Bala locaManuel tenía casi 10 años menos que Juan Pablo. Al contrario de Jiménez, el joven de Macul no estaba vinculado al movimiento estudiantil, ni se encontraba protestando cuando una bala impactó su pecho y le quitó la vida en pocos minutos. Con más suerte que Jiménez, tampoco estaba solo –lo acompañaba su hermano Gerson Gutiérrez, en silla de ruedas- y los vecinos alcanzaron a ver la procedencia del disparo.

Sin embargo, a horas de lo ocurrido, las familias de Manuel Gutiérrez y Juan Pablo Jiménez se enfrentaron a versiones similares. “Descarto de plano la participación de Carabineros”, fueron las primeras declaraciones del general Sergio Gajardo, segundo jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, al ser consultado por la muerte del estudiante.

“Por el minuto no hay investigación interna, porque nosotros no tenemos dudas en la participación disparando armas de fuego por parte de personal nuestro“, recalcó el uniformado a La Tercera. Casi dos años más tarde, la Policía de Investigaciones sostuvo algo similar tras la muerte del sindicalista de Azeta.

“Realizados los peritajes balísticos respectivos, entrevistado a los colegas y compañeros de trabajo, y recabada una grabación de una de las cámaras de seguridad de la empresa, la línea investigativa nos orienta a que el señor Jiménez fue víctima de lo que comúnmente denominamos una bala perdida“, señaló el comisario Francisco Orellana, de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Pese a las diferencias de ambos casos, los hechos tuvieron por víctimas a dos personas de una misma clase social y han evidenciado un trato disímil por parte de la justicia y las autoridades. Un ejemplo gráfico de dicha realidad es lo ocurrido con el caso Luchsinger-Mackay, que a un año ya condenó a su supuesto responsable y fue seguido de cerca por las autoridades, que hasta celebraron el fallo.

 

El largo camino en búsqueda de verdad y castigo

JuanPabloJiménezLa familia de Jiménez, en cambio, aún está en ascuas. Según detalla Margarita Peña, abogada y vocera de los cercanos del sindicalista, han debido invertir más de 6 millones de pesos en los peritajes encargados a privados. Hasta el momento, a la casa de Ximena Acevedo, viuda de Juan Pablo, y sus hijos, no ha llegado ninguna autoridad a ofrecer ayuda.

“El Estado no es capaz de garantizarle ni siquiera una atención a una persona de esas condiciones”, manifestó la abogada. En tanto, la investigación continúa.

“Se continúan haciendo diligencias, apelando a pruebas científicas. El informe de la PDI establece que la bala es producto de un tiro parabólico, disparado a 1 kilómetro y 25 metros de distancia y según nuestros peritajes eso es imposible”, señaló Peña.

Como ya ha señalado la familia, el orificio que dejó la bala en el cráneo de Jiménez –un círculo perfecto- corresponde al de un disparo directo, por ende, la morfología de la huella de bala no avalaría la idea de la PDI, que señala que el dirigente fue impactado por un disparo procedente desde La Legua realizado por un menor de 16 años.

A los querellantes, por ahora, les interesa que la investigación siga en curso. “Si se fuera a juicio hoy día, se iría en base a la opinión de la PDI. Eso terminaría prácticamente sin culpables”, argumentó la abogada, que agregó que se encuentran “frustrados” por no haber logrado avances sustanciales en el proceso a un año de la muerte de Jiménez.

Más allá de probar una hipótesis, el interés de la familia de Juan Pablo, así como lo fue en el caso de Manuel Gutiérrez, tiene por objetivo hacer justicia, una que cada día es más esquiva cuando son los pobres quienes mueren en Chile.

Cuando muere un magnate o personas acomodadas, la justicia corre. En este caso no ha sido así, es más, todo lo que hemos logrado avanzar, ha sido a costa de pelear con el Ministerio Público para avanzar”, recalcó Peña.

Para las 19 horas de este jueves, cerrando una semana de actividades en la memoria y protesta por el caso de Jiménez, la familia convocó a una marcha que comenzará a las 19 horas en el frontis de la Biblioteca Nacional de Chile.