Carlos Margotta, Presidente CCHDH: “Si se aprueba este texto constitucional sería inválido”

Esta semana la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) emitió un comunicado haciendo una dura crítica al proceso constituyente en curso, cuestionando su legitimidad y advirtiendo sobre sus consecuencias para la ciudadanía.

“El cuestionado proceso constitucional en curso, a medida que avanza, ha ido profundizando su falta de legitimidad, no sólo por la creciente desafección de la ciudadanía sino por el declarado propósito de quienes controlan el denominado Consejo Constitucional”, afirma la misiva, en medio de la polémica que ha permeado el órgano constituyente a raíz de las enmiendas presentadas por el Partido Republicano.

Rebajar el estatus de los tratados internacionales, sustituir la cárcel efectiva por arresto domiciliario para los reos de Punta Peuco y retroceder en materia de aborto, fueron algunas de las enmiendas presentadas por Republicanos y que pusieron en alerta a las organizaciones de DD.HH.

Sobre esto, el presidente de la CCHDH, Carlos Margotta, asegura que estas enmiendas son ilegítimas ante el ojo del derecho internacional. Además —en conversación con El Desconcierto— asegura que, de aprobarse el texto constitucional, «sería inválido» ante la comunidad internacional. 

-¿Cómo evalúa el desempeño que ha tenido el Consejo Constitucional?

Como Comisión Chilena de Derechos Humanos hemos sido muy críticos de este proceso constitucional. Cuando comenzó, denunciamos ante el Alto Comisionado Nacional Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que la génesis que tuvo este proceso vulneraba gravemente dos derechos fundamentales que están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esto es, el artículo primero, que consagra el derecho libre de determinación del pueblo y, por otro lado, el artículo 25, que establece el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública.

Luego, cuando conocimos el texto de la Comisión Experta, también sacamos una declaración pública muy crítica. Porque vimos que lo que hacía  esta propuesta era consagrar y consolidar la esencia de la Constitución de 1980 impuesta por la dictadura.

Y hace pocos días, a propósito de las enmiendas presentadas, también sacamos un pronunciamiento público con la adhesión de importantes organizaciones sociales y de derechos humanos que va en la misma dirección y expresa nuestro pensamiento de que la mayoría circunstancial que opera dentro del Consejo Constitucional busca imponer una constitución ilegítima, que pretende perpetuar un orden social injusto, vulnerando los derechos humanos que están consagrados precisamente en los distintos tratados internacionales de derechos humanos que el Estado de Chile está obligado a respetar.

–En las últimas semanas, el Partido Republicano ha propuesto una serie de enmiendas que ha puesto en alerta a las organizaciones de derechos humanos ¿Cuál es la principal crítica respecto a este movimiento?

El problema mayor es que lo que pretende esta mayoría, que no sólo son los republicanos, sino que también Chile Vamos, (porque hay que recordar que varias de las enmiendas sobre vulneración de los derechos sociales fueron presentadas conjuntamente), es que a través de estas enmiendas se continúe con la mercantilización de los derechos sociales, particularmente en materia de salud, seguridad social, y educación. Esto se traduce en la mantención del Estado subsidiario, entregándole al mercado la provisión de derechos sociales que debieran ser garantizados por el Estado.

Entonces, es preocupante la situación, porque estas enmiendas lo que hacen, por ejemplo, es constitucionalizar el modelo de ISAPRES, constitucionalizar el modelo de la AFP, y mantener el modelo de educación segregado por capacidad económica de los padres y apoderados que tanto reproche tuvo y tiene por parte de la inmensa mayoría de chilenos y chilenas.

Hay que tener presente que el Estado subsidiario impide justamente el ejercicio de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud. Por eso decimos que se pretende perpetuar un orden social injusto, contrario a los derechos humanos.

Esto no sólo constituye un incumplimiento de obligaciones internacionales derivadas de la suscripción y ratificación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, sino que además produce una afectación muy grave en la calidad de vida de los chilenos. Aumenta la desigualdad social y la imposibilidad de ejercer derechos básicos, lo que trae como consecuencia que no se alcance la paz social, frustrando así la aspiración mayoritaria de los chilenos y chilenas: avanzar hacia un proyecto de sociedad democrática verdadera donde la paz social sea el fruto del respeto y garantía de los derechos humanos.

-Una de las enmiendas más polémicas es la que busca rebajar el estatus de los tratados internacionales ¿Cómo ve esta situación?

Lo que promueven las enmiendas presentadas por Republicanos es que los tratados internacionales tengan un rango inferior a la Constitución. Y por tanto, que sea la norma constitucional la que prime y no lo que las normas consagradas en los tratados ratificados por el Estado de Chile establecen. Eso es tremendamente grave porque significa un retroceso civilizatorio muy relevante.

Los derechos humanos son una conquista de la humanidad, son un avance civilizatorio que ha permitido justamente avanzar en una sociedad más justa y libertaria y aquí lo que se pretende justamente es regresar al tiempo a las cavernas y eso es lo más complejo a nuestro entender, porque afectaría la vida de cada uno de nosotros que integramos la sociedad chilena.

-¿Esto sería un retroceso incluso de la Constitución del 80?

Claro, porque este partido lo que promovió desde el inicio del proceso constituyente con la Convención Constitucional pasada fue rechazar del primer momento, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con modificar la Constitución de 1980. Porque pensaban y piensan que el texto constitucional actual no requiere ningún tipo de modificación.

Pero resulta que son contradictorios al promover este rango inferior desde el punto de vista jerárquico de los tratados internacionales, porque el inciso segundo del artículo quinto de esta Constitución —que ellos defienden— señala justamente que tienen rango constitucional al señalar que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Entonces lo que la enmienda que promueven Republicanos va en contra justamente de lo que ha sido su discurso, que es defender la Constitución del 80’.

Por otro lado, hay que tener presente otro argumento. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, el cual está suscrito por el Estado de Chile, señala que ningún Estado podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado. Esto también reza para los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, que ninguna norma de derecho interno puede ser contrario a los tratados internacionales de derechos humanos que se encuentran vigentes en nuestro país y, por lo tanto, tienen jerarquía supraconstitucional.

Y esto es muy relevante, porque si se abriera paso esta enmienda, de que los tratados internacionales tendrán un rango inferior que la propia Constitución, no sería válido ante la comunidad internacional y haría incurrir al Estado de Chile en responsabilidad internacional.

-Otras de las enmiendas que ha causado polémica es esta idea de que las personas mayores de 75 años no cumplan penas en prisión, lo que beneficiaría directamente a los reos de Punta Peuco. Desde la perspectiva del derecho internacional ¿Cómo ve esta situación?

Me parece también que en el marco de la conmemoración de los 50 años es interesante ver que esta enmienda, que lo que promueve es que se cambie la pena de reclusión para las personas condenadas mayores de 75 años a arresto domiciliario. Y esto va muy en armonía con lo que ellos han planteado desde siempre. Ellos (Republicanos) reivindican el golpe de Estado, relativizan la violación de los derechos humanos, las niegan y reivindican a aquellos que están hoy día cumpliendo penas privativas de libertad en Punta Peuco por crímenes contra la humanidad.

Respecto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el Estatuto de Roma, en el artículo 110, se establecen ciertos criterios para efectos de conceder y otorgar reducciones de pena cuando se trata de crímenes contra la humanidad. Ahí se señala  —entre otros criterios— que para recibir un beneficio el preso debe haber cumplido al menos dos tercios de la pena impuesta, ó veinticinco años de prisión en caso de presidio perpetuo. Pero lo más importante, es que se exige que el preso haya colaborado con la justicia. Y esto no se ha cumplido. Cabe mencionar que todavía hay 1.182 detenidos desaparecidos que no se sabe qué paso con ellos y quienes tienen la información se han negado a entregarla por el denominado pacto de silencio.

Nosotros consideramos que estos dos criterios que están en el Estatuto de Roma, que el Estado de Chile suscribió y ratificó en el 2009, no se dan en el caso de los criminales de Punta Peuco. Entonces, esto también sería una violación de las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile en esta materia.

-También se han propuesto otras enmiendas que significarían un retroceso en materia de derechos fundamentales, como es el caso del aborto…

Esa enmienda vulnera otro criterio que consagra el Derecho Internacional de Derechos Humanos, que es muy relevante, que es el principio de progresividad.

Este principio significa que, en materia de derechos humanos, sólo se puede incrementar el avance, resguardo y protección de los derechos humanos. Pero nunca minar o reducir aquellas garantías que ya ha logrado la ciudadanía.

Y, por lo tanto, todas estas enmiendas van justamente en violación de este principio de la progresividad. Porque lo que pretenden justamente es retrotraer, dejando sin efecto los avances civilizatorios que ha conseguido la ciudadanía producto de muchas luchas y esfuerzos durante estos últimos lustros.

-Ante este panorama, ¿cree que hay que posicionarse en el rechazo a esta propuesta constitucional que va a ser votada en diciembre?

Nosotros como institución hemos advertido a la ciudadanía respecto de las características de este proceso que consideramos ilegítimo a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y a la luz de las obligaciones que emanan de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales sobre la materia.

En ese sentido, cuando denunciamos este proceso ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en enero pasado, dijimos que era un proceso ilegítimo en su génesis. Hoy lo que estamos diciendo es que las normas del anteproyecto elaborado por el Comité de Expertos que se entregó al Consejo Constitucional y las enmiendas presentadas, hacen que el proceso sea ilegítimo de fondo, porque violenta normas expresas consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos.

El proceso aún no termina, pero claramente lo que se está viendo es que esto va en la dirección de perpetuar este orden social vigente que ha provocado tanta desigualdad, concentración de la riqueza y abuso institucionalizado. Es por esto que hemos asumido la tarea de informar y alertar a la ciudadanía lo que significaría la aprobación de estas enmiendas.

-Pero con lo que hay hoy en día, ¿rechazaría el texto?

De lo que hay hoy día, por supuesto que nosotros estamos en contra. Hemos conocido el texto de la comisión experta. Ese anteproyecto vulnera gravemente los derechos humanos y constituye un retroceso porque mantiene intactas las bases del modelo político-económico que se consagró normativamente en la constitución del 80’. Y sabemos que esa Constitución es el obstáculo que tiene el pueblo de Chile para avanzar hacia una sociedad verdaderamente democrática, fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos.

-¿Y qué pasaría si se aprobara el texto constitucional?

Bueno, si producto de la campaña del miedo y de desinformación a través de las redes sociales y los medios de comunicación hegemónicos se aprobara este texto constitucional, el 17 de diciembre próximo, por su contenido violatorio a los derechos humanos sería inválido, sería nulo ante el derecho internacional de los derechos humanos y ante la comunidad internacional. Porque hay un principio básico también dentro de la doctrina internacional de derechos humanos que dice que no se puede invocar soberanía para violar los derechos humanos.

Le voy a dar un ejemplo: supongamos que el día de mañana se realice un plebiscito para consultarle a la ciudadanía si estaría de acuerdo en que se aplique la tortura por parte de los organismos policiales para una mejor persecución de los delitos comunes. Y supongamos que el 80% de la población estuviera de acuerdo. Bueno, sería un acto soberano, ¿Cierto? Pero no sería válido ante el derecho internacional de los derechos humanos y haría incurrir al Estado de Chile en responsabilidad internacional. Sería total y completamente nulo. ¿Por qué? Porque la soberanía reconoce como un límite el respeto y garantía de los derechos humanos.

50 AÑOS DEL GOLPE  

-Esta arremetida conservadora no solo se ha visto en el Consejo Constitucional sino que en la esfera política, específicamente en la relativización del golpe de Estado por cierto sector de la derecha. ¿A qué le usted le atribuye este fenómeno?

En primer lugar, creo que ha sido muy relevante la campaña de desinformación que se ha visto durante los últimos años. Los grandes medios de comunicación empezaron a reinstalar un discurso que tiende a normalizar algo que desde el punto de vista de la opinión pública ya era una conquista, que era que el Golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos eran condenables. Pero ahora se ha empezado a relativizar la violación de los derechos humanos y se dice que el Golpe podría haber tenido cierta justificación.

Y a nosotros nos parece que esto se facilitó debido al perfil que se le dio a esta comisión de la conmemoración de los 50 años encabezada por Patricio Fernández. Porque sus dichos dieron paso a un falso debate, respecto de la justificación o no del Golpe Estado.

El Golpe de Estado en sí mismo es una violación de derechos humanos. Y por lo tanto no se puede justificar en ningún caso, ni se puede entrar a un debate respecto a esta materia.

-En ese sentido, ¿Cómo evalúa el enfoque que se le ha dado a esta conmemoración?

Creo que ese enfoque de solo recordar o hacer memoria de lo que fue el Golpe me parece que también es un enfoque insuficiente. Yo creo que hay que tener una mirada de futuro respecto a este tema. Por una parte, se debe conmemorar el Golpe y homenajear a las víctimas para recordarles a las futuras generaciones el significado profundo que tuvo en la sociedad chilena, pero además, se debe hacer hincapié en las deudas pendientes que existen hasta el día de hoy para que en el futuro no repitamos la traumática experiencia vivida durante 17 años. Y ahí, estamos al debe.

Ese acento es el que falta. La conmemoración mirando el futuro debe consistir en -teniendo presente la historia reciente-, saber qué se hará para avanzar en el cumplimiento de las cuatro obligaciones que surgen para un Estado tras un período dictatorial de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos, esto es, establecer la verdad, hacer justicia, reparar e implementar garantías de no repetición. Ésa es la única manera de garantizar el Nunca Más y mirar el futuro con tranquilidad.

Y me quiero detener en este en este último aspecto, porque lo que la comunidad internacional recomienda sobre las garantías de no repetición es que el Estado post dictatorial debe, prioritariamente, promover la reestructuración de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, hacer una reforma profunda al poder judicial y promover una formación en derechos humanos en toda la educación, tanto formal como informal.

Si uno hace el análisis de estas tres garantías de no repetición que la comunidad internacional recomienda, Chile sigue al debe después 33 años de transición y no se advierten debates ni propuestas de las autoridades del Estado en cómo se va a avanzar en ellas.

Entonces, ese énfasis es el que no está en el relato de esta conmemoración, lo que lo hace débil e insuficiente.