“…no se trata de mejorar
la sociedad existente,
sino de establecer una nueva.”
Karl Marx

 

“El deber de todo revolucionario es
hacer la REVOLUCIÓN”
Ernesto “Che” Guevara

 

“La democracia, algún día era una palabra del pueblo,
una palabra crítica, una palabra revolucionaria.
Ha sido robada por lo que gobiernan…,
para añadir legitimidad a su domino.
Es tiempo de retomarla,
de restaurar su poder radical.
Democracia no es todo, sino algo”.
Douglas Lummis

 

A modo de Introducción: el dilema histórico político de la sociedad

Juan Carlos Gomez LeytonLo más seguro que al momento que este texto comience a circular por las redes sociales de la virtualidad comunicativa, el “acontecimiento” que se denosta y denigra, ya debe haberse efectuado. Y, los diversos comentarios de los analistas tanto de los serios como los del ejército de opinologos y de periodistas de la política espectáculo, estén versando sobre la cualidad y la pertinencia política y técnica de los nuevos ministros, en particular. como del gabinete nombrado por la presidenta M. Bachelet.[1]

De manera, que la inmediatez de este nuevo acontecimiento político-comunicacional, con su tiempo periodístico, con su rapidez y fugacidad característica, dominara la escena política, por algunos días. Y, todo lo ocurrido desde el miércoles 6 de mayo – día que la presidenta anunció al país, vía entrevista televisa, que había solicitado la renuncia a todos sus “ministros”- hasta hoy día, que escribo este texto- será cosa del pasado. Incluso, la pregunta que dejó abierta la revelación presidencial: ¿le habrá comunicado, la presidenta, con la debida antelación a sus ministros su decisión de cambiar el gabinete o estos se enteraron “por la prensa”? Será un hecho del pasado y, lo más probable, anecdótico del actual gobierno. Pero, también lo serán los “sesudos” como los más “torpes” comentarios periodísticos y faranduleros que se realizaron como tadas las especulaciones sobre quienes se quedaban, quienes se iban, sobre todo, quienes llegaban. Toda esa parafernalia, sin sentido histórico y político, será cosa del pasado y, lo más probable que un manto de olvido caerá sobre ellos. Salvo que algún historiador del futuro los incorpore en sus trabajos. Otorgándole una seriedad que jamás han tenido.

Por cierto, tengo la plena seguridad que la nueva interrogante política inaugurada al momento de conocerse el nuevo gabinete, estará centrada en torno lo que cambio con él.[2] Y, lo más probable, que las opiniones sobre el asunto, sean múltiples y diversas. Durante algunas horas o quizás un par de días, los medios de comunicación estarán ocupados, en responderla. Pero, una vez que se haya disipado el humo que produce el acontecimiento, dejara ver, lo que verdaderamente importa para el análisis político e histórico, que la estructura, es decir, la base material, sobre la que se alza y sostiene tanto el edificio social como jurídico-política de la sociedad neoliberal, esta estará incólume. Puesto como enseña o demuestra la historia política reciente de la Chile, ningún cambio político gubernamental o institucional ha tenido la capacidad ni la fuerza para provocar un quiebre de importancia en las estructuras del poder social dominante. Estas se han mantenido intocadas en las últimas cuatro décadas. Por esa razón, considero, que el cambio de gabinete no tiene ninguna importancia ni relevancia política o histórica en la larga duración. Es otro acontecimiento episódico del actual gobierno.[3]

El cambio histórico político, social, económico profundo fue desterrado de la actividad política nacional desde 1990 hasta el día de hoy. La ausencia de este tipo cambio constituye, en mi opinión, el principal problema político e histórico no de este gobierno, ni de los gobiernos concertacionistas anteriores, con excepción, tal vez, por otras razones, del gobierno de derecha de Sebastián Piñera (2010-2014); sino, de la sociedad chilena, o sea, de las y los sujetos que la conforman. Este problema, por cierto, no solo tiene que ver con las estructuras de dominación sino con acción social, política e histórica de los hombres y mujeres que la sostienen como de aquellos que padecen. O, sea, es un problema que dice relación con los dominadores como con los dominados. En términos marxistas, este un problema que remite a la estructura de poder como a la lucha de clases al interior de la sociedad neoliberal.

Considero, en definitiva, que el problema central de la sociedad chilena actual radica, justamente, que tanto los actores políticos como los sujetos sociales abandonaron o mejor dicho, dejaron de plantearse la posibilidad de construir la historia futura. O sea, de alguna manera se niegan a modificar radicalmente las estructuras que sostienen la sociedad neoliberal que emergiera producto de la ruptura histórica estructural de 1973. De la misma forma como se lo plantearon y se lo propusieron en las décadas ulteriores, especialmente, en los años entre los años veinte y treinta y luego, en los años sesenta del siglo pasado. Tengamos presente, que durante la década de los años sesenta se nombraba al cambio histórico-político-estructural con una palabra-concepto, actualmente, cargada de negatividad y desprestigio teórico y político: revolución. Hoy nadie o muy pocos se refieren a la revolución. Tan solo para nombrar e indicar que esta ya fue realizada, luego de 1973, por la dictadura militar,[4] y, administrada, extendida y profundizada por las elites de poder como los actores políticos y sociales que han controlado el Estado y el régimen político desde 1990 hasta la actualidad.

Para superar el actual presente histórico y político es necesario y urgente plantearse y, tal vez, resolver teórica y políticamente, la siguiente interrogante: ¿está dispuesta la ciudadanía nacional -hombres, mujeres, las y los jóvenes y por qué no, las niñas y los niños- a plantearse e impulsar política y socialmente un cambio histórico radical y profundo destinado a modificar las actuales estructuras y fuentes del poder social. Con el objetivo de construir, en el corto y mediano plazo, otra forma de Estado, de mercado y de sociedad? En otros términos, esta pregunta interroga por la posibilidad del cambio revolucionario. Y, también, por los “sujetos” que estarían dispuestos a impulsar conscientemente el cambio político y social revolucionario. Ese cambio que trastoca y modifica todo lo existente. Ese es el dilema político e histórico actual.

Este dilema es, por cierto, un problema y una disyuntiva política y teórica de vastas proporciones y de múltiples dimensiones que compromete un esfuerzo social colectivo amplio y de la participación activa de muchas y muchos. Con el objetivo de contribuir en esa dirección he escrito este trabajo con la pretensión que él sea conocido, discutido y conocido por todos aquellos que tenemos el objetivo de superar el agobiante presente que nos toca sufrir.

Para esos efectos, he organizado este trabajo en tres apartados. En el primero me refiero a la restricción que impuso al cambio histórico-político, el hecho de que los actores y sujetos sociales aceptaran acatar y someterse a la Constitución Política de 1980 y, sobre todo, que los actores políticos, los partidos políticos opositores a la dictadura militar, la restricción establecida por la teoría de la transición a la democracia de respetar: la inviolabilidad del derecho de propiedad privada de la burguesía nacional e internacional, como condición básica para posibilitar la salida del régimen autoritario. Aquí me interesa demostrar que esa condición de restricción no es una mera regla normativa de carácter constitucional sino una condición esencial y fundamental, o sea, estructural, para la existencia misma del capitalismo nacional. Y, también, de la democracia liberal representativa.

En el segundo, analizó y expongo que la aceptación tanto de la Constitución Política de 1980 y de la inviolabilidad del derecho de propiedad privada de las burguesías nacionales e internacionales, por parte de la Concertación de Partidos por la Democracia (CPP) legitimo no solo su espurio origen y aprobación sino la corrupta conformación de la propiedad privada neoliberal. En este punto voy a sostener que la actual estructura de la propiedad capitalista, a diferencia de la propiedad capitalista del periodo industrial desarrollista (1938-1978), posee un corrupto origen. Y, por ende, el actual empresariado nacional como también internacional se apropio, durante la dictadura, de manera abusiva y amparado en una ilegitimo normativas de las propiedades públicas estatales que la sociedad chilena habían construido anterior. Una de las mayores expresiones serían pero no las única, son las empresas PENTA como SQM. El empresariado capitalista, considerado como los nuevos “dioses” de la historia nacional, para mantener sus privilegios empresariales y corruptas prácticas políticas y económicas, se han dedicado a lo largo de la democracia actual, a financiar las actividades la “elite en el poder”, tanto concertacionista como de la derecha aliancista. Como los “gánster de la época de Al Capone, o de los narcotraficantes al estilo del Patrón del Mal, Pablo Escobar”, han pagado por “protección”.

La complicidad entre la elite política concertacionistas con los grandes propietarios nacionales, –todos ellos, al decir del ex-presidente Piñera, “cómplices pasivos” de la violación sistemática de los derechos humanos, pero también de los derechos sociales, laborales y económicos de los ciudadanos durante la dictadura– solo es explicable por la aceptación y reconocimiento como el exacerbada resguardo y protección brindad por la elite política a los derechos a la propiedad privada. Dicha protección acentuó y profundizó la forma de acumulación capitalista neoliberal y enajeno las “riquezas naturales” en el capital trasnacional.

En el tercero, planteo que el cambio político constituyente para ser efectivo no puede solo concentrarse en modificar la estructuras normativas e institucionales del Estado sino que debe afectar radicalmente las estructuras del poder social propietario. De lo contrario, todo seguirá como antes. Para esos efectos, se requiere impulsar un proceso constituyente que ejerza, primero y de manera categórica, el poder destituyente. Con el objetivo de desplazar del poder constituido estatal a los cómplices de la corrupción política y protectores del orden propietario capitalista actual. Ningún ejercicio del poder constituyente originario puede haya sido efectivamente desplazado por la acción ciudadana, se dé inicie al ejercicio autónomo y libre de toda restricción posible, el poder constituyente, democrático, popular y revolucionario.

En cierro, con un conjunto de conclusiones organizadas de tal manera que constituyen una propuesta sobre qué hacer para avanzar en la construcción de un poderoso y radical movimiento social ciudadano dispuesto a hacer no reformas destinadas a mejorar la sociedad sino, como dijo Carlos Marx, construir y establecer una nueva.

Por todo lo dicho, este trabajo no le presta atención ni le interesa analizar el cambio de gabinete. En mi opinión, tiene importancia en la larga duración. Lo que quiero demostrar en él es, por un lado, cuál es límite del cambio social, político y económico y, sobre todo, demostrar que el cambio político constitucional, entendido como mero cambio de la estructura jurídico-político del Estado es insuficiente, sino se busca, conjuntamente, con él, la transformación radical o sea revolucionario del derecho de propiedad privada capitalista.

 

NOTA: Dada la extensión del presente trabajo se publicará por partes semanalmente.

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Juan Carlos Gómez Leyton es Ph.d en Ciencia Política, Académico Universitario de la FACSO-Universidad Central.

* Parafraseo en el título de un artículo de G. O’Donnell, ¿Y a mí, qué mierda me importa? Notas sobre la sociabilidad y política en la Argentina y Brasil, en Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Ed. Paidós, 1997, págs. 165-198.

[1] Efectivamente, el cambio de gabinete, se efectuó el día lunes 11 de mayo.

[2] El cúmulo de comentarios en relación a este punto es impresionante. Pienso que, tal vez, los analistas del discurso, podrían darse un festín con todo lo dicho hasta ahora, sobre el cambio de gabinete y sus nuevos integrantes. El mínimo común denominador de todos ellos es su superficialidad y lo limitado del análisis político. Muy auto-centrado en los protagonistas. En fin comentarios básicos para un cambio interno en un gobierno con escasa incidencia histórica.

[3] Para el historiador francés Fernando Braudel, en Historia y Ciencias sociales, Alianza Editorial, México, 1989, págs. 64 y ss.; el “acontecimiento” es explosivo, tonante. Echa tanto humo que llena la conciencia de los contemporáneos; pero apenas dura, apenas se advierte su llama. Es el tiempo corto, a medida de los individuos, de la vida cotidiana, de nuestras ilusiones, de nuestras rápidas tomas de conciencia; el [acontecimiento] es el tiempo por excelencia del cronista, del periodista.” Hasta aquí Braudel. Tengo la impresión que el tiempo propio de la sociedad neoliberal, de las sociedades posmodernas actuales, es el “acontecimiento”, el tiempo corto, rápido, de la inmediatez, vacuo, fugaz, instantáneo y desechable. Volver al análisis de larga duración, del tiempo lento, pausado, del movimiento casi inmóvil, para entender los procesos sociales y políticos actuales. Podría ser una contradicción que para comprender los “procesos” que son en sí un forma de movimiento agitado por múltiples “acontecimientos” debamos recurrir a la observación histórica del tiempo largo. O sea, a la estructura. De ninguna manera estamos revitalizando el viejo estructuralismo funcionalista, sino más bien, el marxista, pero cargado de sujetos.

[4] Me refiero a lo señalado por T. Moulian, quien caracteriza al proceso histórico abierto por el Golpe de Estado de 1973 como una “verdadera revolución capitalista”. Que en los hechos históricos concretos fue una contrarrevolución “revolucionaria”. Puesto, que el Golpe de Estado de las fuerzas armadas nacionales que contó con el apoyo político del capital nacional e internacional y con el apoyo político y social de las capas medias nacionales y de importantes sectores del mundo popular vinculados al Partido Demócrata Cristiano, se realizó con el objetivo central y fundamental de frenar el proceso revolucionario que impulsaba tanto el gobierno socialista de la Unidad Popular que conducía el presidente Salvador Allende (1970-1973) como el movimiento popular revolucionario.