Amnistía en aniversario del 18/O: 0,2% de casos denunciados han conseguido justicia

Cuatro años han pasado desde que, el 18 de octubre, comenzara una masiva movilización ciudadana a raíz del descontento generalizado con las condiciones del país.  Debido a la violencia policial con la que se respondió a estas protestas, donde judicialmente no se han apuntado responsabilidades en el Estado, desde Amnistía Internacional (AI) continúan denunciando las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el estallido social.

En ese contexto, ad portas de un nuevo aniversario de la revuelta popular, el organismo vuelve a relevar la importancia de finalmente formalizar a los altos mandos de las Fuerzas de Orden para descubrir si hay, o no, culpables institucionales detrás de las más de 10.000 denuncias en el Ministerio Público.

Además, mediante un informe detallado, AI enfatiza en la necesidad de reformar a las policías. En conversación con El Desconcierto, su director ejecutivo, Rodrigo Bustos, ahonda en los detalles que sostienen este planteamiento. Por ejemplo, destaca que en solo 0,27% de los casos han habido sentencias.

-¿Cuál es la visión de Amnistía Internacional respecto a las responsabilidades de los altos mandos de Carabineros en el estallido?

Desde nuestra organización hemos planteado reiteradamente que debe esclarecerse la responsabilidad de los altos mandos respecto de las violaciones a los derechos humanos que fueron graves y generalizadas durante el periodo del estallido social.

Básicamente hemos entendido que hay múltiples fuentes por las cuales se puede concluir que los mandos, en particular el general director de entonces y el director de orden y  seguridad, que es el actual general director Ricardo Yañez, sabían o debían haber sabido  que se estaban produciendo graves violaciones a derechos humanos bajo su mando.

También hemos planteado de que, en el fondo, tenían un control sobre las unidades de la institución y podrían haber prevenido abusos, pero no lo hicieron, y no tomaron medidas para prevenir los abusos cuando ya sabían que habían lesiones oculares, golpizas, violencia sexual y homicidios.

No adoptaron medidas para prevenir que siguieran ocurriendo abusos, no hubo protocolo operativo adecuado, planes operativos no fueron cambiados, las órdenes eran muy imprecisas y también hubo, de manera bien generalizada, una ausencia de sanciones ante las violaciones a los derechos humanos. Por todo eso es que hemos planteado que es fundamental que se avance en una formalización de generales que tenían  responsabilidades de mando durante el periodo del estallido social.

-Y en ese sentido, ¿a qué responde la necesidad de levantar estas informaciones sobre el estallido y sobre la reforma de Carabineros?

Sobre el estallido, estamos justamente en el contexto del cuarto aniversario del inicio del estallido social y nuestro planteamiento es claro en el sentido de recordar que ese día  miles de personas en todo Chile salieron a manifestarse. La gran mayoría lo hizo pacíficamente, si bien hubo, por cierto, actos de violencia, y esas manifestaciones eran parte  del ejercicio del derecho a la protesta  para exigir igualdad en el ejercicio de derechos sociales.

En ese marco algo que se ha buscado invisibilizar o negar es que existieron graves violaciones a los derechos humanos. La más grave y la más generalizada probablemente desde el término de la dictadura. Hoy día, después de cuatro años, lo que para Amnistía Internacional es fundamental recalcar es que el Estado de Chile sigue en deuda. Sigue en deuda porque de las más de 10.000 denuncias ante la Fiscalía sólo había sentencias condenatorias en 27 casos, o sea un 0,2%.

Sigue en deuda porque no había una política de reparación integral y el Estado de Chile sigue en deuda porque no había una reforma de Carabineros de la profundidad que se requiere justamente para tener una policía que no vuelva a cometer violaciones a los derechos humanos y que sea también una policía que pueda cumplir con su rol  de proteger a las personas de la mejor manera.

-Y de ahí nace la necesidad de la reforma…

Así es. Es una reforma que la verdad fue recomendada por todos los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos después del estallido social.  Recordemos además que antes del estallido social de octubre de 2019, ya se venía hablando de una crisis de carabineros por el megafraude en esa institución, también por casos de violaciones a los derechos humanos como el de Camilo Catrillanca, el caso también del montaje de la operación Huracán, referente a varios comuneros mapuches…  Todo eso ocurrió antes del estallido social.

Después del estallido social, varios organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía y otras, y organizaciones nacionales, también recomendamos al Estado de Chile avanzar en una reforma profunda a Carabineros. Hoy el gobierno, el Congreso, tienen algunos proyectos de ley que son importantes en el Congreso en relación a las policías, pero no hay una reforma de la envergadura de la recomendada por todos los organismos  internacionales, repito, para  tener una policía que cumpla su labor de dar eficacia al derecho de prevenir y proteger a las personas de los delitos y respetar plenamente los derechos humanos.

-Desde Amnistía han denunciado la lentitud del fiscal Armendari en la tramitación del caso, la imputación de los altos mandos… ¿A qué creen que se debe tanta demora?

Cuando fue el estallido social realizamos una visita, una misión de crisis de Amnistía Internacional, donde pudimos entrevistar a las víctimas, revisar diversos oficios de Carabineros de Chile que logramos tener por la ley de transparencia, por eso decimos  que las órdenes internas de Carabineros y de los altos mandos fueron imprecisas. No modificaron adecuadamente sus planes operativos, ante esta utilización indiscriminada que había de las escopetas antidisturbios y las bombas lacrimógenas, y por lo tanto la verdad es que hay antecedentes suficientes –además si uno analiza los videos de los que estaban sucediendo en ese momento en Chile– para entender que aquí los altos mandos tienen algo que ver con las violaciones de derechos humanos que habían. Al menos para que se investigue su responsabilidad y se le pueda imputar algún cargo en relación a cuáles eran sus funciones.

La verdad es que llama la atención, después de cuatro años, que el fiscal regional no haya aún adoptado la decisión al menos de formalizar a los altos mandos. Después en la investigación, en un eventual  juicio, se podrá eventualmente llegar a la conclusión que puede determinar el tribunal que corresponda, pero creemos que es llamativo que ni siquiera  hasta el momento quiera tomar la decisión de formalizar a los altos mandos  con todos los antecedentes que existen.

-La relatora de la ONU contra las torturas y otros tratos crueles llegó el lunes a Chile, Alice Jill Edwards, ¿Se van a reunir con ella o lo tienen pensado?

Sí, por cierto nos parece una visita relevante. Enviamos un informe desde nuestra organización a la relatora porque justamente había un plazo para enviar antecedentes e informes a la relatoría para que los pudiera tener en el marco de esta visita y por cierto estamos gestionando con el alto comisionado de Naciones Unidas la posibilidad de tener  algún tipo de reunión con la relatora.

Es relevante que esta visita se realiza además justamente cuando se están cumpliendo cuatro años del estallido social, que fue una crisis de derechos humanos que volvió a tener a Chile en la lupa de todos los organismos internacionales, así que esperamos que justamente la relatora pueda tener todos los antecedentes sobre lo que ocurrió después del estallido social; esta falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de verdad, de justicia, de reparaciones integrales, y de esta reforma de Carabineros estructural y profunda que todavía no llega.

Esperamos que la relatora pueda tener en cuenta todos esos antecedentes y además, por cierto, nos imaginamos que pueda tener alguna preocupación en el sentido de que no solo ha faltado tomar medidas en relación a las recomendaciones que se realizaron en el 2019 y 2020, sino que además el Estado de Chile ha avanzado en legislar con  normativas que pueden facilitar la impunidad, como fue en su momento este año la aprobación de la ley Naín-Retamal. Es parte también de los antecedentes que hemos hecho llegar a la relatora y que nos imaginamos que también puede ser objeto de su preocupación.

-¿Crees que la presencia de la  relatora podría presionar a la Fiscalía en la tramitación o a Carabineros, las Fuerzas Armadas, el Estado, para definir una postura más firme o declarar algo al respecto?

Esperamos que la relatora cuente con todos los antecedentes que le estamos haciendo llegar desde Amnistía y seguramente otras organizaciones de la sociedad civil, y que el Estado no haga oídos sordos.

Hace poco se conmemoraron 50 años del golpe de Estado y uno recuerda que en los años 70, cuando Chile iba ante Naciones Unidas, decía que no habían desaparecidos y decía que era todo mentira.

El 2019 y 2020 hubo informes de varios organismos internacionales de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano, de Amnistía Internacional y de otros organismos y organizaciones nacionales e internacionales, y el Estado de Chile no ha cumplido con sus tareas y estamos a cuatro años.

Ojalá que en el contexto de esta visita de la relatora haya receptividad, haya escucha de parte del Estado de Chile para cumplir simplemente con las obligaciones que tiene nuestro país en estas materias.