Fiscal Nacional: Académicos analizan una saga donde los incumbentes llevan la batuta

«El proceso entero es algo que no nos debe enorgullecer como país”. Esta frase fue parte de la evaluación que la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, hizo esta semana de la saga político-judicial-mediática en que se ha transformado la elección de un nuevo Fiscal Nacional.

El fallido proceso ya tiene a dos candidatos rechazados por el Senado –José Morales y Marta Herrera– y en manos del Presidente Gabriel Boric hay una tercera quina para elegir a su carta, que en La Moneda esperan sí sea la vencida.

Acusaciones de “guerra sucia”, “operaciones políticas” y verdaderas semanas de “cuchillos largos” se han tomado la nominación desde que el cargo quedó vacante con la jubilación de Jorge Abbott en septiembre pasado, en medio de crecientes dudas sobre el mecanismo vigente.

En el banquillo están el Ministerio Público, la Corte Suprema, el gobierno y el Senado, aunque la jefa de la carrera de Administración Pública (vespertina) de la Universidad Academia De Humanismo Cristiano (UAHC), Catalina Moya, advierte que todo se enmarca “dentro de los mecanismos de pesos y contrapesos (“checks and balances” en inglés) que existen entre los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Estado de Chile, es decir, aquellos dispositivos de la democracia que los hacen interdependientes para garantizar el equilibrio democrático”.

Para Álvaro Ramis, Doctor en Ética y Democracia, “el problema de fondo está en que los tres poderes del Estado tienen que lograr concordar en este diseño institucional en un nombre. Sin embargo, lo que ocurre es que esos mismos actores -Poder Judicial Gobierno y Parlamento- son incumbentes también en esa decisión y por lo tanto se incorporan en este debate factores de interés particular que enturbian la decisión final porque no se vela por la neutralidad ni el principio de imparcialidad a la hora de tomar una decisión que debería estar fundada no sólo en principios del derecho sino también de la legitimidad pública”.

En manos del Senado

En toda esta trama, hay un juego político evidente, asume Catalina Moya. “Dada la envergadura del cargo, se hace evidente que la persecución penal responde a corrientes de pensamiento en una disputa donde, a mi juicio, la derecha apunta a un candidato favorable para su sector, mientras que la izquierda se decanta por una alternativa viable más que una persona afín a sus ideas”, comenta la politóloga y experta en Políticas Públicas y Gobierno Local.

En ese contexto, añade “debiera alertarnos que, teniendo un Congreso hostil para el Gobierno, esta elección se esté convirtiendo en “un gallito”, puesto que la Fiscalía Nacional, como toda institución, está compuesta por personas y su subjetividad emocional”.

Las ministras Tohá, Marcela Ríos y Ana Lya Uriarte, en una de las sesiones de sala del Senado donde se analizó la propuesta al Fiscal Nacional. Foto: Agencia UNO

Ahora, el Senado deberá pronunciarse sobre la carta que escoja el Presidente Boric y que contempla como novedad la inclusión de Erika Maira (gerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía) que se suma a la nómina que integran el abogado Ángel Valencia; el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla y el actual Fiscal Nacional subrogante y jefe regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez.

En cuanto al rol jugado por la Cámara Alta, institución que tiene la llave maestra para visar el nombre del jefe o la jefa del Ministerio Público, Ramis recuerda que “desde que se instauró la Reforma Procesal Penal se fueron generando mecanismos que le dieron un poder determinante al Senado particularmente con la fuerza que se obtiene del poder de los partidos que están ahí representados y de los poderes económicos que indirectamente como financistas también tienen presencia ahí”.

“Entonces la legitimidad pública queda en entredicho debido a la imposibilidad de transparentar un interés público y el proceso queda la sombra de la búsqueda del resguardo de los propios intereses de distintos sectores de poder”, reflexiona el rector de la Universidad Academia De Humanismo Cristiano (UAHC).

Los senadores José Manuel Edwards (i), Pedro Araya (c) y Álvaro Elizalde (d), durante  sesión de Sala del Senado. Foto: Agencia UNO

La propuesta de la Convención

Como fórmula de emergencia, algunos senadores plantean la idea de un fiscal provisorio o de transición, e incluso hay propuestas –como la del senador independiente Karim Bianchi- que piden una elección popular para el cargo.

Sin embargo, Álvaro Ramis recuerda que la propuesta de Constitución que realizó la Convención Constitucional tenía un diseño bastante distinto donde se resguardaba por medio de un Consejo del Poder Judicial la forma de elección del Fiscal Nacional.

“Esto intentaba, bastante acertadamente a mi juicio, impedir que los intereses públicos y particulares enturbiaran la selección. Eso lamentablemente no fue aprobado y se impuso mantener este sistema que es definitivamente insostenible porque ni siquiera la figura de un fiscal interino o suplente que recoja estas tareas tiene la verdadera fuerza para orientar el trabajo a nivel nacional en esta materia”, añade.

Alabanzas a los/as valientes candidatos/as

Agencia Uno

Con todo, el proceso ha sido sumamente complejo, sobre todo para los 17 candidatos que aceptaron presentar sus candidaturas, y para quienes evalúen entrar en carrera si se llega a abrir un nuevo concurso si la nominación sigue en vilo.

“Frente a lo que hemos visto en las últimas semanas, es difícil pensar en un abogado o abogada que de aquí en adelante se exponga gustoso al escrutinio de nada menos que tres poderes del Estado aun cumpliendo con los requisitos técnicos. Habría que llenar de alabanzas a los/as valientes candidatos/as que se ponen a disposición de este trance para cumplir el objetivo de persecución del delito a nivel nacional”, finaliza Catalina Moya.