Crecientes señales políticas y mediáticas, que tuvieron su pleno aterrizaje en las páginas del duopolio de este fin se semana, dan cuenta de las inercias que se están articulando para enfrentar la grave crisis de corrupción que explota ahora, con cercos cada vez más estrechos respecto a la Alianza, la Nueva Mayoría e incluso La Moneda.

La idea se fortalece en la medida que se dibuje el riesgo de abismo en la opinión pública, en tanto aparecen cada vez más nombres vinculados al Caso SQM. No se trataría, por lo tanto, de un acuerdo para salvar a decenas de dirigentes implicados en ilícitos, sino de un gran acuerdo nacional por el bien superior de Chile.

De este modo, el llamado a una negociación que hizo la semana pasada el ex senador de la UDI Jovino Novoa, que fue duramente criticado en las primeras horas, aparece ahora como expresión de un consenso transversal.

Se trata, por lo demás, de una ocasión muy oportuna, puesto que las aristas de SQM alcanzarían a medio centenar de altos dirigentes y parlamentarios de todos los partidos, entre los que se contarían tres ministros de Estado.

Durante esta semana, se realizaron reuniones en el Congreso entre los presidentes de los partidos de la UDI y RN con sus pares de la Nueva Mayoría, por separado, para discutir una salida a la crisis. E incluso dirigentes han pedido al ex presidente Ricardo Lagos, quien mantiene permanentes vínculos con políticos y empresarios, que ejerza un liderazgo que conduzca a una solución política.

Estos movimientos buscan despejarle el camino al Gobierno para que encabece la salida, mientras en público las críticas transversales al Ejecutivo por su falta de liderazgo son ampliamente reproducidas por los medios.

Todos estos movimientos buscan despejarle el camino al Gobierno para que encabece la salida, mientras en público las críticas transversales al Ejecutivo por su falta de liderazgo son ampliamente reproducidas por los medios.

Las esquirlas de SQM también han golpeado fuertemente a la renovación en la dirigencia partidaria de los dos partidos más grandes del oficialismo, la DC y el PS, y con ello a la expectativa del Gobierno de que luego de estos procesos tendría clara la cartografía interna. En el caso de la DC, el senador y presidente electo Jorge Pizarro ha debido explicar que los $45 millones facturados por la consultora de sus hijos no fueron “a parar a la campaña”, lo cual le ha valido una presentación al tribunal supremo de un grupo de dirigentes encabezados por Ricardo Hormazábal y la solicitud de que no asuma mientras no se aclare su situación, hecha por el diputado René Saffirio.

Y, en el caso de las elecciones del PS, la senadora Isabel Allende aparece aludida por servicios contratados a la imprenta de Milton Lee, ex tesorero del PS investigado por facturas presumiblemente falsas emitidas a SQM, aunque su entorno descarta cualquier financiamiento de la empresa a su campaña. Ella y su contendor, el ex senador Camilo Escalona, tienen discrepancias respecto a cómo se debe enfrentar la crisis: mientras ella suscribe la idea de un pronto acuerdo nacional, él es partidario de que las investigaciones continúen y que un acuerdo, de producirse, se discuta más adelante.

Es en este contexto que, este sábado, la presidenta Bachelet, luego de un prolongado silencio, salió a contrarrestar las críticas que desde el oficialismo y la oposición se habían manifestado por su falta de liderazgo. La Mandataria hizo un llamado a dejar que las instituciones funcionen y a no “linchar” a las personas antes de que se conozcan los resultados de las investigaciones.

Bachelet adelantó su opinión sobre la investigación al afirmar que “acá hay gente que trabajó, que hizo su trabajo que tiene su producto y que dio una boleta. Entonces yo lo que diría es que dejemos que las instituciones funcionen, que el SII haga su tarea, que los fiscales hagan su tarea, pero no destruyamos la honra de personas que a lo mejor no han hecho nada de esto”.

De este modo, la Presidenta no aterrizó en el caso sumándose a la tesis del “Caiga quien caiga”, como se había especulado, sino llamando a respetar la presunción de inocencia de los involucrados. No se pronunció, tampoco, sobre las implicancias éticas de que dirigentes y sus familiares que fueron perseguidos y víctimas de la dictadura, hayan recibido financiamiento de una empresa del Estado enajenada por Pinochet a su yerno, Julio Ponce Lerou.

En este escenario, un asunto gravitante es el cambio de gabinete pendiente que podría ser una oportunidad para que la vieja guardia concertacionista recupere el poder perdido. Se estima el caso SQM terminaría favoreciendo al escalonismo en el PS y a los sectores más conservadores de la DC, lo que podría llevar incluso a que uno de los suyos llegara al ministerio del Interior, en reemplazo de Rodrigo Peñailillo.

El PPD tomó nota y el diputado Pepe Auth retrucó: “hay, efectivamente, una voluntad de que vuelva la vieja guardia. No creo que esa sea la solución, porque son más bien las prácticas de la vieja guardia las que naufragan y provocan la crisis actual. No creo que la solución sea traer de vuelta a los que nos llevaron a perder el gobierno el 2010”.