La discusión faltante en Chile sobre patrimonio cultural indígena subastado en el extranjero

Una clava en el mundo mapuche es un símbolo de poder y de mando con significado social y político. Ahora, en Francia, una clava mapuche de 800 años de antigüedad es subastada a un privado desconocido, como objeto de arte o decoración por 27.500 euros. La casa de remates Christie’s rechazó la solicitud del Gobierno de Chile de retirar la pieza, justificando la “buena fe” de los propietarios que la compraron por medios legales.

Esta ha sido la suerte de distintos objetos del patrimonio cultural indígena. Y aunque ha habido avances en el país para restituir estos objetos, continúan discusiones sobre el destino que debieran tener. “Los objetos deberían retribuirlos a la comunidad de origen, para que vuelvan a tomar su función política y social y no siempre queden en un museo. La lógica del museo es que nos entienden como pueblos muertos, del pasado. Pero nosotros somos un pueblo vivo”, reflexiona el investigador de la Comunidad de Historia Mapuche, Herson Huinca Piutrin.

Desde el 2019, en el Ministerio de las Culturas existe una Unidad de Tráfico Ilícito donde se hace un seguimiento de casos similares. Se han generado convenios bilaterales con países como Argentina, China, Ecuador y Estados Unidos y se han coordinado restituciones desde el extranjero y desde museos nacionales, a museos locales con directores indígenas.

En el Congreso se tramita actualmente un Proyecto de Ley del Patrimonio que crea una nueva figura penal de tráfico ilícito de bienes culturales, además de proponer levantar un inventario de estos bienes. Organizaciones han manifestado la falta de una consulta indígena en este proceso, lo que correspondería de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Subastando el patrimonio cultural

Tanto desde el Ministerio de las Culturas como desde el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), señalan que las subastas y ventas de este tipo son frecuentes. Sobre todo en Europa y Estados Unidos, galerías de arte y casa de subastas desde el siglo XVIII comercializan bienes provenientes de distintas culturas, siendo las precolombinas de las más demandadas. “La motivación es que el comercio de estos bienes genera grandes utilidades para las casas de subasta, y los transforma en inversión económica. Los objetos son vendidos en forma sucesiva ganando valor e historial de venta”, comenta Lina Nagel, coordinadora de la Unidad de Tráfico Ilícito del Servicio Nacional del Patrimonio.

Los objetos más comunes en estas subastas son vasijas de cerámica de distintos orígenes, como de la cultura diaguita en el norte, y también instrumentos de piedra, clavas o puntas de proyectiles provenientes de la Patagonia además de objetos de origen mapuche y de culturas más antiguas, explica la investigadora del CIIR y presidenta de la Sociedad Chilena de Arqueología, Gloria Cabello.

Patrimonio cultural en manos privadas

Entre 1860 y 1900, en época de ocupación militar en la Araucanía, un ingeniero belga fue contratado por el gobierno para construir la línea del ferrocarril. “En esa época el ejército entraba a las comunidades y saqueaba las rucas y las tumbas, y hay mucho patrimonio usurpado de esta época. En el caso del ingeniero belga, se llevó a su país una espada mapuche que data del 1700 y que ahora está en el museo Quai Branly en París. Cuando quise usar una foto de esa espada para la portada de mi libro sobre el despojo al pueblo mapuche, tuve que pagar derechos de imagen”, ejemplifica el historiador mapuche Fernando Pairican.

A partir de 1850 se abre un interés importante en los temas arqueológicos porque surgen los museos a nivel mundial. En el siglo XX comienza otro interés relacionado al movimiento del arte moderno y el surrealismo, que buscaba piezas que tuvieran una originalidad no contagiada por los cánones de belleza europeos.

“Si miras las fotos de los atelieres de artistas y coleccionistas como Pablo Picasso o Peggy Guggenheim, están llenos de arte indígena. Ahí también surgen los primeros arqueólogos, que eran por lo general arquitectos, médicos o gente de otras profesiones, que comienzan a excavar y proveer piezas a los museos nacionales y extranjeros. También vinieron muchos arqueólogos extranjeros a trabajar en Chile. Es parte de un movimiento que existió antes de que hubiese leyes sobre el tema, y antes de que existiera la carrera de arqueología o la Sociedad Chilena de Arqueología”, recuerda Gloria Cabello.

Para Herson Huinca, el fenómeno es una expresión más del sistema colonial. “El proceso de ocupación territorial implicó el despojo de tierras, de ganado que tenía el pueblo mapuche, y también de los objetos de la vida diaria y del patrimonio intelectual. Los militares chilenos y argentinos siempre se llevaron objetos, así como muchos arqueólogos extranjeros. Esa extracción y comercialización de objetos todavía no se ha investigado en profundidad”, agrega.

Recuperar el patrimonio cultural

En el caso de la clava mapuche, Christie’s negó el reclamo del Gobierno chileno, así como el de otros países, argumentando la “buena fe” de los propietarios que adquirieron la pieza por medios legales. También se refugiaron en que no había denuncias previas de robo del objeto en particular. “Normalmente estas casas de subastas fundamentan la comercialización de los bienes arqueológicos por medio de estudios de la proveniencia que documentan que estos objetos estaban fuera del país, incluso antes de las legislaciones nacionales que protegen estos bienes”, explica Lina Nagel.

En Chile, la Ley Pascua de 1966 y luego la ley de Monumentos Nacionales de 1970 son las normativas que amparan los bienes arqueológicos. La legislación restringe la salida y comercialización de estos bienes al declararlos propiedad del Estado, y establecen que la salida debe ser tramitada con el Consejo de Monumentos Nacionales, solo con motivos de estudios específicos o préstamos para exhibiciones temporales de intercambio cultural.

Se han firmado convenios bilaterales con países como Estados Unidos, que prohíben el ingreso y comercialización de bienes arqueológicos de origen chileno y establecen mecanismos para su devolución. También se han tramitado devoluciones de objetos e incluso de momias, tanto desde museos nacionales como extranjeros, a las comunidades o museos de las comunidades como la Rapa Nui, o al pueblo Yagán.

Ley de Patrimonio

La Ley de Monumentos Nacionales data de 1970, por lo que en el Congreso se tramita un proyecto de ley de patrimonio que actualice la normativa. Sin embargo, el proyecto ha recibido críticas por parte de agrupaciones indígenas por la falta de una consulta indígena a la que debía someterse según el convenio 169 de la OIT. “El proyecto de ley se hizo sin consulta ni participación indígena. No está creado para nosotros porque no hemos participado. No existen ideas o propuestas de restitución de la propiedad intelectual a los pueblos indígenas”, comenta Herson Huinca.

El proyecto de ley propone, entre otras cosas, realizar un inventario de las piezas que existen, tanto en manos públicas como privadas, así como de los sitios arqueológicos. “Las piezas que están en instituciones públicas por lo general tienen las colecciones en línea. Pero tanto dentro como fuera de Chile hay muchas colecciones privadas. Inventariar esto sería importante para hacer un seguimiento y para no fomentar que estas colecciones crezcan a través del tráfico ilícito”, opina Gloria Cabello.

¿Patrimonio de quién?

También existe una discusión sobre el destino que deben tener las piezas una vez recuperadas. “En Chile no ha habido una discusión seria, ni desde la academia ni desde el movimiento mapuche, en torno a la restitución de los objetos. Otros pueblos a nivel internacional han trabajado más este tema. Se debería hacer una mesa de trabajo colectivo de diversas organizaciones y del Estado, para investigar el origen de los objetos y retribuirlos a las comunidades de origen, para que vuelvan a tomar su función política o para que ellas mismas decidan si exponerlos en museos locales como el museo de Cañete que tiene una directora mapuche”, propone Herson Huinca.

Gloria Cabello también plantea la posibilidad de crear un equipo dedicado a buscar la historia de estos objetos para que se puedan restituir a sus comunidades de origen. “Yo veo que existe voluntad desde distintas partes para devolver las piezas a las comunidades y a los museos locales, y de entablar un diálogo con los pueblos originarios, tanto desde el Ministerio como desde la arqueología y los museos nacionales. Ha habido experiencias de museos donde se involucra a los pueblos originarios en las curadurías de exposiciones para mostrarlas desde la propia voz y visión de los pueblos”, ejemplifica.

Desde el Ministerio de las Culturas, Lina Nagel también declara la voluntad de impulsar un diálogo y una agenda de restitución ya en marcha con los pueblos originarios. “La restitución de bienes culturales es una discusión emergente a nivel global. Estas piezas tienen una relevancia espiritual intangible, más allá de los bienes materiales. Acá están en juego derechos, el respeto al acervo cultural de las comunidades e implica comprender que la memoria de los pueblos es parte constitutiva de su identidad y futuro”, indica.

Para Fernando Pairicán, es fundamental el estudio de origen de los objetos para devolverlos a las comunidades de origen o a museos como el de Cañete. Pero la discusión también tiene relación con la posición de los pueblos indígenas en la sociedad. “El avance sustancial será el momento en que el pueblo mapuche pueda tener el poder político para recuperar su patrimonio usurpado. No van a ser los chilenos quienes nos van a devolver el patrimonio. Será nuestro propio pueblo cuando tenga poder político”, declara.

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