OPINIÓN | Millones de nuevos pinos en Aysén: ¿Y la política de suelo dónde está?

Hace muchos años, allá por mediados de los 2000, conversé con un alcalde de Cochrane sobre la necesidad de abordar el avance de HidroAysén en el territorio. La sociedad compuesta por Endesa y Colbún estaba comprando campos, repartía cuadernos y computadores, ofrecía electricidad más barata y hacía todo lo que las empresas (y en ocasiones, actores políticos) hacen cuando tienen un buen negocio entre manos: clientelismo.

El edil, ex gobernador de la provincia Capitán Prat, me respondió en una radio local que ya había enviado una carta a la eléctrica, dando a conocer su visión.  Que con eso ya estaba cumplido su rol como alcalde, que nada más podía más.

“¿Sólo eso?”, recuerdo fue mi escueta respuesta. “Usted, que fue gobernador, sabe que las autoridades políticas pueden hacer mucho más que sólo enviar una carta. Si no lo hace es simplemente por falta de voluntad”, alcancé a expresar.

Esto recordé tras leer la decisión de la nueva alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, de detener proyectos inmobiliarios en la costa comunal porque amenazaban la selva valdiviana y el desarrollo sostenible del territorio.

Paralizó así el avance de seis proyectos urbanos en terrenos rurales sin apego a la normativa. Algo que las administraciones anteriores no vieron o, también probable, no quisieron ver.

De aquello, del laissez faire en la subdivisión del suelo rural, ya hablé hace algunas semanas en la columna “Lotear, lotear, que el mundo se va a acabar”.  Una materia que con voluntad puede ser enfrentada no sólo por los municipios sino también por los gobiernos regionales, para que no sea el mercado el que defina la política pública en materia de crecimiento urbano en el territorio, con los problemas sociales y ambientales que esto genera, y que algo hemos reseñado.

En esa misma línea, en los últimos días se ha sabido del proyecto de la española familia Miguel Torres (dueña del vino homónimo que se vende en Chile y en más de 100 países) para plantar millones de pinos en Coyhaique Alto. La idea ya se conocía en 2019, cuando se señalaba que la empresa, luego de adquirir más de 4.000 hás del fundo Los Cóndores ubicado a 45 km al este de Coyhaique en el límite con Argentina, había comenzado la plantación de 10 hás de pino ponderosa, buscando “la reforestación de toda la superficie con una densidad aproximada de 1.200 pies/há”.  En total, casi 5 millones de pinos.

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En un video lo confirma el patriarca Miguel Torres: “Buscamos tierras en alguna parte del mundo donde el terreno fuera asequible, que no fuera demasiado caro. Y lo encontramos en el sur de Chile, en la Patagonia.  Pudimos comprar 6.000 hás de tierras, casi 6.000 hás, y ahí ya hemos empezado a plantar árboles, pinus ponderosa, que ya están empezando a crecer y que si Dios quiere, al año 2030 ya tendremos ahí plantados 2 millones de árboles”.

Aunque no se crea, el objetivo declarado de esta mega intervención es “la plantación de bosques con un doble objetivo: compensar, con esfuerzos propios, la huella de carbono de la bodega, y recuperar el paisaje que históricamente caracterizaba estas tierras, y con ello, ayudar a preservar la flora y fauna nativas”.  En el fondo, un supuesto fin ecológico.

Un problema de fondo es la figura de compensar para contaminar, que es lo que hay detrás de los así llamado bonos de carbono. O, mejor dicho, pagar por contaminar, cuando la premisa debiera ser simplemente dejar de contaminar.

Más aún, hace bastante tiempo se sabe que las plantaciones no son bosques.  Los bosques tienen características ecosistémicas complejas y únicas, establecidas durante miles de años, lo cual los monocultivos nunca logran ni lograrán emular.

Un informe del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de 2014 da cuenta que Coyhaique Alto es un sector característico “de la zona de estepa”, como también lo son “Balmaceda, Ñirehuao, Ceballo y Alto Río Cisnes”.  Más aún, “el coironal o pastizal de coirón es el único ambiente de herbáceas nativas de la región de Aysén”.  “Único” es una palabra rotunda, que da cuenta de la necesidad de proteger dichos suelos, no de intervenirlos convirtiéndolos en bosque (el equilibrio natural por algo puso ahí los coironales) y, menos aún como en este caso, en un monocorde manto verde de una exótica especie europea.

La dilema del calentamiento global no es sólo emitir menos CO2 y otros gases de efecto invernadero. El trasfondo es la crisis ecológica, donde bajar las emisiones destruyendo ecosistemas naturales no debiera tener cabida.

Ya en 2018 era posible rastrear algunos “aportes” que la sociedad hispana estaba realizando en la comuna de Río Ibáñez, con el respaldo de la seremi de Agricultura. “Viña Miguel Torres dona plantas de distintas variedades de uva para huerto en Puerto Ibáñez” rezaba un titular de noviembre de ese año.

Esta situación pone una vez más en discusión quién dirige los destinos del territorio. Lo acá reseñado nos aclara que es un privado que compra y decide plantar millones de ejemplares de una especie exótica como el pino ponderosa (cuyos primos los contorta son considerados especie invasora), llegando a las 6.000 hectáreas. Un aumento del 13 % con respecto a las 43 mil hás de plantaciones presentes en 2016.

Un conocedor del área me dijo que probablemente los ejemplares no prenderían por ser el sector “helado, ventoso, malos los suelos y sólo llueve 250 mm al año… todo mal”.

Pero más allá de este mal augurio, ¿qué rol cumple el Estado en esta decisión?

Una duda legítima y necesaria, considerando que existe un ministerio de Agricultura, una Corporación Nacional Forestal, una Superintendencia y un ministerio Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental y una municipalidad.

Todas instituciones que velan por lo público, ese concepto que ha comenzado a tener un sentido ciudadano y positivamente nuevo, como lo ha demostrado la alcaldesa Carla Amtmann, allá por las tierras de la selva valdiviana.

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