Patricia Nuñez /
De acuerdo a la activista ambiental, de materializarse la firma y ratificación del polémico tratado, el proceso para escribir una nueva Constitución quedará entrampado debido a que, ante cambios sustantivos en regulaciones en materia ambiental, el país podría ser demandado por otras naciones y empresas trasnacionales.
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP11, es un acuerdo de libre comercio firmado por 11 países de la cuenca del Pacífico que proclama romper barreras comerciales para lograr mayor facilidad a negocios internacionales.
Entre los países involucrados están Australia, Canadá, Japón, México, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Brunei, Perú y Chile.
En 2016, tras el rechazo del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se redactó un nuevo documento que fue aprobado en Chile para continuar con el pacto, ahora sin EEUU. Fue firmado el 8 de marzo de 2018 por el canciller Heraldo Muñoz justo antes de que Michelle Bachelet terminara su mandato; el 17 de abril de 2019 fue aprobado en la Cámara de Diputados, faltando aún la aprobación del Senado, instancia que debe presentar su discusión y votación en el plazo de 15 días contando desde el 13 de enero de 2021.
El Presidente Sebastián Piñera valoró la aprobación de diputados del polémico tratado, pues «fortalece nuestra integración a 10 importantes economías de Asia-Pacífico. Esto nos permitirá generar más crecimiento, mejores empleos, mayores salarios y nuevas y mejores oportunidades para Pymes, regiones, emprendedores y mujeres», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
¿Pero qué es lo que realmente se esconde tras este tratado? ¿Por qué EEUU se bajó y qué sucede en otros países que ya lo han puesto en marcha? Sus defensores destacan los beneficios, como el desarrollo de un comercio más inclusivo, apertura de materias ambientales, estándares laborales, apoyo a las pymes, cooperación económica, incorporación de mujeres al comercio internacional y mecanismos de anti corrupción. Pero, ¿qué se dice de la libertad alimentaria? ¿Quién explica lo que sucederá con la semilla, con el trabajo del pequeño y mediado agricultor?
En plena pandemia y ante una ciudadanía un tanto displicente ante estas temáticas, es que sobresale un grupo de ciudadanos que han batallado por años contra este tratado.
Patricia Núñez es docente, orientadora vocacional, investigadora, activista, guardadora de semilla y creadora de huertas de las emociones, un proyecto que trabaja para erradicar la violencia escolar. Pero, más que todo eso, a Patricia le gusta ser conocida como “Patricia dedos verdes”.
Desde 2009 Patricia Núñez ya se consolidaba como una protectora de la semilla de manera autónoma y personal. Años más tarde comenzó a relacionarse con otras personas que focalizaban su interés y preocupación por la semilla; junto a ellos iniciaron esta campaña de protección, ahora asistiendo a las sesiones del Congreso; fue así como tomó conocimiento de la Ley de Obtentores Vegetales, la cual sería el ingreso de UPOV91.
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer.
Diversas organizaciones acusan que las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
Los políticos apoyan este tratado dejando de lado a los países que han firmado la UPOV 91. Se debe entender que aprobando el TPP inmediatamente se pone en marcha la UPV 91, porque van de la mano.
Luego de un tiempo, Patricia se unió a otras mujeres que trabajaban con semilla. Allí se educó desde lo legislativo, pues comenzó a interactuar con diputados y senadores, explicando los daños de este tratado; Patricia ya había comenzado a hacerse notar, con su megáfono, sombrero y letrero, había creado una figura de lucha y resistencia, pero se dio cuenta que necesitaba crear una organización potente y masiva. Fue así como nació el “Colectivo Ecológico en Acción”, en 2014.
En ese tiempo, recuerda, Patricia, Michelle Bachelet les hizo una promesa: “si salía reelegida lo primero que haría sería retirar la Ley de Obtentores vegetales del Senado. Efectivamente retiró la Ley de Obtentores vegetales para que fuera a una revisión mucho más exhaustiva y que no pusiera en peligro la soberanía de nuestro país, pero aquí había gato encerrado, porque ella ya venía negociando hace un buen rato el tema del TPP, ella nos engañó”, explica con frustración Patricia.
Debido a las constantes amenazas de muerte que recibió, la activista sintió que su vida podía terminar, entonces no bastaba con Patricia «dedos verdes», ni el Colectivo Ecológico; era necesario dejar un legado, en honor a todas esas personas que se habían comprometido con la semilla, que habían trasladado la semilla a su corazón y desde allí había germinado un profundo amor y defensa a la tierra. De hecho, muchos jóvenes que se convirtieron en grandes defensores de la semilla, se habían transformado en una especie de discípulos después de oír algunas de sus charlas en universidades, calles, plazas, huertas y comunidades.
Patricia pensó que no quería ver su nombre en alguna plaza o en una huerta, quería que esta causa se convirtiera en un estilo de vida, donde las personas crecieran espiritual y emocionalmente. Es así como en 2017 nace “La Escuela Agroecológica de activismo en Resistencia Reberde”, más conocida como “La Reberde”.
El espíritu de esta escuela es el activismo agroecológico, que tiene sus bases en la ancestrología, tomando toda la cosmovisión de distintos territorios, anclada en esa espiritualidad arrebatada desde la colonización.
“Hacer un camino en la educación es lo más importante, porque las personas tienen que estar informadas para poder luchar por sus derechos y recuperar todo lo que nos han quitado”, puntualiza Patricia. “Creo que hemos dado más de 1.200 charlas en distintos lugares, comunidades, juntas de vecinos. Este ha sido un trabajo muy largo de muchos años”, afirma la activista.
Patricia se enorgullece en destacar los resultados de la escuela, con jóvenes más consientes, preocupados y comprometidos que dicen con mucha satisfacción: “yo soy reberde”.
Caracteriza a la escuela de una pureza y autenticidad que poco se puede ver en otros lugares: no pertenecen a ningún grupo económico, tampoco reciben fondos de empresas, ni particulares, sólo se autogestionan y han logrado enormes resultados que se pueden evidenciar en los registros e historia. Pero toda lucha tiene sus contrariedades. A Patricia la han amenazado de muerte desde que se inició en la defensa de la semilla, también han sufrido hostigamiento otros miembros del colectivo.
“Se nos quiso aplicar la Ley de Seguridad del Estado, nos hicieron un montaje en la Cámara de Diputados después de que votaran a favor del TPP, me acusaron de golpear a una persona, lo cual no fue comprobado y luego de eso me amedrentaron en mi casa, me asediaban con drones, la casa de mis papás fue incendiada, degollaron a mis animales, partieron a mis perros con un hacha, ha sido muy fuerte el amedrentamiento”, dice la activista.
La última y más fuerte amenaza de muerte fue en octubre 17 de 2019 en la estación Universidad de Chile ad portas de ser aprobado el TPP, cuando le mostraron fotos de su casa y describieron particularidades de sus hijos; lo cual gatilló la decisión de salir del país.
“Todos pensaron que no regresaríamos, pero acá estoy dando la pelea con mis reberdes en alto, con más fuerza que nunca. Puse un recurso de protección internacional y eso generó que se bajara la denuncia de la Ley de Seguridad del Estado. Ahí entendí que hoy es por ti y mañana por mí. Yo quiero que mis hijos vean las semillas, quiero que las toquen, no que se las priven, quiero que ellos siembren en libertad”, señala.
Patricia es enfática en afirmar que el cambio de la Constitución está totalmente entrampado con el TPP, al no reconocer la importancia constitucional que Chile entrega a los tratados de derechos humanos, ni otros compromisos internacionales adquiridos.
En este sentido, la activista indica que, además, Chile podría ser demandado por otros países en tribunales internacionales y empresas transnacionales por negarse a cambiar su legislación. En relación a los pueblos originarios, Patricia comenta que este tratado afecta los derechos de los pueblos indígenas, poniendo en riesgo su cultura y subsistencia, al no realizarse consulta indígena, ni ciudadana. “El extractivismo estará en todas partes y serán amplias la cantidad de zonas de sacrificio”, argumenta.
La alimentación es otro tema que le preocupa, pues este tratado dejará la puerta abierta a los cultivos transgénicos y obligará a los campesinos a comprar semillas.
En este sentido, señala que “en la alimentación familiar se va a ver afectada la semilla. «En alguno de los capítulos del tratado (son 30 capítulos y 6.700 páginas) se habla de los derechos de los creadores, derecho de autor, y se ve a la semilla como una nueva creación, cuando ellos le hacen alguna modificación, entonces acá lo que sucederá es que se retirarán semillas que han estado dentro de nuestra alimentación y se privilegiarán otras semillas que no están dentro de nuestra alimentación, que son nuevas creaciones. Así, nutricionalmente afectará a toda la gente, y como será semilla transgénica se abre paso a los plaguicidas y fungicidas”, acota.
Respecto a lo anterior, alerta sobre la semilla transgénica, pues dice que le insertan antibióticos, herbicidas, glifosato o Roundup y una bacteria llamada Agrobacterium tumefaciens. Esto es para otorgar mayor resistencia a la semilla y que soporte calor extremo o frio intenso. Son de alto rendimiento, pero no son naturales.
En este sentido, la activista señala como ejemplo lo ocurrido en Hungría, donde más de mil hectáreas de cultivo Monsanto fueron quemadas; o lo que pasó en 2012, cuando el gobierno de Francia pidió a la Unión Europea (UE) prohibir las semillas de maíz transgénico de la empresa Monsanto por ser considerada una amenaza para el medio ambiente.
La firma estadounidense de químicos, tristemente célebre por ser autora del «agente naranja» que tanto daño causó durante la guerra de Vietnam, es propietaria de las patentes de las semillas transgénicas más utilizadas en América Latina.
Sumado a esto, once países de la UE (Austria, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Alemania y Chipre y cuatro administradores regionales como Valonia, Bélgica y Escocia, Gales e Irlanda del Norte en el Reino Unido), han notificado formalmente a la Comisión Europea su intención de prohibir los cultivos transgénicos.
“No vamos a permitir que encarcelen lo más sagrado de la tierra, nuestra semilla, porque ella son nuestras abuelas, nuestras ancestras, gotas que conservan la vida lucharemos por ella y si debemos morir con ella, lo haremos”, plantea Patricia.
