patricio hermanSe ha hablado bastante sobre la compra en $ 6.500 millones, por parte de la empresa Caval, de las  44 hectáreas rurales situadas en Machalí, las que después de unos meses fueron vendidas en $ 9.500 millones a un empresario de Rancagua que desea interponer acciones judiciales en contra de dicha empresa porque su esperanza de que se aprobara rápido el cambio de uso de suelo se ha diluido por el escándalo mediático que se observa.

Recordemos que tal empresa había recibido una oferta de compra por $ 27.000 millones, por las mismas hectáreas, es decir, en un precio 4 veces más alto que el pagado por los emprendedores Compagnon-Dávalos a un agricultor en dificultadas financieras, siempre y cuando el Gobierno de la 6ª Región de O’Higgins hubiera aprobado su cambio de uso de suelo a urbanas. Como ello no aconteció en la ocasión requerida, el negocio no prosperó y Caval se tuvo que conformar con una ganancia menor aunque sí altísima.

Dado que el precio de mercado de esos terrenos se acrecentará en un altísimo porcentaje cuando se produzca el cambio de uso de suelo, recientemente le solicitamos a la ministra de Vivienda y Urbanismo que congelara la tramitación del Plan Regulador Intercomunal hasta que en el Congreso se apruebe la legislación que busca la equidad, probidad y la ausencia del tráfico de influencias en este ámbito de materias. Pero la ministra Saball no aceptó la propuesta.

Ella nos señaló “… en este momento está en curso un estudio sobre la Modificación del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, contratado por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de O´Higgins el 23 de septiembre pasado (…) y está recién en su etapa II de IV totales. En este contexto, tenga la certeza que asumiremos a cabalidad el rol que corresponde a esta Secretaría de Estado, esto es: asegurar que se cumplan las normas legales y técnicas sobre planificación urbana, lo que incluye garantizar que las decisiones sean fundadas y se  adopten en forma transparente  y participativa”

Como vemos, salvo que el Ministerio Público en boca del Fiscal Regional diga otra cosa, la tramitación sigue campante y la automática plusvalía patrimonial será obtenida en un tiempo más, cuando se apruebe el cambio urbanístico, por quien adquirió las 44 hectáreas que se transformarán en urbanas. Luego, idóneas para todo tipo de negocios inmobiliarios, futuro escenario que debería dejar tranquilo a su actual propietario, quien reconoció públicamente su afán especulativo.

Así las cosas, la nueva legislación anunciada por la presidenta Bachelet no tendrá aplicación ni en este caso ni en ninguno otro similar de los tantos que hay en trámite, siendo el más impúdico el de Los Molles, comuna de La Ligua, 5ª región de Valparaíso, en dónde los malulos desean reducir drásticamente un sitio prioritario de conservación -reserva ecológica- que tiene una significativa avifauna, para que allí se construyan edificios.

Si bien es cierto, la decisión anterior del Minvu la consideramos muy negativa, más feo es lo que acaba de hacer el Congreso Nacional, ya que rebajó sustancialmente las penas fijadas para los delitos de lavado de activos. Así, mientras Bachelet se esfuerza por mejorar la institucionalidad con el objeto de que los distintos actores del mercado se ciñan a las buenas prácticas comerciales, los parlamentarios, especialmente los senadores, actúan como meros comparsas de aquellos empresarios de cuello y corbata expertos en pillerías.

En resumen, conocidos los casos Penta-Caval y otros tantos similares, aquellos que detentan el poder político dicen que se harán los cambios legislativos necesarios para terminar con la connivencia pública-privada, a pesar de que estamos llenos de leyes que a cada rato se vulneran. Debemos tener presente que con lo sucedido con las platas del MOP-GATE hace años también se hicieron modificaciones legales, a los funcionarios públicos les subieron los sueldos en un alto porcentaje y la corrupción se mantiene igual. Vislumbramos que la institucionalidad chilena no tiene solución mientras en las cúpulas se mantengan los mismos.