Qué pasará con el TC en la nueva Constitución: El tema más candente de la Comisión Experta

El poder del Tribunal Constitucional (TC) ha sido uno de los temas más polémicos durante los últimos años en Chile. Han sido varios los intentos fallidos de bajar las atribuciones del organismo y quitarle el componente político a sus decisiones. Sin duda, será uno de los puntos ineludibles para la Comisión Experta. 

Cómo es un debate de larga data, las posturas se repiten. El oficialismo busca modificar o derechamente eliminar al TC, mientras que la oposición quiere hacer cambios superficiales que no alteren su capacidad de evaluación y sentencia acerca de las leyes. 

Las cartas de lado y lado se revelaron el martes en la Subcomisión de Justicia donde se inició el debate para la confección de normas y se plantearon los temas en los que hay acuerdo y cuáles no. Para sorpresa de ningún integrante de la instancia, el TC es la materia que genera más puntos de conflicto. 

El choque en la Subcomisión de Justicia

En concreto, el control preventivo de las leyes, es decir, el control que ejerce el TC de normas antes que entren en vigencia es lo que se busca modificar por el lado del oficialismo, mientras que la oposición busca mantenerlo de alguna forma.

La subcomisión es integrada por Catalina Salem (RN), Domingo Lovera (RD), Hernan Larraín (UDI), Paz Anastasiadis (DC), Leslie Sánchez (PPD) y Katherine Martorell (RN). 

Justamente, los dos primeros, Salem y Lovera, son los encargados de hacer las normas que involucran al TC y sus posturas son bastante distintas. 

Salem estuvo siete años ejerciendo como abogada asistente de la expresidenta del tribunal, Marisol Peña, y ha dedicado su trabajo académico a estudiar el órgano. 

Su diagnóstico apuntó al sentido democrático que tiene el TC: “Si la democracia es simplemente la voluntad de las mayorías no tiene sentido la existencia de esta clase de tribunales. Pero este concepto es más profundo y se debe respetar a las minorías y estos órganos son garantías para la protección de los derechos de las personas”.

Lovera, por su parte, consideró que efectivamente es necesaria la existencia de un órgano que vele por el cumplimiento de las leyes constitucionales, pero que no interfiera con los contenidos de los proyectos de ley y eso es lo que se debe cambiar. 

“Es importante que exista un órgano que cuide los procedimientos, como los quórums para la aprobación de las leyes o la iniciativa exclusiva del Presidente. No obstante, esto no debe interferir con los contenidos de las leyes y allí el actual TC tiene un gran control y debido al momento que estamos viviendo se debe cambiarse porque el manejo es altamente politizado y pasa a llevar a otras atribuciones de los poderes”, sostuvo.

En su discurso, el comisionado oficialista propuso eliminar los dos controles preventivos que tiene el TC, que son el facultativo y obligatorio, para así dejar al órgano como un ente supervisor. 

Sin embargo, su postura no es apoyada por todos los miembros de la Subcomisión. El exministro y experto nominado por la UDI, Hernán Larraín, aboga por mantener el control facultativo, esto para resolver el problema de constitucionalidad de las leyes, pero se abrió a revisar este ítem dentro de la Comisión Experta. 

Para el exministro, “en nuestra historia, el TC puede ejercer bien esa labor durante el proceso de formación de la ley, pero hay que revisarlo, ya que se presta para malas prácticas”.

“Lo que sugiero es que se mantenga el control una vez que el proyecto haya pasado por ambas cámaras, que el tribunal la revise y que si hay detalles lo resuelva y la decisión quede en el Congreso. Además, se debe subir el quórum de un cuarto a un tercio para asegurar la seriedad y que no se convierta en una tercera cámara”, planteó.

Algo parecido opina la DC Paz Anastasiadis, quien vela por mantener el control facultativo para tener clara la manera de proceder del TC. Con ello, solo se limita a una fiscalización del buen hacer de las leyes en vez de transformarlo en una plataforma de decisión política. 

“Debe haber un rol consultivo, pero también preventivo, para tener una opinión especializada para tener proyectos que se apeguen a las normas constitucionales y si esto no pasa debe ser regresado al Congreso”, indicó.

Al tener tantas posiciones dispares, los comisionados esperan que haya un punto de encuentro en todas ellas. La que más toma fuerza en la interna es que debe existir un control preventivo por vicios de forma. Se espera que las discusión siga en las próximas sesiones. 

Fin al cuoteo político

Otro de los aspectos que históricamente más se le critica al TC es la conformación de sus miembros que responden al sistema binominal y, según el gobierno que esté al mando, puede colocar un ministro afín a sus pretensiones.

Por ello, los comisionados buscan reformar esto para eliminar el componente político y dejarlo en algo puramente técnico. Al respecto, Catalina Salem propuso que sean miembros impares para permitir el buen funcionamiento de las salas del órgano.

“Hay que buscar un número que calce bien y que las designaciones sean mediante un proceso en el que intervengan varios organismos contrapesados para reemplazar la repartición actual”, puntualizó. 

Domingo Lovera resaltó que el sistema de nombramiento hoy en día está empañado por la práctica de cómo se ha utilizado y se debe terminar con el cuoteo porque este lleva a una amenaza constante del bando que tiene la mayoría temporal en el órgano.

“No importa cómo se resuelvan los proyectos hoy en día, porque el TC actúa como una tercera cámara, porque sus facultades están dentro del proceso legislativo y el fantasma de su intervención es constante”, añadió.

Larraín considera necesario que los jueces que integren el órgano “resuelvan las decisiones apegados al derecho y no a otros intereses políticos, subjetivos o subalternos. Por eso deben ser impares y sean ellos quienes tomen las resoluciones”. 

La comisionada Paz Anastasiadis se abrió a que los integrantes del TC sean elegidos democráticamente, en igualdad, pluralidad y con un formato impar que permita definir mayorías y que no sea el Presidente quien tenga la decisión final en su manos.