Hector Morales FACSOLa Guerra del Pacífico (1879-1884) tuvo como corolario la anexión del norte de Chile (I, II y XV regiones) con territorios económicamente muy importante por la explotación de salitre y por la disponibilidad de puertos hacia el Océano Pacífico. La guerra concluyó añadiendo una región peruana y boliviana, esta última denominada  Departamento del Litoral, el cual se dividía en dos provincias: La Mar (con capital en Cobija) y Atacama (con capital en San Pedro de Atacama), que comprendía desde la costa hasta gran parte del desierto y la Puna precordillerana de Los Andes. Esto tiene como consecuencia la incorporación de habitantes bolivianos de ciudades, asentamientos rurales en quebradas y oasis a la nueva jurisdicción chilena, debiendo cambiar su nacionalidad formalmente o desplazarse a territorio jurisdiccional de Bolivia.

Desde mediados de siglo XIX en adelante, existió en esta zona de frontera una gradación socioeconómica que diferenciaba a indígenas de los grandes propietarios y comerciantes. Las familias indígenas, sin embargo, presentaban importantes diferencias según su disponibilidad de medios productivos o capital, así encontraremos indios propietarios, trabajadores independientes o asalariados. La sociedad local de esta zona anexada de fines del siglo XIX, está compuesta por familias propietarias españolas, cholos o criollos; argentinos, bolivianos o chilenos, los documentos de la época diferencian claramente diversos sujetos sociales, donde los indígenas atacameños serán diferentes de la población boliviana criolla y chola.

“Los documentos del Archivo Judicial de Antofagasta, del Archivo Nacional y del Archivo Militar encaran diversos puntos ciegos de la memoriografía regional, hitos historiográficos que son fundamentales para comprender la transformación social e institucional del área al instaurarse la soberanía chilena. Chapetones y cholos, criollos y mestizos; españoles, argentinos, bolivianos o chilenos, los documentos diferencian claramente a los indios, también llamados naturales o indígenas. Hasta hoy, son precisamente estos cercos racializados los que dan cuerpo y color a las desigualdades en las relaciones económicas de la región entera…” (Barros 2008: 120).

El escenario social en Atacama a inicios del siglo XX es complejo, estratificado y jerarquizado, con un grupo social de medianos propietarios y comerciantes blancos, con medianos y pequeños propietarios indígenas que administran la producción de sus pequeñas pero fértiles tierras, ubicadas en lugares con fuertes límites dados por la capacidad de irrigación y las restricciones que impone el desierto.

Un segundo momento importante, es la posible guerra con Argentina (1978) que restringe las relaciones e intercambios familiares y económicos fronterizos,  militarizando la línea de frontera a través  de la instalación de minas antipersonales. El Gobierno Militar además implementará leyes que fueron configurando el escenario jurídico-político necesario para el asentamiento de un orden neoliberal. Leyes tales como la de Regionalización (1975), la Ley de Municipalidades (1980), un nuevo Código de Aguas (1981) o la Ley Orgánica de Concesiones Mineras (1982). Estas leyes permiten un fuerte desarrollo industrial minero y  la conformación de municipios fronterizos como el de Ollagüe y San Pedro de Atacama que permitirán un mayor control de las poblaciones y  territorios.

Ambos momentos, sumada a la neoliberalización, traen consigo un férreo control social, fronterizo y una hegemonía de la identidad ciudadana chilena sobre otras identidades regionales, locales y étnicas. La sociedad  chilena nortina, lejos de ser un grupo homogéneo, está cruzada por fuertes divisiones sociales dentro de un orden jerárquico que permite la visibilidad de grupos chilenos integrados y otros menos proclives a la integración. Estos últimos descalificados, según los testimonios recopilados, por sus conductas refractarias al orden moral y jurídico nacional chileno, nos referimos a los grupos denominados collas, quechuas, indios o runacos todos reunidos bajo la categoría de “boliviano” o “extranjero”.

Cabe mencionar que dicha descalificación no sólo responde a agrupaciones sociales específicas, sino también a comportamientos individuales y sociales asociados a borracheras, mal hablar del castellano, higiene personal, vestimenta, fiestas, celebraciones y alimentación, entre muchos más.  La fórmula que permite este propósito es la distinción chileno/boliviano, la que se levanta sobre una estructura social clasista y racista, que jerarquiza a la propia población chilena, y  también inmigrantes bolivianos, sobre la base de los comportamientos y hábitos lingüísticos, sociales y por supuesto también por el color de piel de las personas.

La distinción nacionalista chileno/boliviano, artificiosa y racista da cuenta de una estructura social de inclusión y exclusión de población, esto converge problemático con las nociones de diversidad ciudadana y cultural.

Finalmente, esta generación de políticos, militares e intelectuales tiene en sus manos la posibilidad de adentrarnos jurídica y socialmente a una nueva época de relaciones diplomáticas y sociales con los nuestros. Mar para Bolivia, debe ser el inicio de un proceso de Verdad Histórica binacional, Reparación y un Nuevo Trato soberano de diversidad ciudadana multicultural.

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Dr. Héctor Morales. Académico del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile