Rodrigo Oliva y Rafael Rguez

Rodrigo Oliva Vicentelo, Presidente de Fundación Praxis | Rafael Rodríguez Parra, Director de Fundación Praxis

La región de Tarapacá está en boca de todos. Pero eso, lamentablemente, no es por la reconocida amabilidad de su gente, sus campeones mundiales y nacionales, sus hermosas y acogedoras playas o sus indómitos paisajes pampinos, cuna de grandes procesos revolucionarios que han escrito parte de la historia de Chile. Al contrario, las razones no podrían ser menos alentadoras; hoy la región es víctima de una situación que, por su historia, no merece. Ante Chile, somos el lugar donde el descrédito de la política tiene uno de sus centros gravitacionales más evidentes, y su peor fachada. El último episodio, acuñado como “IquiqueLeaks” por la prensa, funciona como guinda de la torta en una seguidilla de hechos que se vienen construyendo hace mucho tiempo. La filtración demuestra cómo el círculo cercano de un Senador, que incluye a altos cargos del gobierno regional, e incluso un miembro de la ANI, trabaja como un verdadero cartel, dictando los códigos con los que se ha administra la región subterráneamente. Una triste y decadente paradoja que contrasta abismantemente con el pasado histórico de la región de Recabarren. El Senador socialista Fulvio Rossi dio gala de sus formas políticas y de sus ideas, en sus órdenes al grupo de los “Socialistas Recargados”, quienes como fieles acólitos, obedecían sin cuestionamientos los dictámenes del líder, develando una forma de entender la política autoritaria y monolítica. Así, se evidenció una red que alcanza múltiples niveles de la administración pública regional, pues otros involucrados incluyen al Seremi de Gobierno Luigi Ciocca, al Director Regional de CORFO Luis Guzmán, al Seremi de Trabajo Jaime Hipp, a la jefa de Gabinete de la Intendencia de Tarapacá Rosa María Alfaro, y al propio Intendente de Tarapacá Mitchel Cartes, entre otros. La filtración incluso demuestra cómo el Senador funciona como vínculo entre el Ministerio del Interior y los operadores locales, inmiscuyéndose en asuntos que competen al Poder Ejecutivo, y de los que debiera abstenerse en su calidad de miembro del Poder Legislativo.

Sin embargo, no podemos caer en el error de personalizar algo que está inserto en el ADN de la política de la transición, y ese es el desafío de todo aquel que denuncia este tipo de situaciones. Pensar a Rossi como el villano, es correcto, pero eso no puede desviarnos de entender esto como síntomas de un problema estructural: el vínculo entre la política y los negocios, el carácter empresarial de este gobierno y de la política. Este escándalo es sólo un elemento más a sumar en el Currículum del descrédito del Senador, que incluye cuestionamientos a sus campañas y a sus asesores ligados a SQM, además de su rol en la aprobación de la Ley de Pesca; sin embargo, estos hechos funcionan como evidencias de que él es expresión de una forma de hacer política que está presente a lo largo de todo el territorio nacional. Rossi es uno más de las decenas de políticos, tanto de la Derecha como de la Nueva Mayoría, que actúan como operadores o funcionarios del concubinato entre el dinero y la política.

En este contexto, la situación es peligrosa. La política del duopolio, consciente de que sus formas han sido expuestas, impulsa un acuerdo que incluye a la partidocracia tradicional chilena de la “A” a la “Z”, y asume una desvergonzada soltura ante los hechos que los atraviesan, proponiendo un “borrón y cuenta nueva”. Esto se expresa tanto en la presentación del Informe Engel, como luego en el anuncio de la Presidenta, planteando tomar medidas para aumentar la transparencia en la política. Es a lo menos ingenuo pensar que de un informe hecho en poco más de un mes, podrá surgir una solución a una situación que tiene un carácter histórico en Chile. La relación entre empresarios y políticos, cuajadas en lo más oscuro de las paredes de la transición, no puede ser resuelta por aquellos mismos que se benefician de ésta. La lógica de intentar cerrar por arriba el conflicto política-dinero, se desmorona ante el mínimo análisis.

A lo largo del país, diversos movimientos sociales, protagonistas de conflictos territoriales, sufren las consecuencias de una política que opta por reprimirlos, anularlos y desarticularlos, poniendo por encima intereses mezquinos de los conglomerados políticos que funcionan como el brazo legislativo de los grandes empresarios. En el caso particular de la Región de Tarapacá, la política se encuentra en una especie de parálisis, provocada por las disputas internas de la Nueva Mayoría, sumado a los acuerdos entre Socialistas y la Derecha más recalcitrante. En ese contexto los pescadores artesanales, sus familias y comunidades, se han visto afectadas en diversos flancos, que incluyen la imposición de proyectos energéticos de alto impacto en el medio ambiente y la vida de las comunidades pesqueras, y por otro lado, a tres años de vigencia de la Ley de Pesca, los costos de su ejercicio, que restringe gravemente su trabajo, y pone en riesgo tanto su subsistencia como la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Estas mismas comunidades son las que ven con impotencia cómo el Senador que dice representarlos, se pone a disposición de CORPESCA, y siendo miembro de la Comisión de Pesca del Senado, aprueba, entre gallos y medianoche, la Ley Longueira, mientras su hermana, Irina Rossi, es una de las principales lobbystas de los proyectos de Alto Impacto Ambiental que se instalan en la región, con su empresa Entorno Social. Además hoy son cuestionados otros parlamentarios que aprobaron la polémica Ley de Pesca, entre las que destaca la ex diputada por Tarapacá, Marta Isasi, querellada por el Consejo de Defensa del Estado, quien habría recibido dinero de la empresa pesquera del Grupo Angelini para tramitar la Ley. Otros parlamentarios, del PPD, la DC y la UDI también estarían siendo investigados.

Lo que hay detrás de esto, a estas alturas, ya no es sorpresa para nadie. Cada día se hacen más evidentes las expresiones particulares de la cooptación empresarial de la política. Hoy es Rossi, hoy es Isasi. Mañana cualquier otro, en cualquier ciudad de Chile, puede ser descubierto en las mismas prácticas, y ya no nos sorprenderá. Ante esto, la naturalización de estas prácticas es el gran peligro que hoy se cierne sobre Chile y su gente, la naturalización entendida como un desentendimiento de la gente sobre la política, “dándola por perdida”, asumiendo esta desvergonzada situación como una condición de normalidad; el “así son todos” no conviene a nadie más que a los mismos de siempre, las voces que denuncian no se pueden diluir en la apatía. Es tan profundo el nivel de corrupción, que cada día es más cotidiano, y por lo mismo, cada día es más natural. Si los chilenos perdemos nuestra capacidad de asombro ante las aberraciones que el duopolio político fragua para mantener sus cuotas de poder, perdemos. La pregunta es, como siempre, ¿Qué hacer?. La respuesta: recuperar la política, no alejarnos de ella y pasar a ser protagonistas de un cambio.

“Nuestra región también merece un actor político nuevo, que sea coherente con su historia y su tezón; Tarapacá merece más que el cartel que hoy la representa.”

En ese sentido, El Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero, CONDEPP, presentó en conjunto con diversas organizaciones sociales, una querella contra los miembros de la Comisión de Pesca del Senado que tramitaron la Ley, entre ellos Fulvio Rossi. Esta acción está fundada en las denuncias del ex Senador Nelson Ávila, que ratifica que hubo financiamiento mediante gastos reservados a dichos parlamentarios por parte de la gran industria pesquera. La justicia acogió la querella, e investigará. Esto se suma a una segunda denuncia que busca perseguir penalmente a Marta Isasi por las mismas razones. Esta acción busca iniciar una lucha contra la Ley de Pesca, que se expresa concretamente en la Campaña Nacional por la Anulación de la Ley de Pesca. Los y las pescadores/as artesanales, a través de sus organizaciones, demuestran que es posible enfrentar la corrupción a través de las luchas sociales, con autonomía y organización. La clave estará en construir fuerza para erradicar realmente la corrupción y la forma mezquina de entender la política que prima en Chile, avanzando en generar espacios de disputa política real, que sean capaces de abrir caminos para la emergencia de nuevas fuerzas transformadoras, que surjan desde los movimientos sociales. Para ello, la situación es clara: donde hay mercado, no hay democracia, y donde la democracia encuentra sus límites, la corrupción construye sus nichos. La primacía del mercado por sobre la democracia se sostiene en la medida en que los intereses privados y sus lazos corruptos con el Poder primen como paradigma de las dinámicas políticas del duopolio. Organizarse, emerger políticamente, erradicar a la corrupción, desarticular al duopolio, ganarle terreno al mercado y ampliar la democracia son aristas de una sola lucha, la lucha por la transformación radical de Chile. Hoy, sabemos que esos cambios sólo vendrán de la mano de un nuevo sujeto político, que abra los marcos de la democracia, dispute el carácter de las reformas y se posicione desde la movilización como un actor relevante en la dinámica política del país. Un verdadero avance en ese sentido, no implica solamente sacar a tal o cual político de su cargo. Destituir a Rossi y creer que el problema está resuelto es iluso, pues el pilar que hay que derribar es el paradigma de la política colonizada por el empresariado. En esa línea, luchas como la Anulación de la Ley de Pesca, y el Movimiento Educacional apuntan en la dirección correcta: exigir más democracia, más participación, para ganarle terreno a los empresarios y sus agentes políticos, y lograr transformaciones radicales para Chile. La expresión política de esas luchas es el paso necesario, el paso que Chile necesita. Así, en particular, nuestra región también merece un actor político nuevo, que sea coherente con su historia y su tezón; Tarapacá merece más que el cartel que hoy la representa.