Felipe-ValenzuelaNo es para nada frecuente ver abandonar la sala de un tribunal, a dueños controladores o importantes ejecutivos de nuestro país, por la puerta que conduce a las rejas de un penal, sobre todo cuando a diferencia de otros países el momento puede ser captado en directo y trasmitido por los canales de televisión a todos los chilenos.

Puede ser precisamente el hecho de las trasmisiones de televisión masivas, de la audiencia de formalización de los dueños de PENTA y otra serie de imputados, por el caso de corrupción conocido por la mayoría de los chilenos, y previendo que le esperaba precisamente una celda, que uno de los dueños del holding, unas horas antes del pronunciamiento del magistrado, aprovechándola presencia de periodistas a su llegada leyera un pequeño discurso, donde al mismo tiempo de contestar la afirmación de uno de los fiscales, que el día anterior se había referido a este grupo empresarial como una máquina de evasión de impuestos, sentenció que efectivamente se trataba de una máquina pero de una máquina que daba trabajo a los chilenos y que colaboraba con el desarrollo y crecimiento de nuestro país.

La escueta declaración leída por este representante de las clases dominantes chilenas, representa una afirmación con sustento histórico, en efecto desde que mediante la violencia genocida desplegada en nuestras tierras por el invasor, el capitalismo inició el control del trabajo de nuestros antepasados, para luego controlar la explotación, perfeccionando el control del proceso productivo integralmente, es decir la producción, la apropiación y distribución de los productos.

El incremento de los procesos productivos y su diversificación, implicaron que la lucha de los trabajadores por mejores condiciones de vida y su dignidad, desplazara   el cerco de la legalidad permanentemente y por tanto, las clases dominantes fueron acomodando al Estado para responder con una mejor institucionalidad el conflicto que se producía entre el incipiente capital en manos de unos pocos y el trabajo asalariado. Sin embargo no sólo se recurría a una renovada legislación, para asegurar la tasa de ganancia sino que se desarrollaban métodos reñidos con la legalidad para acumular una mayor cantidad de capital. Estas prácticas tenían que ver con la evasión de impuestos, similares a las que conocemos hoy, luego en el período en que se inicia la industrialización surgen sofisticaciones como la sobrefacturación u otras, siempre justificadas con un discurso similar al escuchado en las puertas del tribunal.

El trabajo controlado por la clase dominante se ha transformado dramáticamente en nuestro país, probablemente con más profundidad que en otros lugares de América Latina reduciéndose drásticamente los trabajadores de la industria y de la economía real, no obstante son los mismos controladores del trabajo y dueños del capital, quienes también han transformado las formas de asegurar una tremenda acumulación de capital, a través de prácticas de evasión y elusión tributaria, facilitada por el Estado desde hace ya más de tres décadas.

Pero no solamente son estas prácticas las que permitieron que quien habló antes de ser notificado de su detención preventiva, a pesar del nerviosismo del momento hacerlo con cierta arrogancia, porque está consciente de que tanto él como sus similares han gozado desde ya casi cuarenta años de transferencias de dinero desde el fisco, crecientemente en los últimos años, para que se hagan cargo de administrar políticas sociales y otras de las que el Estado se inhibe.

Precisamente una de las actividades que producen más poder a este tipo de personajes es la administración de pensiones de los trabajadores chilenos como negocio,   que deberían constituir un derecho. Los datos expuestos a continuación justifican dichos como los de uno de los dueños de PENTA, respecto de dar trabajo y favorecer al país.

“Las detenciones preventivas responden a una necesidad del modelo, con el objeto de no colocarlo en crisis o bajo sospecha, intentando corregir comportamientos que exceden el marco regulatorio.”

Las siguientes cuatro administradoras de los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos (AFPs): CAPITAL, CUPRUM, HABITAT Y PROVIDA, en conjunto, el año 2013[1] lo cerraron con las siguientes cifras:

– Utilidad: $ 319.384.013.000.- o aprox. 533 millones de dólares.

– Total de personal, incluyendo gerentes y ejecutivos: 6.061 personas.

– Gasto total en personal: $ 132.843.648.000.- o aprox. 221 millones de dólares.

Como podemos observar, las 6061 personas entre los cuales se encuentran gerentes, subgerentes y altos ejecutivos se llevan durante el año 2013 el equivalente a un 41% de las utilidades que se reparten en un puñado de accionistas, por administrar los dineros que a los trabajadores les producen pensiones de hambre en su vida pasiva.

La cifra de lo gastado en los trabajadores, refleja el infravalor que se le asigna en nuestra sociedad al trabajo, incluso considerando que entre esos trabajadores hay muchos profesionales relativamente bien pagados y confirma la voracidad que nuestras clase dominante ha mostrado en su historia de acumulación. Pienso sin embargo que las detenciones preventivas responden a una necesidad del modelo, con el objeto de no colocarlo en crisis o bajo sospecha, intentando corregir comportamientos que exceden el marco regulatorio que de hecho garantiza todo a favor del capital y poco para el trabajo.

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[1] Datos extraído el 9-03-2015 desde http://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-channel.html. No se incluyen las AFPs Planvital y Modelo por no poder acceder a sus resultados financieros. Estas dos Administradoras más las cuatro citadas arriba constituyen el total de las existentes en el país.