«Gran Hermano», el reality que CHV estrenó el 18 de junio, está generando una polémica de envergadura que escaló hasta dependencias del Ejecutivo, como consecuencia de una grave acusación que hizo durante las últimas horas una de sus participantes más querida del encierro, Constanza Capelli, como consecuencia de su relación sentimental con Sebastián Ramírez, quien acaba de renunciar al espacio de telerrealidad cuya casa se encuentra emplazada en Buenos Aires, Argentina.
Específicamente, la joven se desahogó con el último participante en entrar al programa, Raimundo Cerda, con quien comentaban la salida del polémico chico reality con el que ella mantuvo un vínculo marcado por las acaloradas discusiones y enfrentamientos que protagonizaron, algunas desconocidas hasta ahora.
Discusiones muy fuertes
“Hubo discusiones con Seba que fueron muy fuertes, muy fuertes. Cuando veía que él se estaba exaltando, yo me iba y para él era peor. Y yo me iba para que las cosas (se calmaran)”, confidenció.
Siguiendo con su confesión, detalló lo que venía a continuación. «¿Qué hacía Seba? Algo que también hacía mi ex, cuando yo me iba me perseguía, y es lo peor… Yo me venía para acá afuera, él me seguía y me hablaba fuerte”, relató Capelli.
“Me iba a duchar, y él me encerraba, yo (estando) desnuda, eso se ve muy fuerte afuera”, aseguró en una declaración que lejos de pasar inadvertida, llevó a la ministra de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Antonia Orellana, a pronunciarse al respecto.
Responsabilidad del canal
«Primero, quisiera decir que la violencia contra las mujeres no es un espectáculo. Segundo, desde que tomamos conocimiento de las declaraciones emitidas por un programa de televisión abierta, decidimos oficiar al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y, además, a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, contactar a la producción para poder ofrecer asesoría o apoyo a quien hizo estas declaraciones, si ella así lo requiere», aseguró la secretaria de Estado.
Por otra parte, relevó que «Chile, ratificó el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que impone un estándar en materia de acoso, abuso y violencia, que además este ya se encuentra vigente en Argentina».
Finalmente, Orellana recalcó que «no importan las modalidades contractuales de las personas que están en un programa de televisión. El canal y la productora, en tanto empleador, deben velar por el resguardo de los derechos de quienes participan».