Los derechos de los migrantes en Chile son vulnerados. La situación de los afrocolombianos en Arica y Parinacota revela aspectos preocupantes desde la perspectiva humanitaria. Afectados por el conflicto armado en Colombia solicitan refugio al Estado de Chile, sin embargo han sido rechazados a pesar de que los acuerdos internacionales definen este accionar como una violación a los derechos humanos en atención a las normas internacional del migrante y refugiado.

Fuente: Mapuexpress.net/ Por Isabel Araya M.

Al tratarse el norte del país de un espacio fronterizo entre Perú y Bolivia, siendo por ende, una “puerta de entrada o salida” hacia el resto de Latinoamérica, la región de Arica y Parinacota se convierte en un verdadero punto de interés geopolítico. Por sus límites no sólo transitan los flujos económicos del capital resguardado por acuerdos bilaterales, sino también personas que recorren rutas migratorias definidas por la búsqueda de empleos y mejores proyectos de vida. Sin embargo, las políticas para la zona entre los países son esencialmente acuerdos económicos y la supuesta “apertura de fronteras” que discursea la globalización no alcanza para los migrantes. Esto es lo que ocurre para los migrantes latinoamericanos, específicamente afrocolombianos, quienes afectados por el conflicto armado en su país solicitan refugio al Estado de Chile, siendo rechazados por este último a pesar de que acuerdos internacionales definen este accionar como una violación a los derechos del migrante y refugiado.

Migración Afro-Colombiana y la violación a los Derechos Humanos

Arica es una ciudad que se caracteriza por una alta tasa de migración Peruana y Boliviana, principalmente hombres y mujeres aymaras que vienen a trabajar como temporeros en los valles cultivables de Azapa o Lluta. Sus condiciones de vida son precarias, la paga por su mano de obra es mínima y muchas veces viven hacinados en piezas insalubres sin siquiera contar con agua dentro de los predios que trabajan. Ahora bien, para Hernán Ramírez -Coordinador Local del Centro de Atención al Migrante-, es importante recalcar que con la implantación de los Estados modernos y el sistema capitalista, la relación entre culturas se caracteriza por la explotación; distinto a tiempos precolombinos cuando era normal que indígenas de las zonas altas bajaran a cultivar dichos valles, los mismos a los cuales migran actualmente peruanos y bolivianos utilizando vías ancestrales.

Pero no ocurre igual con la migración colombiana: un fenómeno reciente determinado por las condiciones políticas de ese país que originan un perfil de migrantes que no vienen específicamente a trabajar en el agro, sino más bien escapando de la guerra y buscando refugio.

Durante los últimos 10 años la migración colombiana se ha incrementado considerablemente en la región de Arica y el resto del país, diversificando los requerimientos y proyecciones de la migración “tradicional” lo que ha repercutido en que organizaciones como el mismo Centro de Atención al Migrante (CAMI) hayan debido ampliar su plan de acción ante la falta de respuestas del Estado y comenzar a trabajar con personas solicitantes de refugio y refugiadas.

Entre los solicitantes prevalecen Afrocolombianos. Ellos provienen de Cali y Buenaventura, una zona caracterizada por la terrible violencia que no permite visualizar posibilidades de protección a la vida de sus habitantes siendo ello la razón de su necesidad por migrar hacia otros lugares. Chile, por su imagen publicitaria internacional de ser un país democrático con estabilidad económica, ha sido uno de los países de preferencia de los desplazados, sin embargo al llegar a territorio nacional, además de enfrentar el rechazo indiscriminado a sus solicitudes de refugio, se encuentran con altos niveles de racismo y violencia de los cuales vienen justamente escapando.

Según el artículo n°2 de la Ley chilena 20.430 que establece disposiciones sobre protección a los refugiados, por ellos se entiende; “Quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivas de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no pueden o no quieran acogerse a la protección de aquel debido a dichos temores.” El articulo siguiente establece; “La Protección de los solicitantes de la condición de refugiado y los refugiados se regirá por los principios de no devolución, incluida la prohibición de rechazo en la frontera; de no sanción por ingreso ilegal; de confidencialidad; de no discriminación; de trato más favorable posible y de unidad familiar”. Ocurre sin embargo que ninguno de estos principios está siendo respetado y pese a portar documentación que acredita la veracidad de las persecuciones de algún grupo armado (respaldados previamente por organizaciones idóneas en Colombia), las solicitudes de refugio están siendo rechazadas por funcionarios de la PDI. Esta situación pone al descubierto el tremendo racismo y autoritarismo que caracterizan a las instituciones públicas y al Estado de Chile, quien pese a ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, viola sistemáticamente cada uno de sus artículos.

La situación descrita ocasiona que, en la búsqueda continua de seguridad, los migrantes deban cruzar por pasos no habilitados, quedando una vez en territorio nacional en la situación irregular de indocumentación, y viviendo con el temor constante de ser expulsados del país a la hora de ser fiscalizados por Carabineros o policía de Investigaciones. Esta dinámica constituye en sí un hecho totalmente ilegal que atenta contra el principio de “no devolución” acordado por la Convención citada. Paralelamente, aquel estado de indocumentación perjudica el acceso a un trabajo digno, vivienda, salud y educación: derechos básicos que se vulneran cotidianamente.

El caso de Jennifer Suley Candelo es uno de tantos; una afrocolombiana desplazada por la guerrilla que tras ser fiscalizada por PDI fue encerrada en las instalaciones de la institución durante 54 días sin ninguna orden judicial. Allí fue obligada a dormir en un colchón orinado, hacer sus necesidades en bolsas, escuchar constantemente insultos de corte racista/machista por parte de funcionarios, además de vivir en desconocimiento de la causal de su encierro y temiendo su incierta salida. Una agravante adicional constituyó el hecho de que frente a esta realidad organizaciones como ACNUR (Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados) no se hayan pronunciado.

Cierre de fronteras; la hipócrita lucha contra el narcotráfico

La migración se ha homologado a narcotráfico y con ello se ha desconocido la naturaleza primordial del derecho migrar y solicitar refugio. Por lo mismo, reforzado por los últimos gobiernos, el Estado de Chile ha implementado una fuerte política anti-drogas que apunta esencialmente contra colombianos, ecuatorianos puertorriqueños y definiendo de esta manera a priori quien puede o no ingresar a territorio nacional. Para Ramírez “La política fronteriza del norte de Chile tiene clasificado quienes son las personas que no pueden entrar. Ahora el problema es el siguiente, existen tratados firmados por Chile, uno de ellos el MERCOSUR, donde establece que en realidad los ciudadanos de los países firmantes pueden ingresar al país sin ninguna dificultad, solo con su cédula de identidad. Pero estas políticas de cerrar las fronteras ha determinado que se produzca esta discriminación constante eliminando a colombianos, ecuatorianos, puertorriqueños (…) y te das cuenta que por otra parte, que a gran cantidad de migrantes españoles no se les cierra la puerta sabiendo que podrían ingresar droga de mayor daño”. En este sentido los sistemas de control y de vigilancia fronterizos como Chacalluta, se han visto reforzados, no solo con el carácter de seguridad operativo, sino también con fuerte impronta de racismo y discriminación por funcionarios en cuyo ejercicio de poder promueven una sociedad conformadora de guettos. Frente a esta situación es muy esclarecedor cuando el mismo presidente Piñera enuncia: “Arica es una ciudad muy importante, entre otras razones porque es una ciudad fronteriza y tiene una importancia geopolítica fundamental, porque tenemos que fortalecer nuestras fronteras, porque así fortalecemos no solamente el desarrollo de Arica sino la soberanía de Chile”.

Jugadas internacionales

Si bien Chile ha decretado una medida de cierre de fronteras a nivel nacional, políticas como ésta responden a jugadas internacionales que resguardan los intereses económicos por sobre todo. Los acuerdos económicos entre países los han obligado a abrir sus fronteras no sólo al capital, sino también a las personas, sin embargo una aceptación masiva de solicitudes de refugio por parte de Chile significaría reconocer la imagen de una Colombia en crisis y obligaría a los organismos internacionales de derechos humanos a intervenir en el país, repercutiendo ello en la fuerte huida de capitales extranjeros.

A fin de anticiparse a esta situación Santos anunció la facilitación para el reingreso de colombianos a su país a través de una serie de beneficios, una situación totalmente contradictoria considerando que quienes migran lo hacen justamente por razones de inseguridad y temor. Para Hernán Ramírez “Esta ley que promulga Santos con el poder ejecutivo y legislativo te pone en jaque la solicitud de refugio ante derecho internacional ¿Cómo va a pedir refugio si el mismo gobierno ha promulgado una ley que favorece el reingreso?”.

Por último, cabe mencionar que el gobierno regional de Arica ya está pensando en crear una casa de acogida para migrantes; hecho fuertemente criticado por el Centro de Atención al Migrante pues implicaría la creación de verdaderas reducciones custodiadas en primera instancia por policías; “No se puede aceptar que el gobierno tenga casas de acogidas, eso es cárcel. Si hoy no existiendo estas casas de parte del gobierno, si hoy no existiendo esa custodia hacia los migrantes o refugiados se violan los derechos humanos, con estas casas la violación a los derechos humanos van a ser sistemáticas.”