Francesca Lessa, autora de Los Juicios del Cóndor: “Manuel Contreras tuvo la idea detrás del plan”

Por más de ocho años, la investigadora y académica de la Universidad de Oxford, Francesca Lessa, se dedicó exhaustivamente a sumergirse en los juicios contra los culpables de gestar y materializar el macabro “Plan Cóndor”, orquestado por las dictaduras del cono sur y que dejó como saldo alrededor de 50 mil muertos y más de 30 mil desparecidos.

Su investigación culminó con la publicación de su libro “Los Juicios del Cóndor”, un texto donde asoman con fuerza conceptos como la “represión transnacional” de las dictaduras, las cinco etapas que abarcó este periodo y la “impunidad biológica”.

Pese a que en los países de la región se han concluido unas 500 causas relacionadas a “Cóndor”, la investigadora asegura que “quedan alrededor de 1.500 pendientes, entonces claramente es una carrera contrarreloj para evitar la impunidad biológica con la muerte de las personas responsables”.

Asimismo, sostiene que los gobiernos democráticos —a excepción de Argentina— han fallado en instalar una política de Estado de reparación y justicia. “De la misma forma en que los países de América del Sur juntaron sus recursos para perseguir a la oposición política más allá de las fronteras, me parece que ahora deben juntar sus recursos y colaborar entre ellos para intercambiar información y brindar recursos para que de manera conjuntan se aclaren los crímenes de Plan Cóndor”, reflexiona.

En entrevista con El Desconcierto, la académica explica además el rol fundamental que jugó la dictadura de Augusto Pinochet, y cómo Manuel “Mamo” Contreras tuvo un papel protagónico en esta trama.

-Este trabajo es el resultado de una investigación que se desarrolló a lo largo de más de 8 años. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué dificultades tuvo? 

Existe bastante información sobre Plan Cóndor, pero generalmente se encuentra muy desperdigada en diferentes fuentes en países y archivos, entonces cualquier investigador que quiera profundizar el tema se encuentra con una primera dificultad que es de intentar mapear y rastrear todas las fuentes de información confiable que no se encuentran en un único lugar.

Por otro lado, un segundo obstáculo que yo resaltaría es el acceso a los archivos. En muchos casos, en los países hay diferentes obstáculos burocráticos y de logística que hacen que el acceso a estos archivos sea muy complejo y en algunos casos imposible.

Este es un obstáculo que yo he enfrentado en mi trabajo y que también enfrentan los sobrevivientes y los familiares que también necesitan poder tener acceso a esos documentos para las causas judiciales y los trámites de reparación.

-¿Cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegó en esta investigación? 

La primera es que en el marco de mi investigación pude rastrear delitos cometidos en el marco de la coordinación represiva que funcionó durante toda la década del 70. Se cometieron delitos en todos los países de la región, desde Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Pero es indudable que Argentina fue el país donde aconteció el número más alto de crímenes de Plan Cóndor. Alrededor de un 70% de los delitos de Cóndor se cometieron en territorio argentino. Eso se debió a que, en los años 60, Argentina había acogido y brindado un refugio a muchos de los exiliados que salían de los países vecinos.

A medida que se daban golpes militares, empezando por Paraguay después Brasil, Uruguay y Chile, hasta que después del golpe de Pinochet, Argentina era el único país democrático que quedaba en la región. Entonces, ahí se concentraron los exiliados y es ahí que fueron cercados por el Plan Cóndor.

Como segunda conclusión, también hablando de las víctimas, hemos podido rastrear casos de víctimas de todos los países de la región, pero lo cierto es que de tres nacionalidades fueron los más perseguidos. En primer lugar, los uruguayos y uruguayas constituyen casi la mitad, un 48% del total, seguidos por los ciudadanos argentinos que representan un 24% y luego ciudadanos chilenos, un 12%. Estas tres nacionalidades realmente representan la gran mayoría de las víctimas.

Una última conclusión es sobre quiénes eran estas víctimas. Por mucho tiempo se asociaba el Plan Cóndor con una respuesta de parte de las dictaduras militares a la coordinación que existía entre los grupos guerrilleros en el marco de la Junta de Coordinación Revolucionaria que en ese momento aglutinaba al MIR, a los Tupamaros de Uruguay y al Ejército de Liberación Nacional.

Pero lo que hemos podido ver es que en realidad los militantes de la Junta de Coordinación Revolucionaria que fueron perseguidos representan solamente un 14% del total.

No quiero decir que no sea un número importante, pero es un número mucho más bajo de lo que se pensaba en su momento. Y el grupo más relevante, en cuanto a porcentaje, son militantes político, un 40% de las víctimas. Es decir, integrantes del Partido Socialista o del Partido Comunista de Chile, de los partidos por la Victoria del Pueblo de Uruguay o de los Grupos de Acción Unificadora también de Uruguay.

Entonces realmente se desmanteló un poco esta imagen de Cóndor como respuesta a la coordinación de las guerrillas, porque en realidad Cóndor persiguió en gran mayoría a los  y las militantes sociales.

-En su libro se menciona la “represión transnacional”. ¿Cómo se podría explicar este concepto y cómo operó este mecanismo? 

El concepto de represión transnacional es un concepto que es bastante nuevo en la literatura de ciencia política y relaciones internacionales. Intenta capturar y explicar los esfuerzos de diferentes países, generalmente que son países con gobiernos dictatoriales o gobiernos autocráticos, que además de silenciar la oposición política y social que existe adentro de la frontera de sus países, quieren eliminar la oposición que las personas exiliadas seguían llevando adelante.

Lo que relato en el libro es que desde el año 69, hasta por lo menos el año 1981, es una década en que la represión transnacional estuvo operando y que tuvo diferentes etapas.

En el libro yo relato 5 etapas, donde podemos ir rastreando entre el año 69 y el 74, por ejemplo, cómo esta represión transnacional empieza de una forma bilateral con algunos intercambios particulares de parte de la dictadura brasileña, que quería silenciar a los exiliados brasileños que vivían en Uruguay, en Chile o Argentina.

Después, con el paso del tiempo, vemos cómo estas prácticas de colaboración, que al comienzo eran tentativas y buscaban algunas víctimas, se van profundizando, y cómo los países van desarrollando cada vez más mecanismos sofisticados e institucionalizados, porque se dieron cuenta que colaborando entre ellos obviamente tenían más éxito en poder identificar, monitorear, ubicar, detener y secuestrar a los exiliados.

– En ese sentido, usted describe que de las cinco etapas, la más importante es cuando se instala el Plan Cóndor. ¿Cómo se podría explicar el rol de Manuel Contreras, el exjefe de la DINA, en la creación de esta operación?

Yo diría que Manuel Contreras tuvo la idea detrás de Plan Cóndor. Estas prácticas ya se venían dando hace unos años desde finales de los años 60 y con el paso del tiempo se fueron profundizando. En ese contexto, en el año 75 es cuando Manuel Contreras tiene la idea de organizar esta reunión internacional de Plan Cóndor en Santiago. También tenía una visión de poder coordinar entre la dictaduras de la región para poder, de una forma más exitosa, tener un impacto y avanzar de forma mejor en la represión de la oposición política que se encontraba afuera del territorio chileno.

En ese momento, es Contreras el que viaja a Estados Unidos. Luego pasa por Brasil y empieza ahí a sentar las bases de estas coordinaciones represivas y, en particular, invita a los representantes de las fuerzas armadas y de inteligencias militares de los países vecinos a que viajen a Santiago en noviembre del año 75 para reunirse y de forma conjunta ir desarrollando este sistema.

En los archivos del terror de Paraguay, todavía se puede encontrar la carta de invitación y el programa de esta reunión que Contreras hizo entregar por agentes de la DINA a cada uno de los países: «Acá hay una amenaza subversiva que va más allá de las fronteras y que nos afecta de un punto de vista económico, político, militar y lo que nosotros estamos haciendo es luchar cada uno por su cuenta».

-En cuanto a las instituciones de Chile, ¿qué papel tuvieron en la instalación de esta operación?

Yo diría que también ahí Chile tuvo un papel muy importante, junto con Brasil, en tener algunas de las instituciones represivas que tenían como enfoque los exiliados. Por un lado, Brasil tenía un centro de información del exterior que era una rama, digamos de su sistema de relaciones exteriores, que estaba claramente enfocada en monitorear a los exiliados con agentes que infiltraban a los grupos de exiliados y también participaban en los operativos de detención.

En el caso chileno vemos algo parecido. La DINA, que ya había sido creada a finales del año 73, desde el primer momento tuvo como una de sus subdivisiones la DINA exterior.

La dictadura desde el mismo año 73 estaba muy preocupada con la resistencia y la oposición que los exiliados podían hacer. Por ejemplo, hay muchos documentos que muestran cómo había mucha tensión hacia Carlos Altamirano, exiliado en Berlín, a Carlos Prats, exiliado en Buenos Aires, y a Orlando Letelier, en Washington, y justamente la DINA exterior tenía esta tarea de estar detrás de los exiliados y también de realizar operativos en el terreno para eliminarlos.

Yo diría que la DINA exterior, junto con otros organismos parecidos de los países vecinos, fue uno de los actores fundamentales de la coordinación represiva de Plan Cóndor.

Los Juicios del Cóndor

 -A la luz de los juicios realizados en Chile, ¿cómo calificaría los resultados de estos procesos judiciales? 

En Chile hay, si mal no recuerdo, siete juicios que ya se han realizado y que han investigado diferentes episodios y delitos de Cóndor. Hay un juicio por el caso de Carlos Prats, hay un oficio por el caso de Orlando Letelier y también hay lo que se conoce como el juicio Episodio Cóndor, que es un juicio que abarca 12 víctimas chilenas que fueron asesinadas o desaparecidas en Argentina en Paraguay y en Bolivia.

Yo te diría que todos los casos de juicios que he podido rastrear, pudieron avanzar gracias a los esfuerzos de los sobrevivientes, de los familiares y de los abogados de derechos humanos que, a pesar de la impunidad que fue dominante por mucho tiempo, intentaron encontrar formas de poder lograr justicia.

También quiero recordar al juez Juan Guzmán Tapia, que más allá de tener una reputación de ser un juez muy conservador en el país, cuando fue sorteado y salió su nombre para investigar la primera querella contra Pinochet, que se presentó en enero del 98, finalmente investigó y empezó a revelar toda una verdad que por muchos años había quedado escondida por las propagandas; primero de la dictadura y después por el silencio y la impunidad en los años democráticos.

En el caso Cóndor, quizás podemos compartir que en julio salió la sentencia de apelación en este juicio del Episodio Cóndor de Chile, donde quedaron condenados 22 agentes de la DINA por 12 casos de secuestro y homicidio calificados de víctimas chilenas de Plan Cóndor y donde hay varios de los líderes de la DINA exterior. Raúl Iturriaga, Christoph Willeke y el jefe operativo de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, recibieron sentencias muy contundentes, de 40 años cada uno por esos delitos.

Entonces se han dictado, por lo que decía el abogado Nelson Caucoto, las sentencias más relevantes y más largas como extensión de años de pena que han sido dictadas en el país en comparación a otros países.

-Respecto al factor de impunidad y el panorama general de Latinoamérica, ¿cómo ha sido el comportamiento de estos juicios?

En Chile hubo un periodo de impunidad en los 90 muy fuerte y también la misma situación existía en Argentina y en Uruguay. El decreto 2191 de Chile (más conocido como Ley de Amnistía), las leyes de impunidad de Argentina y la Ley de Caducidad en Uruguay, por lo que cada juicio se ha presentado por delitos un poco diferentes porque eran los delitos que se permitían en ese momento.

En cuanto al panorama de América Latina, es importante resaltar que el caso del juicio del Plan Cóndor en Argentina es sumamente importante, porque por la gran cantidad de refugiados y su procedencia, había 106 víctimas de todas las nacionalidades.

-¿Cree que hubo una falta de gestión o tardanza en las diligencias de gobiernos democráticos para darle curso a estos juicios?

Sí, sin duda. Digamos que por un lado hubo una lentitud de la justicia, pero también una en base al contexto político. En particular en Chile, pero también en Uruguay, donde hubo transiciones negociadas entre las fuerzas armadas y los partidos políticos, se pudieron imponer varias limitaciones a las nuevas democracias que iban a empezar y también no podemos olvidar que Pinochet quedó como comandante del Ejército hasta el año 98.

No eran solamente obstáculos las leyes de impunidad, que obviamente existían. También existieron algunas herencias muy fuertes en el comandante del Ejército, muchos ministros de las Cortes Supremas y muchos de los mismos actores de la dictadura que quedaron en posiciones de poder.

El rompecabezas de Cóndor

-En otras entrevistas ha mencionado que para entender lo que significó para la historia de Latinoamérica el Plan Cóndor se debe armar un “rompecabezas”, instando a seguir investigando. ¿Qué piezas crees que siguen faltando?

Primero brindar respuestas a muchas de las familias que todavía siguen sin saber lo que aconteció con sus seres queridos. También tener acceso a muchos de los archivos que todavía no se han liberados y que muy probablemente estén y que nos puedan permitir tener acceso a mucha información que falta. Tanto archivos acá en la región, como archivos de otro país, de Estados Unidos o del Vaticano, que posiblemente puedan tener información útil.

– ¿Cree que los gobiernos democráticos en países donde se desarrollaron las dictaduras deben tomar un rol más activo en la persecución de verdad y justicia en estos casos?

Me parece que todos los países de la región, con excepción de Argentina que es el único que ha asumido esta búsqueda de verdad y justicia como una política de Estado que ha sido reconocido por el Parlamento del año 2010, no lo han asumido como una política de Estado. Es decir, una política que va más allá del gobierno de turno.

Como segunda tarea, yo creo que de la misma forma en que los países de América del Sur en su momento juntaron sus recursos en el marco de Plan Cóndor para perseguir a la oposición política más allá de las fronteras, me parece que esos mismos países ahora deberían juntar sus recursos, colaborar más entre ellos e intercambiar información para que de manera conjunta se puedan aclarar los crímenes de Plan Cóndor. Porque yo creo que como lo de Cóndor cruzó las fronteras, trabajar en cada país de forma aislada no va a ser suficiente. Hay que volver a trabajar juntos. Así yo creo que se van a poder encontrar esas piezas de rompecabezas.