Acusan al alcalde de Collipulli por ‘desacato al Estado de Excepción’

Con las manos sobre el volante de su camión comercial KYC -patente PJZB17-, Francisco Gutiérrez Sepúlveda bajó la velocidad para que su mujer e hijo registraran la majestuosa silueta del puente ferroviario del Malleco. En la radio daban noticias de un asalto armado a funcionarios de salud municipal en la Ruta R-49 que conecta Collipülli con Curaco; ‘atentado ocurrido con la provincia de Malleco en Estado de Excepción Constitucional, producto del reforzamiento a la seguridad de los caminos’ (ver aquí).

Manifestación en carretera Panamericana.

Apenas cruzaron el río, aún encandilados por los reflejos del mediodía, se vieron sorprendidos por un grupo de personas que se abalanzaron contra el camión.

La Panamericana estaba cortada -de ida y de vuelta- por maquinarias, moto-niveladoras y camionetas, todas timbradas con el escudo de la ‘Municipalidad de Collipülli’. Los ilustres comenzaron a dar patadas contra el costado derecho del camión y los espejos de seguridad. De fondo se veía encumbrado un gran lienzo con un paradigmático ‘No más violencia’.

‘Los municipales decían que nos iban a quemar el vehículo’ denunció Francisco al día siguiente -2 de febrero 2023- en la Fiscalía de Collipülli (ver la declaración). La prensa local informó la escena como parte de una huelga, ‘por la falta de seguridad en la zona’ (ver nota aquí). El corte de la Panamericana fue apoyado por el Alcalde Manuel Macaya (RN-APRA), manifestándose contra el Estado de Excepción Constitucional.

Manifestación en carretera Panamericana.

El 20 de abril en una entrevista publicada por La Tercera, el alcalde indicó sus puntos: “¿de qué sirve el Estado de Excepción de Emergencia?, si no hay respaldo del Estado (…) Hay gente desaparecida, secuestros, robo de madera, tráfico, armas. Collipülli es tierra de nadie” (ver aquí).

Desde 2021 la comuna se encuentra en el régimen de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, que mandata al Jefe de Defensa Nacional -a cargo del reforzamiento militar-, para ‘controlar el tránsito, las entradas y salidas de la zona; además de establecer condiciones para reunión en sitios de uso público’. Pese a esto, la experiencia del camionero Gutiérrez fue más bien pasar por una serie de ‘hechos de violencia’, que luego fueron obviadas por los policías presentes en el sitio.

Respuestas atípicas

Para quienes tienen ocasión de viajar por carretera en la provincia de Malleco, saben que llegando al puente, ‘puede pasar cualquier cosa’. Y esta percepción es reforzada, semana a semana, con recurrentes titulares en las pantallas: ‘Atentado incendiario en Collipulli’, ‘nuevo corte de ruta’, ‘doble ataque…’, ‘desconocidos queman…, ‘sin resultados continúa la investigación…’, acompañado de la nota correspondiente a las autoridades condenando los hechos de violencia.

Acostumbrado por décadas a este panorama, mientras descarga tomates angolinos desde su aún abollado camión, el ciudadano escucha una noticia que repercutía desde el otro lado del Nahuelbuta: ‘Manifestantes cortan camino rural en Arauco, Ruta 160 –sector Horcones-, se trata de un grupo de pescadores junto a la alcaldesa Elizabeth Maricán en pleno Estado de Excepción Constitucional’ (ver aquí)

Con esta información sobre la mesa, Gutiérrez volvió a consultar en el municipio. ¿Y qué pasa cuando son los alcaldes quienes cortan las rutas? Entre lluvias y heladas, poco y nada de explicaciones.

En junio recibió una respuesta desde Contraloría (ver aquí), pero el texto abrió más acertijos para el insistente Gutiérrez Sepúlveda: “Debe ser el Alcalde quien pondera si iniciar un procedimiento disciplinario por los hechos”. ‘¿Cómo?, ¿quiénes cortan los caminos tienen derecho a auto-sancionarse?’, observó el temuquense.

El 28 de septiembre, en las radios resuena: ‘nuevamente se registra ataque a vehículo municipal’ (ver aquí), ocurrido en la Ruta R-49, comuna de Collipulli. Mismo proceder del atentado de febrero. Asalto a camioneta en camino rural, robo del vehículo y posterior quema del mismo. Cero detenidos. Al día siguiente, otra vez corte de ruta con uso de las maquinarias y camionetas municipales. El parte policial de la jornada (ver aquí) indicaba que tal acción era un llamado de atención orquestado por los principales funcionarios comunales ‘contra la violencia rural’.

Corte de ruta en Mininco.

El 30 de octubre, ‘Corte de ruta en Mininco -comuna de Collipulli-, frente a una fábrica forestal perteneciente a CMPC’, por demandas de los vecinos hacia la empresa. ¿Qué pasó ahí?, la Fiscalía indicó en noviembre que se llevará una “investigación para proceder luego a posibles penas”. La querella interpuesta por CMPC describe a quienes llevaron a cabo el corte de ruta como un ‘grupo de antisociales’ (ver aquí) que “manifestaban la imposibilidad de pasar por dicho lugar, inclusive aquellos que insistían en avanzar, recibían golpes en sus vehículos, obligándolos de esta manera a devolverse por la ruta”.

Corte de ruta en Mininco.

¿Y qué resolvió la Justicia respecto al corte de ruta del Alcalde de Collipulli? Con fecha 6 de noviembre, el Juzgado de Collipülli comunica que “aprueba abstenerse de toda investigación (…) por tratarse de un hecho de naturaleza atípica” (ver aquí).

Lo que en palabras del Defensor Penal Público, Ulises Gómez, -académico en la Universidad Autónoma- “llama la atención, si la acción fue realizada por funcionarios públicos, provocando daños a la propiedad de terceros. De partida, Contraloría tiene facultad para efectuar sanciones administrativas”. Tal como ocurrió con la alcaldesa en Arauco.

Entre tanto, Carolina Valenzuela -concejala de Collipülli-, da cuenta que ya en abril el alcalde estaba oficiado por parte del Jefe de Defensa Nacional, General Ricardo Stangher Quivira, informando que: “Cortar carreteras está sancionado penalmente” (ver aquí).

Desde Comunicaciones del Municipio responden que la institución “no está al tanto de tales denuncias y que si existiera alguna irregularidad, se atienen a lo que determinen los tribunales de justicia.”

Otros tantos líos que atender

Mientras pasaba todo lo anterior, un grupo de funcionarios en el Departamento de Tránsito se arreglaban los meses con una comercializadora ilegal de licencias de conducir (ver aquí). Ofrecían a 250 mil pesos la licencia clase A y A4, para transitar con camiones aquellos dificultosos azares de la ‘violencia rural’, sin haber pasado las pruebas de seguridad. Eran nueve funcionarios dedicados a brindar expeditas respuestas a sus ‘camioneros ilegales’, al tiempo en que el ‘camionero en regla’ debía transitar aún con su camión abollado y espejo roto, como evidencia del ataque propinado por los propios municipales.

Por esos mismos lunes, además, La Araucanía quedó conmocionada ante el caso de violación sexual que fue denunciado –incluso con testimonio en vivo por el matinal LVQS (ver aquí)-, contra quien ejercía como Jefe de Gabinete del alcalde. Tras siete meses de diligencias hoy el hombre está en prisión preventiva. Pero cabe preguntarse, ¿por qué el alcalde le subió el sueldo al acusado durante esos meses?, son las interrogantes que manifiestan las concejalas Carolina Valenzuela, Jacqueline Ponce y Juliana Bustos.

El Diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet, en octubre ofició a la Contraloría General de la República (ver aquí) investigar las irregularidades en el municipio de Collipülli. El documento habla de ‘omisiones a la Ley de compras públicas’; ‘Casos por violencia de género’; ‘Cortes de carretera por parte del Alcalde’; ‘Percepción indebida de la dieta del alcalde’; ‘Mal uso de redes sociales y proselitismo político’; además de ‘Vínculo de parentesco entre concejala y director de DIDECO’.

Así, la ruta de oficios y registros de audiencias, abren más acertijos al guion de esta saga. Desde mediados de 2021 se hace público que Mabel Llanos, Directora de Administración y Finanzas, acusó la falsificación de su firma en la aprobación de un contrato por 213 millones de pesos para guardias de seguridad.

Esto también fue advertido por la Directora de Control Interno, Lorna Sanhueza. En seguida ambas fueron suspendidas de sus funciones vía sumario de ‘hostigamiento’. A esto se agregaron las suspensiones a otras dos altas funcionarias en Salud y Educación.

“Siguen siendo remuneradas, pero también hostigadas”. Así fue presentado en las audiencias, y corroborado en los registros por cámara de la vivienda de Lorna Sanhueza, quien recibió dos ataques de bombas molotov las noches del 21 y 22 de julio de 2022 (Ver video del ataque). Todo esto mientras aún no existen aclaraciones respecto a cómo se aprobaron tales licitaciones.

“La Contraloría puede emitir informes, pero para sanciones penales, los concejales deben recurrir al TER, el Tribunal Electoral Regional”, es lo que indican desde Contraloría General en Santiago. A la vez afirman que “en lo que va del ciclo, Collipülli es la comuna de La Araucanía desde donde más causas se han recibido”. Con 55 denuncias de las cuales pueden haber algunas en que la Contraloría se abstiene de investigar o sancionar.

Mariela Valdés -académica UFRO, doctora en Derecho administrativo (Asesoría Legal Pública)-, advierte que existen mecanismos de control del ejercicio de cargos de autoridad comunal, establecidos en la Ley 18.695.

“Las autoridades comunales pueden ser removidas de su cargo por tres causas: Por impedimento grave, por contravención a las normas sobre probidad administrativa, o por notable abandono de sus deberes”, indica la abogada. La Ley explicita que estas causales deben ser declaradas por el Tribunal Electoral Regional respectivo a requerimiento de -a lo menos- un tercio de los concejales en ejercicio.

Si bien las denuncias por ‘faltas a la probidad’ u ‘omisión a la Ley de Compras’ también son recurrentes entre los 345 municipios chilenos, el gobierno local de Collipülli agrega a su anuario administrativo funcionarios imputados por ‘venta ilegal de licencias de conducir a camioneros’, dos acciones de ‘desacato al Estado de Excepción’, ‘diez demandas por vulneración de garantías constitucionales’, otras tantas por ‘hostigamiento laboral’ y ‘violencia de género’. A esto se suman los últimos hechos denunciados contra ex Jefe de Gabinete, y los conflictos con el profesorado y los liceos que arrastran una deuda de $500 millones del Departamento de Educación Municipal.

Con todo esto incorporado al caldo, y por tratarse de un municipio tan “misteriosamente protegido”, ¿qué determinará el Tribunal Electoral una vez presentada la acusación? Las concejalas y el equipo de abogados han anunciado centrarse en los casos por ‘faltas a la probidad’ y los hechos que configuran ‘abandono de deberes’ por parte del Alcalde.