¿Cómo surge esta instancia que les permite exponer ante la Comisión de Pensiones?
Después del mandato presidencial que conforma esta comisión asesora presidencial en el tema de pensiones, ellos tienen por mandato también recibir a aquellas organizaciones sociales que deseen presentar su punto de vista, de modo que no nos quisimos restar de estas instancias. Hoy expusimos ante esa comisión lo que es la propuesta de la Fundación SOL.
¿Cuáles son los puntos centrales de esa propuesta?
Durante la presentación primero hicimos un examen exhaustivo al sistema actual de pensiones creado en el año 81 por José Piñera, el que es muy particular a nivel comparado ya que hoy en día, más del 90 por ciento de la experiencia internacional indica que se ocupan los sistema de reparto. Es decir siguen plenamente vigentes. Mientras que eso no es así en Chile y la capitalización individual está conectada con el financiamiento de los grupos económicos, y aparece como un rasgo único a nivel mundial. Que no pasa además ninguno de exámenes de seguridad social que señala la OIT, como son por ejemplo la universalidad o la suficiencia de las pensiones. Hoy día la pensión promedio es cercana a 180 mil pesos, y el 90 por ciento de la modalidad de retiro programado no supera los 144 mil pesos.
Luego presentamos un modelo basado en los principios de la seguridad social, y también un modelo enfocado en lo que internacionalmente se conoce como beneficio definido, lo que quiere decir que las personas sepan toda su vida cuál va a ser la tasa de reemplazo, es decir qué porcentaje del último sueldo será la jubilación. . Hoy en día eso no supera el 33 por ciento en el caso de las mujeres, y un 44 en el caso de los hombres. Nosotros estimamos que esa taza de reemplazo debiera ser del 70 por ciento del último sueldo, por lo que postulamos la idea de un sistema de reparto donde las personas que están en edad activa financian a los que van saliendo a la jubilación. Ese sistema, en bases a estudios actuariales que hicimos con distintos supuestos y parámetros del crecimiento de la economía, del crecimiento demográfico y lo que pasa en el mundo del trabajo con los sueldos, es un modelo que permite financiarse perfectamente y no existe razón alguna para que el próximo año no se instaure en chile un sistema solidario de reparto.
No existe excusa para decir que no se puede hacer, es más bien un tema de voluntad política. Este modelo que planteamos se autofinancia hasta el año 2034 y después se aplicaría un aporte del Estado que permite financiarlo de manera sostenida hasta el 2065.
¿Eso sería utilizando los actuales fondos?
Exactamente. Aumentando la actual tasa de cotización aproximadamente de un 13 por ciento hasta un 20%, de manera progresiva y cumpliendo con el convenio 102 de la OIT, que menciona que el aporte que hace el empleado no puede superar la mitad de las cotizaciones. Evidentemente en ese caso el empleador tendría que poner el resto. Eso se financiaría con los flujos actuales que entran por cotizaciones y van financiando las pensiones con los que se van retirando. A partir del año 2034 se necesitaría de un fondo de reserva que sería de costo del fisco, pero que no sería nada significativo. Con esto se permite sostener el sistema hasta el año 2065 sin mayores problemas, con holgura.
Justo antes de ustedes también expuso “Felices y forrados”, que dentro de las reglas del juego del sistema de pensiones proponen un uso más inteligente de los fondos para sacar más provecho de éste, ¿cómo interpretan que ese tipo de visiones también sean recibidas el mismo día considerando que ambas distan bastante de parecerse?
Esta es una instancia abierta y forma parte de las instancias democráticas que existen ahora, y evidentemente cualquier organización puede ir a presentarse. A nosotros nos perece que la Comisión Asesora debiese ser la instancia para que estudien todo tipo de cambios, no tan solo algunos más bien paramétricos que son propuestos por actores que no les disgusta de manera absoluta el actual sistema de capitalización individual. De alguna manera, uno observa que existen intereses cruzados a veces de varias organizaciones. “Felices y forrados” es una organización que surge bajo el alero de lo que es la asimetría de información al momento en que las personas cambian de fondos, como por ejemplo del A al E. En el fondo presta ese servicio de asesoría financiera pero dentro del marco del sistema actual. Por lo tanto, difícilmente ellos van a apostar a una transformación radical ya que son una empresa, y se trata de un negocio.
¿Cómo sintieron que fue la recepción por parte de los miembros que conforman la comisión respecto de la propuesta que ustedes presentaron y cómo analizan la composición que los escuchó?
Hoy hubo muy pocos. Creo que debería hacerse un análisis de la lista de asistencia de todos los comisionados a todas las sesiones, pero hoy era muy diversa la composición. Había académicos como Claudia Sanhueza pero también estaba Martin Constabal, ex ministro de Hacienda en la dictadura de Pinochet. Obviamente él no comentó nada, pero sí hubo personas de la Cepal, que también forman parte de la comisión, y mostraron interés, realizaron preguntas para entender bien de qué se trata el sistema que proponemos. Nosotros llegamos a la conclusión de que debiese ser obligación también para la comisión de expertos, que estudien ellos mismos a fondo la posibilidad de establecer la viabilidad de un sistema de reparto. Eso no puede quedar fuera porque en caso contrario estaríamos hablando de una comisión que nace con una idea preconcebida. Ese no puede ser el objetivo de una comisión que supuestamente debe ver alternativas de sistemas de pensiones.
De todas maneras, el hecho de que el Gobierno haya lanzado la propuesta de AFP Estatal en su momento se interpretó como una contradicción al mantener funcionando en paralelo esta comisión, ya que da luces de continuidad del actual sistema más que de transformaciones.
Sí, nos parece inconsistente que se plantee la propuesta de una AFP Estatal, que profundiza y legitima la opción de la capitalización individual por sobre cualquier otro tipo de alternativa, como evidentemente podría ser el sistema de reparto. Entonces, si las autoridades esperan que esta sea pieza transitoria de una reforma más estructural, en nuestra forma de ver no demuestra ser el camino más adecuado. Acá, antes que todo, hay una decisión que es política más allá que técnica. La técnica se supedita a una decisión política, y esa decisión es la que se tiene que definir. Si se opta por un sistema solidario de reparto, se tiene que estudiar la manera para que eso resulte. Pero eso no tiene una claridad en el horizonte.
Ustedes mismos han indicado que además existen intereses de políticos en conformar los directorios de las AFP. ¿Eso permite establecer por dónde vienen los cambios?
Claro. Cuando se revisan los registros de quienes han sido los directores y además de los que les gustaría ser, y que se inscriben en un registro, se puede ver que hay una centena de personas que han pasados por cargos públicos, tanto del gobierno de la Alianza como los de la Concertación. Por lo tanto, existen conexiones políticas en lo que son las AFP y las personas que manejan el país. Pensemos que esto no sólo involucra a los partidos de derecha que defienden el sistema de AFP, sino que también involucra a personas de la DC como Ximena Rincón, actual ministra (Segpres) fue directora de AFP Provida; Hugo Lavados, ex ministro y superintendente en el pasado, también fue director de AFP Cuprum. Y así un número importante de personas de la DC, entre ellos varios ex ministros como Marigen Hornkohl, Karen Poniachick, José Pablo Arellano, quienes están en la lista de los que quieren ser directores de AFP. También del PS no se salvan. Está José Antonio Viera-Gallo y unos cuantos están en la lista para ser directores. De alguna manera eso muestra una preferencia por mantener el actual sistema.
Considerando eso, ¿cuáles es su esperanza de que el sistema de reparto sea una opción concreta?
Para nosotros fue muy importante ir a la comisión, ya que con ello queda clara una alternativa que también han presentado varias organizaciones sindicales, y como también lo hizo la coordinadora No más AFP. Varios hemos presentado la viabilidad concreta de establecer un sistema de reparto y si eso no se lleva a cabo, las autoridades tendrán que dar una explicación bastante convincente a la ciudadanía del porqué ni siquiera se estudió, o porqué no se considera como una opción posible.
