patricio hermanEl caso Penta es uno de los episodios que ha tenido mayor cobertura de prensa porque las triquiñuelas que elaboraban sus controladores eran variadas para evitarse el pago de impuestos, con lo cual los resultados de sus balances arrojaban utilidades muy sustanciosas.

Hugo Bravo, ex hombre de confianza de Délano y Lavín, haciendo gala de una memoria espectacular, en sus declaraciones ante los fiscales del Ministerio Público les está entregando una profusión de datos con los cuales se está configurando la operación denominada “el dinero en el sector privado es más eficiente”, introducida por ellos, maniobra que no ha sido aceptada ni por el Servicio de Impuestos Internos (SII) ni por nadie que se precie de serio.

Ahora bien, la prensa sobre todo la que publica en la V Región de Valparaíso, también ha estado divulgando noticias respecto de la construcción ilegal de un mall en Viña del Mar, denominado Marina Arauco II de las empresas Paris de Cencosud, Ripley y Parque Arauco. Quien levanta las obras desde octubre del año 2013 es la constructora Desco, acogiéndose a un permiso de edificación de junio del año 2000, cuando las normas urbanísticas en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar eran bastante más permisivas que las actuales. El inversionista no desea ceñirse a la ley porque eso significaría que su lucro sería bastante menor que el que está pretendiendo a través de su sagacidad mercantil.

En razón a que el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) establece con meridiana claridad que este tipo de permisos caducan a los 3 años desde que han sido emitidos por las Direcciones de Obras Municipales, si no se dan ciertas condiciones fijadas en el mismo artículo, los vecinos del sector denunciaron la viveza del titular inicialmente en la Municipalidad de Viña del Mar y en la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, sin que estas instancias exigieran al titular del proyecto el respeto por el marco regulatorio.

Ante esa realidad tan anómala, los vecinos se vieron en la necesidad de recurrir ante la Contraloría General de la República, la que en su dictamen Nº 95979 del 11/12/14 exigió a los funcionarios públicos sectoriales que se certificara la caducidad del permiso cursado hace casi 15 años, teniéndose presente que los dictámenes del ente contralor son vinculante para la Administración. La sede central de la Contraloría remitió todos los antecedentes a su sede regional de Valparaíso para que “mediante la instrucción de un procedimiento disciplinario investigue las situaciones observadas en lo que concierne a la caducidad del permiso de la especie…” (sic)

Pero hasta ahora el Director de Obras no se ha dado por aludido de la resolución en comento y el Seremi Regional, quien tiene mayor jerarquía, tampoco instruye a su subordinado para que certifique la caducidad del permiso trucho. Con este tipo de abandono de deberes ambos funcionarios están actuando como meras comparsas de los grupos económicos especialistas en el retail y por ello, acorde al artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), quien deberá asumir su rol conductor es el Jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) : entendemos que esta autoridad emitirá una circular interpretativa de alcance nacional respecto de la situación en particular para así evitar un nuevo hecho ilegal consumado.

Debemos tener presente que la Corte Suprema, sobre el artículo 1.4.17 de la OGUC, hace poco tiempo atrás ya emitió un fallo respecto de la caducidad de un permiso de edificación de 2 torres habitacionales de 24 pisos cada una de la empresa Costa de Montemar en Concón.

Como resultado de esa sentencia judicial ahora esta empresa ha solicitado un permiso para edificar con la altura de 4 pisos que es la correcta en el PRC de Concón, asunto que le dimos a conocer el 02/02/15 al Jefe de la DDU del Minvu con el propósito de que su alta función en el aparato del Estado exija a los díscolos funcionarios porteños que el cumplimiento del marco regulatorio es imperativo para atacar la corrupción y porque no queremos un Penta Inmobiliario.