Embudo_001El vendaval Penta-Caval-Soquimich ha descorrido el “tupido velo” que mantenía a resguardo de invisibilidad uno de los mecanismos de construcción y reproducción del poder de clase del neoliberalismo chileno. Las concretas formas que revisten las relaciones del poder económico y el poder político, las discretas reuniones en que se encuentran el mundo de los negocios y los gestores del manejo institucional (o sus hijos), por más obscenos que parezcan a la mirada ciudadana, constituyen un problema social y político que no debe ser reducido a su expresión judicial.

Demanda por el contrario ser asumido como parte de la producción del sujeto que se ha hecho cargo de la dirección del capitalismo chileno, un sujeto que incluye por cierto a los sectores de la gran propiedad y sus aparatos gerenciales, pero también una franja social bien pagada que desde el Congreso a las agencias de cabildeo, desde los ministerios a los partidos, desde la alta curia a los cuarteles, desde la derecha a la Concertación, desde los directorios privados a la alta dirección pública, ha tomado en sus manos el comando intelectual y profesional que mantiene en funcionamiento el modelo.

Se trata de una construcción de clase que floreció luego de la Gran Transformación, y que llegó para edificar y gestionar los cauces de la reproducción del modelo en condiciones posdictatoriales.

Entonces uno podrá largar en una charla de bar, sin temor a equivocarse, que son “una manga de ladrones”. Y está bien, a condición de comprender que “la manga” que está viendo aparecer su modus operandi en los noticieros no es otra cosa que el segmento que ha dirigido el país por veinticinco años, administrando cuidadosamente aquello que seguimos habitado bajo el nombre de democracia.

Mientras más cerca de esa casta se fraguan y ejecutan las reformas, menor es su potencia transformadora. Esto es especialmente importante para el impulso constituyente.

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“Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento.”

Nelson Mandela

Digo más arriba “condiciones posdictatoriales” para no decir “condiciones democráticas”. A contrapelo de las retóricas que reclaman a la izquierda adscribir a una “democracia sin apellidos”, es necesario asumir la esencial incompatibilidad entre mercado y democracia, o si se quiere, la imposibilidad de un auténtico ejercicio democrático en los marcos del neoliberalismo.

El conformismo de mal menor debería asumir que aquello que en estos veinticinco años se ha llamado democracia, si bien constituye una situación enormemente mejor que la dictadura, se parece bien poco a un régimen participativo de expansión de la ciudadanía –de hecho es todo lo contrario–, y que, por tanto, la actitud primera que nos cabe frente a ella no es su mansa aceptación, sino un esfuerzo permanente de mejoramiento.

¿Cómo se supera una situación hegemónica sin alguna dosis de rebeldía? ¿Cómo una práctica completamente ajustada a las condiciones dadas puede llegar a cambiarlas? Eso es algo que los espíritus mejor arrellanados en la confortable pax concertacionista deberían explicar.

¿Cuál es la democracia a secas? ¿Una democracia que en su pretendida existencia puramente política hace abstracción de las múltiples injusticias sociales? ¿Un régimen político secuestrado por grupos de poder que hacen de él materia de chantaje a todo el resto? ¿O la democracia que ensaya Evo desde su saber indígena, o aquella que anida difusa y multiforme en la lucha de los movimientos sociales?

Cuando la izquierda se sacuda los complejos sobre la democracia, podrá ingresar mejor al campo donde se disputa su carácter sin obligarse a rendir a cada paso pruebas de blancura, asumiendo la irreductible indeterminación en que tanto la democracia como la propia izquierda se construyen.

Sin dudas se requiere para ello un ajuste de cuentas tanto con las supersticiones que dejó instaladas la Renovación Socialista como con las visiones dogmáticas de la lucha de clases, lo que reclama un desarrollo teórico valiente y desprejuiciado, que es hoy una de las asignaturas más tristemente abandonadas por la izquierda organizada.

Por lo pronto, reclamar apellidos no conlleva a condicionar la opción por la democracia, sino a hacer ver la indigencia social a que la somete la casta posdictatorial. Asumir sin ambages una alternativa democrática no debe llevar a la izquierda a dejar de disputar de forma indócil su carácter. Por el contrario, implica asumirla en construcción, abierta, perfectible, y rebelarse ante el dictamen que la normaliza bajo su forma actual.

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La posición que convoca a la izquierda a asumir la responsabilidad por la mantención de la mala democracia escuda a menudo su argumento en la cuestión de la viabilidad, encontrando allí un criterio de realidad cuya importancia, acusan, les estaría vedada a la percepción de los espíritus más rebeldes, condenados a la baja política.

La viabilidad constituye sin dudas una cuestión fundamental de todo esfuerzo político, que se vuelve evidente para toda alternativa que tenga alguna aspiración de llevar a la práctica su propuesta de transformación, y viceversa, puede ser cómodamente omitida por aquellos cuya rebeldía no pasa de ser una cuestión retórica (por más que su discurso se promocione como la verdadera consecuencia revolucionaria).

Pero cuando hablamos de viabilidad no hablamos de un ajuste a lo posible, menos aun del respeto obediente a la “medida de lo posible” que ha dado borde a este trecho de historia. Se trata principalmente de hacer viables las transformaciones, de construir condiciones para la extensión y profundización de una democracia justa, se trata de mover los límites para hacer posible aquello que hoy resulta (casi) impensable. Muy a contrapelo de los relatos liberales que hoy habitan buena parte de la izquierda, con su decencia bienpensante y sus modales de ponderación, se trata de la viabilidad de un radical inconformismo.

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Esa es una disputa sin dudas presente en torno a la cuestión constitucional, que constituye un campo de batalla, no tanto por las riñas sobre qué logotipo está más a la izquierda que cuál, sino porque lo que está en juego es el nivel de apertura social que ella comporta.

El carácter primario de la Constitución de Pinochet estriba en su impresionante capacidad para sostener un sistema de discriminaciones políticas y sociales. Se trata de la condensación institucional de un régimen que concentra a la vez el poder social, la riqueza material y la capacidad de acción política.

Si la iniciativa de la Asamblea Constituyente tiene algún sentido entonces, radica en la posibilidad de vincular la transformación que propone a un cambio profundo en los modos de producción de lo social, que conduzca a una democracia de las mayorías, para las mayorías, a una democracia que transforme, colectiva y participativamente desde sus definiciones fundamentales la distribución del poder en nuestra sociedad.

Dado que en el tema aparecen desde Ricardo Lagos y otros segmentos de la cúpula concertacionista hasta los movimientos sociales, es evidente que una alianza ingenua basada en un supuesto objetivo común no sirve para empujar una asamblea realmente democrática. Es fundamental conseguir una verdadera ampliación social del reclamo constituyente. Hay que ir mucho más abajo. Sumar a otros. Cambiar la supina confrontación que se afana hacia los lados, por una que abra el camino a los de abajo a costa del poder de los de arriba.

Si quienes han sido excluidos todo estos años siguen marginados de los procesos políticos, entonces los resultados de estos impulsos de cambio van a reproducir, si bien con otro rostro, viejas segregaciones.