Luis Cordero y los $14 mil millones al SML: «Es un compromiso con el país y la democracia»

No fueron los 14 mil millones de pesos anunciados para el SML, ni las exigencias en avanzar en los casos de los derechos humanos, ni las reformas a impulsar tras la nueva norma para los delitos de cuello o corbata ni la presión para hallar nuevas plazas penitenciarias que requiere la administración de justicia.

Lo que más le impresionó al ministro de Justicia, Luis Cordero, de la segunda cuenta pública del Presidente Gabriel Boric la semana pasada fue su llamado a resolver la burocracia estatal.

Un problema que el mismo Cordero sufre en carne propia. ¿La más dolorosa? Cuando debió dar explicaciones a los familiares de detenidos desaparecidos por el olvido, en oficinas públicas, por 20 años de 89 cajas de osamentas de sus víctimas. ¿La más reciente?: Calcular que por la burocracia estatal la construcción de una cárcel en Chile puede tardar hasta 14 años.

Delitos de cuello y corbata

-Aprobada ya la nueva normativa para los delitos económicos, llamados de cuello corbata, del cual destacó que significa menos clases de ética y más cárcel. ¿Está preparado el sistema para más presos?

-Este un proyecto que se comenzó a tramitar en enero del 2020 y que es fruto de dos mociones parlamentarias. Estaba dentro del contexto de la agenda anti abuso de ese momento y que el Presidente hizo suya también en su programa. Se trata de un cambio bien sustantivo al régimen de penas y al sistema de delitos económicos, fundamentalmente, por las particularidades de la delincuencia económica.

-¿Cuáles destaca?

Primero, porque tiene que ver con la lesividad social que puede provocar, que en ocasiones es mucho mayor que la que puede provocar una delincuencia común por los bienes que afecta y por el tipo de actividades que puede comprometer. Segundo: es un tipo de delincuencia que obtiene altas rentabilidades y, lo tercero, es un tipo de delito que habitualmente las personas que lo cometen no van a la cárcel, entre otras cosas, porque tienen bajas penas. Es un tipo de delito que tiene baja penalidad pero además tiene poca tasa de reincidencia, entonces, esos tres componentes provocan que finalmente no se pague con cárcel o sea leído como un buen negocio.

-¡»´Él» negocio de la vida!

… pero que a los afectados les genera un impacto muy severo, como también a los sistemas de justicia porque uno de los factores en el que incide, de modo muy relevante, es en la confianza.

El sistema de justicia tiene que ver con los indicadores de impunidad. Cuando usted tiene mucha impunidad, eso impacta la confianza, pero además impacta a la confianza del funcionamiento institucional y de la justicia en particular. Por eso, en buena parte de los países del mundo, cuando hay regulaciones sobre delitos económicos se busca que sea separada de aquella que proviene de la delincuencia común.

Es una norma que contó además con amplio apoyo de especialistas que acompañaron durante toda la tramitación del proyecto. El Ejecutivo se comprometió con las urgencias y además a impulsar y tener su propia opinión sobre los proyectos e integrar a la agencias gubernamentales. Entonces, eso permitió abordar estos tres aspectos que eran debilidades de no tener un régimen de pena específico para delitos económicos y severas para su cumplimiento. Que permita genuinamente llegar al cumplimiento efectivo de pena de cárcel.

Otro punto importante fue establecer un régimen de inhabilidad severa de modo tal que quien comete este tipo delitos quede inhabilitado incluso para desempeñar cargos gerenciales o bien tener prohibiciones de contratación perpetua con el Estado.

Por último, es un régimen que permite capturar toda la renta obtenida ilícitamente que, por las multas, puede ir desde $31.000, que es 1 UTM, hasta los $19.000 millones, el techo máximo que un hipótesis podría tener. Además de eso, contempla que el Estado recupere todo el beneficio ilícitamente obtenido de modo que usted pueda disuadir genuinamente.

Por eso es un cambio tan significativo. Yo lo he dicho: esta es la reforma del Código Penal más importante, en términos estructurales, que ha tenido el Código Penal desde que se dictó en 1874. También aborda los delitos ambientales. Es decir, cumple con una tríada que yo creo que es bien virtuosa: iniciativa parlamentaria, compromiso del Congreso y apoyo genuino del Ejecutivo.

-Es una buena noticia, ¿pero significará contar con más cupos en cárceles? ¿Cómo se está programando su puesta en marcha?

El número de plazas disponibles para personas privadas de libertad en Chile está en alrededor de 41.700; ese número se encuentra así desde el año 2012, lo que significa que el sistema penitenciario chileno no ha aumentado el número de plazas disponibles. Esto es bien problemático por varios sentidos:

Porque nosotros, entre el 2021-2022, tuvimos un aumento de 41.000 personas privadas de libertad a 46.000 y en los últimos meses ha seguido aumentando y hoy día estamos bordeando las 50.000 personas. O sea, en 15 meses, el sistema penitenciario ha tenido un aumento de 41 mil a 49 mil. Es un aumento muy significativo.

Y porque cuando se habla de política pública en el largo plazo, no se pueden andar sacando plazas de cualquier lugar. El país tenía, por distinto tipo de razones, detenido y en movimiento zigzagueante su plan de infraestructura. Chile todavía administra un plan de infraestructura en materia penitenciaria de la administración del Presidente (Ricardo) Lagos, a las que administraciones siguientes le hicieron adecuaciones y ajustes, por lo que muchos de esos proyectos penitenciarios han demorado mucho tiempo en entregarse y en construirse.

Hoy día podemos decir que hay cárceles que se demoran 10, 12 y hasta 14 años en entregarse.

-¿Y cuántas están en esa situación hoy día?

El Presidente frente a esto ha pedido tres cosas: volver a mirar el plan de infraestructura en el largo plazo, que es en lo que nosotros estamos trabajando ahora; pero también qué vamos a hacer en el corto y mediano plazo. En el corto plazo se están tratando de recuperar todas las plazas disponibles que requerían algún tipo de remodelación y eso lo estamos haciendo desde el año pasado; el mediano plazo tiene que ver con algunos de los anuncios que dio el Presidente en su Cuenta Pública y que son la ampliación de algunos centros penitenciarios tratando de privilegiar esencialmente el norte.

Ampliación de centros penitenciarios porque hoy tenemos menos disponibilidad de suelo para construir cárceles, la verdad, y porque entre otras cosas los planos reguladores los congelan y nadie quiere cárceles cerca. Y lo otro que venimos haciendo es agilizar proyectos de cárceles, de plazas penitenciarias, que estaban pendientes.

Una de ellas es la ampliación de El Manzano (Concepción) con 800 plazas adicionales. Y la otra es La Laguna (Talca), que va a inyectar 2.300 cupos. Es una cárcel muy grande, pero ahí hay una paradoja: La Laguna comienza como proyecto en el 2009, asociada a uno de los últimos grupos del plan de infraestructura, pero entre el terreno, las licitaciones de diseño, evaluación de rentabilidad social y ambiental, en fin, recién empezar a mover…

-14 años: ejemplo de la burocracia estatal de la que habló el Presidente en su Cuenta Pública…

Claro. La Laguna va a poder estar habilitada a fin de año, inicios del próximo, pero desde que se inició ese proceso nos está agregando 6 años adicionales.

-¿Entonces cuántas de estas unidades se están esperando?, ¿cupos?

Entre finales de este año y principio el próximo vamos a estar habilitando un poco más de 3.000 plazas y al término del gobierno en torno a 4.000. Y vamos a dejar disponibles para su desarrollo otras tantas. Lo que más ha insistido el Presidente es que volvamos a tener visibilidad sobre los planes de infraestructura penitenciaria porque parte del problema que hemos tenido en los últimos años es que se ha perdido esa visibilidad en el Estado. ¿Y por qué importa esto? Porque la idea de que nosotros enviando personas a la cárcel resolvemos los problemas de seguridad supone un autoengaño.

-Por la reinserción…

… porque usted tiene en la cárcel a las personas no por venganza, sino para reinsertarlas. Entonces, si el Estado tiene a personas privadas de libertad, pero sin planes de reinserción efectivo, tiene un problema y por eso es engañarse. Esas personas van a salir cumpliendo condena sin posibilidad de reinserción y con altísima reincidencia. Hablar de este tipo de cosas requiere cierta frialdad, que no nos domine la pasión.

-Además de la frialdad se requieren recursos. ¿Están proyectados ya desde dónde se sacarán?

Así es. Cuando el Presidente hace el anuncio lo hace en un contexto en el que están comprometidos los recursos.

-¿Cómo será ese proceso de reinserción?

Están los recursos comprometidos para eso y nosotros tenemos ahí, hoy día, el plan de reinserción que administra Gendarmería, que requiere ser robustecido. Ahí se están inyectando recursos. Tenemos en específico -a propósito de la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil que comienza a funcionar en enero próximo y que es el fin progresivo el Sename-, una apuesta muy fuerte por un modelo de reinserción que supone programas de mayor complejidad; que el tratamiento de ese joven infractor de ley suponga un tratamiento específico por jueces, fiscales y defensores e intervenciones con la familia.

-¿Lo mismo que hacen hoy las CAJs y el Ministerio del Interior?

No, no, no. Eso no tiene que ver con reinserción. Los planes de reinserción hoy los hace el Sename. Esto requiere de otro tipo de trabajo, de mayor complejidad. Esa es la apuesta más fuerte en reinserción que está haciendo el Estado de Chile porque el fin del Sename ha implicado esfuerzos de muchas administraciones anteriores. Esto es tratar de cortar el círculo delictual en términos tempranos. Por eso, cuando uno habla de seguridad, también tiene que hablar de reinserción, de lo contrario vamos a seguir entendiendo la cárcel como un espacio de venganza social y no como un espacio de recuperación de esas personas en términos sociales.

-Si se cierra Punta de Peuco, ¿se recicla?

Tenemos una gran congestión penitenciaria, por lo tanto, lo que hemos dicho es que tenemos que optimizar todos nuestros penales, incluyendo Punta Peuco.

-¿Qué significaría en la práctica eso?

Punta Peuco hoy es un penal que está copado. Tiene su capacidad máxima. De hecho los condenados nuevos no van a Punta Peuco, van a penales comunes. Y con los que vienen, en la medida que esté resolviendo la Corte Suprema, va a pasar exactamente lo mismo.

-Posibilidad de manejar los números de la falta de plazas con indultos, ¿alguna?

Ninguna. Hoy día eso no está en la agenda del gobierno.

Burocracia estatal

-Difícil administración del tema si se ve cada vez más complejo administrar el Estado con la burocracia entonces.

Bueno, eso es parte de lo que justamente dijo ayer (Cuenta Pública) el Presidente. Insistió cuatro o cinco veces de los problemas que tiene la burocracia. Pocas personas se han detenido en ese mensaje tan fuerte que habló el Presidente en el tema de modernización. Y lo hace porque la propia política pública, los proyectos sociales y una serie de iniciativas, tiene que ver con ejecutar acciones por parte del Estado y enfrentar su propia burocracia. No solo los privados sufren esta burocracia, sino también el Estado cuando quiere desarrollar sus proyectos.

-Parece que le golpeó directamente el mensaje del Presidente…

-Es parte de mis obsesiones. Sí.

Derechos Humanos

-Ministro, entremos al tema Derechos Humanos. Hay críticas, incluso internacionales, por el escaso avance de causas del estallido social. ¿Las asume?

-La crítica de Amnistía está vinculada al funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal. Diría que hay una buena cantidad que todavía están en etapa de investigación y Amnistía hace su crítica como corresponde para mantener la observación permanente de cómo funciona el sistema.

-¿Está bien hecha la crítica, dice usted?

Es parte de su labor y me parece que es parte de la responsabilidad de las autoridades públicas mantener una lectura permanente de esos informes. El sector justicia está acostumbrado a eso. Cárceles, por ejemplo, es un lugar donde permanentemente hay informes del Instituto de Derechos Humanos, de jueces, de la Fiscalía de la Corte Suprema, del Comité contra la Tortura. Es siempre positivo para el sistema institucional que las organizaciones de la sociedad civil, o las instituciones que observan estándares de derechos humanos, lo siguen haciendo con total independencia y transparencia. Tiene que ver con la dinámica propia del escrutinio de las formas en que actúan las autoridades públicas. Pero por la que usted me observa, esa, tiene que ver con investigaciones en curso.

-¿Con el funcionamiento de los tribunales?

Y con el Ministerio Público… Pero nadie debiera sentir que es una interpelación personal, sino que, por el contrario, son por los roles que cumplen las instituciones en la sociedad civil.

-A partir de este concepto de la impunidad biológica en torno a los chilenos desaparecidos en dictadura. ¿Los $14.000 millones anunciados por el Presidente para el SML en qué serán invertidos para ese objetivo? ¿Alcanzan para apurar fallos que llevan en espera más casi dos años?

Varias cosas importantes: la primera es entender cómo es el modelo de verdad de justicia que la sociedad chilena finalmente terminó implementando. Por un lado, comisiones de verdad acotadas en el tiempo con leyes de reparación específicas y, en segundo lugar, la búsqueda judicial, es decir, los familiares de las víctimas interponiendo querellas. Este último es un proceso que se agilizó mucho más después de la detención de Pinochet en Londres y, por el otro lado, que la Corte Suprema nombrara ministros de dedicación exclusiva para las investigaciones de derechos humanos que coordina el ministro Mario Carroza.

Uno de los problemas centrales que traemos desde finales de los 90 es el proceso de identificación del Servicio Médico Legal. Por eso el anuncio del Presidente (inyección de $14 mil millones).

-¿Gran parte de este monto se irá a tecnología entonces?…

-… pero además estamos construyendo un edificio nuevo para el Servicio Médico Legal inmediatamente atrás del Centro de Justicia de Santiago. Es grande. En términos de complejidad, para que tenga una idea, es exactamente lo mismo que construir un hospital. Pero además de eso, el SML enfrenta el desafío de ser una institución confiable y creíble porque no solo hemos tenido problemas en materia de Derechos Humanos, sino en roles vinculados a pericias forenses que tienen incidencias en las investigaciones penales en general. El Servicio Médico Legal tiene un desafío muy significativo.

-¿Pero qué pasa en materia de Derechos Humanos?

Pasa que el sistema chileno no ha descansado sobre la búsqueda judicial que ha recaído principalmente sobre los hombros de los familiares y el rol de los jueces. Muchas de estas pericias se desarrollan fuera del país, por eso hay que modernizar el SML.

-¿También apoyará las pericias de la justicia criminal en general? ¿Nos pondrá a la vanguardia técnica científica al fin?

No sé si a la vanguardia, pero sí al menos actualizar de acuerdo a las necesidades actuales del sistema judicial. En pericias forenses, en laboratorios y ese tipo de cosas, el país también ha invertido mucho en laboratorios que están en la Policía de Investigaciones y en Carabineros. Hay una red forense en que el Estado también ha estado invirtiendo más allá al Servicio Médico Legal. Entonces el SML también tiene que estar en ese circuito de actualización.

Pero quiero volver al tema de esas esas investigaciones.: Lo que hemos hecho es descansar, en buena parte, en la gestión de los jueces y de los familiares. Efectivamente el país ha logrado condenas. Chile ha condenado a los responsables de la represión. No pudo investigar ni indagar a Pinochet porque él falleció, pero sí el país puede mostrar que se ha perseguido a las cúpulas de los organismos de represión y de inteligencia de la dictadura. Tenemos muchos casos, y lo que hay es que hoy tenemos muchos casos avanzando; algunos que están para ser resueltos por la Corte Suprema y el Ejecutivo ha estado tratando de contribuir, en los últimos años, a que el Poder Judicial tenga más recursos para que esas causas se vean con prontitud en el fondo.

¿Pero qué es lo que sucede? Plan de Búsqueda lo que trata de demostrar es que tenemos una gran cantidad de información, expediente administrativos y judiciales, que nunca hemos integrado y analizado conjuntamente. De hecho, cuando uno habla con los jueces, lo que han hecho de integración es por sus buenos oficios entre ellos, pero no porque exista un sistema institucionalmente destinado a ese fin. Por eso Plan de Búsqueda tiene como primer propósito obtener una información que hasta ahora nosotros nunca nos hemos detenido a analizar: saber las circunstancias en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer. Plan de Búsqueda lo que trata es de generar las condiciones para integrar esa información, para que tenga objetivo y metas claras. Por eso tiene asignación de recursos y, además de eso, busca generar mecanismos de información de doble vía: desde Plan de Búsqueda hacia los jueces y desde los jueces hacia Plan de Búsqueda.

Probablemente el país no ha hecho lo suficiente. Esto es lo que pasa con el SML o cuando uno ve el tema de las 89 cajas. No solo es una tragedia en sí misma, sino que revela muy bien lo apartado que hemos terminado mirando este tema.

-Arrinconados en cajones olvidados…

En cajones olvidados y en las oficinas del Estado. Eso es lo grave: en las oficinas del Estado… entonces viene un juez, que tiene hallazgos, que lo mete dentro de determinado tipo de cajas, sin mucho cuidado, las envía al Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile para custodia, no para peritaje, en enero de 2019, se van al SML, quedan ahí; la ministra Plaza de repente encuentra una caja que dice “Incidente Calama” y se pregunta ‘qué son estas cajas` y ella se da cuenta de esta situación.

-Y estaban así, ¿catalogados como “incidente Calama”?

Así es, sin clasificar. Incidente de Calama que estaba vinculado a su investigación.

-¿Por Caravana de Muerte?

Es uno de los casos. Entonces, ¿qué es lo que sucede?, nos damos cuenta que esas cajas deambularon por oficinas del Estado sin que nadie se detuviera a pensar, por 20 años, que era algo que teníamos que clasificar, periciar. Y con familiares que probablemente estuvieron resguardando esos hallazgos. Yo me he reunido con asociaciones de familiares y son situaciones complejas porque hay una interpelación al Estado. Yo entiendo perfectamente que cuando me interpelan a mí no me interpelan a mí como persona, interpelan al Estado y el caso de Cerro Chena es muy importante porque en ese relato uno entiende que los familiares estuvieron custodiando por noches las osamentas para que no se extrajeran. Y después de 20 años, esas familias se enteran que estuvieron en cajas que nadie se preocupó de analizar… entonces cuando a usted le interpelan por eso, uno dice que hay indolencia estatal.

Y cuando el Estado actúa de un modo indolente en este tipo de asuntos, el Estado contribuye a la impunidad. Por eso Plan de Búsqueda es tan relevante, porque tiene que ver con tomarnos en serio de que esta es una política permanente del Estado, porque la única manera de tener memoria y garantizar la no repetición es trabajar por una democracia futura con cierta robustez.

-¿No al negacionismo?

… el problema del negacionismo es otra cuestión. En algún espacio nosotros tenemos que estar de acuerdo que hay cuestiones que no son discutibles. Los crímenes de la dictadura son indiscutibles. Las sentencias judiciales están ahí. Otra cosa es si usted quiere sancionar el negacionismo penalmente, pero desde el punto de vista político, al menos debiéramos estar de acuerdo de que la violación a los derechos humanos es injustificable. Por eso debe ser una política pública permanente. No es que cuando hablemos de este tema estemos dividiendo a los chilenos. Debemos estar siempre de acuerdo que los crímenes de lesa humanidad son inadmisible en la adversidad política. Es relevar que ese es un consenso básico para la democracia futura.

-Al menos para llegar a algún acuerdo!

Para llegar a un mínimo acuerdo de sociedad decente. Por eso no solo es una responsabilidad con las víctimas y sus familiares, un imperativo con ellos, sino que también es un compromiso con el país y la calidad de nuestra democracia. Si uno relativiza los crímenes de la dictadura, lo que relativiza es la fidelidad democrática futura, la lealtad a que en la adversidad política, es lícito mirar al adversario como un enemigo. Admite que es legítimo suprimirlo físicamente. En eso, me parece, que todos deberíamos estar de acuerdo.