Esquirlas del caso Llaitul: Un examen al primer gran golpe en el Gobierno de Boric

Un verdadero terremoto político ha debido sortear el Ejecutivo tras la detención y posterior prisión preventiva de Héctor Llaitul, que se coronó con la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, tras la filtración en la carpeta investigativa de un «telefonazo» al vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

En El Desconcierto hablamos con dos analistas políticos para examinar el primer gran golpe que ha sufrido el Gobierno en sus seis meses de administración y a menos de dos semanas del Plebiscito por la nueva Constitución.

Jeanette Vega, la primera caída

Eran otros los ministros que estaban en la mira. Izkia Siches y Giorgio Jackson eran tal vez los nombres que más se repetían. Pero la primera caída del gabinete de Gabriel Boric terminó siendo Jeanette Vega, exmilitante del PPD y titular de la cartera de Desarrollo Social.

¿La razón? El sitio Ex-Ante filtró la conversación telefónica entre una de sus asesoras con Héctor Llaitul, la que figuraba en la carpeta investigativa de la Fiscalía.

Para Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política y académico de la U. de Talca, el Gobierno “no tenía más opción” que sacar de su cargo a la secretaria de Estado. “Siempre es mejor un final con dolor que un dolor sin final. Si la ministra Vega se hubiese mantenido en el cargo, el gobierno se exponía a una crítica y cuestionamiento permanente de la oposición de aquí al plebiscito, presionando por su salida”, subraya.

“La decisión es correcta. Sin embargo, la situación es de tal gravedad que seguramente será resentida por el gobierno a nivel de aprobación presidencial. No sabemos muy bien si esto impactará en las preferencias de la ciudadanía en torno al Apruebo o al Rechazo, sobre todo si consideramos que más del 90% de los votantes de cada opción está convencido de la misma”, añade.

Una “oportunidad perdida” para Siches y el fantasma de la Operación Huracán

Uno de los puntos más débiles para el Gobierno es la seguridad. Sin embargo, la detención de Héctor Llaitul se perfilaba como la oportunidad para, al menos, dar una señal. Sin embargo, el Ejecutivo llegó dos horas tarde a dar una declaración. La ministra del Interior, Izkia Siches, fue breve e hizo un llamado estéril a “no sacar réditos políticos” de la situación.

Según Morales, la reacción del Ejecutivo fue “particularmente lenta” con una “declaración muy escueta” de la secretaria de Estado, lo que podría ser un síntoma de que “el gobierno no estaba informado siquiera de las operaciones que estaba llevando a cabo la PDI”.

“La detención de Llaitul, simbólicamente, representa la restitución del Estado de Derecho. Si el gobierno está débil precisamente en materias de orden público, una noticia de estas características bien pudo ser aprovechada de mejor forma”, señala el analista.

Por su parte, Tomás Duval, Magíster en Ciencia Política y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la U. Autónoma, ofrece un matiz. A su juicio, el gobierno reaccionó “adecuadamente” ante la acción de otro poder del Estado, sobre todo considerando el antecedente de la Operación Huracán.

“Las dudas siempre existen en la detención de Llaitul, que no es la primera. La última fue un fracaso estrepitoso, terminó siendo acusado por conversaciones de WhatsApp que tampoco eran verídicas. Por lo tanto, claro que pueden haber dudas respecto a si las pruebas son verdaderas o no”, subraya.

El “irresponsable” Rojo Edwards

En cuanto a los sectores del Rechazo, destacaron dos posiciones: la de Rojo Edwards y el Partido Republicano, que buscaron cuestionar la nueva Constitución con el hecho, aunque cuestionada por desinformar; y la de Francisco Galli y Katherine Martorell, quienes optaron por relevar la querella interpuesta durante el gobierno de Piñera.

“Intentar sacar ventajas en una situación de esta naturaleza es inadecuado”, plantea Duval. “Lo que hay que apoyar es que el Estado esté funcionando. Se ha detenido y puesto a disposición de la justicia a una persona que supuestamente ha cometido delitos, de eso se trata. Aquí hay que reivindicar la acción del Estado”, indica.

En tanto, Morales distingue entre la extrema derecha y la más moderada. “Hay una que tiene la incontinencia verbal de asociar cualquier materia de orden público a la nueva Constitución, incluso faltando severamente a la verdad, y con declaraciones absolutamente irresponsables. Particularmente las que provienen del Partido Repúblicano y en específico de Rojo Edwards”, define.

“Por otra parte, hay una derecha que le está clamando al gobierno mayor protección en la zona y que insiste en aplicar mano dura, pero es una derecha que está consciente del problema, y que le exige al gobierno, pero que no utiliza falsedades para atacar. Entonces, hay una derecha que tiene como afán deslegitimar todo lo que se le acerca, como el Servel en su minuto, y otra que hace el trabajo más de ‘oposición leal’”, concluye el cientista político.