El proyecto de ley sobre despenalización de ciertos casos de aborto, recientemente presentado por la Presidenta de la República, constituye el intento más publicitado que ha tenido lugar hasta la fecha por superar el estado de cosas vigente en el país a partir de la reforma de 1989 al Código Sanitario, mediante la cual la dictadura militar derogó la llamada indicación terapéutica, vigente desde 1931, en un intento postrero por enervar cualquier iniciativa política orientada a extender el ámbito de justificación del aborto que pudiera emprender un probable gobierno dirigido por la coalición entonces opositora. Si bien el proyecto es una señal más bien positiva, ya que por lo menos abre un debate hasta ahora mezquinado, hay una serie de consideraciones que me llevan a concluir su insuficiencia y, lo que es peor, la ausencia de voluntad política por parte de quienes detentan el gobierno y la (nueva) mayoría parlamentaria, de tratar el tema con seriedad y darle una solución practicable y sensata a las decenas de miles de mujeres que abortan en Chile año a año.

El principal problema del proyecto –al margen de otras cuestiones técnicas, a las que no me referiré en esta columna- es la relativa insignificancia estadística de los casos de aborto a los que el proyecto se limita, lo que muestra que este último está derechamente fuera de foco. Si tomamos como referencia la experiencia comparada, los casos de inviabilidad extrauterina del feto, peligro para la vida de la madre y embarazo causado por un atentado sexual, representan una proporción mínima del total de intervenciones practicadas, por lo que restringir una regulación global del ámbito de justificación posible del aborto a estas hipótesis implica negarse a tratar seriamente el problema. En la sociedad industrial y post industrial contemporánea, el aborto es practicado sólo por excepción como una medida sanitaria in extrema ratio. Su uso fundamental es para lidiar con situaciones de necesidad social asociadas al embarazo y la maternidad, que son producto del rol de la mujer en el sistema de relaciones sociales de producción: ante la incorporación masiva de la mujer a la economía, le ha sido imposible a ella compatibilizar la realización de su capacidad productiva con la realización de su capacidad reproductiva y el ejercicio pleno de su sexualidad. Esa coyuntura social es insoluble al margen del control de natalidad, y ahí donde este no está suficientemente disponible, abunda el aborto. La propaganda “pro life” a nivel mundial –y desde luego también en Chile- insiste en fijar como paradigma del aborto electivo el que está motivado por embarazo adolescente, producto de un ejercicio irresponsable y prematuro de la sexualidad de las jóvenes. Si bien ese caso es significativo y precisa de una política social razonable y eficaz, está muy lejos de constituir el caso paradigmático de aborto en la sociedad contemporánea. El caso más relevante es, por lejos, el de la mujer de mediana edad, casada y con hijos, que o trabaja o está en una cierta situación de precariedad, de modo que continuar procreando le significa una carga excesiva. Y el radicar exclusivamente en esa mujer el riesgo de embarazo implica privarla de sexo: esa es la única manera completamente segura de que no se ponga a sí misma en riesgo de tener que abortar. Esa es, desde luego, una solución inaceptable y por lo demás, impracticable. Incluso una política conservadora en materia de aborto, debe necesariamente reconocer que frente a ciertas circunstancias, el deber de tolerar el embarazo (en caso de que el aborto esté sujeto a una prohibición básica) a la mujer le es inexigible.

En la medida que haya amplia disponibilidad de anticonceptivos, la tasa de aborto se mantiene baja y controlada, pero jamás llega a cero. Paradigma de ello es Holanda, donde la tasa anual de aborto es de catorce por cien nacimientos, una de las más bajas del mundo. Si dichas medidas fallan o son derechamente inexistentes, la tasa de aborto se dispara. Paradigma de ello es Rusia, donde por cada nacimiento hay un aborto. Cabe señalar además, que la existencia de aborto legal no es un factor que incida especialmente en la tasa de aborto, allá donde hay mecanismos de control de natalidad efectivos, como es el caso holandés, cuya legislación es una de las más liberales imaginables. La prohibición penal del aborto, en cambio, precariza las condiciones bajo las cuales este se practica y expone a las mujeres a riesgos sanitarios y a humillaciones inaceptables, sin que por ello la tasa de aborto disminuya.

Si el gobierno realmente se toma en serio la tarea de solucionar los problemas derivados del aborto clandestino, e incluso si considera dentro de sus fines la protección de la vida en gestación, no puede pretender sentirse orgulloso de un proyecto tan insuficiente como que acaba de presentar, por mucho que “sea mejor que nada”. Una discusión verdaderamente “profunda y madura” no puede sustraerse de considerar la fisonomía real del problema del aborto, que no es otra que el hecho testarudo e incómodo, de que el aborto es una necesidad social para la mujer, acaso amarga, pero absolutamente ineludible en un mundo en el que la anticoncepción es todavía insuficiente.

*Abogado, U. de Chile, Becario Conicyt, actualmente cursa estudios de doctorado en la Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn, Alemania.