Caducidad 2 años – portada |
210 concesiones salmoneras ubicadas dentro de áreas protegidas suspendieron operaciones durante más de dos años, por lo que, de acuerdo al artículo 142 de la Ley de Pesca y Acuicultura, debieron ser caducadas por la Subsecretaría para la Fuerzas Armadas. A pesar de eso, todas siguen vigentes hasta hoy, aun cuando 55 de ellas fueron denunciadas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura entre 2016 y 2022. De esta manera, la omisión de la autoridad permitió que 76 centros retomaran actividades, lo que de acuerdo a estimaciones basadas en sus permisos ambientales les habría permitido producir más de 533 mil toneladas de salmones destinadas a los mercados internacionales, equivalente a US $4.264 millones en ventas.
Entre las causales de caducidad de las concesiones salmoneras que establece la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), hay dos que se relacionan a la no utilización efectiva del mar en tanto bien nacional de uso público concesionado: por un lado, no iniciar operaciones de cultivo durante 12 meses desde recibida la concesión y, por otro, no reanudar actividades por más de dos años desde terminada la última cosecha de salmones.
Tras revisar datos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), obtenidos vía Ley de Transparencia, relativos a la operatividad de los centros de cultivo de salmones instalados al interior de áreas protegidas, Fundación Terram identificó que en 210 concesiones sus titulares habrían paralizado actividades por al menos dos años, por lo cual estarían en causal de caducidad, sin ser hasta hoy caducadas por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA), tal como ocurrió con la causal por no iniciar actividad en 12 meses desde realizada la entrega de la concesión, abordada en la primera entrega de esta investigación.
Fuente: Elaboración propia en base a información de Sernapesca obtenida vía Ley de Transparencia
(Código Nº AH010T0001526) y datos del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile.
Fuente: Elaboración propia en base a información de Sernapesca obtenida vía Ley de Transparencia
(Código Nº AH010T0001526) y datos del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile.
Muchas de las concesiones expuestas no operan desde hace ocho, diez, e incluso trece años. Así mismo, cabe destacar que en este listado solo se incluyeron aquellos centros que suspendieron operaciones por más de tres años, los cuales se mantendrían en tal situación aun descontando los meses en que estos no pudieron operar por descansos obligatorios, decretados por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y por lo cual no se contabilizan para tales efectos según lo establecido en el artículo 69 bis de la LGPA, como también ocurre con los meses entre marzo y noviembre de 2020, periodo en el que dicha autoridad suspendió los plazos para efectos de establecer la caducidad de la concesión producto de la pandemia del Covid-19.
Esta aparente omisión de las autoridades con respecto a decretar las caducidades que establece la ley, habría permitido que hasta diciembre de 2021, 76 de los 210 centros pudieran reanudar operaciones después de haber incurrido en situación de caducidad, registrando un total de 121 ciclos productivos al interior de estas cinco áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).
Luego de revisar cada una de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de los centros de cultivo, donde se establece la cantidad máxima de salmones a cosechar, fue posible estimar, y solo a modo referencial, que esos 121 ciclos productivos permitieron a estas 14 empresas obtener cosechas por hasta 533 mil toneladas, equivalente a US $4.264 millones en ventas, de acuerdo al precio promedio en que se transó el salmón durante el primer trimestre de 2022 (US $8 por kg.), según el Servicio Nacional de Aduanas.
Cabe precisar que no fue posible acceder a las RCA de tres centros de cultivo, que en conjunto realizaron 5 ciclos productivos, ya que no se encuentran ingresados en la plataforma de las Unidades Fiscalizables de la Superintendencia del Medio Ambiente: dos casos en el Parque Nacional Laguna San Rafael, de la empresa Cooke Aquaculture, y un caso en el Parque Nacional Isla Magdalena, de la empresa AquaChile.
Sobre la compatibilidad entre el cultivo de salmones y la conservación de la naturaleza, y a solo semanas de haber asumido como presidente, Gabriel Boric afirmó que “la convivencia tiene que ser en términos de respeto a la comunidad y de respeto al medio ambiente, y eso implica, aunque sea duro decirlo, que industrias como la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas”.
En ese marco, el pasado 29 de junio de 2022, la Subpesca aprobó que dos centros de cultivo de salmones (CES) ubicados al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael en la región de Aysén, se fusionen y relocalicen fuera del área protegida.
Estos dos centros pertenecientes al grupo canadiense Cooke Aquaculture que el gobierno autorizó relocalizar, se encontrarían actualmente en causal de caducidad luego de no reanudar operaciones por al menos seis años, entre enero de 2012 y diciembre de 2017, y si bien ambos centros presentan autorización de la SSFFAA para ampliar el tiempo de suspensión de operaciones, estas fueron aprobadas recién en enero de 2022, impidiéndoles sortear la situación de caducidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 letra e) de la LGPA.
Los centros Huillines 1 y Exploradores se fusionarán para pasar desde el barrio 25B al 25A, distanciados por unos pocos kilómetros, donde Cooke Aquaculture podrá instalar 20 balsas jaulas de 30 metros de largo por 30 metros de ancho y 20 metros de profundidad cada una, para producir hasta 6.000 toneladas de esta especie exótica en cada ciclo productivo, en una extensión de 3,37 hectáreas concesionadas.
Al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael se encuentran operativos otros dos centros de cultivo de salmones, Huillines 2 y Huillines 3, ambos también propiedad de Cooke Aquaculture, y actualmente con un procedimiento sancionatorio en curso, entre cuyos cargos se encuentra la elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), categorizado como grave por la SMA.
Según la información del procedimiento sancionatorio iniciado en abril de 2021, los centros Huillines 2 y 3 solo tienen un proyecto técnico aprobado por la Subpesca, el cual les autoriza a producir 375 y 125 toneladas, respectivamente. No obstante, acumulan un total de 16.262 y 17.676 toneladas producidas por sobre lo autorizado durante 3 y 4 ciclos productivos desarrollados entre el año 2012 y 2020, respectivamente.
De los 210 centros salmoneros que se encontrarían en situación de caducidad, 102 recintos no cuentan con una autorización de la SSFFAA para ampliar el plazo de la reanudación de las operaciones, la cual les permitiría evitar incurrir en la causal de caducidad, según lo establecido en el artículo 69 bis de la LGPA.
Por su parte, los 108 centros restantes si bien cuentan con una autorización de la SSFFAA que amplía el plazo para reanudar operaciones, en todos los casos las resoluciones se aprobaron después de haber incurrido en la causal de caducidad, en la mayoría de los casos incluso con varios años de desfase, según la información que el propio organismo dependiente del Ministerio de Defensa entregó vía Ley de Transparencia, en cuya respuesta agregó que, “atendida la data y amplitud del requerimiento, podría tratarse de información incompleta”.
En la primera entrega de esta investigación, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, señaló que una resolución de la Subpesca de 2013 permitiría a los centros de cultivo sortear la causal de caducidad establecida en la ley, ya que en ella se interpreta que los descansos voluntarios de siembra de peces a los que se someten los centros en el marco de un plan de manejo aplicarían como descansos obligatorios, por lo que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 bis de la LGPA, esos periodos no debiesen contabilizarse para efectos de incurrir en causal de caducidad.
Los planes de manejo consisten en una serie de medidas sanitarias, adicionales a las dispuestas por la normativa vigente, acordadas de forma voluntaria entre los titulares y destinadas a mejorar el desempeño ambiental o sanitario de la agrupación de concesiones (ACS) o barrio donde se ubican los centros de cultivo. Entre las medidas posibles de adoptar por los centros se encuentra justamente la suspensión de actividades de cultivo.
Para dilucidar lo anterior, Fundación Terram consultó a Carlos Odebret por estos 210 centros salmoneros que estarían en causal de caducidad, quien señaló que “no manejamos el detalle de cada concesión de acuicultura de la industria que se sumaron al descanso voluntario en el marco de un plan de manejo”.
Luego de solicitar a Sernapesca el listado con todos los centros que habrían realizado descansos voluntarios de operaciones vía Ley de Transparencia, el organismo respondió derivando a su plataforma web, por lo que tras revisar cada resolución relativa a planes de manejo disponible, se identificó que de los 210 centros que suspendieron operaciones por más de dos años al interior de áreas protegidas, ninguno lo hizo antes de incurrir en causal de caducidad.
Por otro lado, Fundación Terram revisó el registro histórico de actos sobre terceros disponible en la plataforma de Transparencia Activa de Sernapesca, identificando planes de manejo que no estaban presentes en el enlace que entregó el organismo en su respuesta por Ley de Transparencia. En él, fue posible identificar que 70 de los 210 centros del listado formaron parte de planes de manejo que, eventualmente, podrían permitirles sortear la causal de caducidad, no obstante, no fue posible corroborar que estos efectivamente hayan realizado descansos voluntarios en el marco de esos planes de manejo, producto de que los enlaces de Sernapesca no se encuentran actualizados, a pesar de ser una obligación legal del organismo, quien tampoco subsanó el error aun cuando fue solicitado en el marco de este reportaje
A pesar de lo anterior, la posibilidad de que los centros salmoneros puedan evitar incurrir en causal de caducidad por medio de descansos voluntarios en el marco de planes de manejo fue cuestionado por la Contraloría a través de su dictamen N° 25.006 del 5 de octubre del 2018. De esta manera, las únicas excepciones válidas para no ser contabilizadas en la causal de caducidad establecida en el artículo 142, letra e) de la LGPA, es el periodo de descanso obligatorio por motivos sanitarios que establece la Subpesca, la ampliación del plazo de suspensión de operaciones aprobado por la SSFFAA y la suspensión de los plazos para decretar la caducidad por fuerza mayor producto de la pandemia del covid-19 entre los meses de marzo y noviembre de 2020, decretado por la misma Subpesca a través de las Resoluciones N° 886 y N° 2305 de 2020.
Cabe señalar que la suspensión de los plazos para efectos de decretar la caducidad de las concesiones durante la pandemia se hizo a pesar de que el gobierno de ese entonces, presidido por Sebastián Piñera, incluyó a la salmonicultura como una actividad esencial, lo cual le permitió operar con total normalidad, a tal punto que el año 2020 la industria salmonera en Chile por primera vez en toda su historia superó el millón de toneladas cosechadas.
Según lo estipulado en la LGPA, el Sernapesca, en su rol fiscalizador, es el responsable de notificar a la SSFFAA cuando una concesión salmonera incurre en alguna causal de caducidad, para que luego dicho organismo inicie el procedimiento para caducar la concesión.
De acuerdo a la información obtenida vía Ley de Transparencia, y solo luego de que el Consejo para la Transparencia ordenara a Sernapesca hacer entrega de la información tras negarse a ello, fue posible identificar que de las 210 concesiones enlistadas en este reportaje que estarían en causal de caducidad, solo 55 fueron denunciadas por Sernapesca a la SSFFAA por tal motivo entre el año 2016 y 2022. A pesar de ello, todas ellas siguen vigentes de acuerdo al Registro Nacional de Acuicultura de la Subpesca, actualizado a julio de este año.
En algunos casos, las causales de caducidad incluso fueron notificadas en más de una oportunidad por Sernapesca, sin que desde el organismo dependiente del Ministerio de Defensa iniciaran el procedimiento para caducar las concesiones, como ocurrió con el centro Rowlett (código 110920) de la empresa Salmones Multiexport, ubicado en la Reserva Forestal Las Guaitecas, el cual no ha reanudado actividades desde febrero de 2015, y que hasta hoy se mantiene vigente aun cuando fue denunciado en 2018 y 2020 por Sernapesca a la SSFFAA.
Además de estos 55 casos, y de los 3 expuestos en la primera entrega de este reportaje por no iniciar operaciones en un año, el listado de centros de cultivo denunciados por Sernapesca incluye a otros 2 que también se emplazan al interior de áreas protegidas -los cuales no fueron incorporados a este reportaje por suspender operaciones durante menos de tres años- y otros 239 recintos que están emplazados fuera de áreas protegidas. De ellos, 215 se mantienen vigentes hasta hoy, pudiendo ser operados por sus titulares, mientras que solo 26 habrían sido caducados, de acuerdo al registro publicado por la Subpesca.
Para saber por qué la SSFFAA no inició el procedimiento para caducar todos estos centros de cultivo, tanto los identificados a través de este reportaje como aquellos denunciados por Sernapesca y que en conjunto totalizan 495 concesiones salmoneras, Fundación Terram volvió a preguntar al organismo, pero al igual que en la primera entrega de este reportaje, no hubo respuestas.
