Pepe Auth, como dijo su hija, se “cayó”, se pegó un costalazo, se sacó la mierda, se dio como tres vueltas en el suelo y quedó lleno de mugre. Van Rysselberghe y Edwards, otro tanto. Un tuiteo de Gabriel Boric el día después aclaró más el sentido del proyecto de la reducción salarial: “Diputado Saffirio está presentando informe de Comisión investigadora del SENAME y solo hay 7 diputados de derecha en la sala. Impresentable.” El problema es más ese que la cuestión, a estas alturas pequeña, de los millones.

La discusión de estos dos días no versa sobre el dinero, ni sobre la distribución de los ingresos, evidentemente tampoco sobre la desigualdad –aun cuando todo ello es de una importancia innegable–, se dirige en cambio a dos cuestiones básicas en las que la política posdictatorial de “los acuerdos” mostró su creciente descomposición: la ética y las desigualdades en la redistribución del poder.

El marco blindado que cobijó a los autorizados durante más de veinte años, donde se negociaba un día los mecanismos de la gobernabilidad y al otro créditos blandos de la banca estatal a los grupos económicos, construyó los modos de reproducción social de sus habitantes con una ética bastante cuestionable. Allí se forjaba la administración civil del neoliberalismo al tiempo que se distribuían sillas de directorios públicos y privados, se transaban asesorías, se aseguraban cuotas de colocación de funcionarios y claro, se fijaba también el sueldo de los parlamentarios.

Es eso lo que este proyecto comienza a agredir, a nombre por cierto de una nueva ética en la política que se forjó en las calles, pero también desde un sentido común participativo, genuinamente democrático, contrapuesto de forma bastante clara con la opción cupular de la política.

De modo que si muestra brechas entre diputados como Boric y Jackson y los parlamentarios del Partido Comunista, ellas no están en el terreno de la economía sino de la política. Efectivamente la desigualdad no se podría combatir bajándole el sueldo a los parlamentarios, y seguramente a nadie más. Sería más bien cosa de subírselo a los trabajadores, lo que remite más a la lucha que a la negociación colectiva. Pero no importa, un mensaje del propio Boric ha entregado tranquilidad: “Hablamos con @camila_vallejo y nos confirma que apoya la idea de legislar sobre proyecto de la dieta parlamentaria. No descontextualicemos.” Respiramos aliviados.

Una política genuinamente democrática remite sin distracciones a una redistribución equitativa de la posibilidad de la práctica política. Eso es completamente distinto a una situación en la que una élite que se declara bienintencionada diga que gobernará para el resto, aun cuando eventualmente lo haga.

Los otros, los atrincherados detractores responden a una crítica ética con más faltas a la ética. Navarro sostiene la idea inaudita de que “una reducción generaría una mayor vulnerabilidad dentro de los parlamentarios. La dieta justamente está establecida para que los funcionarios tengan total autonomía y puedan desarrollar su trabajo sin ningún tipo de compromiso (…) Esta baja reduciría la independencia, ya que si no se tienen los recursos suficientes, se tendría que buscar otras actividades para conseguir apoyo, que terminarían incidiendo en su gestión”. ¿A partir de cuántos millones, en esa lógica, puede un parlamentario asegurarle a la ciudadanía su independencia?

La iniciativa de Boric y Jackson cuestiona centralmente la relación que ha venido estableciendo el parlamento con la sociedad chilena. El texto del proyecto dice expresamente que las sociedades pueden contener diferencias, pero no privilegios, que es lo que consagra la Constitución de 1980: “Ninguna otra remuneración a cargos públicos o privados se encuentran regulados en la Constitución, ni un principio referido al sueldo mínimo de los trabajadores de la Nación, ni el de otros cargos estatales”.

Al comparar el modo en que ha crecido el sueldo mínimo en los últimos años y la manera extremadamente diferente en que lo ha hecho el sueldo de los parlamentarios, lo que se está poniendo de relieve es una forma de desigualdad bastante más compleja que la de los ingresos –si bien la contiene–, que tiene más que ver con cuáles son los modos y los espacios en que estas cuestiones se resuelven, que con el contenido de las mismas. Una política genuinamente democrática remite sin distracciones a una redistribución equitativa de la posibilidad de la práctica política. Eso es completamente distinto a una situación en la que una élite que se declara bienintencionada diga que gobernará para el resto, aun cuando eventualmente lo haga.

Efectivamente es muy importante, como ha dicho Boric, debatir sobre el valor del trabajo en Chile, pero eso no debiera hacernos perder de vista que ese debate está enmarcado por un sistema de desigualdades de naturaleza política, que autoriza a unos y desautoriza a otros, que suspende la expresividad y las posibilidades de participación de la mayoría. Es precisamente ese régimen el que muestra su cara más cruda cuando se presentan estas iniciativas. Es precisamente por eso que el rechazo al proyecto ha tenido la transversalidad que ha tenido, recorriendo un espectro que va desde el MAS hasta la UDI, pues con seguridad, hoy es bastante más fácil encontrar adherentes de “buena voluntad” para “combatir” la desigualdad que para redistribuir las potencias políticas. A ese respecto la izquierda oficial mantiene una grave deficiencia.