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La plurinacionalidad es un concepto político y no solo cultural, en consecuencia, la eficacia de su consagración requiere profundos cambios normativos, legales e institucionales. Así la plurinacionalidad en la nueva constitución es solo el primer paso en un largo camino de re-encuentro entre las diversas naciones que habitamos este territorio.
La historia Constitucional chilena ha invisibilizado a los pueblos originarios, aunque en el caso del Pueblo Mapuche se incluyó en la mitología nacional como el tenaz “héroe araucano”, del que descendería la nación chilena para representarse a sí misma en la liberación criolla de la potencia colonial española. Pronto ese símbolo positivo cambiaría por el del “indio bárbaro”, para justificar la usurpación de nuestros territorios bajo el imaginario de la “civilización/barbarie”. Desde entonces, la lucha por el reconocimiento de las naciones originarias ha debido no sólo hacer frente a los intereses económicos sobre el territorio histórico, sino también, combatir fuertes imaginarios sociales folklorizantes o denigrantes.
Hoy, Chile es uno de los pocos países de América que no ha reconocido constitucionalmente a los pueblos indígenas. Aunque se han presentado varios proyectos de reconocimiento, la mayoría han estado teñidos de estigmas o paternalismos que nos reconocen sólo en la medida que “integramos”, “contribuimos” o “aportamos” a la conformación del Estado y la nación chilena. Nuevamente vemos cómo el discurso del reconocimiento constitucional, incluso en el paradigma plurinacional, ha tenido más eficacia simbólica que real.
En el actual proceso constituyente, las candidaturas indígenas realmente independientes debemos plantear con fuerza el reconocimiento en el paradigma plurinacional, y debemos sentar las bases de la discusión para que no se torne en un reconocimiento débil, meramente simbólico, que desperdicie la oportunidad histórica de sentar las bases jurídicas, políticas, institucionales y culturales que encaucen las demandas históricas del Pueblo Mapuche, y las de todas las naciones originarias, para contribuir a resolver el conflicto que existe entre éstas, el Estado y las empresas extractivistas.
La plurinacionalidad es un concepto político y no solo cultural, en consecuencia, la eficacia de la plurinacionalidad pasa – sin duda – por cambios culturales en sectores de la sociedad civil y de funcionarios públicos, pero sobre todo, requiere profundos cambios normativos, legales e institucionales. Por ende, el reconocimiento constitucional de un Estado plurinacional debe contemplar derechos políticos de autonomía y territorio, junto a nuestros derechos culturales, lingüísticos y jurisdiccionales.
Entendemos que la consagración de la plurinacionalidad en una nueva constitución requerirá una nueva legislación en aquellas materias sectoriales que no han contado con nuestra participación activa y que afectan directamente nuestros territorios, tales como la ley de pesca, la ley de bosques, las leyes de protección del medio ambiente, leyes de concesiones mineras, entre muchas otras. Asegurar dicha participación y la forma de ejercerla en una democracia plena será uno de los desafíos de los constituyentes de escaños reservados que resulten electos.
En el ámbito normativo institucional, el acceso de las diferentes naciones que integramos el territorio debe no sólo ser proporcional a las poblaciones, pues eso sería desconocer el genocidio del que fuimos víctimas; es necesario asegurar que las cosmovisiones de las naciones estén presente en la forma de organizar y ejercer el poder. Y el mayor obstáculo en este ámbito será superar las cuotas y redes de poder enquistadas en las diferentes instituciones nacionales, regionales y locales. Serán necesarias políticas y normas que garanticen el acceso real en la organización del poder, en términos similares a la conformación de la convención constituyente y, sobretodo, con miras a las reivindicaciones que desde el movimiento de mujeres demandan la paridad como principio vigente post nueva constitución.
En el ámbito cultural, también existen obstáculos que deben ser enfrentados con políticas públicas eficaces para que la plurinacionalidad no sea una mera declaración retórica. La mayor dificultad será transformar la actual visión sobre la naturaleza. Ser parte del mundo que habitamos y no sólo servirse de él y de los otros para la acumulación de riqueza, es un fin que no puede reducirse sólo a políticas educativas, pues afecta nuestra mirada económica, de salud, y hasta nuestra misma idea de bienestar. No podemos estar bien si nuestros hermanos, vecinos, nuestro entorno, nuestro territorio, no lo está. Los Pueblos Indígenas portamos un saber anclado al territorio, somos, nos sentimos y actuamos como parte de él. El Buen Vivir para todos y todas y para nuestras futuras generaciones, debe ser la finalidad fundamental del Estado.
La consagración constitucional de la plurinacionalidad en los términos que aquí enunciamos, es el primer paso en este largo camino de re-encuentro entre las diversas naciones que habitamos este territorio. De ahí el lema de nuestra campaña: “Por la dignidad de todos los pueblos”.
