabilidades.