VOCES| Presos del estallido: La piedra en el zapato del presidente Piñera

Para el gobierno, es necesario justificar su idea guerrera, enfrentando movimientos organizados con una jerarquía establecida y ojalá un buen nombre subversivo. De existir estos, podrían acudir a la asociación ilícita y el enemigo interno sería una organización terrorista, un cuerpo constituido, sólido y temible.

Pero a falta de siniestras conspiraciones y en la necesidad de sostener esta guerra interna, echaron mano de jóvenes que pillaron por aquí y por allá, en esos convulsionados días. Me refiero a los detenidos en los días posteriores al 19 de octubre, cuando colmamos las calles protestando contra las injusticias que todas y todos conocemos. 

Muchos jóvenes, tiraron piedras, prendieron fogatas, rompieron el pavimento, se armaron con palos y escudos de lata. Y algunos de ellxs, formaron esa primera línea que avanzaba frente a la multitud, en un intento de abrirles paso o protegerla, como quieran verlo, frente a la embestida policial.

No había banderas, ni partidos políticos. De manera espontánea llegó la ayuda de la Cruz Roja y se organizaron voluntarixs para atender a los heridos. Los detenidxs fueron aproximadamente 11.300 y más de 2.500 casos terminaron en prisión preventiva, según el informe de DDHH. Han pasado más de 10 meses y todavía esperan una sentencia.

[Te puede interesar]: Entrevista a un capucha: “En la primera línea damos la cara contra la yuta”

La prisión preventiva es una medida cautelar, que se aplica el tiempo que dura la investigación, cuando esta la amerita. No es para usarla como forma de persecución o una sanción de venganza. Tampoco como un escarnio público. No es un instrumento político.

El presidente, previendo esto, aclaró que en Chile no existen los presos políticos y que los detenidos serían procesados por delitos comunes. Pero ni así salva la situación, porque muchos de ellos fueron apresados por saqueo, y esta es una falta que se paga con 60 días de prisión. O sea, el Estado los retiene de manera ilegal. Durará más la prisión preventiva que la posible sanción. 

El resto de las acusaciones piden unas penas fuera de contexto y desproporcionadas para la falta que imputan. Salvo en tiempos de dictadura, no se presentaban tal cantidad de años para el porte ilegal de armas, por ejemplo (de 20 a 36 años).

El gobierno se metió en un zapato chino, porque después de mantenerlxs detenidos un exceso de tiempo, sin procesarlos, no solo se pone en evidencia que lo hizo por aplicar la famosa mano dura que tanto les gusta. La misma mano que se ablanda si se trata del hijo de un político amigo, ese joven que atropelló y abandonó a un hombre, negándole una asistencia que pudo haberlo salvado. Más encima huyó y cuando se entregó ya había pasado el tiempo suficiente para constatar si iba en estado de ebriedad. Para él no hubo cárcel y fue absuelto.

No sé cómo le explicarán a la opinión pública que cuando estos detenidxs lleguen a ser procesados, es muy posible que terminen libres por falta de evidencias o, peor, por pruebas inventadas. Como el tongo que terminó siendo la acusación del incendio de la estación de Metro Pedreros. Pedían 20 años para Daniel y 10 para Benjamín. Salieron libres porque se demostró que el video de prueba, estaba reeditado y era de origen desconocido.

¿No será que la demora es para evitar un ridículo mayor?

Estamos hablando de vidas humanas, no de un puente mal hecho. Jóvenxs sin antecedentes y sin recursos, es decir, sin una batería de abogados detrás que apuren la causa, que los tenga libres en un par de días. Como ha sido cuando son carabineros los que esperan juicio. Si llegan a darles prisión preventiva, ellos la pasan en sus instituciones, protegidos y cuidados.

No es el caso de estos jóvenxs. Sus madres y padres se desvelan en la desesperación de imaginarlos maltratados, violados y ahora expuestos al COVID, en cárceles insalubres. Y no me digan que son delincuentes, o que se extralimitaron al llevar a las calles el sentir de una mayoría.

Hay que ser muy hipócrita para no mirar hacia atrás y recordar todas las marchas por No+AFP, por la educación, por la salud, etc. Manifestaciones con flores y cantos que terminaban en nada. Si no es por el 18 de octubre y los días posteriores, nunca nos hubiesen escuchado. Si a Piñera no se le va de las manos el orden público, jamás hubiéramos llegado a tener todo lo que ha pasado después, plebiscito y 10% incluido. Por lo que la pregunta es, ¿quién necesitó que habláramos golpeado para darse por aludido?

A nadie le gusta la violencia

Pero vivir ignorante del daño que está recibiendo un pueblo producto de las políticas injustas que se le aplican, es una forma muy cínica de violencia. Una manera hipócrita de lavarse las manos.

Que tengan que pagar ahora los jóvenxs solo demuestra nuestra incapacidad como sociedad para resolver los conflictos sociales El cura Berríos se pregunta ¿Por qué la justicia es tan blanda con algunos empresarios y tan dura con estos chiquillos? ¿Será porque son pobres? 

Agrego a ellas: ¿Son delincuentes los que destruyen bienes públicos? ¿Y los que privan al Estado de millones de impuestos, por chanchullos?, ¿cómo se llaman?

Nos gustaría que Piñera nos respondiera, como presidente y empresario que es. Que no nos diga que él no tiene nada que ver con los procesos judiciales, porque cuando un juez les concedió la libertad, en marzo, a más de 30 jóvenes de la primera línea, fue el Ministerio del Interior el que apeló. Fue su gobierno, quien presionó para que la corte de Apelaciones la revocara. No digan después que el componente político no estuvo y está presente.

En sus manos presidente está la decisión final, respecto a un indulto. Fueron circunstancias extraordinarias, ojalá tenga la altura para entenderlo.