Las “nuevas” mordazas

(Ilustración: Magdalena Armstrong)

A mediados de los años 90 Chile dio los primeros pasos  en la concentración económica y editorial de los medios de comunicación. En esos años se conformó un sector económico desregulado,  cuyos componentes principales son la industria de la entretención y la producción de información, con los conocidos fenómenos de influencia sobre la opinión pública y la naturalización de los sentidos centrados en el mercado. En definitiva, se refuerza el control mediático en una sociedad donde los medios realizan la operación simbólica de naturalizar el estado de cosas y transforman la “opinión pública” (por principio deliberante) en “sentido común”.

La liberalización  de las Telecomunicaciones coincidió con la puesta en práctica, por parte de los gobiernos democráticos, de una política de prescindencia del Estado en los asuntos relativos a los medios de comunicación, lo que se tradujo en la ausencia de políticas públicas en este campo.

En el plano legislativo, los gobiernos de la Concertación impulsaron LA LEY nº 19.773  SOBRE LIBERTADES DE OPINION E INFORMACION Y EJERCICIO DEL PERIODISMO , conocida como Ley de Prensa, que se tramitó entre los años 1993 y 2001, en sus disposiciones generales se establece “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa,… asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social”, sin embargo para la radiodifusión son letra muerta toda vez que la libertad comercial tiene primacía sobre la libertad de expresión como derecho fundamental.  Es decir, existe una permanente tensión entre  pluralismo y libre competencia,  ya que es el mercado el que opera como único asignador de recursos, postergando el rol del Estado como garante de derechos y libertades.

El sistema de concesiones para operar frecuencias de radio, está protegido por el control del Estado que debe resguardar el carácter temporal, renovable y/o permanente- de las concesiones y a su vez está obligado a garantizar el derecho a fundar medios.

Ante esta tensión cabe preguntarse  ¿es coherente un cuerpo legal que propugna el acceso igualitario a las frecuencias de radio  y a la vez propicia la libertad económica que admite la transacción de frecuencias en el mercado?

Dicha  contradicción alcanza una mayor profundidad si consideramos  que  los mecanismos de regulación de la “libre competencia” son extremadamente débiles en Chile, lo que ha dado como resultado, desde el 2007, el panorama mas concentrado de la radiodifusión en la historia nacional.

Fue en ese contexto que las empresas consolidaron su presencia en el país. Primero fue la especulación de las frecuencias, que dejó sin margen de acción a los radiodifusores regionales. Por ultimo, una ley de radios comunitarias que más que promover el sector sin fines de lucro,  coarta su desarrollo consagrándolo como el pariente pobre de radiodifusión comercial.

Hay que agregar que en las diversas recomendaciones a los estados, la relatoría de libertad de expresión de la CIDH advierte que la justa distribución de frecuencias de radio es un principio orientador con el que se mide el grado de libertad de expresión en un país.

Cuando en 2007 el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) autoriza al conglomerado PRISA a comprar Iberoamerican, se  concentran 11 cadenas de radio bajo un sólo operador, desoyendo la recomendación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de obligar a vender cuatro de las redes nacionales del grupo. El no cumplimiento de la cláusula sobre la reciprocidad de las inversiones extranjeras en medios de comunicación, que establece la ley de prensa, es la clave para comprender cómo el grupo PRISA de España llegó a  tener 211 frecuencias y casi el 40% de la inversión  publicitaria en el país, según Megatime.

Hace algún tiempo el Tribunal de la Libre Competencia (TLDC) decidió autorizar la compra de las Radios Horizonte y Oasis por parte de Canal 13, imponiendo como condición la prohibición de realizar ventas atadas y la obligación de mantener separados los negocios de radio y TV. El fallo, empero, no fue suficiente para  frenar  la concentración de la propiedad de la radio, ni sus efectos sobre la libertad de expresión.

Durante estos años hemos aprendido que la libertad de expresión es un derecho que el Estado debe garantizar. En Chile se sigue ignorando el desigual acceso a los recursos – económicos -simbólicos, políticos- que determinan la participación ciudadana en el debate público. Por lo tanto, como el propósito de la libertad de expresión es ampliar el libre intercambio de ideas, entonces es imperativa la intervención del Estado mediante políticas públicas que promuevan y desarrollen un sistema democrático de medios, capaz de amplificar la diversidad y la pluralidad de voces presentes en nuestra sociedad.