La Contraloría emitió un dictamen el pasado 22 de mayo que obliga a la Dirección de Obras de Viña del Mar a declarar la caducidad del permiso de edificación del “Mall Marina Arauco 2”, proyecto que se está levantando en Calle 14 Norte.

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El documento impuso una obligación perentoria a la edil de la ciudad, Virginia Reginato; al Director de Obras, Julio Ventura; y al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, Mauricio Candia. Conforme al artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, los permisos de edificación caducan automáticamente a los 3 años de cursados, en caso de no haberse ejecutado en el terreno las faenas premilinares descritas en ese artículo.

El permiso para realizar las obras fue otorgado hace 15 años, por lo que dicho reglamento estaría siendo incumplido, tomando en cuenta que la edificación del proyecto comenzó a realizarse por la Constructora Desco a fines del año 2013.

El presidente de la ONG Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, declaró: “Entendemos que la inmobiliaria intente pasarse de lista para así acogerse a normas urbanísticas muy permisivas ya derogadas en el Plan Regulador Comunal de Viña del Mar. Todos aquellos que nos desenvolvemos en este ámbito de materias sabemos que la caducidad de los permisos opera automáticamente y que de un acto ilícito no nace un derecho, por ello los vecinos del colapsado sector de 14 Norte pueden estar tranquilos, pues los dictámenes de la Contraloría tienen fuerza obligatoria para todos los servicios de la Administración del Estado que ella fiscaliza”.

Cencosud, Ripley y Parque Arauco, accionistas principales de la Inmbiliaria Mall Viña del Mar, deberán recurrir a instancias judiciales si “majaderamente, todavía aspiran a mantener vigente el antiguo permiso”, señaló Herman.

Por su parte, Carlos Valencia, integrante de dicha organización en la V Región, señaló: “Recordemos que la Dirección de Obras de Viña del Mar ya había certificado la caducidad del permiso en 2 ocasiones anteriores, pero tal acto se revalidó en sendas piruetas administrativas emanadas de un anterior Seremi de Vivienda y Urbanismo. Para este bochornoso caso ya existe un dictamen de diciembre pasado, el cual es ratificado por el actual, en donde se obliga a los órganos públicos mencionados a proceder conforme al Estado de Derecho. Los medios de prensa deben saber que este nuevo dictamen corrobora el anterior en todas sus partes y le aclara las dudas a la municipalidad y al Seremi de Vivienda y Urbanismo, V Región, instancias que pretendieron sacarse el bulto, endosando a la sede central de la Contraloría la misión de invalidar el permiso de edificación, revivido indebidamente por un funcionario del gobierno central, lo cual es a todas luces improcedente”.