CDE lleva a Llaitul hasta la Suprema para no pagar indemnización por torturas en dictadura

En agosto, Héctor Llaitul almorzaba en una cocinería en Cañete, Región del Biobío, cuando se le acercaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI). La policía le seguía la pista desde hace tiempo al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y, ese miércoles 24, Llaitul quedó preso. Desde entonces, está recluido en Concepción.

La detención de Llaitul causó revuelo. Un día después caería la ministra Jeanette Vega, luego de que se diera a conocer que parte de su equipo estuvo en contacto con él, sin que encontrara respaldo del gobierno. La Fiscalía, por su parte, le imputó al líder de la CAM delitos de la Ley de Seguridad del Estado, además de hurto simple, atentado contra la autoridad y usurpación, sumando penas por 25 años de cárcel.

Casi un año exacto antes de la detención –también en agosto, pero de 2021–, Héctor Llaitul estaba libre y su abogado, Alberto Espinoza, ingresó una demanda en contra del Estado: una acción de indemnización de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad. El escrito se refiere a hechos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando Llaitul fue apresado mientras era estudiante de la Universidad Católica de Valparaíso.

El líder de la CAM ganó en primera instancia y también, recientemente, en la Corte de Apelaciones de Santiago. Los tribunales condenaron al Fisco a pagarle $12 millones –mucho menos de lo que pedía Llaitul, en todo caso–. Pero, hace un par de semanas, el Consejo de Defensa del Estado recurrió a la Corte Suprema para evitar el pago. En su presentación acusa errores de los tribunales y argumenta que a Llaitul el Estado ya le otorgó una “reparación integral”.

Con las dos sentencias a cuestas y con el líder de la CAM detenido, el Estado busca que el máximo tribunal resuelva no indemnizar a Llaitul.

FOTO: Detención de Héctor Llaitul / PDI.

Diez días detenido por la CNI

Fuerzas Especiales de Carabineros detuvo a Héctor Llaitul el 28 de abril de 1988, junto a una veintena de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso. Los alumnos estaban haciendo una manifestación estudiantil y Llaitul era el vicepresidente de la carrera de Trabajo Social. Por ese tiempo, el ahora líder de la CAM militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Los uniformados actuaron con violencia, golpearon y maltrataron a los estudiantes y trasladaron a Llaitul a la Comisaría Central de Valparaíso. Se le imputaron delitos relativos a la ley de control de armas e infracciones al Código de Justicia Militar. Lo pusieron a disposición de la Fiscalía Naval de Valparaíso y fue recluido en la cárcel de Quillota.

Allí, Llaitul estuvo incomunicado por 10 días en una celda sin luz ni colchón, donde se le daba una sola comida diaria, consistente en un té y pan. Allí, fue sometido a apremios y a tratos inhumanos y degradantes por parte de agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Estos fueron los hechos que relató el abogado de Llaitul, Alberto Espinoza, quien también destacó que el líder mapuche fue reconocido como víctima de tortura y prisión política por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech II.

Fueron estos los hechos, también, que llevaron a que Héctor Llaitul interpusiera una demanda en contra del Estado. A raíz de esa acción, la justicia, en dos sentencias, decidió que el Fisco debía pagar una indemnización a Héctor Llaitul, aunque por un total mucho más bajo a su petición. El líder de la CAM exigió $200 millones en su demanda, pero el tribunal solo le otorgó $12 millones.

En favor de Llaitul testificaron Nolberto Díaz, compañero de estudios en la época, y el ahora historiador Igor Goicovic, quien entonces también militaba en el MIR. Ambos dieron cuenta de las secuelas de los apremios.

Los jueces, tanto del 7° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago como de la Corte de Apelaciones, resolvieron que “resulta un hecho no controvertido que el actor fue víctima de violación a los DD.HH.”, pero consideraron que “la (prueba) documental acompañada no es la conducente como para determinar el tiempo de privación de libertad del demandante, pues en su mayoría aquella se funda en sus propios dichos”.

“Con todo, la calidad a que se ha hecho mención (…), unida a la prueba testimonial, declaraciones que dan cuenta de las secuelas que produjo en el demandante los vejámenes a los que fue sometido, permiten a este tribunal fijar prudencialmente el monto de la indemnización en la suma de $12.000.000”.

Ese es uno de los puntos de las sentencias que ahora el CDE ataca ante la Corte Suprema.

FOTO: Héctor Llaitul / Agencia Uno (archivo).

CDE dice que ya hubo “reparación integral”

El CDE interpuso un recurso de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones. Allí critica que “no existe ningún medio de prueba con fuerza probatoria suficiente que acredite la duración y circunstancias específicas de la detención y tortura sufrida por el actor, ni, en consecuencia, la extensión ni magnitud de los perjuicios que el demandante solicita le sean indemnizados”.

Lo que el CDE cuestiona, entonces, no es la veracidad de los hechos que relató Héctor Llaitul sobre su detención en 1988, sino que, a su juicio, no fue capaz de demostrar fehacientemente la magnitud de los crímenes.

En el recurso, el CDE argumenta, además, una “ausencia de motivación de la sentencia recurrida”, algo a lo que también aludió en segunda instancia y que fue rechazado. “(…) a pesar que el tribunal no pudo tener por acreditados el periodo, ni la entidad, magnitud y alcance de los perjuicios por los cuales demanda el actor, sin entregar mayor razonamiento, otorga una indemnización a favor del actor”, sostiene.

Para el CDE, el tribunal “no explica, del modo que lo exige la ley, el porqué está fijando dicho monto en relación a las circunstancias del caso”.

En cuanto al fondo del asunto, el organismo apunta a que el Estado ya le otorgó a Llaitul una “reparación integral”. El Consejo apunta a que Llaitul es beneficiario de la Ley 19.992, que establece una pensión de reparación, conocida como “pensión Valech”. Una pensión vitalicia de $230 mil, la que, sumada a reparaciones de orden simbólico, configurarían la mencionada reparación integral.

“En el caso de Chile, los esfuerzos del Estado han sido numerosos. Ciertamente y ya desde el primer gobierno posterior al régimen militar, se han dispuesto políticas públicas en el sentido de dar satisfacción material y moral a las víctimas de dichas violaciones”, argumenta sobre las políticas estatales de reparación.

El CDE sostiene que quienes son beneficiarios de esa ley habrían “extinguido” su derecho a demandar al Estado, una especie de transacción donde las víctimas renunciarían a sus acciones legales, algo que la Corte de Apelaciones también rechazó. “(…) desde el momento en que el actor optó por percibir los beneficios de la Ley Nº19.992, que en definitiva los percibió, extinguió de este modo su eventual acción en contra del Fisco de Chile”, dice el organismo.

“En el debate parlamentario estuvo claro que en todo momento se entendió que los beneficios de la ley se estaban otorgando sobre la base de que a quienes recibieran la indemnización, se les reparaba el daño que habían sufrido como consecuencia de las violaciones de los derechos humanos y, en ningún caso, se planteó la posibilidad de que hubiera una reparación adicional posterior”, argumenta el Consejo.

Actualmente, el recurso, que se interpuso el 5 de diciembre, se encuentra en etapa de admisibilidad. En paralelo, Llaitul se encuentra en huelga de hambre, junto a otros nueve miembros de la CAM –incluyendo a dos de sus hijos–, quienes están recluidos en cárceles de Concepción, Valdivia y Temuco, y exigen traslados para estar más cerca de sus comunidades y tierras, así como el reconocimiento de abonos carcelarios. La huelga lleva más de 30 días.