ConicytEdificio2El lunes 25 de mayo el Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado (PAI) de Conicyt abrió la convocatoria al concurso de inserción de investigadores en la academia. Este concurso tiene por objeto subsidiar la contratación de nuevos investigadores en instituciones de educación superior, siendo parte de un conjunto de herramientas que pretenden ayudar a absorber la gran cantidad de doctores que se han formado durante los últimos años.

Para participar de este concurso, las instituciones deben cumplir 4 requisitos: (1) estar acreditadas, (2) desarrollar una línea de investigación en cualquier área del conocimiento, (3) no tener fines de lucro y (4) comprometerse a abrir una plaza académica durante el primer año en que los doctores son incorporados a la universidad.

El punto (4) llama la atención, puesto que por primera vez, desde la creación del PAI en 2009, las universidades deben asegurar que el o la doctor/a seguirá trabajando en la institución luego del subsidio del Estado. Esta medida otorga estabilidad laboral a los nuevos académicos, pero incorpora dificultades para que las universidades estatales puedan postular al concurso.

Las universidades del Estado, en general, tienen sus planteles académicos completos, están sujetas a presupuestos ajustados y tienen que desenvolverse con lógicas de autofinanciamiento. En cambio, las instituciones privadas de educación superior tienen planteles reducidos, debido a que hasta ahora han resuelto sus compromisos de docencia contratando profesores a honorarios.

Si el plan de inserción de nuevos investigadores en la academia no tiene como principio el desarrollo de las instituciones públicas, medidas subsidiarias como esta terminarán perjudicando al sistema de generación de conocimiento y dando un nuevo golpe al sistema público de universidades.

¿Hacia dónde apunta realmente este programa y sus nuevas exigencias?

La infraestructura para el desarrollo de la investigación científica en Chile ha crecido muy lentamente durante la implementación de la economía neoliberal. Por el contrario, el desarrollo de infraestructura para la educación superior ha sido muy dinámico, principalmente de la mano de emprendimientos privados en torno al modelo de construcción y posterior arriendo de los inmuebles a las instituciones privadas, uno de los nichos de negocios que ha abierto el desregulado modelo de educación superior en los últimos 40 años.

Este modelo ha logrado aumentar considerablemente la matrícula, pero ha dejado otras consecuencias indeseables en el sistema educacional chileno. El desmantelamiento de la educación pública, la deuda de los recién egresados y la incoherencia entre nuevos profesionales y necesidades sociales, han demostrado que el sistema padece una crisis estructural.

Por su parte, las instituciones privadas de educación superior están enfrentadas, en la actualidad, a la necesidad de complejizarse. Desde el punto de vista del mercado educacional, la docencia por sí sola no es suficiente para competir en un escenario que sigue creciendo al alero de grandes grupos económicos que abren o amplían sus instituciones de educación superior, con promesas de calidad y ascenso social. La necesidad de diferenciarse es parte del negocio de estas instituciones que ven en el desarrollo de la investigación una forma de ampliar su oferta en el mercado, y la incorporación de nuevos investigadores aparece como un aspecto fundamental de esta estrategia, cuanto más si esta incorporación es financiada por el Estado.

Dadas las dificultades que enfrentan las universidades estatales para abrir nuevas plazas de docentes, y el escenario del mercado privado recién descrito, el PAI parece estar apuntado a subsidiar principalmente la complejización de las instituciones de educación superior privada. Lamentablemente los recursos son limitados y los huevos que se ponen en una canasta se sacan de otra. Este programa en particular, y las lógicas subsidiarias en general, terminan financiando a instituciones privadas con recursos estatales que podrían estar siendo utilizados en la construcción de laboratorios y el desarrollo de nuevos programas de investigación que permitiesen la contratación de nuevos doctores en instituciones públicas.

Las lógicas del Estado subsidiario aplicadas al sistema científico también tendrán repercusiones sobre el trabajo academico. La labor de los investigadores, o –como los cataloga el neoliberalismo– el “capital humano avanzado”, en instituciones sin democracia interna y sin sentido público se verá reducida a los aspectos de producción técnica y de docencia. A diferencia de lo que ocurre en las universidades públicas, las decisiones en las instituciones privadas de educación son tomadas por directorios de propietarios. Así, los nuevos investigadores se integran a estas sin formar parte de las relaciones de poder, y por lo tanto sin libertad académica real, que es la libertad de participar democráticamente de la discusión y la toma de decisiones en las Universidades.

El modelo de financiamiento que rige el sistema de la ciencia en Chile aplica las lógicas del modelo de economía neoliberal a través de un Estado subsidiario. Esto se traduce en que mientras se desvaloriza el sentido público de la investigación y el trabajo académico, se financia y se subsidia la expansión y complejización de emprendimientos privados en el negocio de la educación superior.

La institucionalidad que administra y protege este modelo carece de democracia y durante los últimos 40 años ha sido administrada por la tecnocracia neoliberal. Es hora de abrir los espacios de participación y permitir que los investigadores y académicos tengan incidencia en las decisiones que determinarán el futuro de la producción del conocimiento en Chile. No puede ser que criterios fundamentales que rigen el modelo de financiamiento operen sólo bajo criterios de mercado, y que la discusión racional y democrática sobre ellos quede fuera del quehacer de los principales involucrados.

*Los autores son miembros de Conocimiento Colectivo.