sepulveda

La muerte del joven Wladimir Sepúlveda, víctima de un ataque homofóbico, ha provocado una serie de reacciones, desde el Gobierno hasta organizaciones de la sociedad civil que han enfatizado en los límites de la llamada Ley Zamudio. En este contexto, el Colectivo Pan y Rozas cuestionó el cuerpo legal, el rol de los medios de comunicación y el papel que han jugado organizaciones de la diversidad sexual, como el Movilh. El texto es el siguiente:

“Tras seis meses de hospitalización por una terrible golpiza homofóbica que tuvo lugar en la ciudad de San Francisco de Mostazal, Región de O’Higgins, en octubre pasado el joven Wladimir Sepúlveda fallece, dejándonos sin respuestas a las y los no heterosexuales quienes exigimos justicia para todo el sector LGTTBI tras una ola de ataques no sólo en el país, sino también a lo largo del mundo como en Rusia, Bélgica o Uganda.

El gobierno de Piñera trató de parchar a través de una ley migaja anti-discriminación, la llamada Ley Zamudio, no es una forma de combatir la violencia cotidiana en las condiciones que vivimos en el sistema capitalista y patriarcal. Estos casos no son nuevos, han sido también parte de políticas gubernamentales las agresiones, y hoy fue Wladimir Sepúlveda, cuyo caso deja en claro solo una cosa: la impunidad que gozan los agresores cuando ocurren este tipo de ataques.

Los medios de comunicación y la justicia se mantienen diciendo que este ataque se debió a una “riña”, intentando esconder la real causa que es la homofobia, la cual hoy día naturalizan a través de sus discursos e intentan esconder la violencia homo, lesbo, transfóbica que no se detiene en las calles, en las casas y en todo lugar y que sigue cobrando vidas.

Hoy día, Cristopher Morales Flores, el único imputado por este ataque cumple reclusión nocturna mientras se desarrolla la investigación, reconociendo haber participado en la agresión pero reiterando que “no se trató de un ataque homofóbico”. Sin embargo, es éste vacío lo que hace que la Ley Anti Discriminación sigue manteniendo estos hechos en impunidad, pues esta ley no ataca fenómenos estructurales como la violencia a la que hoy nos vemos enfrentados. La insuficiencia de esta ley, como también la de femicidio, no tipifica, previene ni cautela a las y los no heterosexuales, sino que funciona posteriormente al hecho, intentando “integrarnos” a su manera al sistema bajo sus normas y dejándonos a la deriva de lo que determine el juez. Misma ley que el Movilh con Rolando Jiménez a la cabeza aplaudieron de pie esta ley, asegurando los derechos principalmente de homosexuales masculinos, blancos, profesionales y de clase media, ¿y el resto?

Debemos recordar que Bachelet en su pasado gobierno no realizó cambios estructurales que cambiasen la realidad ni de mujeres o no-heterosexuales, y hoy tampoco tenemos ninguna confianza en sus promesas, tal como la educación gratuita a 6 años y con letra chica, o la reforma tributaria y la creación de una nueva constitución. Esta desconfianza es producto de que los intereses de clase que tiene el empresariado son abismalmente distintos a los de la clase trabajadora, de las mujeres, estudiantes, mapuche y LGTTBI. Han sido los gobiernos pasados y el de turno los que nos explotan a diario en nuestros trabajos, con sueldos de hambre y malas condiciones laborales, negándonos el derecho a organizarnos por nuestras demandas, oprimiéndonos con una moral eclesiástica y conservadora impuesta en liceos y universidades y negándonos el derecho a trabajar a lxs compañerxs transexuales.

Llamamos a organizarnos en todos nuestros lugares de trabajo, estudio, organismos a repudiar este hecho”.