Las transformaciones neoliberales en la escuela y su consiguiente régimen de regulación, han producido un “desalojo de la educación pública”. Este desalojo responde a un paulatino funcionamiento privado de todos los establecimientos educativos. No obstante, esta hegemonía de las concepciones privadas o empresariales de administración no son cuestión exclusiva del sistema educativo, sino un proceso expansivo en todas las áreas de la vida nacional, imponiéndose una forma “empresarial” de administrar la vida.

¿En qué consiste la privatización de la escuela?

La “gran transformación” no reside en el traspaso de los establecimientos desde la administración centralizada estatal a la descentralizada municipal, sino a dos marcos específicos de funcionamiento, que operan en torno a la subsidiariedad estatal: (1) el régimen de financiamiento individual de la educación y (2) la generación de informes de rendimiento escolar en clave comercial.

El régimen de financiamiento individual de la educación responde a la incorporación forzosa de financiamiento escolar, a través del número de estudiantes y no por institución educativa. Esta situación instala el principio neoliberal básico en el sistema educativo: la competencia entre establecimientos y entre estudiantes-consumidores independientes de su régimen de propiedad. En este sentido la escuela es una empresa que necesita captar clientes.

En cuanto a la generación de informes de rendimiento escolar en clave comercial, esta es la creación de mediciones estandarizadas de rendimiento. Estas pruebas permiten generar un “análisis de mercado” para los padres-consumidores en donde podrán elegir las mejores “ofertas” educacionales.

En esta dirección, más que los procesos de traspaso administrativos en la educación, es posible reconocer dos procesos profundos de transformación en la educación como conjunto: (1) la incorporación de lógicas comerciales en los colegios (publicidad, asesorías de formación, profesores captadores de matricular, formas dispares e irregulares de contratación, disparidad de inversión en infraestructura, rigidez curricular, etc.) y (2) la fundamentación de un falso escenario de elección libre de establecimientos (segmentación escolar por capacidad de pago, “guetos institucionales” y la subvención de la educación privada ).

 

 

¿Qué impacto ha tenido esto en los profesores?

La conformación de una administración neoliberal en los establecimientos ha llevado al profesorado a verse envuelto en constantes procesos de defensa y avance ante la instalación de las transformaciones. Sin embargo, las diversas modificaciones disputadas siguen manteniendo los fundamentos principales del funcionamiento neoliberal. A su vez, los profesores se encuentran disgregados y fragmentados programáticamente por un sistema educacional que los ha tensado en una falsa dicotomía: modernizarse o anquilosarse. Este aparente llamado histórico a “modernizarse” ha dificultado la conformación política y pedagógica de un proyecto autónomo del profesorado nacional, llevándolo incluso a apoyar los avances tecnocráticos en educación, lo que ha permitido, en paralelo, fomentar una constante “caja de resonancia” en la opinión pública de desprestigio de los profesores/as del país.

Este escenario complejo ha configurado, a lo menos, cuatro formas de impacto en el profesorado nacional: (1) incremento salarial condicionado, (2) formas de contratación dispar e irregular, (3) estandarización de la enseñanza y (4) deterioro de la organización colectiva.

            Si bien el salario del profesorado ha ido aumentado de manera progresiva, su aumento se encuentra constantemente condicionado o sujeto a situaciones de estimulo. Esta lógica del “bono” ha levantado las aspiraciones de una “carrera docente” estrecha, ya que se circunscribe a mediciones de resultados por indicadores de logro profesional (formación) y de enseñanza (puntajes en las pruebas estandarizadas), que no permite la valoración pedagógica del profesor/a.

Por otro lado las formas de contratación están cruzadas por la valoración de cargas horarias fijas (titularidad) y flexibles (suplencia). Los profesores/as se enfrentan a la posibilidad de negociar, de manera individual, su salario en establecimientos privados o sujetarse al valor fijado por el establecimiento público. Esta situación incentiva la negociación individual por sobre la colectiva y se convierte en un mecanismo de competencia, división y segmentación entre profesores/as. Esto genera un diferencial de negociación y posición profesional entre profesores/as y con los “empleadores” (municipalidades o sostenedores).

Se suma a este escenario desfavorable y disgregador el paulatino reforzamiento de un profesorado “guiado” en su forma de enseñar. Las argumentaciones de tal proceso se encuentran, tanto en la dispar formación inicial de profesores como en los bajos resultados estandarizados que estos presentan. Pero aquí opera, bajo el ideal de mejoramiento educativo, un soterrado proceso de destitución política y educativa del profesorado, ya que este se encuentra imposibilitado de definir lo curricular y además de sus formas de aplicación.

Bajo la negociación salarial individual, la desprotección laboral, la ausencia de tiempo para reunirse, la desvalorización profesional y la dificultad de un horizonte programático común como profesores/as ha llevado al profesorado a un deterioro creciente de formas colectivas de organización. No obstante, esta situación hoy parece cambiar.

Bajo la negociación salarial individual, la desprotección laboral, la ausencia de tiempo para reunirse, la desvalorización profesional y la dificultad de un horizonte programático común como profesores/as ha llevado al profesorado a un deterioro creciente de formas colectivas de organización. No obstante, esta situación hoy parece cambiar.

 

¿Qué hacer?

             Tras la última movilización de los profesores/as, denominada “la rebelión de las bases”, es posible establecer tres cuestiones claves del actual periodo: (1) el lento trabajo de articulación de profesores/as críticos ha logrado dar vida a movimientos crecientes de organización dentro y fuera del colegio de profesores, (2) los mecanismos y dirección del colegio de profesores son un obstáculo para las formas actuales de democracia y representación que se necesitan y (3) el programa político y pedagógico de los profesores se encuentra fracturado y sin dirección.

             Esta lectura de coyuntura puede y debe decantarse en elementos específicos de conflicto y de proyecto educativo. Por un lado, se debe construir un proceso de “regeneración del profesorado nacional” y por otro un “desalojo del mercado en educación”.

La regeneración del profesorado nacional debe concentrase en fomentar las formas de asociación colectiva en los establecimientos a través de diversas instancias, como: colectivos, asambleas, encuentros, grupos pedagógicos, centros culturales, etc. Y a su vez posicionar una avanzada democratizadora en los mecanismos y dirección del colegio de profesores, entroncado con un proceso de sindicalización federada que permita sortear las condiciones que impiden una defensa efectiva de los intereses de profesores/as.

En este sentido los instrumentos organizativos que puedan desarrollarse son fundamentales para lograr un desalojo del mercado en la educación. Para esto se debe disputar las condiciones laborales de los profesores/as en el país desde tres ejes: (1) régimen contractual único independiente de la propiedad del establecimiento (titularidad universal), (2)  valorización horaria de establecimientos (privados y públicos) única y no sujeta a incentivos y (3) distribución horaria de trabajo 50/50.

A su vez los establecimientos públicos deben robustecerse de un nueva institucionalidad en donde: (1) se pase de una estructura de dirección unipersonal a una de tipo colegiada en donde se incorpore a padres-madres, profesores/as, estudiantes y trabajadores/as de la educación, con el fin de impedir el liderazgo empresarial que pretenden dar a los directores de los establecimientos, (2) las formaciones profesionales deben dejar de ser impartidas por asesorías privadas y pasen a ser parte de programas de vinculación con Universidades y centros de formación públicos de la región, cuyo financiamiento debería consignar en el presupuesto dotado por el Estado a las Universidades, (3) los colegios privados deben estar sujetos a un crecimiento no mayor del 30% de la asignación total de establecimientos y (4) los establecimientos públicos se re-modelen en intereses no solo prácticos sino también estéticos.

En definitiva, es necesario un Frente Nacional de Trabajadores de la educación, que posibilite integrar al mundo docente a los espacios de avanzada de la sociedad civil politizada y así fortalecer las formas de organización y construir-disputar un programa político y pedagógico en el seno del profesorado y en el conjunto de la sociedad chilena.

Guillermo Rodríguez es Miembro del Movimiento por la Unidad Docente (MUD) (sección Villarrica-Pucón)

 Mauricio Rifo es Doctor © Educación, Universidad Autónoma de Barcelona.