Estado social y democrático de derecho: Cómo será la batalla más decisiva de la Comisión Experta

Con la puesta en marcha de la Comisión Experta, han sido bastantes los temas que han surgido para ser discutidos e incluidos en el anteproyecto de nueva Constitución. Aunque sus miembros han sido cuidadosos en no adelantar los debates de fondo, hay uno específico que concentrará buena parte de la atención: El Estado social y democrático de derecho. 

Este punto es una de las 12 bases acordadas previamente para el nuevo texto, además es considerada una de las grandes temáticas que este proceso heredó de la Convención. Por ende, su debate es de los más esperados —y a la vez complejos— para el oficialismo y la oposición. 

Con las subcomisiones ya establecidas, algunos expertos pensaban que este tema sería tratado por la de Principios y Derechos Civiles y Políticos liderada por Máximo Pavez (UDI) o la de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medio Ambiente encabezada por Alejandra Krauss (DC). 

Sin embargo, toda la especulación se cayó con el pasar de la primera semana, ya que para que el articulado que se proponga tenga sentido con la redacción de la base institucional, debe haber un debate más profundo y repartido entre las comisiones para que traten diversas variables del tema. 

Por ende, para que esto llegue a buen puerto la mesa directiva encabezada por Verónica Undurraga (PPD) y Sebastián Soto (EVO) están organizando el itinerario para las próximas dos semanas en donde se comenzarán a recibir propuestas de normas, para que luego pasen a ser discutidas y votadas en sesiones plenarias. 

Las fases del debate

El primer paso para la discusión del Estado social y democrático de derecho se dará cuando la mesa directiva organice y comunique a las comisiones la estructura de los debates en cada subcomisión. Por ende, a partir del lunes 20, los expertos tendrán claridad acerca de cómo y cuándo abordarán el tema. 

Otro aspecto importante de la discusión es que esto no será tratado en una sola subcomisión, como se hizo en el proceso anterior. Al tener tantas aristas, cada una de las cuatro instancias constituidas lo abordará con mayor o menor profundidad. 

Al respecto la experta DC Paz Anastasiadis le comentó a El Desconcierto que probablemente “todas tendrán que ver en mayor o menor medida y todos podemos incidir en algo. No obstante, personalmente creo que la Subcomisión de Principios y la de Derechos económicos y sociales son las que serán más influyentes porque tratan temáticas mucho más profundas”.

“Luego la Subcomisión de Sistema político, que tiene que ver aspectos más de estructura, y por último, la de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, que será la más distante”, añade.

Relativistas vs Intransigentes

En el fondo, lo que ocurrirá es que los expertos deberán dotar de contenido el Estado social y democrático de derecho al momento de redactar las normas. Es aquí cuando las posturas se separan y comienzan las diferencias. 

Los representantes de los partidos de Chile Vamos ya han adelantado que la inclusión de este concepto no significa el fin del principio de subsidiariedad actualmente reconocido de manera implícita en la Constitución.

En este sentido, el experto nominado por RN Jaime Arancibia dijo a El Desconcierto que “esto es un tema complejo que implica ponderar una serie de factores en su justa medida: expectativas ciudadanas, responsabilidad fiscal y respeto a los derechos y libertades”. 

Además, opina que en su parecer la subsidiaridad es opuesta a un Estado liberal, dado que este “procura compatibilizar la satisfacción de necesidades sociales a quienes lo requieren pero sin afectar el derecho y deber de los particulares de contribuir al bien común con la plenitud de sus capacidades y esfuerzos y no sólo como contribuyentes, concesionarios o empleados del Estado”. 

Respecto a su aspiración de cómo debería quedar el articulado, Arancibia expresó que “sería ideal que logre una buena síntesis de cada uno de los elementos que constituyen el Estado social de derecho, es decir, satisfacción de necesidades sociales pero de un modo compatible con los derechos de las personas”. 

En tanto, Marcela Peredo (Independientes y Social Cristiano) plantea que al ser una de las bases constitucionales corresponde darle contenido y no discutir su fundamentación. Adicionalmente, comenta que hay que extender el debate y no encasillarlo. 

“Esperamos que sea una cláusula que entienda que primeramente el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés, por lo tanto, no se puede absorber a la persona, sino que el Estado debe ayudar a satisfacer esas necesidades sociales desde esa perspectiva. Yo creo que incluso es muy compatible con la idea de subsidium, que está detrás de la subsidiariedad”, subraya.

Por el lado oficialista, la postura apunta a no aceptar opciones nuevas o fundamentos paralelos y se limitarán a defender normas que apuntan al concepto tradicional del asunto.

El experto Domingo Lovera (RD) manifestó que es un tema intransable para ellos: “Es una de las bases de la actual proceso constituyente y es, además, sin duda, uno de los reclamos más sentidos de la ciudadanía: el poder tener acceso a un sistema de prestaciones al menos en materia de salud, educación y seguridad social que permitan tener sustento material”.

En adición, Lovera dijo a El Desconcierto que no hay que centrar el debate en sí pueden haber prestadores públicos o privados, sino que hay que cambiar el enfoque del marco regulatorio. 

“En mi opinión, lo relevante acá no es si las prestaciones puedan entregarse por gente públicos y privados. De hecho, eso es algo que, me parece, está relativamente resuelto; nadie discute hoy que ambos grupos de actores pueden participar en la provisión de derechos sociales. El tema central, en cambio, es el relativo al marco de regulación conforme al cual se deberán brindar esas prestaciones. Si para el Estado subsidiario, tal y como lo hemos conocido en Chile, el marco de regulación de la provisión de esos bienes es el mercado, entonces habría una incompatibilidad”. 

Misma postura tiene la experta nominada por FRVS Magaly Fuenzalida  frente a que debe haber un cambio de foco frente al Estado social y democrático de derecho. “Hoy algunos expertos nos dicen que lo de la Constitución del 80’ era una forma malentendida de subsidiariedad, y nos entregan una nueva definición sobre Estado Subsidiario basado en una coexistencia de lo público con lo privado”, señala.

Sin embargo, aclara que desde el oficialismo “buscamos imprimir en este proceso constitucional un Estado activo en entregar a las personas acceso a derechos sociales esenciales para su desarrollo en una base de equidad y solidaridad, bajo una forma de Estado participativa y descentralizada”.