Diputado Jorge Brito: “Hay políticos de la Ley de Pesca que salieron libres de polvo y paja”

“Cuatro asientos vacíos, no llegaron los senadores”, fue la denuncia que hizo el senador Daniel Núñez (PC). La sesión del miércoles pasado en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura debía abordar el proyecto que busca declarar la nulidad de la Ley de Pesca, también conocida como “Ley Longueira” en relación al exministro de Economía UDI Pablo Longueira.

La instancia era el inicio del segundo trámite constitucional de la iniciativa y el desaire generó críticas en el mundo político y en las redes sociales, dirigidas a los ausentes: los senadores Fidel Espinoza (Partido Socialista), Alejandro Kusanovic (Independiente ligado a RN), Iván Moreira (UDI), y Jorge Soria (Independiente ligado al PPD).

La acusación de que una empresa pesquera pagó coimas a parlamentarios para que legislen a su favor se convirtió en una verdad judicial a fines de 2020, cuando la Justicia condenó al exsenador Jaime Orpis y a la exdiputada Marta Isasi, ambos de la UDI, por el caso Corpesca. A la empresa también se le condenó y tuvo que pagar una millonaria multa.

Orpis se convirtió en el primer político encarcelado por corrupción desde el regreso de la democracia, pero su obra sigue vigente. Parte del texto de la Ley de Pesca fue redactado por Corpesca y presentado como indicaciones por los parlamentarios. Esto es lo que busca cambiar la iniciativa que busca anular la “ley Longueira”.

“El problema es que los derechos de pesca los concentran siete familias de la pesca industrial, en desmedro de la pesca artesanal”, dice el diputado Jorge Brito (RD) en conversación con El Desconcierto. El parlamentario del Frente Amplio fue presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara en parte de este primer trámite de la ley y ha sido uno de los impulsores de la iniciativa.

Para Brito, lo que se viene en la discusión en el Senado es una situación paradójica, porque allí “se encuentran las mismas figuras que aprobaron esta ley”. “Que los senadores se comprometan con enmendar el daño que muchos de ellos mismos ocasionaron”, emplaza.

—¿Qué impresión le dejó el episodio en la Comisión de Pesca del Senado?

Entiendo que un parlamentario puede estar favor o en contra de un proyecto, porque para eso nos pagan, para tomar postura frente a modificaciones a la ley, pero lo que me cuesta entender es que un parlamentario fundamente su posturas por Twitter y no asista a la Comisión donde le pagan para ir a conocer los proyectos, a hacer preguntas y a exponer su legítima postura. Ha sido bastante irresponsable por parte de los senadores que no asistieron, sin embargo, aún están a tiempo de reivindicarse porque cada día que pasa con la Ley de Pesca corrupta vigente, es un día más en el cual nuestro ecosistema marino se encuentra amenazado producto de la devastación industrial y también donde las caletas del país se encuentran empobrecidas producto de los derechos que las siete familias les arrebataron.

—¿Cuáles han sido las principales consecuencias negativas de la aplicación de esta ley?

Primero que todo, para que no crean que encontramos todo malo, la ley tiene algunos aspectos buenos que son, por ejemplo, que incorpora criterios científicos en la definición de las cuotas máximas de captura. El problema es que los derechos de pesca los concentran siete familias de la pesca industrial, en desmedro de la pesca artesanal y donde algunos avances científicos que tiene la ley son vulnerados dadas algunas indicaciones que se encuentran aprobadas y aún vigentes en la Ley de Pesca, hechas por los políticos corruptos que hoy día están cumpliendo condena por corrupción. Me refiero por ejemplo al señor (Jaime) Orpis, de la UDI, que ya cumple más de 216 días de prisión efectiva de su condena. Él hizo indicaciones que están completamente vigentes, por ejemplo, en el artículo 42 que fija el área de protección de la pesca artesanal, no funciona esta protección donde opera Corpesca, que es en el norte. ¿Quiénes están condenados por corrupción? Corpesca y el señor Orpis. Hay otras indicaciones que también lo ilustran.

FOTO: Jaime Orpis / Agencia Uno.

—Hay declaraciones de empresarios pesqueros que aluden a que si se deroga la Ley de Pesca “volvemos a la ley de la selva», ¿qué les respondería?

Que buscaran fundamentar su postura con argumentos razonables, no con la campaña del terror. Aquí la nulidad de la ley de pesca considera un régimen de transición, donde nunca habrá algún vacío, muy por el contrario, está asegurada la continuidad jurídica de la legislación pesquera. Lo que a ellos les duele es que vayamos por la nulidad de derecho público y no por las modificaciones como quería hacer el gobierno de Sebastián Piñera. Cuando Piñera envió el proyecto al Senado, la industria fue a exponer, dijo que si les restringen sus derechos de pesca a perpetuidad ellos iban a solicitar ser indemnizados. Entiendo que ellos quieran plata, pero deben entender que nosotros queremos restablecer el Estado de Derecho, proteger a los ecosistemas marinos y reivindicar la pesca artesanal.

—¿A través de este mecanismo de nulidad de derecho público no existiría el escenario de una posible indemnización a las empresas pesqueras por los derechos adquiridos?

Claro, es muy interesante cómo opera esta figura. La nulidad de derecho público es un principio que tienen los Estados democráticos. En la Constitución actual está consagrado en el artículo 7°, en la propuesta de Nueva Constitución está en el artículo 16°, que se conoce como el principio de legalidad. Dice que todo el actuar del Estado y las instituciones públicas tiene que ser conforme a la Constitución y las leyes, de lo contrario sus efectos serán declarados nulos. Ahí es donde los juzgados del país cuando en una licitación en un municipio hubo corrupción, y así se comprueba, anulan la licitación porque no se actuó conforme a derecho. Lo mismo ocurre, a nuestro entender, cuando ya está demostrado en tribunales que políticos recibieron sobornos para favorecer a siete familias de la pesca industrial, lo que queda es declarar nulo los efectos que esos políticos corruptos hicieron en la ley. Mientras la pesca artesanal tiene un montón de trabas para ejercer su actividad, la pesca industrial adquirió derechos a perpetuidad acaparando cuotas de pesca, eso nos parece que es una vulneración grave.

FOTO: Diputados tras aprobación de proyecto de nulidad de Ley de Pesca.

Empresas pesqueras “me han insistido en audiencias privadas”

El curso de la investigación en el caso Corpesca reveló que Jaime Orpis recibió más de $200 millones de parte de la empresa, por lo que se le condenó a una pena efectiva de 5 años y un día por cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco. Marta Isasi, por su parte, recibió $40 millones y se le condenó a 50 días de cárcel. A pesar de las condenas, el diputado Jorge Brito enfatiza en que “hay políticos de la Ley de Pesca que salieron libres de polvo y paja”.

Sobre la presión empresarial durante la discusión legislativa, sostiene que desde el sector se utilizan a los sindicatos “para venir al Congreso a defender los intereses de la industria” y que “es una dinámica que utilizaron también para lograr la tramitación de la Ley de Pesca”.

—Junto con el caso Corpesca recordamos otros hechos corruptos, como el caso SQM o el caso Penta. ¿Considera, que hemos avanzado desde desde entonces en el en el combate a la corrupción?

Hay avances y retrocesos, lo importante es cada día continuar. Quienes queremos que haya más avances debemos denunciar la corrupción sin tapujos. Acá hay políticos de la Ley de Pesca que salieron libres de polvo y paja cuando varios favores hicieron a la industria, aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, al entonces senador Fulvio Rossi que actuaba junto con el senador Jaime Orpis y ocurrentemente realizó una indicación que permitió a Corpesca ahorrarse miles de millones de pesos. He estimado que al día de hoy estamos hablando de que Corpesca se ahorró, gracias a estas ocurrentes ideas, alrededor de $15.000 millones en pago de impuestos al Fisco. El Servicio de Impuestos Internos desistió de perseverar en la arista Asipes de la Ley de Pesca corrupta que era la que involucraba a estos personajes. Los delitos tributarios y económicos debieran ser de acción penal pública y no permitir que haya impunidad. Si alguien queda libre que sea porque es inocente y no porque no se procesó o no se investigó. Mientras la ley corrupta esté vigente estamos seguros que hay un grave problema, no sólo para la pesca artesanal y para quienes queremos proteger el mar, sino que para quienes queremos que exista un Estado de Derecho democrático en Chile.

—Usted ha dicho que el gobierno de Sebastián Piñera fue un férreo opositor al avance de la nulidad de la Ley de Pesca, ¿en qué se tradujo esa oposición?

Hay leyes que avanzan en un dos por tres y hay otras que por cada paso que damos hay que demostrar su constitucionalidad. La subsecretaría de Pesca de Piñera anunció que recurriría al Tribunal Constitucional en el caso de que nosotros avanzáramos con la nulidad de la Ley de Pesca corrupta. Cuando tramité la nulidad en la Comisión de Pesca vivimos momentos muy tensos en donde se me acusó de todo tipo de cosas, algunas muy burdas. Cuando ya se aprobó, por indicaciones que ingresó la derecha, se forzó a tramitarla en la Comisión de Constitución porque acusaban que no teníamos la potestades para declarar la nulidad de una ley. En la Comisión de Constitución recibimos a decenas de expertos y expertas. Sesionamos fusionados, Pesca y Constitución, cuestión que no había ocurrido nunca. Después de eso nunca nos dejaron poner la nulidad en tabla, hasta que lo logramos esta semana recién pasada. Creo que gracias al cambio de timón que ha habido en el país, que nos permite dar estos debates sin tabú, hemos podido indicar a los responsables de que nuestro país pierda soberanía sobre sus bienes naturales comunes, en este caso, sobre el mar.

—¿Cómo ha sido el rol de los empresarios durante la tramitación de esta ley de nulidad? ¿Ha habido presión? ¿Cómo ha sido el lobby?

Han venido ellos directamente a la Comisión. Me han insistido en audiencias privadas, yo no he accedido a ninguna, les he dicho que los voy a recibir siempre, pero en instancias transparentes, de cara a todo Chile y por eso recibimos a todo aquel que quiera ser escuchado en la Comisión de Pesca cuando yo era presidente. Recibimos a representantes de la asociación de pesqueras industriales, a gente de Corpesca. Ellos utilizan mucho a los sindicatos y les pagan pasajes en avión todas las semanas, hasta antes de la pandemia, para venir al Congreso a defender los intereses de la industria. Es una dinámica que utilizaron también para lograr la tramitación de la Ley de Pesca, coparon el Congreso con trabajadores de la industria. Lamento que eso ocurra, pero entendemos que son parte de un sistema productivo y ellos tendrán que entender que nosotros somos parte de una juventud que quiere restablecer la confianza en nuestras instituciones, para eso es el trabajo que estamos llevando adelante y del cual no vamos a desistir.

—Más allá del episodio en la comisión, ¿qué expectativas tiene para la tramitación en el Senado?

Que los senadores se comprometan con enmendar el daño que muchos de ellos mismos ocasionaron. Es paradójico, pero en el Senado se encuentran las mismas figuras que aprobaron esta ley. Estamos completamente disponibles a debatir con el señor (Iván) Moreira o con cualquier otro parlamentario que busque evitar dar la discusión de fondo y que nos quiera convencer a que aceptemos una ley de pesca que está engendrada en corrupción.

—¿Están los votos?

Creo que lo podemos lograr. El gobierno está comprometido con una nueva ley de pesca. Hay procesos participativos que se están llevando adelante en distintas caletas del país y al final de este año esperamos tener un borrador. Para tener una nueva ley es necesario anular la ley corrupta que tenemos vigente. Si no ocurre hoy día, va a ocurrir mañana, pero sí o sí lo vamos a lograr.