davalos bacheletNuevas irregularidades han surgido en torno al negocio que levantó la nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, junto al hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos Bachelet, gracias al crédito de 6 mil 500 millones de pesos que consiguieron con Andrónico Luksic para comprar un terreno en la comuna de Machalí.

En un reportaje de investigación que Ciper publicó este viernes, se revela el vínculo existente entre la empresa del matrimonio, Caval Ltda, y una profesional del municipio de la sexta región que resultó clave para que la compañía se hiciera con 2 mil 500 millones de pesos de un plumazo.

Se trata de la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, sobrina del anterior dueño de los terrenos Santa Cecilia, Santa Elena y San Diego, que tasó el predio para Caval al mismo tiempo que trabajaba para la municipalidad de Machalí precisamente en el cambio del uso de suelo de los mismos terrenos.

“Informe de Tasación terreno 44 Há. Santa Elena-Santa Cecilia-San Diego Machalí-VI Región” se llama el estudio sobre las propiedades que Wiesner S.A. tenía a la venta.

Ciper relata que el documento titulado “Planning Group” y la firma de la profesional de la Universidad de Chile, sintetiza que: “La Seremi MINVU (Ministerio de Vivienda) de la VI Región se encuentra tramitando una modificación a su actual Plan Intercomunal, donde se incorporan los predios San Diego y Santa Cecilia al área urbana. Para el mes de julio (2013) se planifica la aprobación de esta iniciativa en el CORE (Consejo Regional), la que luego debe ser sólo ratificada en Contraloría para ser publicada posteriormente en el Diario Oficial. Con la propuesta ‘en trámite’ las 40 há. (Santa Cecilia y San Diego) tienen un valor actual de 1 UF (el metro cuadrado) y el predio de 4 há tiene un valor comercial de 6 UF”.

Ross añade en su informe que “además, se incorpora la vía (camino) Santa Elena, la cual colinda con el predio Santa Cecilia por el sur, lo que hace que este terreno sea estratégico al estar conectado con dos vías de importancia (Carretera El Cobre por el norte y la vía Santa Elena por el sur)”. Y agrega: “los predios Santa Cecilia y San Diego pasarían a tener la condición de urbanos con una densidad promedio de 120 habitantes por hectárea, lo que los hace buenos paños para el desarrollo de proyectos inmobiliarios para la zona”.

Cynthia Ross Wiesner tasó el predio para Caval al mismo tiempo que trabajaba para la municipalidad de Machalí precisamente en el cambio del uso de suelo de los mismos terrenos.

Cuando Cynthia Ross elaboró este informe en calidad de asesora de su tío, Patricio Wiesner, representante legal de la empresa propietaria de los terrenos en ventase desempeñaba en paralelo como funcionaria de la Dirección de Obras de Machalí, precisamente mientras se desarrollaban las negociaciones entre Wiesner y Caval que finalmente cerró el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín.

Ciper da cuenta que Ross llegó a la municipalidad en marzo de 2013 y en su contrato, firmado por el alcalde José Miguel Urrutia Celis (UDI), se lee que desempeñará “las funciones que el Director de Obras requiera; asesoría a la Municipalidad referida a estudios del Plan Regulador Comunal; apoyo en lo referido a las enmiendas, modificaciones y demás estudios que la Municipalidad requiera al Plan Regulador Comunal; y realizar propuestas a futuras modificaciones al Plan Regulador Comunal y Plan Regulador Intercomunal”.

A pesar del informe elaborado por la arquitecta, la proyección de ganancias estimada por la sobrina del dueño de los predios no se concretó por la oposición del actual alcalde de Rancagua, Eduardo Soto (UDI), quien condicionó la luz verde para el cambio de uso de suelo al mejoramiento de la red vial de la zona por parte del gobierno.

El negocio entre Wiesner y Caval, sin embargo, se concretó de todas formas, con un pago de UF 0,6 el metro cuadrado, un valor satisfactorio para el vendedor.

Ciper destaca que mientras los abogados de Caval, Grace Álvarez y Antonio Garafulic, aseguraron en entrevista con El Mercurio que “no hay funcionarios públicos que hayan facilitado información”, el medio además de dar con la doble asesoría de Ross Wiesner accedió a un correo electrónico del director de Obras de Machalí, Jorge Silva Menares, a Mauricio Valero, socio de Compagnon en Caval, que desarma la tesis de la empresa.

El correo de Silva tiene fecha 2 de octubre de 2013 a las 10:22 y va dirigido a mvalero@cavalinversiones.cl con el siguiente texto:

Ciper accedió a un correo electrónico del director de Obras de Machalí, Jorge Silva Menares, a Mauricio Valero, socio de Compagnon en Caval, que desarma la defensa de la empresa.

“Señor Valero, en relación a su consulta; efectivamente para estos predios la Seremi propuso una densidad de 60 hab/ha (60 habitantes por hectárea). Este municipio no estuvo de acuerdo y según lo aprobó el Concejo Municipal por unanimidad, se solicitó dentro del marco legal que nos compete, un aumento de densidad a 80 hab/ha. Una vez aprobado el Plan Intercomunal nosotros efectuaremos una enmienda aumentando la densidad en un 20%, ya que consideramos que no es suficiente la densidad para generar proyectos atractivos y se logre materializar prontamente la vía Santa Elena. Posteriormente y según lo que estime el desarrollador, se puede optar a un proyecto DFL-2 donde la densidad aumenta un 25% más llegando finalmente a los 120 hab/ha señalados por usted. Lo saluda, JSM, Director de Obras Municipales. Municipalidad de Machalí”.

Si el cambio del Plan Regulador Intercomunal Rancagua-Machalí se hubiese concretado antes, la nuera de la presidenta Bachelet habría vendido los terrenos en 27 mil millones de pesos, quedándose con 20 mil millones en ganancias. Caval finalmente vendió los terrenos en 9 mil 500 millones de pesos, quedándose con 2 mil 500 millones en el bolsillo.

Esta mañana, en tanto, el alcalde de Machalí José Miguel Urrutia (UDI) entregó a la Fiscalía de Rancagua el resultado de un sumario interno a partir de las operaciones entre Wiesner y Caval. “Nos llevamos la desagradable sorpresa de que hubo irregularidades”, aseguró el alcalde a Emol, razón por la cual resolvió desvincular a funcionarios que estarían involucrados en hechos que podrían constituir delitos.