De plebiscitos nacionales y asamblea constituyente: Ese largo y estéril camino legislativo

Un importante escollo presente en todo proceso que requiera de una gran fuerza movilizadora – e incluso necesite mantenerse en el tiempo- es lidiar con la sensación, muy humana en todo caso, de creer que el mundo comienza con uno.  Que solo cuando uno se involucra la demanda, causa o movimiento alzará el vuelo.  Es el individualismo que nos hace pensar que solo nuestro aporte es importante, pecando de una falta de sentido colectivo que, lamentablemente, muchas veces entrampa la transformación que muchos buscan.

La exigencia por dotar a Chile de una nueva Constitución mediante una asamblea constituyente no carece de aquello.  Son muchos los que se van sumando (todos necesarios al ser una tarea titánica) y que creen que el proceso partió con ellos.  Desconocen así que es esta una causa intergeneracional, inserta en el origen de lo que entendemos por democracia, de la disyuntiva sobre la distribución del poder para la toma de decisiones sobre el colectivo.

Sin necesidad de remontarse a la Revolución Francesa, en la propia discusión de la Comisión Ortúzar -que fue el pilar de la actual Carta Fundamental- constitucionalistas como Francisco Cumplido, Enrique Evans y Juan de Dios Carmona plantearon la necesidad de una asamblea que legitimara el naciente cuerpo legal.  El ex Presidente Eduardo Frei Montalva,  el transversal Grupo de Estudios Constitucionales (conocido como “Grupo de los 24”), la Alianza Democrática y una parte importante de la oposición a la dictadura de Augusto Pinochet hicieron lo propio años después.

Desde los 90 en adelante, múltiples organizaciones han continuado la posta vital de tan relevante demanda: Ciudadanos por la Asamblea Constituyente, la Red de Estudiantes y Ciudadanos de Chile por la Asamblea Constituyente, Mujeres por la Asamblea Constituyente, el Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, la Mesa Social por un Nuevo Chile, Marca tu Voto, el Manifiesto de los Pueblos Indígenas por una nueva Constitución, el Manifiesto Plebiscito por una nueva Constitución, han sido parte del proceso.

Son estos los antecedentes de la hora presente, con bancadas por la asamblea constituyente tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.  Y cuyo objetivo expreso es presentar uno o dos proyectos de ley que viabilicen esta histórica aspiración. Una de las alternativas es que el pueblo de Chile defina mediante plebiscito el mecanismo para el cambio de la Carta Fundamental.

Pero más allá de esta coordinada ofensiva parlamentaria, es preciso recordar que no es la primera vez que desde el Congreso o el Ejecutivo se plantea ampliar las posibilidades para convocar a un referéndum para temas de alto interés nacional, incluida la convocatoria a una asamblea constituyente.  Lo paradójico es que varios de quienes hoy se desmarcan de cualquiera de ambas figuras (plebiscito o AC) no tuvieron problema alguno en patrocinar en el pasado iniciativas que apuntaban al mismo fin.

El largo camino parlamentario

Desde hace dos décadas parlamentarios de diversos sectores han planteado el plebiscito como el principal mecanismo para responder a controversias relevantes para el país, mientras otros han respaldado la asamblea constituyente como la vía más legítima para definir una nueva Constitución.    Son más 15 las iniciativas relacionadas, ninguna de las cuales ha visto la luz.

Lo paradójico es que pasado el tiempo algunos de ellos se muestran dubitativos.  Entre ellos, los presidentes de las comisiones de Constitución del Senado Felipe Harboe y de la Cámara Ricardo Rincón.  Y, también, el presidente de la Democracia Cristiana Ignacio Walker.

¿Oportunismo al momento de presentar los proyectos?  ¿Actual arrepentimiento repentino?

He aquí la secuencia.

Luego de varios intentos por democratizar los procedimientos de plebiscitos comunales (boletines 1212-06, 1231-07, 1343-07 y 1350-07, todos archivados), fue a dos días de la conmemoración del séptimo aniversario del triunfo del No, el 3 de octubre de 1995, que un grupo de diputados presentó un novel proyecto para ampliar las facultades del Presidente para convocar a referéndum nacional “en caso que el Congreso rechace un proyecto de reforma constitucional de su iniciativa”.  Si tal propósito hubiera avanzado (fue archivado en 1998), hoy existiría el mecanismo institucional para convocar a una asamblea constituyente.  Uno de sus impulsores fue el DC Ignacio Walker junto a sus camaradas José Miguel Ortiz, Renán Fuentealba, Aldo Cornejo y Andrés Aylwin, y a los PS José Antonio Viera-Gallo y Juan Pablo Letelier.  En esos tiempos el actual líder DC sí creía en esa mala costumbre de preguntarle directamente a la gente.

Al año siguiente, en 1996, un grupo más amplio de diputados DC reincidió en esta subversiva idea.  En la misma.  A Ortiz y Aylwin se unieron Gabriel Ascencio, Ignacio Balbontín, Sergio Elgueta, Juan Carlos Latorre, Roberto León, Sergio Ojeda, Exequiel Silva.

Debieron pasar 3 años para que por primera vez el Ejecutivo, en ese entonces bajo la conducción de Eduardo Frei, enviara un proyecto en el mismo sentido, permitiendo al Presidente, bajo determinadas condiciones, convocar a la ciudadanía para zanjar una controversia sobre una reforma constitucional de su autoría rechazada por el Congreso.  Se flexibilizaba así la figura vigente (hasta hoy), notablemente más restrictiva.

El año 2000, ingresaron dos proyectos, con dos días de diferencia, para avanzar en reformas sustantivas a la Constitución: El 4 de julio bajo la autoría de Andrés Chadwick (UDI), Sergio Díez (RN),  Hernán Larraín (UDI) y Sergio Romero (RN); el 6 de julio de Sergio Bitar (PPD), Juan Hamilton (DC), Enrique Silva Cima (PRSD) y José Antonio Viera-Gallo (PS).  La versión de la Concertación incluía ampliar la figura sobre los referéndum nacionales: “El Presidente de la República podrá consultar también a la ciudadanía mediante plebiscito si una de las Cámaras rechazare totalmente el proyecto de reforma constitucional iniciado por mensaje que hubiere aprobado la otra, o lo introdujere modificaciones sustanciales que fueren rechazadas por la cámara de origen”.  Por cierto, tal párrafo no quedó incluido en la Ley 20.050 promulgada en 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos.  La  norma fusionó ambas iniciativas y derivó en la publicación del Decreto 100 del 17 de septiembre del mismo año que fijó el “texto refundido, coordinado y sistematizado” de la Carta Fundamental (conocida desde ese momento como la “Constitución de Lagos”) que llevó al líder del progresismo decir que “tenemos hoy por fin una Constitución democrática… que ya no nos divide”.

Seis años después una nueva iniciativa insistió en flexibilizar la convocatoria a plebiscito nacional.  Fue presentada en 2006 los diputados Juan Bustos (PS), Antonio Leal (PPD), Eduardo Saffirio (PDC) y Laura Soto (PPD).  En 2008 sus colegas Enrique Accorsi (PPD), Isabel Allende (PS), Juan Bustos (PS), Francisco Chahuán (RN), Marco Enríquez-Ominami (ind), Alvaro Escobar (ind), Carlos Montes (PS), Alberto Robles (PRSD), Carolina Tohá (PPD) y Patricio Vallespín (PDC) perseveraron en la idea de “una reforma constitucional que amplía el ámbito de aplicación del plebiscito”.  Fue esta la primera vez en que un parlamentario de la Alianza se sumó a una iniciativa de este tipo: el integrante de Renovación Nacional Francisco Chahuan.  Y también, donde se presentó un análisis comparado internacional que incluyó el exitoso proceso constituyente de Colombia.  Ese mismo año un solitario Pablo Lorenzini se la jugó con la propuesta para “ampliar ámbito de plebiscito en materia de reforma constitucional y de incorporar al referéndum como forma de democracia directa en materia legislativa”.

En enero de 2011 un aún más transversal grupo de diputados volvió al ataque: Alberto Cardemil (RN), Felipe Harboe (PPD), Tucapel Jiménez (PPD), Luis Lemus (PS), Pablo Lorenzini (PDC), Iván Moreira (UDI), Adriana Muñoz (PPD), Jorge Tarud (PPD) y Orlando Vargas (PPD) se la jugaron por una “reforma constitucional que establece la posibilidad de llamar a plebiscito, cuando se trate de materias relevantes para el país”.

Fue al fragor de las movilizaciones estudiantiles y contra HidroAysén que los aires democratizadores inundaron al Congreso.  Entre 2011 y 2012 se presentaron 7 proyectos, tanto para viabilizar el referéndum nacional como la propia asamblea constituyente.  Tanto así que muchos de quienes hoy se manifiestan contrarios se subieron a la fiesta de la democracia directa.

Con las calles tomadas y en pleno cuestionamiento a la vía institucional para dar una salida a la convulsión social Sergio Aguiló (IC), Cristina Girardi (PPD), Felipe Harboe (PPD), Tucapel Jiménez (PPD), Roberto León (PDC), Karla Rubilar (RN), Marcelo Schilling (PS), Alejandra Sepúlveda (PRI), Guillermo Teillier (PC) y Pedro Velásquez (ind) propusieron en julio de 2011 una “reforma Constitucional para establecer el plebiscito en temas de interés nacional.  Ese mismo mes les siguieron en el Senado Carlos Bianchi (ind), Carlos Cantero (RN), Antonio Horvath (RN) y Eugenio Tuma (PPD), con la idea de una reforma a la Carta Fundamental para convocar “plebiscito ciudadano para el año 2012” (archivado recién, el 29 de julio de 2014).

Pero al parecer el horno no estaba para reformas aguachentas.  El 18 de julio fue propuesto, por un amplio grupo, un cambio radical: por vez primera se incorpora la asamblea constituyente como una de las opciones de cambio a la Carta Fundamental. Fue el proyecto de Sergio Aguiló (IC), Osvaldo Andrade (PS), Pepe Auth (PPD), Aldo Cornejo (PDC), Alfonso De Urresti (PS), Marcelo Díaz (PS), Marcos Espinosa (PRSD), Marcelo Schilling (PS), Alejandra Sepúlveda (PRI), Guillermo Teillier (PC), que permitía al Congreso, por mayoría de sus miembros, convocar a esta instancia o mediante la iniciativa de 500 mil ciudadanos.  Desde esa fecha, no ha salido de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Al mes siguiente, la democracia directa sobre temas esenciales volvió a concitar apoyo.  Un amplio grupo de militantes del Partido Por la Democracia se compró la idea: Enrique Accorsi, Pepe Auth, Guillermo Serrón, Ramón Farías, Rodrigo González, Adriana Muñoz, Marco Antonio Núñez, Jorge Tarud, Joaquín Tuma y Orlando Vargas presentaron el proyecto que, mediante modificación constitucional, establece “el plebiscito como medio de participación ciudadana”.  La convulsión generada por el movimiento estudiantil algún efecto tenía sobre el ánimo democratizador de nuestros representantes.  Aunque no tanto: la posibilidad de asamblea constituyente no fue incluida en las materias consultables.

A los pocos días entró en escena un actor de peso.  El senador socialista que un año más tarde diría que proponer AC era fumar opio también se abrió a los aires participativos.  Camilo Escalona, junto a su par del MAS Alejandro Navarro y al hoy ministro de Justicia radical José Antonio Gómez, presentó el 10 de agosto (un día después del proyecto del grupo PPD) la idea de permitir a los ciudadanos presentar proyectos de ley e incluso proponer plebiscitos con un número determinado de firmas.  La iniciativa fue archivada el 14 de marzo de este año.

Pero algo ocurrió.  Porque no pasó un año para que el hoy ex parlamentario retrocediera en sus ímpetus democráticos y junto a Carlos Bianchi (ind), Carlos Cantero (ind), Ricardo Lagos (PPD) y al experto en cocina con pocos y conspicuos participantes Andrés Zaldívar (PDC) diera nacimiento a la idea de reformar la Constitución mediante una comisión bicameral.

La primera vez que aparece –en términos legislativos- la opción de consultar al pueblo de Chile sobre el mecanismo para cambiar la Constitución, incluida la asamblea constituyente, fue el 12 de junio de 2012.  Ese día los diputados Sergio Aguiló (IC), Gabriel Ascencio (PDC), Lautaro Carmona (PC), Guillermo Ceroni (PPD), Marcos Espinosa (PRSD), Rodrigo González (PPD), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Luis Lemus (PS), Ricardo Rincón (PDC) y Gabriel Silber (PDC) ingresan el proyecto de ley que plantea que “podrán plebiscitarse todo tipo de asuntos de interés público, ya sean de rango administrativo o legal, incluida la convocatoria a Asamblea Constituyente”.  En el grupo llama la atención Ricardo Rincón, actual presidente de la Comisión de Constitución, que cero movimiento ha dado a la iniciativa que en algún momento patrocinó.  Mención aparte merece recordar que esta se originó por la bullada toma en la sede del Congreso en Santiago, ocurrida el 20 de octubre de 2011.

El último intento por materializar la vía institucional para una asamblea constituyente lo protagonizó en septiembre de 2012 el ex senador José Antonio Gómez junto a sus pares Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (MAS), Jaime Quintana (PPD) y Fulvio Rossi (PS).  La intención fue replicar en Chile el exitoso movimiento estudiantil colombiano Séptima Papeleta (mencionado en el proyecto de 20006), que mediante el depósito de un voto extra en las urnas de las elecciones generales de marzo de 1990 obligó a la institucionalidad a convocar una asamblea constituyente, origen de la actual Carta Fundamental.  Este proyecto fue fruto de la coordinación con los movimientos que impulsan esta demanda y pretendía instalar una cuarta urna (tercera en el caso de las regiones sin elecciones senatoriales), para un referéndum constituyente. Como se sabe, la idea no logró su objetivo.

Normalizando una demanda

Largo ha sido el tránsito legislativo por devolver a los chilenos la potestad de decidir su futuro.  Múltiples proyectos dan cuenta de que la demanda de ampliar el ámbito de acción de los plebiscitos e, incluso, de una asamblea constituyente, no es un planteamiento de una simple minoría.

Más aún, han sido múltiples los intentos por institucionalizar la exigencia, que producto del propio sistema antidemocrático vigente no han podido prosperar.

El desafío hoy es aunar todas las voluntades.  Con una ciudadanía informada y movilizada que sea capaz de monitorear el actuar de sus legisladores y, en caso de necesidad, sacarles al pizarrón cuando muten de discurso o sean incoherentes en su accionar.  ¿No se trata de aquello la política?

Mejorar la calidad de nuestra democracia no es solo responsabilidad de quienes se dedican a la política.  Es también de ciudadanos atentos que sean capaces de generar contenidos con sentido para la acción colectiva.

Este artículo es parte de esa tarea.  Como dijimos al principio, no la primera ni la última, solo una más en el proceso colectivo contemporáneo e intergeneracional de todo proceso que realmente valga la pena.