La jornada de este viernes las autoridades italianas anunciaron la decisión de bloquear el robot conversacional ChatGPT, acusado de respetar la legislación sobre los datos personales y de no disponer de un sistema para verificar la edad de los usuarios menores.
Decisión con «efecto inmediato» que limitará provisionalmente el «tratamiento de los datos de los usuarios italianos con respecto a OpenAI», creador del robot conversacional.
Pero las autoridades italianas no serían las únicas en mostrarse reacias al avance de la inteligencia artificial (IA) alrededor del mundo. Expertos en IA y ejecutivos del sector, incluyendo al propio cofundador de Apple, Steve Wozniak, solicitaron una pausa inmediata de seis meses en el desarrollo de sistemas de IA más avanzados que GTP-4.
Lo anterior, debido a los posibles riesgos que podría tener este tipo de inteligencia para la sociedad y la humanidad, los cuales podrían representarse en el aumento de la desinformación, la pérdida de empleos e incluso el riesgo de «pérdida de control de la civilización».
Decisión del país italiano
Sobre las razones para prohibir el uso de ChatGPT, las autoridades italianas subrayaron que la IA «sufrió el 20 de marzo una pérdida de datos (data Breach) sobre las conversaciones de los usuarios y las informaciones relativas al pago de los abonados al servicio de pago».
Además, reprocharon al robot conversacional «la falta de una nota informativa para los usuarios cuyos datos son recogidos por OpenAI, pero sobre todo la ausencia de una base jurídica que justifique la recogida y conversación en masa de los datos personales, con el fin de ‘entrenar los algoritmos que hacen funcionar la plataforma‘».
De hecho, el anuncio llega solo días después de que la Europol —policía europea— advirtiera que algunos delincuentes utilizarían la inteligencia artificial de ChatGPT para cometer fraudes y otros delitos cibernéticos.
Asimismo, desde el país florentino pidieron a OpenAI que «comunique en un plazo de 20 días las medidas adoptadas» para remediar la situación, pues de lo contrario se arriesgarían a una sanción de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocios mundial anual.